Por Nahuel Lag y Mariángeles Guerrero
La Legislatura de Chubut aprobó en una sesión inesperada la resistida ley de zonificación minera con 14 votos a favor y 11 en contra, que habilita la explotación minera en los departamentos de Telsen y Gastre, donde se encuentra el yacimiento de plata y plomo Navidad, de la multinacional Pan American Silver. “Sacaron una sesión ordinaria de la galera”, denunciaron las asambleas socioambientales, en rechazo a la estrategia del gobierno de Mariano Arcioni para adelantar la votación (la convocatoria original para tratar el proyecto estaba pautada para este jueves y coincidiría con las marchas convocadas por la ciudadanía, sindicatos y referentes de la ciencia que se oponen al proyecto). “Vamos camino a lo que sucedió en Mendoza, con la ley 7722, la gente va a luchar para que se derogue la zonificación minera”, aseguró Pablo Lada, referente de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (Uacch). Esta mañana, Arcioni promulgó la Ley de zonificación.
La jornada legislativa finalizó con una larga noche de represión contra quienes llegaron para protestar en las puertas de la Legislatura. Según las asambleas se registraron 15 detenidos y al menos 40 heridos por balas de goma y golpizas policiales. «La megaminería no entra sin represión en ningún lado y acá nos tuvieron toda la noche a los tiros», denunció la activista Gisela Feregotti.
Desde la mañana de este jueves, las asambleas socioambientales realizan movilizaciones en sus ciudades frente a los edificios municipales y convocan a nuevas marchas. Además, en Rawson, se llevan adelante las movilizaciones previstas rumbo a la Legislatura de Chubut, pero con un nuevo destino: la Casa de Gobierno. El reclamo: que la norma ya promulgada por Arcioni sea derogada. El clima social y la experiencia de las asambleas indica que la provincia permanecerá movilizada.
Las marchas contra la zonificación son respaldadas por la CTA, que había convocado a un paro hoy, y sindicatos como los marítimos y portuarios, que tras la votación hicieron regresar los barcos a puerto para participar de la marcha. Los científicos del Conicet-Cenpat y gremios docentes, que se expresaron reiteradas veces en contra de la zonificación, habían realizado una conferencia de prensa ayer al mediodía para denunciar la maniobra del Gobierno y reiterar el rechazo. Los gremios docentes provinciales dieron una conferencia de prensa este jueves para denunciar la represión.
“Hoy se esperaban las movilizaciones, tenían orquestada esta situación trucha, estos son los manejos del gobierno de Arcioni”, denunció Lada, en diálogo con Tierra Viva, y señaló que el artículo 7 de la norma sancionada ayer habilita al Poder Ejecutivo a continuar ampliando la zonificación, con aval de la Legislatura. “El objetivo es empezar con el Proyecto Navidad y meter la minería en todo Chubut”, advirtió el integrante de la Uacch.
Las asambleas no descartan continuar con las presentaciones judiciales, pero Lada señala que el gobierno provincial se cubrió con una reciente modificación que la Legislatura realizó sobre los amparos y cautelares, que impiden presentar el recurso ante un juez de primera instancia. “Ayer pusieron gente del gobierno en el Superior Tribunal de Justicia, que deberá decidir ante un pedido de inconstitucionalidad de la zonificación”, agregó el referente de la Uaach. Días atrás, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales rechazó las modificaciones y denunció que “restringen ilegítimamente el acceso a la Justicia”.
Por su parte, el gobierno de Arcioni, además del aval del gobierno nacional, se respaldó en expresiones y movilizaciones anunciadas por los gremios de Camioneros, Petroleros, Uocra, Bancarios y Comercio. La asamblea No a la Mina de Esquel denunció ayer la presencia de integrantes del gremio Camioneros «custodiando» el edificio legislativo. El diputado del bloque oficialista y ex secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Carlos Gómez, fue uno de los oradores principales a favor de la norma.
