«No es conveniente para el país la aprobación de una ley de presupuestos mínimos sobre humedales.» La sentencia surge del documento enviado por el Consejo Federal de Minería (Cofemin) a los legisladores nacionales como parte del lobby contra el tratamiento de la Ley de Humedales, que obtuvo dictamen unificado en la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados a fines de noviembre, pero aún resta tratarse en otras dos comisiones, y no fue promovida por el gobierno nacional como parte de la agenda de sesiones extraordinarias que deberían comenzar a fin de este mes.
El documento dirigido a los legisladores nacionales –la norma cuenta con el respaldo de los titulares de la Comisión de Recursos Naturales de Diputados, Leonardo Grosso (Frente de Todos), y del Senado, Gladys González (Juntos por el Cambio)– significa un gesto de presión de todos los gobiernos provinciales y el Estado nacional, que integran la Cofemin, y una declaración de intenciones de llevar adelante proyectos mineros en las áreas de humedales, que abarcan el 20 por ciento del territorio nacional. En el caso de la minería el interés está puesto en los salares del noroeste del país, en particular en Jujuy, Salta y Catamarca, donde hay proyectos de explotación en marcha y en exploración.
El pedido de la Confemin a los legisladores es incorporar en el debate a los actores de la industria minera, ya que el proyecto no tiene contemplado pasar en su tratamiento por la Comisión de Minería. Además de haber conseguido el dictamen unificado en la Comisión de Recursos Naturales resta el paso por las comisiones de Agricultura y Ganadería, Presupuesto e Intereses Fluviales y Marítimos.
Los argumentos del lobby
“Se busca evitar un proyecto de ley con sólo una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que, al ocuparse exclusivamente de lo natural, se podría cometer el error de perjudicar al hombre y sus necesidades”, sostiene el documento de lobby contra la Ley de Humedales firmado por el actual presidente del organismo, el secretario de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá. En esa provincia el gobierno busca, con el respaldo nacional, avanzar en una ley de zonificación para saltear la Ley 5001 que prohíbe la megaminería.
Y en otro tramo agrega: «Creemos que no es conveniente para el país la aprobación de una ley de presupuestos mínimos sobre humedales que dejaría más dudas que certezas respecto a su verdadera utilidad al ambiente y aplicación por parte de las provincias, y que a su vez contribuya a crear incertidumbres a las diferentes actividades productivas actualmente en desarrollo y con potencial de hacerlo en el futuro«.
En paralelo a la declaración surgida del Cofemin, el secretario de Minería nacional, Alberto Hensel, dio declaraciones a las que aseguró que “con la ley de Humedales no tiene que pasar lo mismo que con la ley de Glaciares” y pidió que “cuando hablamos de presupuestos mínimos, (como es esta ley) el Congreso de la Nación tiene que tener una visión integral del ambiente de todo el país”.
La Ley de Glaciares fue vetada en 2008 por la entonces presidenta Cristina Kircher y aprobada luego en 2010, con el objetivo de preservar las fuentes de agua dulce. El inventario ordenado por esa norma avanzó, pero diez años después aún no fue aprobado, lo que hace difícil de aplicar la norma. Hensel como secretario de Minería de San Juan, entre 2015 y 2019, fue el encargado de controlar la explotación minera Veladero, controlada por la canadiense Barrick Gold, en los años en los que se produjeron una serie de derrames históricos y violaciones a la Ley de Glaciares. Por los que en la actualidad los vecinos de la localidad de Jáchal denuncian que no tienen acceso a agua potable.
El argumento central de la Confemin y Hensel para avanzar en el lobby contra la Ley de Humedales está impulsado solo mirando los incendios del Delta del Paraná y no a la realidad del resto de las provincias. “Si el problema son las quemas, hay una ley de control del fuego en la Argentina, si el problema es la especulación inmobiliaria, habrá que hacer lo que corresponda para combatir la especulación inmobiliaria, pero no me parece que el camino para eso sea una ley de humedales”, sostuvo el ex secretario de Minería de San Juan en diálogo con el portal Santa Cruz Produce.
Ley de Humedales YA
Mientras desde la Confemin buscan demorar el tratamiento, la Red Nacional de Humedales, que reúne a 200 organizaciones de todo el país, exigió al gobierno nacional que incorpore el tratamiento de la Ley de Humedales en la agenda de sesiones extraordinarias y que las comisiones en las que aún resta dar dictamen a la norma –que reúne una docena de proyectos de distintos colores políticos– avancen de “de manera eficaz, ágil y expeditiva”.
“Usted nos comunicó, como parte del pueblo argentino que conformamos, que ‘Laudato Sí’ sería un norte en su política sobre sustentabilidad y el respeto, por lo tanto, a los principios de equidad intergeneracional, precaución y progresividad en el cuidado ambiental”, le recordaron las organizaciones al presidente Alberto Fernández en una carta enviada en diciembre pasado.