Por Ana Chayle

Desde Catamarca

“Nuestro propósito es obtener de manera responsable los productos que hacen avanzar la vida cotidiana”, afirma en su página web Glencore, una de las corporaciones mineras más grandes del mundo. La contradice un historial de denuncias tan amplio que abarca desde la contaminación ambiental hasta la afectación de la salud, desde el desalojo forzado y la corrupción hasta la complicidad con el genocidio en Palestina.

Actualmente opera en más de 30 países de África, América del Norte y del Sur, Oceanía y Europa, donde extrae, transforma, transporta, almacena y comercializa cobre, cobalto, zinc, níquel, carbón y petróleo, además de productos agrícolas.

En Argentina, la presencia de Glencore se remonta a la explotación de Bajo la Alumbrera, el primer proyecto de megaminería a cielo abierto del país. Hoy es la firma detrás de los proyectos de cobre MARA (Minera Agua Rica- Alumbrera), en Catamarca, y El Pachón, en San Juan. Con el aplauso del gobierno nacional, la empresa solicitó los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), pese a la falta de licencia social y a un prontuario tan frondoso como su área de influencia.

Glencore en los rankings

Con sede en Baar (Suiza), Glencore es una de las corporaciones mineras más grandes del mundo. Según un ranking mundial, en 2025 ocupó el décimo lugar por su valor de capitalización. Un año antes, otro ranking la había catapultado al primer puesto por el total de ingresos.

Pero no son las únicas tablas donde Glencore ocupa primeras posiciones: su nombre aparece repetido en varios reportes del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) debido a lasdenuncias por violación a derechos humanos en los países donde opera. “Glencore está vinculada con 70 denuncias de abuso, la mayor cantidad asignado a una empresa en el monitoreo, por segundo año consecutivo”, sostiene el reporte publicado en 2023 y que reúne las denuncias realizadas entre 2010 y 2022 contra empresas vinculadas con la extracción de minerales para la llamada “transición energética”. En el último informe, de 2025, sus números no son mejores y Glencore continúa encabezando la lista con 80 denuncias por violaciones a los derechos ambientales, de los pueblos indígenas y comunidades locales, y a los derechos laborales.

Con el nombre del padre

Creada en 1974, la empresa fue bautizada inicialmente con el nombre de su fundador: Marc Rich and Company. En su página web la firma señala que nació “como una empresa comercial” que creció hasta convertirse “en un importante productor y comercializador de productos básicos” vinculados con sectores diversos: automotriz, acero, energía, fabricación de baterías y petróleo.

Lo que omite la narración histórica oficial es que el padre de esta empresa se fugó a Europa en 1983, luego de que el Poder Judicial de Estados Unidos, donde vivía, lo acusara de hacer negocios con petróleo iraní durante la llamada “crisis de los rehenes” (acontecimiento político que involucró a Estados Unidos e Irán, y se desarrolló entre 1979 y 1981) y de evadir 50 millones de dólares en impuestos.

Desde su nuevo domicilio en Suiza, Rich continuó haciendo negocios: en 1990 adquirió Südelektra, empresa a la que luego de varias reestructuraciones rebautizó como Xstrata. En 1994, el empresario vendió su primera compañía que, por decisión de sus nuevos dueños, se desprendió del nombre de su padre prófugo y pasó a llamarse Glencore. En 2013, ambas empresas se fusionaron y dieron origen a Glencore Xstrata PLC, que un año después simplificó su denominación a Glencore PLC.

En el medio, Rich fue beneficiado por un indulto que Bill Clinton firmó el último día de su mandato, en 2001. Las sospechas sobre el indulto (que no siguió el procedimiento habitual) motivó una investigación judicial que, entre otros aspectos, reveló donaciones de quien fuera la esposa de Rich al Comité Nacional Demócrata, la Biblioteca presidencial Clinton y a la campaña a senadora de Hillary Clinton.

Crecer a fuerza de sobornos

La consolidación de Glencore en el mercado de materias primas va de la mano con un historial de corrupción. En 2022, la empresa se declaró culpable del pago de sobornos y manipulación de mercado en el marco de una causa que investigaba la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos. Para entonces, la pesquisa había dejado al descubierto una compleja trama que comprendía al menos una década (entre 2007 y 2018) e involucraba a empleados y agentes de Glencore, e intermediarios y funcionarios de Nigeria, Camerún, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, República Democrática del Congo (RDC), Brasil y Venezuela.

