El Concejo Deliberante de Gualeguaychú, Entre Ríos, aprobó por unanimidad una normativa de protección, conservación y uso racional y sostenible de humedales. La ordenanza votada crea un comité a cargo de la Dirección de Ambiente municipal para cumplir en el plazo de un año con la realización de un inventario de los humedales a proteger e incorpora un sistema de sanciones para quienes avancen sobre las áreas protegidas.
La ordenanza fue presentada por el bloque oficialista PJ-Creer el 2 de febrero, en coincidencia con el Día Mundial de los Humedales, para dar un paso adelante respecto de la demorada Ley de Humedales que se trata en el Congreso nacional. “Lo cierto es que desde el año 2013 que se intenta obtener la sanción de una ley y a la fecha no se ha conseguido”, sostiene la ordenanza en sus considerandos.
Reconociendo la relevancia ecosistémica de los humedales, que representan un 21,5 por ciento del territorio nacional con una superficie de 600 kilómetros cuadrados, los concejales del PJ-Creer propusieron avanzar en, al menos, la protección de los que forman parte del ejido municipal. El viernes pasado, consiguieron el respaldo de los concejales de todos los bloques y aprobaron la norma tras dos meses de debate en las comisiones de Salud y Control y Preservación del Medioambiente.
La norma aprobada establece “la protección, conservación y uso racional y sostenible de los humedales de todo el ejido de la cuidad de San José de Gualeguaychú” e indica “en consonancia con las leyes nacionales, provinciales y municipales vigentes que establecen su protección”, reconociendo la amplia legislación ambiental vigente en el país, a pesar de no contar aún con una Ley de Humedales.
A partir de la aprobación de la ordenanza se creará un comité bajo la órbita de la Dirección de Ambiente municipal, que tendrá como tarea designar personal específico para su conformación y concretar un inventario de los ecosistemas municipales considerados humedales en el plazo máximo de un año.
El comité deberá establecer “el relevamiento y caracterización de la totalidad de los sitios que presenten las características de humedal; la conservación de sus servicios ecosistémicos, su integridad biológica y ecológica; la adopción de medidas que garanticen su uso racional y sostenible”, señala la norma aprobada por unanimidad.
Además será tarea del comité “la planificación y ejecución de planes de protección, mitigación y restauración; la creación de áreas naturales protegidas específicas que posibiliten a la sociedad en general el conocimiento de sus características, importancia y forma de conservación; la participación activa de los grupos científicos, académicos, de las organizaciones sociales y demás personas interesadas en su conservación, y la generación de estrategias para el aprovechamiento de estos ecosistemas que promuevan y faciliten la educación ambiental”.
Gualeguaychú avanza en una provincia con los humedales bajo fuego
El sistema de protección de humedales aprobado en Gualeguaychú —municipio que cuenta con avances en otras áreas de protección a la salud y el ambiente— llega luego de un 2020 en el que se registraron 39 mil focos de incendio en el Deltá del Paraná entrerriano, reportes de Global Forest Watch (VIIRS), y la provincia vio arrasadas un total de 309.760 hectáreas, según el Servicio Nacional del Manejo del Fuego. Un informe de Greenpeace señaló que los incendios ocurridos en el delta entrerriano incrementaron 1400 por ciento las emisiones de Co2.
“En Argentina existen aproximadamente 600.000 km² de humedales, lo que representa el 21,5%de la superficie del país. Pese a ello, y que, durante el año 2020, se presentaron una decena de proyectos en el Congreso nacional que pretenden establecer presupuestos mínimos para su protección, advierte la norma propuesta por el bloque oficialista de Gualeguaychú, respecto de la demorada ley nacional de presupuestos mínimos.
El debate de la Ley de Humedales comenzó en agosto pasado en el Congreso, cuando el humo del delta llegó a la Ciudad de Buenos Aires, y en noviembre consiguió dictamen en la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales, pero aún resta el paso de la norma por otras comisiones para llegar al recinto de la Cámara baja. Cientos de organizaciones ambientales vienen reclamando al Ejecutivo que apresure el tratamiento de la ley.
El Ejecutivo descartó llevar el tratamiento a sesiones extraordinarias y el presidente Alberto Fernández no mencionó su impulso en la apertura de sesiones 2021, donde sí se habló del impulso al litio, una de las actividades extractivas que amenaza la preservación de estos ecosistemas.