Por Nahuel Lag
Novecientas mil hectáreas arrasadas por el fuego. Novecientas mil hectáreas de humedales, bosques, pastizales, abras y pajonales. Los focos de incendio comenzaron en el Delta del Paraná en febrero, el humo llegó a la Ciudad de Buenos Aires el 5 de agosto, las hectáreas arrasadas ya eran 55 mil en el delta, las asambleas y organizaciones ambientales ya habían exigido la sanción de la Ley de Humedales sobre el puente Rosario-Victoria. El tema se instaló en la agenda política, pero la sanción de la ley sigue pendiente. Para el invierno, la sequía y el fuego se combinaron para encender casi todo el país. En julio comenzaron los ya estacionales incendios en las sierras de Córdoba y el calor de los reclamos continuó en ascenso. El bosque nativo arrinconado por las llamas a casi veinte años de la sanción de la Ley de Bosques.
Hasta el 15 de octubre, según cifras del Ministerio de Ambiente, la pandemia de los incendios había devorado el equivalente en hectáreas a tres veces el Área Metropolitana de Buenos Aires. Los focos llegaron a 22 provincias, todo el país excepto la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego. Hasta mediados de septiembre los focos informados habían sido 1230, cuando las hectáreas arrasadas eran 430 mil. En octubre ya no hubo precisiones sobre la cantidad de focos que ardían en todo el país. San Juan fue la única provincia que no aportó datos oficiales sobre la superficie afectada.
Las autoridades nacionales señalaron que en un 95% de los casos los incendios se iniciaron de manera intencional. El fuego avanzó sobre sobre la extendida frontera del agronegocio en un contexto de sequía récord, quemó los campos de pequeños productores, encendió otra vez las sospechas de la especulación inmobiliaria sobre humedales y bosques nativos. Algo que las asambleas de base y las organizaciones ambientales llevan años denunciando.
“Es una situación de anomia permanente porque no hay ley que valga o la que existe no la cumple nadie. El Poder Judicial llega tarde y con medidas insuficientes y el Poder Ejecutivo dice que no tiene la culpa. Nunca hay responsables”, resume Rodolfo Martínez, integrante de la Multisectorial Humedales y de la Cátedra del Agua en la Facultad de Ciencias Políticas de Rosario, en diálogo con Agencia Tierra Viva.
Marcela Fernández, abogada ambientalista de la Asociación de Amigos del Río San Antonio e integrante de la mesa técnica de la Coordinadora por la Defensa del Bosque Nativo (CoDeBoNa), marca un ejemplo: “La Secretaría de Ambiente de Córdoba en lugar de cumplir con los planes de restauración de los bosques quemados, que impide el cambio de uso del suelo, como indica la Ley de Bosques a nivel nacional y provincial, llama a audiencias públicas para emprendimientos inmobiliarios que se construyen sobre bosques arrasados hace años”.
Incendios record
La información oficial reportada por el Servicio Nacional del Manejo del Fuego --que empezó a ofrecer información pública diaria el 29 de agosto tras la firma del DNU 706/2020 que volvió a poner el programa bajo la órbita del Ministerio de Ambiente-- precisa que Córdoba fue la provincia más afectada por los incendios con 315.944 hectáreas carbonizadas.
La cifra triplica los incendios de 2013, cuando se perdieron 106 mil hectáreas, según los reportes del INTA. Hasta este año, aquel 2013 fue récord en pérdida de superficie quemada en las sierras cordobesas, según un estudio realizado por investigadores e investigadoras del Instituto Gulich (Universidad de Córdoba-Conae), que analizó los incendios ocurrido entre 1999 y 2017, a través de imágenes satelitales, y concluyó en que 700 mil hectáreas habían sido arrasadas en esa etapa, un equivalente a 12 ciudades de Córdoba. Un informe del Ministerio de Ambiente nacionaliza la problemática al concluir que entre 1998 y 2018 se desmontaron 6,5 millones de hectáreas de bosque nativo, el 43% en vigencia de Ley de Bosques.
“El gobierno parece no darse cuenta, o no quiere hacerlo, que cada año hay menos ambiente nativo para quemar. Nos queda menos del 3% de bosque nativo cerrado, y de los tres grandes ecosistemas que caracterizaban a Córdoba –el Chaqueño, el Espinal y el de Estepa Pampeana- estos dos últimos están prácticamente extinguidos con respecto a lo que eran sus superficies originales”, denunció públicamente el titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), Raúl Montenegro, cuando las hectáreas quemadas eran 191 mil.
