OPINIÓN

Por Mariano Novas y Camila Parodi

El litio se consolidó en los últimos años como uno de los recursos más codiciados a nivel global, impulsado por la transición energética y la expansión de la electromovilidad. En ese contexto, Argentina aparece en el tablero global como un actor estratégico, no sólo por la magnitud de sus reservas sino también por el nuevo marco institucional que impulsa el gobierno de Javier Milei a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En tan solo dos años, diez proyectos de litio solicitaron adherir a sus beneficios, convirtiendo al país en un imán para el capital internacional y en un espacio creciente de competencia por los salares con mayor potencial.

Esta dinámica acelera las inversiones, pero también profundiza tensiones territoriales, disputas por el agua y cuestionamientos sobre las condiciones en que se decide la extracción. Cuando la velocidad de las inversiones supera los tiempos de la deliberación social, la pregunta por quién decide y en qué condiciones se vuelve ineludible.

En Los Nacimientos, un caserío pequeño de la puna catamarqueña, las sillas blancas están alineadas bajo una carpa montada en medio del pueblo. Al frente hay una pantalla, parlantes, café servido en vasos descartables y una mesa larga con folletos empresariales. Afuera, el viento levanta tierra y recorre sin obstáculos las casas bajas. Adentro, jóvenes de la zona ocupan las primeras filas. Algunos llegaron convocados para escuchar propuestas laborales, otros por curiosidad, otros porque en pueblos pequeños toda reunión importante termina siendo también un acontecimiento social.

La escena podría parecer una feria de emprendimientos productivos, pero es una instancia pública vinculada al avance de nuevos proyectos de litio en el Salar del Hombre Muerto, en el marco del nuevo régimen de inversiones impulsado por el gobierno de Javier Milei.

La organiza Posco Argentina, filial local del conglomerado siderúrgico y químico surcoreano Posco Holdings, una de las mayores corporaciones industriales de Corea del Sur y actor global en la cadena de insumos para baterías. La empresa desarrolla en la zona los proyectos Sal de Oro y Hombre Muerto Norte, orientados a la producción de carbonato e hidróxido de litio para el mercado internacional.

Los representantes de la empresa hablan de inversión, arraigo local, capacitación y futuro energético. Deslizan, de forma rápida y sin culpas, que detectaron impactos severos sobre el agua de la zona. Del otro lado, las preguntas vuelven siempre sobre lo mismo: cuánto duran los contratos, qué tareas se ofrecen realmente, qué pasará cuando termine la obra, cuánta agua se usa, qué margen tiene la comunidad para decidir sobre lo que ocurre en su territorio.

Después vendrá la foto institucional, las listas de asistencia y el comunicado oficial que hablará de diálogo y participación. La escena ya ocurrió otras veces en Catamarca: empresas globales, pueblos pequeños y decisiones que parecen llegar con el expediente casi cerrado. Meses después de esa presentación —que no tenía carácter vinculante para la comunidad— la compañía formalizó su pedido para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión anunciada superior a los 800 millones de dólares para consolidar su expansión en el norte argentino.

Lo que sucede en esa carpa no es una postal aislada. Es una expresión local de un cambio más amplio en la política económica argentina. Mientras en la puna se multiplican reuniones de este tipo, el gobierno nacional impulsa el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una estructura legal diseñada para acelerar desembolsos privados en sectores considerados estratégicos. En los despachos oficiales se presenta como una herramienta para atraer dólares. En los territorios empieza a leerse como otra cosa: una nueva velocidad para las inversiones y una reducción del tiempo disponible para discutir sus efectos.

Un régimen para acelerar proyectos

El RIGI fue aprobado en 2024 y ampliado en 2026 por el Decreto 105/2026. Establece beneficios fiscales, tributarios y regulatorios por treinta años, garantiza estabilidad normativa a los proyectos adheridos y los declara de “interés nacional”. Aunque el régimen incluye sectores diversos como minería, hidrocarburos, infraestructura, tecnología, turismo, forestoindustria y siderurgia, la evidencia reunida por el Observatorio del RIGI muestra una fuerte concentración en actividades extractivas, que explican más del 98 por ciento de las inversiones comprometidas.