La estrategia legislativa, la complicidad política y el freno judicial
Con la consigna “Paz y Agua”, la asambleas socioambientales de Chubut —que se movilizaron cada 4 de mes para defender la vigente Ley 5001, que desde 2003 prohíbe la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro en la provincia— comenzaron a advertir desde temprano que la sesión especial convocada por el oficialismo podía ser una trampa legislativa para habilitar la aprobación de la zonificación.
El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Ricardo Sastre, quien durante la semana ya había manifestado la intención de aprobar la zonificación “sobre tablas”, había convocado a una sesión especial con un único tema en agenda: la aprobación de los pliegos de integrantes del Supremo Tribunal de Justicia. Sin embargo, a las 14, se conoció un nuevo acuerdo de labor parlamentaria que tenía como último punto el proyecto 128/20 de zonificación minera.
“Hablaron de debate y de diálogo pero en este proyecto eso no existió. Hoy nos sorprendieron poniendo en agenda este proyecto de zonificación, sin licencia social», rechazó la diputada Leila Lloyd Jones (bloque Chubut Unido) durante el debate en el recinto al adelantar su voto negativo. La diputada, que se separó del bloque oficialista de Chubut Al Frente en el largo debate por la zonificación, les recordó a sus ex compañeros de bancada que “el pueblo tiene memoria”, en relación a las promesas de campaña en contra de la megaminería del propio gobernador Arcioni.
Lloyd Jones fue quien denunció a fines de diciembre pasado el pago de diez millones de pesos para los legisladores que estuvieran a favor de la zonificación que habilita la explotación de Pan American Silver y lo ratificó ante el Poder Judicial. Por aquellos días también se filtró el video del diputado del PRO Sebastián López, quien negociaba “cien lucas” para “abrir las puertas” de la Legislatura a las empresas mineras. López ayer fue uno de los 14 votos a favor.
Arcioni ya había intentando aprobar la zonificación en febrero con un llamado a sesiones extraordinarias, pocos días después de reunirse con el presidente Alberto Fernández. En esa ocasión fue la Justicia Civil, Comercial y Laboral de Esquel la que frenó el tratamiento. Ese tipo de estrategias legislativas se repitieron en varias oportunidades desde noviembre de 2020, cuando Arcioni anunció el proyecto con respaldo del gobierno nacional. Pero hasta ayer no había logrado reunir los votos necesarios.
El primer antecedente favorable al oficialismo fue en mayo pasado, cuando con el voto del diputado López y dos abstenciones de legisladores de la UCR logró vetar la Iniciativa Popular de las asambleas ciudadanas, que había ingresado con el respaldo de más 30.000 firmas. En la sesión de ayer, el bloque oficialista de Chubut Al Frente puso 10 de sus 12 votos —dos ausentes—, más los votos de los monobloques de Tatiana Goic (Cultura, Educación y Trabajo); Carlos Eliceche (Visión Peronista): Sebastián López (Integrando Chubut); y terminaron de volcar la votación las legisladoras del Frente de Todos Adriana Casanovas y Mónica Saso.
“Tenían todo orquestado”, denuncia Lada, quien pone en duda que el oficialismo convoque a las sesiones prorrogadas por el gobierno provincial para este jueves y el próximo martes 21. Además, denuncia la complicidad de quienes votaron en contra de la zonificación. “Los diputados que votaron en contra de la zonificación no frenaron la sesión, no salieron públicamente a denunciar la maniobra del oficialismo que se sacó una sesión ordinaria de la galera”, lamenta.
Lada señaló cómo la sesión sorpresa ocurrió el mismo día en el que la Legislatura debía aprobar dos pliegos de nuevos integrantes del Supremo Tribunal provincial, y a pocos días de que la misma Legislatura aprobara modificaciones en la ley de amparos y cautelares para prohibir la presentación ante jueces de primera instancia.
“Hace diez días modificaron la ley de amparos, lo hicieron para aprobar la zonificación y que nada se interponga”, denuncia Lada y agrega: “Ayer, además, pusieron gente del gobierno en el Superior Tribunal, que deberá decidir ante un pedido de inconstitucionalidad de la ley de zonificación. “Se han llevado puesto la institucionalidad del Chubut, se llevaron puesto el derecho al amparo. Es muy terrible”, insistió el referente.