En las estimaciones del Servicio de Manejo del Fuego, Entre Ríos figura como la segunda provincia con más hectáreas perdidas en el fuego: 286.326. Las organizaciones ambientales calculan que el fuego en el Delta del Paraná --que abarca el este de Santa Fe y el noroeste de Buenos Aires-- acabó con 300 mil hectáreas. En el reporte oficial, las tres provincias suman 307.112 hectáreas incendiadas. El 15 de octubre, fecha de la última actualización de datos oficiales, el fuego llegó a la Isla Pele, en suelo entrerriano, frente a la ciudad santafecina de San Lorenzo, y avanzó sobre las casas de los pocos lugareños que aún no habían sido afectados.
Pero el fuego fue más allá de los dos grandes focos del Delta del Paraná y las sierras cordobesas. En el norte de Santa Fe, en la localidad de Villa Ocampo, el incendio avanzó sobre un 80% de la reserva Jaaukanigás, reconocida como sitio Ramsar, nombre de la Convención internacional de Humedales. El 30 y 31 de enero, días antes de que se encendieran los primeros focos, Jaaukanigás fue sede del Primer Foro Nacional de Humedales.
Chaco es oficialmente la tercera provincia más afectada con 85 mil hectáreas bajo las llamas. Los focos se registraron desde Margarita Belén, en el límite con Santa Fe y Corrientes, hasta el Impenetrable Chaqueño. Monte arrasado, animales calcinados. "Los incendios están directamente relacionados con el modelo productivo. En el Chaco, lamentablemente, la economía está basada en el extractivismo: se avanza con los desmontes sobre bosques, pastizales y humedales, que luego se utilizan para la producción ganadera y soja, con los paquetes de agrotóxicos”, señala Micaela Camino, bióloga e integrante del colectivo Somos Monte. “En el Chaco las quemas intencionales coinciden con predios que quieren ser explotados para el agronegocio”, sostiene y apunta otro foco de incendio ocurrido en la localidad de Miraflores, donde se mantiene un conflicto territorial con las comunidades originarias que viven allí.
Los incendios se repitieron a lo largo y ancho del país: 52.232 hectáreas al norte (Jujuy, Salta y Formosa), 51.291 al sur (Río Negro y Neuquén), 81.960 al oeste (Catamarca, Mendoza y San Luis), 40.425 al centro (Santiago del Estero y Tucumán). A pesar de las lluvias de mediados de octubre, el fuego aún no podían ser controlados en La Rioja, Salta y Jujuy, donde el fuego arrasó 5 mil hectáreas del Parque Nacional Calilegua. En Córdoba, volvían a aparecer focos en Dean Funes y Traslasierra, con pronósticos de vientos fuertes.
¿Sequía o modelo productivo en llamas?
Según el Ministerio de Ambiente, el 95% de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas y los principales motivos: “la preparación de áreas de pastoreo con fuego; fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas y el abandono de tierras”. El informe del Servicio del Manejo del Fuego agrega los “factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes inciden en su propagación”.
La sequía, una de las mayores de los últimos 40 años, y la también histórica bajante de la cuenca del Río Paraná, que dejó kilómetros de vegetación al descubierto, es algo en lo que coinciden funcionarios, productores, académicos y activistas. También es una realidad la práctica tradicional de la quema de pastizales para buscar el rebrote antes de las primeras lluvias. Sin embargo, hay otro contexto que potencia la propagación de los incendios: el modelo productivo.
“Se unieron las variables de la sequía histórica con el proceso de pampeanización de las islas, o sea, el traslado del ganado para el pastoreo a las islas por la expansión de la frontera agrícola”, aporta Martínez, de la Multisectorial Humedales y explica que, mientras los focos de incendio se multiplicaban, se veía maquinaria agrícola ingresando a las islas, que está prohibido por ley.
“Son productores que aprovechan la bajante para formar terraplenes e incendiar donde había arroyos y lagunas. Así logran tener un terreno apto para el ganado, pero el humedal no vuelve y tampoco el sistema productivo del humedal, donde puede prosperar la apicultura, la ganadería a pequeñas escala, la pesca artesanal. No se trata de una lógica de producción de alimentos sino de una lógica de pura especulación”, denuncia Martínez y advierte que los nuevos terraplenes también impedirán el servicio ecosistémico del humedal, que funciona como esponja ante las futuras crecidas. “La próxima creciente se va a llevar puesta muchas cosas”, lamenta.