La composición de los proyectos presentados ayuda a entender esa orientación. Solicitaron adherir al régimen 35 iniciativas, de las cuales 20 corresponden al sector minero: once de litio, cinco de cobre, tres de oro y una de arenas para fracking. En varios casos, además, se trata de proyectos demorados por conflictos socioambientales, restricciones regulatorias o procesos de judicialización que encontraron en el nuevo régimen una oportunidad para reactivarse. Más que un instrumento general para el desarrollo productivo, el régimen aparece como una palanca orientada a consolidar economías primarias de exportación.

El trabajo del Observatorio agrega otra dimensión menos visible: varios de esos proyectos se superponen con ambientes protegidos por la Ley Nacional de Glaciares o se localizan en territorios atravesados por conflictos socioambientales y judicialización, como Agua Rica–MARA o los proyectos de litio del Salar del Hombre Muerto. Es decir, el RIGI no aterriza sobre una hoja en blanco, sino sobre escenarios donde ya existen disputas previas por agua, participación, ordenamiento territorial y derechos colectivos.

En ese punto aparece uno de los debates centrales. El informe del Observatorio habla de un posible “blindaje jurídico y político” de los proyectos adheridos. La categoría remite a artículos que refuerzan su prioridad estatal y limitan la capacidad de nuevas regulaciones que puedan obstaculizarlos.

El artículo 165 establece, además, que cualquier norma o medida nacional, provincial o municipal que limite, restrinja u obstaculice proyectos adheridos podrá ser considerada nula. Para especialistas y organizaciones socioambientales, ese punto altera el equilibrio entre política ambiental e inversión privada, porque reduce el margen futuro de provincias y municipios para imponer nuevas regulaciones frente a riesgos, escasez hídrica o conflictos territoriales.

El Hombre Muerto y la nueva escala del conflicto

Una parte significativa de las reservas de litio de Argentina se localiza en salares altoandinos y puneños distribuidos principalmente entre Catamarca, Salta y Jujuy. Dentro de ese mapa, Catamarca se consolidó como uno de los territorios clave para la expansión del sector y ocupa un lugar estratégico dentro de las cadenas globales de suministro donde operan grandes corporaciones internacionales como Río Tinto, Gangfeng y Posco.

A nivel nacional, el Salar del Hombre Muerto representa alrededor del 50 por ciento de las exportaciones argentinas de litio y constituye uno de los principales motores de la economía catamarqueña. El Salar del Hombre Muerto fue el primer enclave de producción industrial de litio del país. Allí comenzó en 1997 el proyecto Fénix, primero operado por la empresa FMC, luego Livent y hoy bajo control de Río Tinto. Durante años esa explotación condensó la presencia minera en la zona. Con el tiempo, el mapa cambió y alrededor del emprendimiento histórico avanzaron nuevas iniciativas de grandes jugadores internacionales.

Pero la escala económica convive con otra menos visible: la ecológica. Catamarca se encuentra en emergencia hídricadesde 2022, con restricciones de riego y problemas de acceso al agua potable en distintos centros urbanos. En ecosistemas áridos de alta fragilidad, el agua no es solo un insumo productivo, sino una condición material de la vida cotidiana, el pastoreo, la producción local y la continuidad comunitaria.

En la cuenca del Hombre Muerto coexisten al menos ocho proyectos de litio. Esa simultaneidad modificó la escala del problema. Ya no se trata de cuánto consume una empresa aislada, sino de cuánto soporta el sistema en conjunto cuando múltiples actores extraen sobre una misma base hidrogeológica. En ese contexto, el conflicto por el agua ingresó en una nueva fase a partir de 2021, cuando la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano presentó un amparo ambiental colectivo a la Corte provincial señalando la falta de participación efectiva en los procesos de evaluación y la ausencia de un análisis acumulativo sobre los impactos del conjunto de proyectos en la cuenca.

En marzo de 2024, la Corte de Justicia de Catamarca dio lugar a ese reclamocon una resolución inédita en el triángulo del litio: suspendió el otorgamiento de nuevos permisos de extracción de agua en la cuenca del río Los Patos hasta contar con una evaluación ambiental acumulativa e integral. La decisión marcó un límite a la lógica con la que el litio venía expandiéndose en la puna.

