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Marcha histórica por la ley 7722: a un año de la gesta del pueblo mendocino
diciembre 22, 2020
Sección: Extractivismos
En diciembre de 2019, el pueblo de Mendoza protagonizó diez días históricos de movilizaciones callejeras para revertir la modificación de la ley 7722, acordada por radicales y peronistas, que reabría la provincia a la megaminería. Asambleístas de toda la provincia repasan logros, desafíos y la constante amenaza del lobby minero y político.
Aniversario de la marcha por el agua en la ciudad de Mendoza
Foto: Martin Magallanes

Por Nahuel Lag

«El pueblo se ha expresado en las calles, el pueblo es soberano y lo escuchamos. Acá no hay consenso social para la minería.» En conferencia de prensa, a las 9 de la noche del viernes 27 de diciembre de 2019, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, daba por fracasado en el intento del poder político de avanzar con la megaminería en la provincia frente a la marcha histórica por Ley 7722, que prohíbe el uso de las soluciones contaminantes inherente a ese modelo extractivo. La historia del fracaso político, había comenzado el 23 de diciembre con la “marcha más grande de la historia” y tenía un objetivo claro: “en defensa del agua pura”.  

Asambleas ciudadanas de toda Mendoza se movilizaron aquel diciembre desde San Carlos a la capital provincial. Mañana, a un año de aquella gesta, volverán a movilizarse a la casa de Gobierno, donde ahora se intenta avanzar con la “zonificación minera” sin consultar a las organizaciones populares, otra vez. Cualquier similitud con lo que ocurre en Chubut, no es pura coincidencia.

La marcha histórica por la ley 7722 

El 20 de diciembre de 2019 se lo conoce en Mendoza como “el día de la traición”. Una semana antes de que el gobernador Suárez reconociera que “no hay licencia social para la minería”, los diputados y senadores tanto de la alianza Radical-Pro “Cambia Mendoza” como los legisladores del Justicialismo votaron en una sesión exprés —en 10 horas se aprobó en ambas cámaras— la modificación a la ley 7722 y habilitaron el uso de cianuro, ácido sulfúrico y sustancias, abriéndole la puerta a la megaminería. 

Daniel Funes, histórico asambleísta de San Carlos, recuerda la asamblea posterior a aquel “viernes negro”, recuerda cómo analizaban las distintas alternativas legales para avanzar sobre la inconstitucionalidad de la modificación, por ser regresiva en material ambiental, algo impedio por la Ley General de Ambiente. Y dice: “Un viejo agricultor dijo: ‘El momento es ahora. Vamos a recuperar lo que es nuestro’”. En ese momento surgió la idea de la que se convertiría en la marcha histórica por la ley 7722, con la premonición de que a fin de 2019 volvería a estar en plena vigencia.    

“Esa es la actitud del pueblo agrícola, que después de una helada o de que cae piedra y pierde todo, a la mañana siguiente vuelva a arar y sembrar. El agricultor valora más el agua, somos fanáticos del agua”, asegura Funes, en diálogo con Tierra Viva, a un año de la gesta que comenzó en San Carlos –por lo que se la recuerda como “el parientazo”— e iría reuniendo a miles para llegar el 23 frente a la Casa de Gobierno a gritar: “La 7722 no se toca”. La reacción popular reunió a todes les mendocines desde los viejos agricultores hasta las Reinas de la Vendimia, que pusieron en juego la realización de la emblemática fiesta mendocina si el gobierno no daba marcha atrás.

El 23 de diciembre, la respuesta del gobierno de Suárez no fue otra que represión, detenciones y prometer que la promulgación avanzaría igual. Pero el 27 reconocería que no tenía “licencia social”, y tres días después, el 30 de diciembre, llegaría “el día de la recuperación”, cuando el mandatario provincial derogó la ley 9209, que por diez torció la voluntad popular. 

«Mendoza sabe que necesita el agua y sale a la calle a defenderla»

«La recuperación de la 7722 fue el resultado de años de lucha, de asambleas, de estar atentos a cualquier movimiento que atentara contra esta ley o contra los bienes comunes que tenemos en Mendoza, que en este caso es el agua y es lo más preciado que tenemos en la provincia, porque sabemos que es un oasis por el cuidado con la que la tratamos todos los mendocinos”, recordó Mauricio Aguirre, integrante de la Asamblea Autoconvoadxs Tunuyán por el Agua.  