Rubén Ginzburg, ecólogo e investigador del Grupo de Estudios de Sistemas Ecológicos en Ambientes Agrícolas (GESEAA) de la UBA, le pone cifras a esa expansión de la frontera agrícola: 14 millones de hectáreas desmontadas en los últimos 40 años, el 80 por ciento de esa área transformada para la actividad agropecuaria eran bosques. Ginzburg se refiera a la región chaqueña --Santiago del Estero, Chaco, oeste de Formosa, este de Salta, norte de Córdoba y Santa Fe-- sobre la que es especialista: “La quema para rebrote es para las zonas de pastizal, pajonal o sabana porque se precisa el material seco y el bosque es más húmedo, más verde. Si en un lugar donde había miles de hectáreas de bosque se transformó para tener campos para pastura o cosecha, y queda el rastrojo sobre el suelo, tenés más superficie disponible con probabilidad de incendios”.
Esa frontera avanzó sobre los bosques primero con el impulso del algodón y desde mediados de la década del 90’ con la “revolución verde” de la soja transgénica. Ginzburg señala que el avance del desmonte para soja alcanzó hasta las zonas donde se encuentran las precipitaciones necesarias --800 milímetros anuales-- y, en los últimos, 15 o 20 años el avance fue sobre el Chaco semiárido con otro motor: implantar pastura para el ganado.
“¿Aumentó la cantidad de campos que hacen quemas para rebrote? No, pero en otras condiciones la quema podía ser contenida. Las condiciones de sequía actual hace que un foco intencional genera otros diez focos en un campo pegado en un bosque o en un humedal”, analiza el ecólogo en diálogo con Agencia Tierra Viva y sostiene: “En un contexto así no se deberían estar haciendo quemas. En parte es responsabilidad del Estado y en parte responsabilidad de los productores”.
“La región chaqueña es la zona boscosa más grande después del Amazonas, el bosque subtropical seco más grande del mundo y tiene una de las tasas de deforestación más altas del mundo”, sintetiza la bióloga Micaela Camino del colectivo Somos Monte y apunta: “Si transformás esa biodiversidad en un monocultivo lleno de venenos, que no tiene esas funciones ecosistémicas y no puede regular la vida, terminás con la pérdida de la regulación climática perdida. El año pasado estábamos inundados y hoy vivimos una sequía que las comunidades del monte dicen que no vieron en los últimos 80 años”.
Las sierras cordobesas arden hace dos décadas y frente a los incendios récord de este año el brigadista y director de Defensa Civil, Diego Concha, tuvo una sola respuesta por parte del Estado: “No habrá final a menos que llueva y mucho. Necesitamos más humedad”. El viento zonda que llega desde el norte seco, más los pastizales, son la causa natural de los incendios.
En esa única causa hizo foco el gobernador Juan Schiaretti cuando empezó el humo: “Cordobeses, el clima nos castiga por ser un año tan seco y con mucho viento”, tuiteó. “Son frases que tiran los gobernantes para desviar eventos totalmente previsibles y que no se evitan porque no se llevan políticas públicas”, sentenció la abogada de la Codebona y recordó el “tsunami que cayó del cielo” que lanzó el ex gobernador José Manuel De La Sota para explicar inundaciones del 2015 sin hablar del rol de absorción y regulación del agua que ofrecían los bosques perdidos.
“Las zonas que se están quemando reiteradamente los últimos años son de la región de Punilla, en el faldeo serrano, que es donde el gobierno pretendía hacer una autovía de montaña y donde han avanzado las urbanizaciones”, descartó las “causas naturales” Fernando Barri, doctor en Ciencias Biológicas y magíster en Manejo de Vida Silvestre en una entrevista a la agencia Unciencia.
¿Qué manejo del fuego?
El gobernador cordobés insistió durante varias semanas en que su provincia contaba con los recursos necesarios para hacer frente a los incendios. Cuando las hectáreas arrasadas superaban las quemas récord del 2013, Córdoba finalmente aceptó la asistencia del gobierno nacional.