Se estima que la empresa destinó más de 100 millones de dólares al pago de sobornos e intermediaciones para asegurarse negocios de forma inapropiada, simular acuerdos de consultoría y pagar facturas infladas.

Damian Williams, el fiscal a cargo de la causa, lo sintetizó así: “Glencore pagó sobornos para asegurar los contratos petroleros. Glencore pagó sobornos para evitar auditorías del gobierno. Glencore sobornó a los jueces para hacer desaparecer las demandas. En el fondo, Glencore pagó sobornos para ganar dinero, cientos de millones de dólares. Y lo hizo con la aprobación, e incluso el aliento, de sus altos ejecutivos”.

En noviembre de 2022, un tribunal británico condenó a Glencore por sobornar a funcionarios en Nigeria, Camerún, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial y Sudán del Sur, con el fin de obtener acceso y contratos petroleros en esos países. El juez de la causa, Peter Fraser, calificó esas operaciones —que se extendieron al menos entre 2011 y 2016— como “corrupción corporativa a gran escala”, según un informe de la BBC.

Dos años después, en 2024, la Fiscalía General de Suiza declaró culpable a Glencore porque su “organización inadecuada” no impidió el pago de sobornos en la República Democrática del Congo (RDC). Con el pago de una multa, la empresa evitó un juicio que habría arrojado luz sobre la compra de minas de cobre y cobalto en la RDC a precios muy inferiores a sus valores en el mercado. La causa se inició a raíz de una denuncia realizada por la organización suiza Public Eye, cuando las operaciones de la empresa quedaron expuestas con la filtración masiva de documentos financieros conocidos como Paradise Papers.

El desembarco de Glencore en Argentina

Glencore opera en Argentina desde 2013, cuando su fusión con Xstrata le otorgó la participación mayoritaria de Minera Alumbrera, con el 50 por ciento de las acciones (Yamana Gold poseía el 12,5 por ciento y Goldcorp el 37,5). Esta alianza se conformó como una Unión Transitoria de Empresas (UTE), en la que el Estado nacional, el Estado de la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán también tuvieron participación a través de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD).

YMAD es la entidad interestatal que el gobernador Raúl Jalil negoció con el actual gobierno nacional a cambio de abandonar el bloque de Unión por la Patria y dejar a La Libertad Avanza como primera minoría en la Cámara de Diputados.

Bajo la Alumbrera (un yacimiento de oro, cobre y molibdeno, ubicado en el oeste de Catamarca) fue el primero en explotarse mediante la modalidad conocida como “a cielo abierto” en el país. Por eso, Melina Zocchi, integrante de la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá, habla de “caso testigo”.

Durante dos décadas, la empresa acumuló denuncias por causas que van desde contaminación a contrabando de tierras raras. En 2017, un tribunal de Tucumán la condenó por contaminar dos localidades de esa provincia. En otra causa, también radicada en Tucumán y que ya lleva más de dos décadas de dilación, dos gerentes de la empresa fueron procesados por contaminación de la cuenca Salí-Dulce y ahora aguarda la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para llevarlos a juicio.

Pero no son los únicos casos que denuncian los vecinos. Zocchi refiere el desplazamiento de los pobladores del pueblo de Vis Vis, en Andalgalá, debido a la contaminación de la cuenca Amanao-Vis Vis y a los cuatro derrames por rotura del mineraloducto que fueron constatados.

Aunque la empresa había informado el fin de la explotación en Bajo la Alumbrera en 2018, el plan de reactivación fue tan acelerado que apenas pasaron unos meses desde que los vecinos se enteraron por los diarios y la autorización del gobierno que encabeza Jalil.

Pero para la Asamblea el Algarrobo, la reactivación de Alumbrera es, en realidad, la máscara para avanzar subrepticiamente con la explotación de Agua Rica, un yacimiento ubicado en la naciente del río Andalgalá y en ambiente glaciar y periglacial. El anuncio del proyecto produjo un levantamiento popular en 2010 porque atenta contra “nuestra fuente de agua, tanto para la vida del pueblo como para la producción”, afirma Zocchi.