Para María Marengo, integrante de la Asamblea Maipucina Por el Agua, aquella gesta fue la ratificación de que la 7722 es el camino elegido, desde 2007, por los mendocinos. “Que no hay licencia social, que en todo su territorio no se quiere la megaminería, porque no se la acepta dentro de la matriz productiva”, enumera la asambleísta, aunque no deja de recordar la sorpresa que significó para todas las asambleas la cantidad de gente que se movilizó en defensa del agua.  

“No imaginábamos que íbamos a tener a toda esa gente en la calle durante tanto tiempo, a pesar de la votación a favor de la modificación, a pesar de la represión. Luego de todos estos años de estar en la calle y difundir sobre los efectos de la megaminería y la importancia del agua, Mendoza sabe que la necesita, que sin ella no hay vida y se la juega en la calle para defenderla”, celebró. 

Por eso, las asambleas de todas los departamentos comenzaron hace algunos días las primeras celebraciones de aquella gesta histórica y se hará sentir particularmente este miércoles 23. “Como pueblo, como asambleas, necesitamos revivir la marcha histórica por la Ley 7722 y los diez días posteriores como un símbolo de una resistencia pacífica, alegre y fuerte, y de la fuerza que nos damos como pueblo cuando somos capaces de superar diferencias. El agua superó las grietas”, sostiene Funes. 

El lobby minero contra la 7722 no descansa  

La masiva y contundente respuesta del pueblo mendocino hizo retroceder al gobernador Suárez hace un año, pero las intenciones de instalar proyectos extractivistas continúa firme entre el lobby empresarial y el poder político. “Mendoza sigue estando firme en contra de la megaminería y el fracking, pero este año de pandemia complejizó la situación. El poder del lobby minero sigue presionando, hay una gran continuidad en el embate mediático hacia las asambleas y organizaciones ambientales, a quienes nos siguen diciendo que somos solo unos pocos”, advierte María Teresa “Guni” Cañas, de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza.  

La movilización, que este miércoles partirá desde el mítico kilómetro cero –en avenida San Martín y peatonal Sarmiento– a Casa de Gobierno, lleva dos consignas sobre la contraofensiva extractivista: “contra la zonificación minera” y “por la participación ciudadana en los planes de ordenamiento territorial”. La zonificación minera es un proyecto que está siendo impulsado en la Legislatura provincial por el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, para habilitar la minería, un esquema similar al que intenta el gobernador Mariano Arcioni en Chubut, e implicaría una nueva modificación a la ley 7722.  

Aniversario de la marcha por el agua en la ciudad de Mendoza

En paralelo, algunos municipios mendocinos comenzaron a debatir sus planes de ordenamiento territorial a través de los cuales buscan proyectar planes extractivistas. En ese camino, Las Heras ya aprobó a principios de diciembre un plan de ordenamiento que prevé la actividad minera como el horizonte del departamento para los próximos 30 años, en particular, el proyecto llamado San Jorge, que ha sido  rechazado en varias oportunidades en consultas y audiencias públicas. La aprobación en el Consejo Deliberante no contempló los reparos hechos por la asamblea local. 

Como no pudieron lograr sus objetivos con la modificación de la ley 7722, ahora buscan establecer planes de ordenamiento territorial y de zonificación. Con la zonificación pretenden habilitar el ingreso a áreas naturales y a reservas naturales para llevar adelante megaminería, emprendimientos turísticos y actividades inmobiliaria, que van a dañar los recursos y los cursos de agua”, denuncia el asambleísta de Tunuyán, donde la zonificación pretende avanzar sobre la reserva natural Portillo de Piuquenes.    

“Desde 2003, cuando iniciamos el proceso de las asambleas, somos conscientes de que estos intentos van a existir mientras haya oro en la Cordillera. Hay empresarios que priorizan el rédito económico por sobre todas las cosas y tienen la capacidad de condicionar al poder político, que debería representarnos a nosotros. Y lo hacen aprovechando cualquier excusa, ahora es la crisis económica generada a partir de la pandemia”, analiza el histórico asambleísta de San Carlos. 