¿Qué ayuda? El viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, en una entrevista a Radio con Vos a principio de octubre, describió los recursos con los que cuenta el Plan Nacional de Manejo del Fuego: 70 brigadistas para todo el país; 15 aviones y 1 helicóptero, prestados por las fuerzas federales o alquilados. Por esos días, la Federación de Cámaras Agroaéreas (Fearca), que reúne a los pilotos que realizan las fumigaciones con agrotóxicos, emitía un comunicado destacando que esas mismas naves habían controlado los incendios en el cerro San Javier en Tucumán.
Federovisky detalló también que la Argentina no cuenta con sistemas de alerta temprana, cuando existen tecnologías muy avanzadas que permiten llegar a las pocas horas, y no “cuando las mangueras ya no dan a basto”. La responsabilidad la cargó sobre la gestión de Mauricio Macri por haber “descuartizado” el plan dividiéndolo en dos ministerios, algo que fue revertido por el gobierno nacional con el DNU 706/2020.
“Hay que empezar a trabajar en el antes: la mejor manera de apagar el fuego es evitar que se prenda”, marcó como una obviedad el viceministro y reveló la causa de la falta de recursos para lograrlo: la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, aprobada en noviembre de 2012, creó un fondo nacional que nunca fue constituido. Tampoco hay fondos destinados para el manejo del fuego en el Presupuesto 2021. “Estamos proponiéndole al presidente Alberto Fernández la creación de una alícuota destinada a fondear el plan”, indicó el viceministro.
Según los funcionarios nacionales y cordobeses, a pesar de las 315 mil hectáreas arrasadas, la provincia mediterránea cuenta con uno de los mejores programas de manejo de incendios del país. Y se encargaron de recordarlo cuando fueron los propios vecinos de las sierras los que salieron a apagar los incendios que llegaban hasta la puerta de sus casas. José Roble y Cristóbal Varela fueron los vecinos cordobeses que murieron enfrentando los incendios. Entonces, ¿cómo lleva adelante el manejo del fuego una de las provincias supuestamente mejor preparadas?
“Resulta incoherente agradecer el enorme esfuerzo de nuestros bomberos y Defensa Civil, cuando se derogó el financiamiento que por ley tenía el Plan Provincial de Manejo del Fuego y se desafectó el sistema de alerta temprana de incendios con el retiro de los vigías apostados en toda la provincia”, denunció la Codebona.
La abogada e integrante de la mesa técnica de la Coordinadora por la Defensa del Bosque Nativo, en diálogo con Agencia Tierra Viva, que el plan provincial no solo fue desfinanciado sino que es siempre escaso: “Es menos de un cuarto de lo que gasta en pauta el gobernador”. Fernández además apunta a la falta de educación ambiental en las escuelas y en las políticas de comunicación para generar conciencia de lo que se pierde en el fuego.
Ella vive en el barrio Sol y Río, al sur de Carlos Paz, y el día de la primavera observó cómo, a unas cuadras de su casa, se iniciaba un foco que creció hacia la localidad de Las Jarillas, donde murió José Roble. “El sistema no cuenta con brigadistas forestales del gobierno sino que son asociaciones civiles y personas particulares las que se han organizado y colaboran con los bomberos, son brigadas autónomas”, explica la abogada ambientalista contrarrestando los dichos públicos de los funcionarios sobre el involucramiento de los vecinos.
“A partir de la muerte de Cristóbal el gobierno salió a decir que los civiles no tienen que estar, pero él estaba trabajando con una brigada. En el noreste cordobés hay una extendida experiencia de los vecinos autoorganizados que se han capacitado para hacer frente a los incendios”, aclara la abogada ambientalista.
Y aporta una cuestión técnica de la forma en la que Defensa Civil avanza sobre los incendios: los bomberos voluntarios tienen la orden de salvar viviendas y vidas humanas, se trata de una abordaje de “interface”. “Dejan correr el fuego sin una coordinación nacional ni con los municipios” y completa con su experiencia: “Si no fuera por mis vecinos, en mi barrio se incendiaban las casas”.
“La orden de avanzar sobre el fuego llega cuando crece la presión social, cuando se ven las imágenes en los medios, cuando las llamas llegan a zonas muy pobladas. Pero, en los parajes, los pequeños productores, apicultores, gente que vivía de sus animales, tienen sus campos hechos un desierto”, sentenció la abogada ambientalista.
¿Quién prende el fuego?
