Por Foro Hídrico de Lomas de Zamora
Desde la asunción a la presidencia de Javier Milei, quienes trabajamos y nos organizamos alrededor de la cuestión hídrica sabíamos que el intento de privatización de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) iba a llegar tarde o temprano. Sin embargo, para comprender la gravedad del escenario actual es necesario volver sobre la experiencia de Aguas Argentinas, porque gran parte del modelo que hoy se intenta profundizar ya fue ensayado durante la década del ‘90.
Obras Sanitarias de la Nación fue privatizada en 1993 por el gobierno de Carlos Menem bajo el argumento de que la empresa generaba déficit y que el sector privado garantizaría eficiencia e inversiones. La concesión quedó en manos de un consorcio liderado por la empresa francesa Suez por 30 años. El agua dejó de concebirse como un derecho humano fundamental para pasar a ser entendida como un servicio sujeto a la lógica de la rentabilidad, relegando la seguridad hídrica de millones de argentinos.
Las consecuencias de ese modelo privatizador todavía atraviesan nuestro territorio. En Buenos Aires existe el acuífero Puelche, del que durante décadas se abasteció gran parte de la población. Con el avance de la privatización se profundizó la captación de agua del Río de la Plata, alterando el equilibrio hídrico de amplias zonas del conurbano bonaerense.
Esto produjo consecuencias concretas. La modificación del comportamiento de las napas generó anegamientos e inundaciones en barrios que históricamente no convivían con ese problema, causando pérdidas económicas y daños materiales a miles de familias. Al mismo tiempo, el insuficiente desarrollo de infraestructura cloacal y de tratamiento de efluentes agravó la contaminación del Río de la Plata, la misma fuente de donde se extrae gran parte del agua destinada al consumo humano.
La privatización tampoco resolvió las desigualdades de acceso. Las zonas más pobres continuaron siendo las más relegadas en materia de obras, mientras el esquema tarifario y las renegociaciones contractuales favorecieron a las empresas concesionarias.
El propio Estado rescindió el contrato en 2006 por incumplimientos vinculados a inversiones, expansión y calidad del servicio. La reestatización de AySA no fue únicamente una decisión gubernamental, sino el resultado de años de lucha vecinal junto a sectores académicos y socioambientales que denunciaron el deterioro sanitario y ambiental de la región.
En ese mismo contexto, y dentro del ámbito judicial, la “Causa Mendoza”, impulsada por vecinos de la cuenca Matanza-Riachuelo encabezados por Beatriz Mendoza, terminó de exponer públicamente el fracaso de un modelo que había priorizado la rentabilidad empresarial por sobre la salud colectiva y el saneamiento ambiental.
En nuestros territorios esto nunca fue una discusión abstracta. El Foro Hídrico de Lomas de Zamora, surgido históricamente en los barrios, viene trabajando desde hace años para visibilizar las condiciones ambientales y sanitarias de una de las zonas más contaminadas del país. Gracias a la organización vecinal logramos instalar debates fundamentales: el acceso universal al agua segura, la expansión de redes cloacales y la defensa del agua como un bien común que debe permanecer bajo control público.
Hoy volvemos a enfrentar una amenaza similar, pero incluso más grave. El actual proceso de privatización avanza junto con el vaciamiento y debilitamiento de organismos de control y planificación como el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA). La pérdida de controles independientes implica menos capacidad para fiscalizar inversiones, calidad del agua y cumplimiento de obras.
Esta situación resulta particularmente alarmante porque el artículo 41 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a un ambiente sano, mientras que la ONU reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental, posición acompañada por la Argentina.
A esto se suma la creciente injerencia de la empresa Mekorot en el diseño de políticas hídricas en Argentina. La participación de esta compañía resulta preocupante no solo por el avance de la privatización y extranjerización del manejo del agua, sino también por las denuncias internacionales sobre su rol en la gestión desigual de recursos hídricos en el contexto del genocidio contra el pueblo palestino.
Defender AySA pública no implica negar los problemas actuales del servicio. Sabemos que existen deficiencias, contaminación y enormes deudas históricas en materia de infraestructura. Pero justamente por eso resulta aún más peligroso profundizar un modelo basado en la mercantilización del agua, el debilitamiento de los controles estatales y la subordinación de un derecho humano fundamental a intereses empresariales y financieros.
La historia reciente de nuestro territorio demuestra que cuando el agua queda sometida a la lógica de la rentabilidad, las consecuencias las pagan los barrios populares, el ambiente y la salud colectiva. Por eso, defender el agua pública no es una consigna abstracta: es una necesidad urgente para quienes habitamos uno de los territorios ambientalmente más castigados del país.
Edición: Darío Aranda.