Desde Maipú, Marengo coincide y amplía el mar de fondo político: “El lobby no ha descansado pese a toda la gente que estuvo en la calle. Los partidos políticos en el poder siguen intentando modificar las normas, ahora, buscan atacar la 7722 desde los municipios con el ordenamiento territorial, pero en un marco que llega hasta el respaldo del gobierno nacional. Y están viendo lo que pueda a suceder en Chubut. Si cae en Chubut van a empezar a presionar más fuerte en Mendoza”.

Mendoza y Chubut, dos historias hermanadas 

“Lo que pasa en Chubut no es para nosotros un territorio lejano, nos está pasando a nosotros. Hay mucho hermanazgo. Estamos hablando de dos gobiernos de distinto signo político, pero cuya estrategia política es un calco del modelo extractivo: órdenes de arriba, lobby minero, proyectos de zonificación y desprestigiar a quienes nos oponemos a ese modelo como si fuéramos ‘500 ruidosos’”, analiza “Guni” respecto de las luchas en espejo que se dan en ambas provincias. 

Las asambleas de Mendoza reconocen a Chubut como pionera en la lucha contra la megaminería por aquella organización popular que surgió con el No a la Mina en Esquel, con el rechazo popular al proyecto de la multinacional Meridian Gold, la sanción de la ley 5001 y la situación actual con el gobierno de y Aricioni que busca instalar la megaminería en la Meseta.   

Estamos muy alertas. Para nosotros Chubut es una prioridad. Chubut es una de las madres ambientales, la antiminera, la Ley 5001. Una larga lucha en la que sufren embates cada tanto, como nos ocurre en Mendoza y, en Chubut, van por una segunda iniciativa popular (que reunió 30 mil firmas) y la Legislatura sigue haciendo oídos sordos”, insiste la integrante de la Asamblea Popular por el Agua.  

Marengo sostiene que la pelea que se está dando en las calles de Chubut para evitar otro embate de la megaminería será clave para el futuro de lo que suceda en Mendoza. “Cuando ven que no pueden derogar las leyes vigentes, avanzan por la zonificación, prometiendo que los proyectos se van a limitar geográficamente, pero una vez que la minería entra va por todo el territorio y no se puede negar que las cuencas no son islas, son unidades. Por ejemplo, si la minería ingresara en Malargüe, en el nacimiento de la cuenca, afectaría a todos los pueblos que están aguas abajo”. 

La lucha por el agua sigue 

En el clima de celebración por la gesta de hace una año, Funes mantiene la esperanza por el aprendizaje y la construcción popular alcanzada: “Cada vez estamos mejor nosotros. En las primeras asambleas éramos 40, en 2007 éramos algunos pueblos impulsando la 7722, pero no todos. El año pasado era incontable la cantidad de gente que se sumó a la marcha. El estilo que no debemos abandonar es ser pacíficos y alegres, porque nosotros celebramos la vida. El que planta, el que siembra, pone la semilla y sabe que hay que esperarla. Esta es la cosecha de tantos años, de tantas asambleas, persistiendo en la coherencia en la defensa del agua”.  

«El pueblo se ha expresado en las calles, el pueblo es soberano y lo escuchamos. Acá no hay consenso social para minería”, dijo Suárez cuando reconoció que debería dar marcha atrás con la ley y adelantó que convocaría a una mesa de diálogo para analizar alternativas productivas. A casi un año de la marcha histórica por la Ley 7722, el 10 de diciembre pasado, el gobernador radical inauguró el Consejo Económico Ambiental y Social.


Las asambleas no hemos sido convocadas porque no tenemos personería jurídica y dicen que no saben a quién llamar. Del sector ambientalista hay un solo representante por la ONG Oikos, mientras que para los medios hegemónicos de Mendoza los protagonistas de ese espacio ya son los que siempre promovieron la megaminería”, advirtió Funes, a pesar de su confianza en la organización popular para contrarrestar nuevas arremetidas del extractivismo. Proyectos de protección de humedales, turismo rural, agroecología y reservas naturales duermen en los cajones de legisladores y funcionarios.

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