En agosto de 2019 Greenpeace logró una inesperada intervención durante el mítico discurso de apertura de la muestra anual de la Sociedad Rural. Mientras el titular de la SRA, Daniel Pelegrina, daba su discurso, escoltado por el entonces presidente Mauricio Macri, dos pequeños carteles se desplegaban, a ambos lados, sobre su cabeza: “Destruir bosques es un crimen”, “Ganadores: basta de desmontes”, decían. La organización ambiental recordó esa denuncia pública en los días de incendios y volvió a exigir: "Es urgente que se prohíba y castigue penalmente la destrucción de humedales y bosques nativos." La semana pasada, activistas desplegaron un cartel que decía "Ganaderos, los dueños del fuego" en el frente del predio de La Rural.
El ministro Cabandié marcó públicamente una postura de condena a la quemas con objetivos comerciales en el Delta del Paraná, las calificó como “un acto inescrupuloso”, convocó a “repensar las prácticas productivas” y presentó una denuncia penal contra los productores en junio. En septiembre, el ministro cruzó públicamente al juez federal de Paraná, Daniel Alonso: “Lo llamativo es que hace seis meses que hay incendios y la Justicia no tiene a un solo detenido ni procesado”. Alonso tiene a cargo la causa caratulada "Baggio, Rufino Pablo y otros s/incendio u otro estrago" con cerca de 50 productores acusados a partir de una demanda presentada por la Asociación Civil Con Personería Jurídica Cuenca Rio Paraná.
El diputado nacional santafecino Marcos Cleri se sumó a la campaña pública contra las quemas y presentó ante el juzgado de Alonso la lista de los 228 titulares de explotaciones ganaderas en la isla Victoria, según los registros del Senasa. Sociedades anónimas, SRL, empresarios y políticos retirados están entre los nombres de los que tienen explotaciones en el delta. “El juez puede solucionar esto en cuestión de horas: debe cruzar la información de catastro con la geolocalización de incendios y se terminó, no incendian más”, sostuvo Cabandié.
La explotación ganadera en las islas está habilitada por el gobierno de Entre Ríos a través de la Ley de Arrendamiento Fiscales. En 2008, último año en el que el humo de las quemas llegó a la Ciudad de Buenos Aires, la entonces presidenta Cristina Kirchner y el gobernador de Santa Fe Hermes Binner habían acordado presentar denuncias penales Al otro lado del Paraná, el gobernador entrerriano era el oficialista Sergio Uribarri, quien fue sucedido por el actual gobernador oficialista Gustavo Bordet.
En agosto pasado, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, entregó una frase certera sobre la suerte de las causas contra los productores: "La provincia no tiene los recursos para hacer uso del poder de policía que necesitás para controlarlos. Generalmente ellos hacen los incendios, pasa y nos olvidamos".
El juez Alonso coincidió en el análisis del fiscal de Estado a fines de septiembre: “Lo intentamos con los medios que tenemos. Difícilmente pueda impedir que eso ocurra”. Además, el juez le respondió a Cabandié sobre el cruce de datos entre productores e incendios y esquivó: “falta determinar la probable responsabilidad de esas personas en la iniciación de esos incendios. No podemos salir a detener gente por ser propietaria de un terreno”. Hasta esta semana, Alonso aún no procesó a ningún propietario de los campos incendiados, pero llamó a dar declaración indagatoria, entre el 2 y 13 de noviembre, a 46 de los productores que surgieron del cruce entre registros de propiedad y focos de incendio. El sitio ERA Verde publicó este martes la lista de los llamados a declarar.
En Córdoba, las denuncias apuntan directamente al Ejecutivo provincial. Cuando las llamas ya había acabado con 191 mil hectáreas, Raúl Montenegro, titular de FUNAM y premio Nóbel Alternativo 2004, presentó una demanda para que se investigue al gobernador Schiaretti y funcionarios por haber demorado “en forma injustificada” el pedido de apoyo a otras jurisdicciones, lo cual impidió contar con más bomberos voluntarios y tecnología suplementaria para evitar el ecocidio que continúa ardiendo en las sierras.
“No hizo suficiente prevención de incendios ni a fines del año 2019 ni en el 2020, aún sabiendo que estábamos en un período extremadamente seco, y en una provincia con una larga tradición de fuegos cuyos sectores más beneficiados se vinculan a la expansión de la agricultura industrial, la ganadería y los negocios inmobiliarios”, apuntó Montenegro.