La estrategia legislativa del oficialismo se completó con el respaldo de los sindicatos cercanos al gobierno de Arcioni que habían anunciado para este jueves una contramarcha en respaldo a la ley de zonificación. “Con un lugar privilegiado que el pueblo no tiene, el gremio camioneros se adueñó de la Legislatura ¿Afuera? Un pueblo dignísimo tratando de ser escuchado”, denunció ayer por la tarde la Asamblea de Esquel.
Una larga noche de represión en las calles de Rawson
“¡No es no!”, gritaban ayer en la puerta de la Legislaturas representantes de las asambleas. Sus voces se escucharon desde adentro del recinto durante la votación de la zonificación minera cuando el legislador oficialista y dirigente petrolero Carlos Gómez hablaba de “una responsabilidad histórica de llevar adelante el gran desafío del ‘desarrollo sustentable’” y “generar divisas para la exportación”. Eran unas 300 personas autoconvocadas, al enterarse de que el proyecto de zonificación minera estaba en tratamiento.
Tras la aprobación, las protestas continuaron y la Policía de Chubut inició una represión con persecución por toda la capital provincial, que finalizó con 15 detenidos, según la activista Feregotti, y decenas de heridos. Lada denunció que se llegó a demorar a tres manifestantes dentro del propio edificio de la Legislatura, que después fueron liberados.
Desde Rawson, Gisela Feregotti calificó la represión vivida anoche como «espantosa». Durante la sesión, los vecinos habían corrido el vallado que la policía había dispuesto en torno a la Legislatura para evitar que los legisladores se vayan «sin dar vuelta la ley».
Feregotti relató: «En un momento se empezaron a escuchar disparos, gases. Era la policía tirándole gases a los vecinos y disparos al aire. La gente se corrió un poco y entonces pasó una camioneta enorme de la policía, por encima de las rejas y de la gente». Detrás del vehículo policial comenzaron a salir, una tras otra, las camionetas con los diputados, por encima de las rejas. «En ese momento la policía ya no disparaba balas de goma, eran de plomo», afirmó.
«Después de eso nos corrieron toda la noche a los tiros. La gente empezó a ponerse toda junta al grito del ‘no a la mina’ y del ‘no es no’. Estábamos en la Legislatura y nos empezaron a correr, a ponerse en fila y a disparar al aire. Había chicos, familias que habían ido», recordó Feregotti.
Anoche Rawson era una sola neblina ardiente que quemaba los ojos. Con gases y balas de goma y plomo, la Policía terminó en los barrios. «Nos venían acorralando desde el centro y nos dimos cuenta de que nos querían llevar a la parte del río, que es un lugar bastante peligroso porque está oscuro y está el río ahí nomás», explicó la entrevistada. La cacería se extendió hasta las 3 de la madrugada.
Horas después, a Feregotti le cuesta encontrar palabras. «Nos corrieron a los tiros toda la noche, nos pegaron. Yo veía cómopolicías en camioneta paraban, tiraban unos tiros, se bajaban, les pagaban y se los llevaban. Fue una cacería, nos estaban cazando. Era correr esquivando las balas», recordó. Los pobladores terminaron refugiándose en casas y en escuelas.
Desde hoy -dijo la activista- están preparando el «después»: qué hacer con la gente, cómo salir a la calle y que no pase lo mismo. «La megaminería no entra sin represión en ningún lado y acá nos tuvieron toda la noche a los tiros», afirma Feregotti. Pero la lucha sigue: «Esto no termina acá. Hasta que no den vuelta la ley, no vamos a parar».
Una ley con aval del gobierno nacional y a pedido de Pan American Silver
Junto al ex secretario general de Petroleros Privados, que fue el vocero del proyecto desde el oficialismo, también lideró el respaldo a la zonificación minera en el debate el diputado Carlos Eliceche, del monobloque Visión Peronista, y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales, que dio dictamen a la iniciativa del oficialismo. “Cuando uno pertenece a un proyecto político, a veces hay que tomar decisiones que son simpáticas para la sociedad y otras no tanto”, reconoció Eliceche y destacó el aval del gobierno nacional a la aprobación: “Escuchamos el pedido del presidente Alberto Fernández para que la minería se desarrolle y existan inversiones”.