Ambos proyectos (Alumbrera y Agua Rica) fueron integrados en el proyecto MARA, hoy propiedad de Glencore, a través de un acuerdo que el Poder Judicial Federal está investigando por posibles delitos de corrupción. La causa ya tiene a las dos empresas y a ocho funcionarios imputados.

El Pachón: un glaciar en juego y un basural ilegal

“El riesgo ambiental más importante es que está situado sobre un glaciar de roca”, señala Raúl Orduña, de la Asamblea por el Agua del Valle de Calingasta, sobre el proyecto El Pachón, ubicado en ese departamento de San Juan. Para graficar la gravedad del caso especifica que el glaciar estaría, literalmente, “en su tajo”, es decir, en el pozo que provocan las explosiones.

Además de estar inventariado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), la propia empresa reconoce la existencia de este glaciar como una traba para su explotación. Tanto es así que fue Xstrata (antecesora de Glencore) la segunda empresa en recurrir al Poder Judicial contra la Ley Nacional 26.639, conocida como “Ley de Glaciares”, cuando se sancionó en 2010. De continuar el proyecto, “atentaría contra una de las patas de nuestro sistema hídrico, que es níveo- pluvio- glaciar”, explica Orduña y detalla que esto significa que está conformado por lo que precipita en nieve, lo que precipita por las lluvias y por el escurrimiento de los glaciares.

Además, la explotación de este yacimiento de cobre, molibdeno y plata afectaría en cantidad y calidad el agua de la cuenca del río San Juan, la más importante de la provincia, porque está en las nacientes de su principal tributario: el río Blanco, según grafica el asambleísta.

Drenaje ácido, deriva de partículas por las voladuras y movimiento de suelos son algunas de las causas que afectarían la calidad del agua y que Orduña enumera. En cuanto a la cantidad, denuncia que “por esas atrocidades del sistema jurídico, Pachón posee una concesión de uso de agua permanente de 1.152 litros por segundo, pese a no tener el Informe de Impacto Ambiental (IIA) aprobado”. Y vuelve sobre la cantidad para dar cuenta de su magnitud: “Eso equivale a casi 100 millones de litros de agua por día”.

Aún sin explotar, el proyecto ya cuenta con antecedentes judiciales. En 2017, un juzgado federal de San Juan obligó a Glencore a retirar más de 40 millones de toneladas de escombros que la minera chilena Los Pelambres había arrojado en el área concesionada a El Pachón. La escombrera hasta tenía nombre: Cerro Amarillo, y ya había contaminado cuerpos de agua.

Y hay más: “Oportunamente denunciamos la usurpación de la traza de una ruta provincial, la número 402”, señala Orduña. Un portón en mitad del camino corta el paso a los habitantes y marca la zona como propiedad minera. Un documento de la Dirección Provincial de Vialidad no ayuda a aclarar la situación: “La ruta mencionada se encuentra en una situación muy particular, de hecho es una servidumbre minera otorgada por el Ministerio de Minería a favor del proyecto minero, El Pachón”, se lee en una nota firmada por esa entidad. La controversia radica en que el concepto de ruta alude al uso público, mientras que servidumbre minera indica el uso privado y ambos vocablos aparecen en la misma documentación..

Desplazamientos forzados en Colombia

Desde hace cuatro décadas, Glencore extrae carbón de La Guajira, un departamento colombiano que limita con el mar Caribe. Cerrejón es el nombre del proyecto y abarca la extracción, transporte ferroviario y exportación del mineral. Durante ese tiempo, la empresa ha acumulado denuncias por violación de derechos humanos contra comunidades indígenas y afrodescendientes, y contaminación.

El despojo territorial a través de negociaciones fraudulentas, compra irregular de tierras y expropiaciones han causado el desplazamiento forzado de, al menos, nueve comunidades. No sólo el engaño y el uso de la fuerza están detrás de los desalojos: la afectación de la cuenca Ranchería ha determinado también el abandono de tierras, el impacto en las economías tradicionales, la salud y los modos de vida.