Tampoco faltaron las denuncias abiertas contra productores que queman sus campos para ahorrar recursos y alimentar a su ganado. Una de ellas fue radicada por impulso de las autoridades del Parque Nacional Quebrada del Condorito contra la familia Becerra por quemas en sus estancias San Alejo y Paso de las Piedras, en la localidad de Pampa Achala, registrada como uno de los primeros incendios del año en las sierras. Según detalla el periodista Daniel Díaz Romero en la nota “Los caballeros de la quema”, la familia que se dedica a la cría de vacas Brangus fue denunciada 208 veces en los últimos 4 años.
Frente a las denuncias, el gobierno cordobés buscó mostrar iniciativa contra la especulación comercial de quienes inician los incendios e hizo pública una presentación del fiscal de Estado, Jorge Córdoba, contra supuestas ventas a través de las redes sociales de terrenos que habían sido arrasados por el fuego.
La abogada Marcela Fernández puede contar en primera persona la larga lucha judicial que mantiene para frenar la construcción del barrio privado El Gran Dorado, planificado al sur de Carlos Paz, en el límite con la localidad de San Antonio de Arredonda, en terrenos arrasados por el fuego hace años y que deberían estar protegidos por la Ley de Bosques. El amparo presentado en 2013 logró que se reconozca el daño ambiental y frenó el avance de la obra, pero aún resta la decisión final del Tribunal Superior de Córdoba.
La abogada ambientalista señala a la Secretaría de Ambiente de Córdoba por avalar sistemáticamente licencias ambientales para proyectos inmobiliarios sin cumplir con lo que ordena la norma sobre la protección del suelo ubicado en las categorías roja y amarilla de la Ley de Bosques, que aseguran la conservación por siempre del bosque nativo o la modificación para actividades económicos de desarrollo sostenible sin desmonte. Y pone un ejemplo inmediato: la convocatoria a licitación para octubre de un loteo ubicado en zona roja de conservación en la localidad de La Calera para un proyecto denominado Altos de la Estanzuela.
¿Qué leyes necesitamos para detener los incendios?
“Tenemos leyes muy buenas, pero no se cumplen”, asegura la abogada integrante de la mesa técnica de la Codebona respecto del debate instalado sobre la necesidad de aumentar las penas para combatir los incendios. “Los incendios pueden ser dolosos o culposos, se pueden investigar como incumplimiento del deber de funcionario público, el tema es que se animen los jueces a investigarlo”, insistió Fernández.
Las palabras de la abogada integrante de la Codebona toman una dimensión alarmante al reparar en la Ley de Bosques, promulgada en diciembre de 2007 y cuyo primer objetivo era: “promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo”. La norma debía tener la adhesión de cada provincia y llevar adelante el plan de ordenamiento.
“En Córdoba hay una mora de cinco años en la actualización del ordenamiento territorial de bosques. Con esos mapas, por ejemplo, deberían cruzar los proyectos inmobiliarios con las quemas, pero se hacen los distraídos y quieren mostrar que nunca hubo nada donde había un bosque”, lamenta Fernández.
El ordenamiento en cada provincia debería realizarse con un proceso participativo, una modalidad de construcción de ciudadanía que se ratifica como principio en el Acuerdo Regional de Escazú, aprobado recientemente por el Congreso y que despertó un particular entusiasmo que llegó hasta la vicepresidente Cristina Kirchner. “El acuerdo reconoce a la participación ciudadana como un derecho humano. Herramientas legales para avanzar existen”, insiste la abogada cordobesa.
Desde Chaco, la bióloga e integrante del colectivo Somos Monte pone a la sequía histórica como síntesis del incumplimiento de las normas: “Esta sequía no es una catástrofe natural, esto es la consecuencia de las actividades humanas en la región y en otras regiones: es algo que generó la agroindustria con el Estado como cómplice, casi siempre violando las normas: la ley de trabajo, la ley de bosques, el Convenio 169 de la OIT, la Ley General de Ambiente. Hay casos incluso de tortura, de personas que a punta de pistola corren a la gente de sus bosques para avanzar con el agronegocio”.