Sin embargo, pocos meses después, el escenario comenzó a reconfigurarse. Con la aprobación del RIGI a nivel nacional en agosto de 2024, la provincia encontró un nuevo respaldo político para impulsar la expansión de los proyectos extractivos, incluso en un contexto atravesado por restricciones judiciales. En ese marco, el régimen operó no sólo como un instrumento de promoción de inversiones, sino también como una herramienta de presión política y económica para reactivar iniciativas en disputa.

Dos años más tarde, el 30 de marzo de 2026, la misma Corte resolvió levantar la cautelar apoyándose en un estudio que descartó la existencia de daño ambiental actual atribuible a la actividad minera. La secuencia no pasó desapercibida en la provincia: días antes de la resolución judicial, el gobierno nacional había anunciado la aprobación del ingreso al RIGI para la expansión del proyecto Fénix, hoy controlado por Río Tinto. Una semana después llegó el levantamiento de la cautelar. No existe una relación formal establecida entre ambos hechos, pero la proximidad temporal alimentó lecturas en un territorio donde las decisiones económicas, judiciales y ambientales se observan cada vez con menos separación.

El fallo y lo que vino después

El fallo de la Corte Justicia, que habilitó la megaminería, no cerró la discusión. Dos jueces —José Cáceres y Miguel Figueroa Vicario— votaron en disidencia con objeciones severas. Cuestionaron que el estudio se basara en modelos aún no suficientemente validados con datos de campo, advirtieron que el registro hidrológico y climático era incompleto y señalaron que, en ecosistemas altoandinos frágiles, esperar a que exista daño “actual” puede significar llegar demasiado tarde. Figueroa Vicario invocó el principio in dubio pro aqua: ante la duda científica, sostuvo, la decisión debe favorecer al ambiente y no al desarrollo inmediato.

Los votos críticos también remarcaron problemas en la participación pública. Señalaron convocatorias con apenas cinco días de anticipación, falta de información técnica accesible y talleres realizados con plazos acelerados que afectaron la calidad del diagnóstico social. La mayoría del tribunal, en cambio, entendió que el Estudio de Gestión Integral del Impacto Acumulativo (EGIA) era suficiente para levantar la prohibición y ordenó al Ministerio de Minería avanzar con un programa hidrológico y un plan de monitoreo en los próximos meses.

El resultado reabre una puja de fondo. Para el gobierno provincial y las empresas la decisión despeja un obstáculo en un momento de urgencia fiscal y necesidad de reactivar inversiones. Para sectores críticos instala un precedente delicado: habilitar nuevas etapas de expansión en una cuenca sensible sin haber despejado por completo las incertidumbres científicas y sociales.

El conflicto por el agua en el Salar del Hombre Muerto no terminó con el fallo. Entró en otra fase.

Lo que se decide lejos y se vive cerca

El litio suele narrarse desde los grandes números: inversiones anunciadas, exportaciones récord, competencia geopolítica por minerales críticos, demanda global de baterías. En acuerdos recientes, la Argentina incluso expresó su intención de priorizar ciertos vínculos comerciales en cobre, litio y otros insumos estratégicos. Son discusiones internacionales que parecen ocurrir lejos de la puna.

Sin embargo, sus efectos bajan rápido a tierra. Se vuelven visibles en más tránsito pesado, en pueblos que crecen sin planificación suficiente, en alquileres que suben, en comunidades que deben aprender lenguaje técnico para defender derechos básicos y en ecosistemas sometidos a una presión creciente por el agua. La geopolítica entra al territorio convertida en rutina.

Cuando termina la charla de Posco en Los Nacimientos, la carpa queda casi vacía. Las sillas fueron corridas, los vasos de café vacíos y los papeles son arrastrados hacia un costado por el viento. Los representantes ya no sonríen como al inicio: integrantes de la comunidad y sus técnicos lograron señalar varias de sus contradicciones. Después se dispersan las y los vecinos del lugar; a quienes la empresa llevó hasta allí no les queda más que esperar el transporte para regresar en un viaje de más de una hora. Un último grupo se queda conversando afuera, sin micrófono y sin traducción. Detrás de ellos, la montaña no se mueve pero el tiempo se sigue diluyendo. Lo que sigue en disputa es la velocidad con la que avanzan las inversiones y el margen real que queda para discutirlas antes de que las máquinas vuelvan a arrancar.