Tanto Gómez como Eliceche hablaron de “minería sustentable”, generación de puestos de trabajo —a pesar de las denuncias sobre esas promesas en otras comunidades del país que llevan años con proyectos megamineros— y sostuvieron que se trata “dar respuesta no solo a La Meseta sino a Chubut para una alternativa socioeconómica, después de 18 años”, en referencia al tiempo de vigencia de la Ley 5001, que prohíbe la megaminería a cielo abierto en Chubut, desde 2003, y también prohíbe el uso de cianuro.
El proyecto oficialista hace pie en dos puntos de aquella norma: habilita la zonificación con un plazo vencido en el mismo 2003 y promete no utilizar cianuro, que será reemplazado por otros productos como el xanato.
Entre otros argumentos, Gómez y Eliceche hablaron de la participación y las modificaciones que se hicieron al proyecto inicial del oficialismo, algo que fue denunciado como un “falso debate” por la asambleas, la comunidad científica, los pueblos originarios y hasta la oposición. También mencionaron el supuesto acuerdo con las comunidades originarias y el respeto a la consulta previa, a pesar de que las Comunidades Mapuche Tehuelches Los Pino, Mallín de los Cual y Chacay Oeste y Laguna Fría se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo contrario.
“Es falso que existió diálogo. El proyecto de zonificación minera se presentó el mismo día que nosotros ingresamos la Iniciativa Popular, antes de eso nunca se supo que el Gobierno lo estaba trabajando, siempre fue a espaldas de la gente”, sentenció Lada y denunció: “Hay un lobby muy grande motivado por la Pan American Silver con agencias de publicidad y empleados de la empresa en la Meseta que dicen ser vecinos a favor de la actividad minera. La gente quiere trabajo y no necesariamente minería”.
Lada describe a la Pan American Silver como un “Estado paralelo” que “cumple con los servicios que debe cubrir el Estado, que se retiró de la zona”. En los últimos días se conoció el caso de la comunidad Yala Laubat, una comunidad Tehuelche-Mapuche que no tiene acceso al agua en la Meseta y fue tentada por la empresa minera para proveerle todo lo necesario. Algo que fue rechazado por la comunidad. En una entrevista dada a esta agencia en febrero pasado, el presidente del PJ de Chubut, Carlos Linares, reconoció que la zonificación minera es “una ley a favor de un grupo económico”.
El referente de la Uacch señala que el avance sobre los departamentos de Gastre y Telsen como el inicio de un intento provincial y nacional de avanzar con la megaminería en toda la provincia, respaldados en el artículo 7 que permite continuar ampliando zonas con el aval de la Legislatura. En ese sentido, Lada señaló que hay intereses de empresas inglesas, canadienses y de la propio Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para retomar proyecto de explotación de uranio en la zona de Paso de Indios, Los Adobes y Cerro Solo.
“El Conicet alertó que no hay condiciones ambientales para que los proyectos mineros se lleven a cabo. El Río Chubut tiene apenas 30 metros cúbicos de agua por segundo, hay partes en la que el río se corta, y se espera que el caudal se reduzca un 30 o 40 por ciento en los próximos años. Hay sequía, pueblos sin agua y el uso de millones de litros de agua por parte de las mineras va a agravar esta situación”, describió Lada.
Momentos antes del cierre de la sesión de ayer, en la que el diputado Eliceche dijo “apostar por el futuro”, el ex intendente de Trevelin y diputado del Frente de Todos, Carlos Mantenga, argumentó se voto negativo al pedir que “se escuche al colectivo” de asambleas, organizaciones y científicos que se oponen a la ley, recordó que “el Río Chubut es un hilito de agua que abastece a gran parte de la población de la provincia” y advirtió que se oponía a los peligros ambientales que podría tener la actividad minera “por la palabra tomada con la comunidad, como médico y por su familia”.