Por Pablo Quintana

Una vez más miles de personas se congregaron masivamente en todo Chubut en repudio a la avanzada minera que cuenta con el aval del gobierno nacional que conduce Alberto Fernández y del gobierno provincial que lidera Mariano Arcioni. La pueblada va en aumento si se tiene como parámetro la multitud que se desató en Trelew o el aumento gradual que tienen las convocatorias en Comodoro Rivadavia, histórica ciudad expoliada por la actividad extractiva.

La población de Chubut volvió a encender las luces de alerta, después que el gobierno de Arcioni convocara a una sesión extraordinaria para dar tratamiento a la zonificación minera de la provincia y permitir que la multinacional Pan American Silver Corporation comience a extraer los bienes naturales en la meseta provincial. La misma estaba prevista para la mañana de este viernes.

El freno de la Justicia

El tratamiento del proyecto minero presentado por el gobierno de Chubut, y que cuenta con la anuencia de Nación, quedó postergado después que la Jueza Civil, Comercial y Laboral de Esquel, Alicia Arbilla decidió como medida cautelar suspender el tratamiento del proyecto de Ley 128/20 a raíz de la medida autosatisfactiva interpuesta por integrantes de las Asambleas del No a la Mina con el patrocinio de la abogada Silvia de los Santos. La judicialización llegó apenas después de que la Comisión de Receso de la Legislatura de Chubut había decidido "dejar sin efecto" el decreto del gobernador Arcioni que convocaba a una sesión extraordinaria que tenía como objetivo tratar la zonificación minera.

La medida autosatisfactiva fue presentada en noviembre pasado y pretende declarar la nulidad del proyecto del Ejecutivo provincial. “Es producto de estafa electoral y generado en un marco de clandestinidad, lo que deriva en que su presentación esté viciada de inconstitucionalidad”, sostiene el planteo. La jueza Arbilla se había declarado incompetente y terminó remitiendo el caso al Superior Tribunal, pero el máximo órgano judicial decidió que sería el juzgado de primera instancia quien deberá resolver el planteo.

Sin embargo, Arbilla en su resolución sostuvo que aún no cuenta con el expediente físico que había sido remitido a Rawson, ni con la totalidad de las pruebas aportadas por los demandantes para finalmente tratar la cuestión de fondo.

Un modelo político en crisis

Con este escenario, Chubut pone en juego su porvenir no sólo en términos ecológicos, sociales, económicos y políticos, sino también lo que queda del sistema representativo. La democracia, como la conocimos desde que fue recuperada en 1983 tras una sangrienta dictadura cívico/militar, se fue deshilachando y la provincia patagónica bien podría ser una muestra de lo que queda de ella.

Las masivas movilizaciones que se vivieron este jueves en los distintos puntos de la provincia son un presagio del rechazo al intento por zonificar a Chubut para cubrir las expectativas de las mineras y permitirle a la dirigencia política (de la mano del gobernador Mariano Arcioni y del presidente Alberto Fernandez) tener fondos de caja y vueltos para intentar navegar la crisis económica provincial y nacional.

Arcioni convocó a sesiones extraordinarias con el único propósito de avanzar con el proyecto de zonificación, el mismo que intentó a fines del año pasado y no logró convertir en ley. Lo hizo envalentonado tras la reunión que mantuvo con el presidente Fernández el 21 de enero y las directivas que el mandatario nacional bajó a sus cuadros políticos del PJ para que acompañen el proyecto.

El pretendido desarrollo minero por parte de los grupos económicos y políticos no ha cesado desde que en 2003 a través de un plebiscito la comunidad de Esquel se expresó de manera contundente en rechazo a este tipo de explotación de los bienes naturales y cómo alternativa de “desarrollo”, según esgrimen quienes defienden el modelo extractivista.

Pero tras la revuelta popular que protagonizó la ciudad cordillerana hace 18 años, las asambleas y movilizaciones se fueron multiplicando y cobraron protagonismo en las diferentes comunidades chubutenses exponiendo su desaprobación a un modelo que terminará por expoliar los territorios.

Las dos iniciativas populares surgieron al calor del movimiento asambleario que se ha extendido por la provincia como una verdadera red social de contención. Un proceso democrático de participación directa, transparente y efectiva; lejos de los retazos de aquel sistema delegativo que hoy impera en estos territorios, corrompido y apartados de los intereses populares.