A esta violencia del despojo se suma la violencia de las armas. Un informe de la organización PAX revela la colaboración de Glencore y Drummond (una minera de capital estadounidense) con grupos paramilitares entre 1996 y 2006. Testimonios de exempleados y excomandantes paramilitares apuntalan la denuncia sobre las operaciones y financiamiento de estos grupos armados en la custodia de las minas y la vía férrea.

Metales pesados en agua y cuerpos del Perú

En Perú, Glencore opera, entre otras, las minas de cobre Antapaccay (de la que es única propietaria) y Antamina (donde comparte propiedad mayoritaria con la australiana BHP). Diversos estudios evidencian altos niveles de mercurio, arsénico, aluminio y plomo en el agua de Espinar, en la región de Cusco, donde se localiza la mina Antapaccay. Aunque la empresa niega su responsabilidad, al menos seis informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), una entidad estatal, vinculan la contaminación con las operaciones mineras.

Entre 2022 y 2025, el Ministerio de Salud constató numerosos casos de personas contaminadas con arsénico en la zona de influencia de Antamina. “Tres años consecutivos de dosajes de metales pesados muestran que no se trata de un evento aislado, sino de un problema estructural”, denuncian desde la organización peruana Red Muqui.

Chile: la ley y la trampa

El Segundo Tribunal Ambiental de Chile anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para la ampliación del proyecto de cobre y molibdeno Doña Inés de Collahuasi, en el norte del país trasandino, y ordenó retrotraer el proceso de evaluación ambiental. El fallo se originó en una denuncia realizada en 2023 por las asociaciones indígenas Wilamasi de Pescadores Mamq’uta y Aymara de Caleta Chanavaya, en la que sostienen que el proyecto impacta en el medio marino y terrestre que habitan desde tiempos ancestrales, y que afecta así sus actividades económicas, tradicionales, espirituales y culturales.

En diálogo con Tierra Viva, Javier Arroyo Olea, integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), con base en Chile, pone en duda el fallo y advierte que se trata de “una anulación fragmentada y no íntegra, por lo que se viene a respaldar de igual forma el proyecto minero por parte de la institucionalidad ambiental”.

De hecho, la propia Glencore (propietaria del 44 por ciento del proyecto) asumió en un comunicado que el fallo “se limita a dos aspectos específicos relacionados con el análisis de los efectos sobre la comunidad local y el medio ambiente marino”, de modo que “no espera actualmente ningún impacto inmediato en la producción”.

Un historial de daños al ambiente en Chile

“Glencore cuenta con un historial de impactos ambientales en faenas extractivas en el norte de Chile”, afirma Arroyo Olea. En la región de Antofagasta, esta corporación es única propietaria del proyecto de cobre Lomas Bayas y del complejo metalúrgico Altonorte. En 2022, por ejemplo, “la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) abrió un proceso de sanción contra la transnacional, pero que fue suspendido debido a que la empresa presentó un plan de cumplimiento”, señala Arroyo Olea y agrega que “esto es una debilidad del sistema chileno, donde la empresa puede omitir su responsabilidad con tal de implementar compromisos”.

Esta causa se inició a raíz de una denuncia de la Dirección General de Aguas, que constató la disminución del caudal de un acuífero y que la empresa no monitoreaba el uso del agua como le exigía el permiso ambiental. Esto tuvo un impacto en “la presencia de ejemplares de ‘ranitas del Loa’, una especie actualmente en peligro”, señala Arroyo Olea.

En 2018, la SMA sancionó a la empresa por incumplimientos en el complejo Altonorte, al “no haber ejecutado su programa de mejoramiento paisajístico” ni construir las “zanjas de detección de afloramientos de agua desde el tranque de relaves”, menciona Arroyo Olea. Aunque la corporación fue sancionada con multas, “aquella dimensión se queda corta respecto al impacto al medio ambiente, como también la responsabilidad política-social de estas deficiencias”, afirma Arroyo Olea.

Hace unos días, Glencore también fue noticia porque “amplió sus intereses en Chile al invertir en Chilean Cobalt Corp, empresa de origen estadounidense que impulsa proyectos de extracción de cobalto y tierras raras”, añade Arroyo Olea.