Somos Monte se presentó como amicus curiae en un amparo presentado por el Defensor del Pueblo chaqueño contra el gobierno provincial por la autorización de desmonte de 53 predios que estaban dentro de zona amarilla, de acuerdo al ordenamiento territorial de bosques provincial. El amparo fue aceptado en mayo del año pasado, pero aún no fue resuelto por el Poder Judicial chaqueño y el colectivo no tuvo acceso adecuado a la información que debería ser pública. “Durante la pandemia los desmontes continuaron habilitados por decreto presidencial, pero la denuncia no parece prioritaria”, lamentó Camino. La organización le pone nombre a un desmonte ilegal de 450 hectáreas ocurridas en julio pasado en el departamento de Almirante Brown: la empresa H. Primo S.A. "Estamos ante una estafa colosal. Un campo sojero en plena área amarilla", denunció Somos Monte y resaltó que las ilegalidades ocurren desde 2015 sin que se registre ninguna sanción en la Dirección de Bosques chaqueña.
Con el humo del Delta sobre la Ciudad de Buenos Aires, las cámaras de Diputados y Senadores comenzaron a debatir en agosto unos 14 proyectos de distintos bloques y parecían responder a un reclamo urgente: ¡Ley de Humedales Ya! La sanción de una norma que proteja el ecosistema que cubre el 21 por ciento del territorio nacional se vio frustrada tanto durante el gobierno kirchnerista en 2013 como en el macrista en 2016. Las presiones del sector inmobiliario, del agronegocio y el minero son las mismas que logran que se incumplan las leyes ya vigentes.
En la primera audiencia en la Cámara baja, a principios de agosto, Laura Prol, integrante del área de humedales de Taller Ecologista de Rosario, convocó a que “esta vez, el Congreso logre saltar las presiones que frenaron la ley en años anteriores” y recordó: "Los orígenes de esta pandemia están en la depredación del ecosistema y en el Delta del Paraná estamos viviendo la depredación de los humedales".
A mediados de septiembre ya se había realizado la cuarta reunión informativa y Leonardo Grosso, diputado del oficialismo y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, confió en conseguir “el mayor consenso posible para que la ley tenga la legitimidad social y política” y habló de la unificación de los proyectos para “emitir un dictamen urgente”. A fin de ese mes, 315 organizaciones de la sociedad civil elevaron una nota a Groso para que se avance en la unificación de los proyectos para votar la ley antes del cierre de las sesiones 2020. En el Senado, el tratamiento de la norma lo conduce la senadora del PRO, Gladys González.
Desde la Multisectorial Humedales confían en que la norma consiga dictamen en noviembre, de acuerdo a las promesas de los legisladores. Pero mientras aún no hay fecha cierta para el tratamiento de la norma exigida por las organizaciones, el bloque oficialista con la firma de su titular, Máximo Kirchner, y otros bloques provinciales que suelen funcionar como aliados presentaron otro proyecto que busca modificar la Ley del Manejo del Fuego para prohibir el cambio de uso del suelo por 60 años en bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales que hayan sido incendiados; y 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas y pastizales. Esa norma alternativa comenzó a ser tratada este lunes en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, la misma que preside Grosso y aún no dictamina sobre la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Conservación y Protección de Humedales.
Martínez, integrante de la Multisectorial Humedales, reconoció que el proyecto incorpora un marco de protección a los humedales a la expectativa puesta en noviembre para el dictamen de una ley de fondo, pero se preguntó por qué “si hay intención del gobierno nacional en frenar la especulación sobre los territorios incendios no se proponen las modificaciones a la ley de manejo del fuego vía decreto presidencial”. Mientras que desde las sierras de Punilla, la abogada de la Codebona advirtió que el plazo de 60 años sería regresivo respecto de la Ley de Bosques, que ordena la conservación indefinida.
El proyecto tiene otro punto a valorar, incorpora al debate un ecosistema fuera de la agenda: los pastizales. En ese sentido, Ginzburg, ecólogo e investigador del Geseaa, considera que sería un salto cualitativo comenzar a discutir una Ley Integral de Ordenamiento Territorial para no saltar del debate de los bosques a los glaciares, de ellos a los humedales y luego a los pastizales. “Un ordenamiento territorial de todas las actividades humanas, entre ellas la agropecuaria”, explica y propone: “Sentar a todos los actores en la mesa y dar un verdadero debate para ver qué modelo de producción rural queremos. Los últimos 20 años sin regulación en el agro generaron todos los problemas de expansión que vivimos hoy en día”.