Iniciativa popular

El primer síntoma del rechazo masivo a la megaminería fue la conformación de la Iniciativa Popular en el 2014 que fue bastardeada por quienes en ese entonces componían la Cámara de Diputados. De esos convulsionados días se recuerda la imagen del diputado kirchnerista Gustavo Muñiz mensajeándose con un directivo de la minera Yamana Gold mientras se trataba el proyecto en plena sesión. Uno de los tantos bochornos que se vivieron y viven en esta provincia.

La iniciativa que presentó la comunidad con un respaldo en ese entonces de más de trece mil firmas fue adulterado y terminaron aprobando uno que permitía la minería. Eran tiempos en que gobernaba el kirchnerista Martín Buzzi. Ante el rechazo popular, el proyecto finalmente fue vetado en el 2015 por el fallecido Mario Das Neves, a pesar que años atrás también pregonaba el desarrollo minero en la meseta.

Seis años después la comunidad chubutense volvió a presentar otra Iniciativa Popular, esta vez con el acompañamiento de más de 30 mil firmas. El proyecto en esta ocasión fue ninguneado por el poder político cuando el gobierno presentó el de zonificación.

Los nuevos episodios también tienen sus bochornos. El sistema permite que funcionarios pidan coimas, queden registrados y sean parte de la votación en la legislatura. El “profesional de la rosca”, cómo se autodefinió el diputado del PRO Sebastián López, sería uno de los que levantaría la mano para avanzar con la zonificación. El año pasado se viralizó el video de una cámara oculta en la que el legislador pedía “más de cien lucas” a una “multinacional” a cambio de sus gestiones para convencer a sus pares en favor de la minería.

Un proyecto inconsulto

Si la comunidad en general está siendo ninguneada por el poder político, mucho no se puede esperar del respeto que pueda haber por los Pueblos Originarios. El principal escenario de disputa hoy está habitado en su mayoría por integrantes de las comunidades mapuches tehuelches que habitan la región de la meseta central.

No sólo no hubo consulta previa, libre e informada, sino que han recibido aprietes para participar de reuniones, tal cual como se desprende del comunicado que las Comunidades Mapuche-Tehuelche Mallin de los Cual, Los Pinos, Taquetren, Lof Lefimi, Chacay Oeste y Laguna Fría expresaron ante las autoridades gubernamentales. “Atento a la intempestiva convocatoria del gobierno a sesiones extraordinarias para el día viernes 5/1 exigimos una vez más que el Estado cumpla con el deber constitucional de respetar y hacer efectivo nuestro derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado antes del tratamiento y/o aprobación del proyecto de ley 128/20 ‘Desarrollo industrial minero metalífero sustentable de la Provincia del Chubut’. Destacando que para que dicha consulta sea válida, debe realizarse de buena fe, respetando las circunstancias en las que se efectúa, las costumbres y tiempos de nuestras comunidades, y con miras a la obtención de un acuerdo o consentimiento sin acudir a engaños, amenazas o violencias contra nosotros”, dice la nota que tiene como destinatario al Director de Asuntos Indígenas De la Provincia de Chubut Rubén Romero Saihueque.

El agua no se vende

Si hay algo en lo que evolucionó Chubut fue en su conocimiento en torno a la problemática minera. 18 años de conflicto le valieron al pueblo chubutense una comprensión en términos técnicos, tanto ecológico, social como económico de lo que implica esta actividad extractiva. Esa conciencia tuvo como respaldo los saberse de un amplio arco académico y científico. El mismo que hoy advierte de los inconvenientes de avanzar con la zonificación.

En las últimas horas surgió un informe de la Mesa de Coordinación Técnica sobre Zonificación Minera del CCT CONICET-CENPAT y en él se alerta sobre los peligros para la disponibilidad de agua, la vulnerabilidad ambiental y social en caso de que se apruebe la actividad minera. El mismo fue elevado a la Legislatura provincial y recomienda que el proyecto 128/20 del ejecutivo sea retirado.

Las movilizaciones son los estandartes de una resistencia chubutense que sigue haciendo historia, con eslóganes tan claros como transparentes: “El agua no se vende, se defiende”, “El agua vale más que todo”, “No es no, no pasarán”.