En su lectura sobre la presencia de Glencore en Chile, Arroyo Olea opina que “en un país que se ha caracterizado como ‘minero’, la permanencia y extensión de los intereses de la transnacional se han encuadrado con un discurso político que abraza este tipo de inversiones junto a un debilitamiento de la institucionalidad ambiental” que, subraya, “no ha sido capaz de limitar los impactos de la empresa”.

Denuncias por trabajo infantil en el Congo

En 2019, la organización International Rights Advocates presentó una demanda civil contra cinco grandes empresas tecnológicas en Estados Unidos, en representación de 14 familias de la República Democrática del Congo. La presentación apuntaba a la responsabilidad de las empresas por comprar cobalto que era extraído por niños en el país africano, de una mina propiedad de Glencore. Aunque en 2024 el tribunal absolvió a las empresas tecnológicas (Glencore no estaba entre las demandadas), no descartó el trabajo infantil en la cadena de suministro.

No era la primera vez que acusaciones por trabajo infantil salpicaban a Glencore: en 2012, una investigación de la cadena británica BBC había recabado pruebas fílmicas del trabajo que niños realizaban en una concesión minera de la firma en la RDC. Como en el caso anterior, la corporación negó responsabilidad en las acusaciones.

Lucrar con el genocidio en Palestina

La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, realizó una lista de las empresas que “se han beneficiado de la economía israelí de ocupación ilegal, apartheid y ahora genocidio”. Glencore es una de ellas.

Según señala el informe “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”, publicado en junio de 2025, Glencore es uno de los principales proveedores de carbón para la generación de electricidad en Israel. De acuerdo con el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), las redes eléctricas de Israel dependen del carbón en un 22 por ciento y este carbón es el que “suministra electricidad a los asentamientos coloniales ilegales de Israel en el territorio palestino ocupado, así como a la industria que alimenta el genocidio, el apartheid y la ocupación ilegal israelí contra el pueblo palestino”.

Precisamente, la energía eléctrica es un insumo esencial para la actividad industrial, dentro de la cual la industria militar ocupa un papel predominante en Israel. Según datos del periodo 2014-2018, las exportaciones de armas representaron el 25 por ciento de los ingresos totales de Israel en el rubro industrial y lo ubicaron como el octavo proveedor de armas a nivel mundial. “Los conglomerados extractivos y mineros, si bien proporcionan fuentes de energía para uso civil, han impulsado las infraestructuras militares y energéticas de Israel, ambas utilizadas para crear condiciones de vida diseñadas para destruir al pueblo palestino”, señala Albanese en su reporte.

Además de ser “uno de los mayores productores y exportadores mundiales de carbón térmico y siderúrgico transportado por vía marítima”, según se jacta Glencore, también poseyó (hasta enero de este año) uno de los puertos privados en Colombia del que partieron los cargamentos de este mineral hacia Israel.

En su reporte, Albanese apunta que el 60 por ciento del carbón que importó Israel entre 2023 y 2024 provino de Colombia y fue suministrado por Glencore y Drummond, hasta que un decreto del presidente Gustavo Petro lo prohibió, aunque no logró frenar plenamente los envíos. Otro 15 por ciento del carbón fue provisto a Israel por Glencore desde Sudáfrica, donde la corporación anglo-suiza posee cuatro yacimientos de este mineral.

Albanese señala explícitamente la complicidad y responsabilidad conjunta de las empresas denunciadas, que “contribuyen en última instancia a toda una economía que impulsa, abastece y posibilita este genocidio” y “lucra y facilita las violaciones y los crímenes cometidos en el territorio palestino ocupado”.

Mientras los ataques israelíes en Gaza continúan, autoridades del Estado de Israel y de Palestina coinciden en algo: serían alrededor de 70.000 las personas asesinadas en el territorio palestino desde octubre de 2023. Una investigación en campo realizado por la revista The Lancet Global Health calcula que el número de víctimas fatales ascendían a 75.200 sólo hasta enero del año pasado. Más de la mitad de las víctimas, según este estudio, son niñas y niños, mujeres y ancianos.

La solidaridad como resistencia

Comunidades y organizaciones de los territorios donde opera Glencore formaron coaliciones con organizaciones de Suiza y Reino Unido, donde están sus casas matrices, para denunciar la responsabilidad de la empresa en la violación de derechos humanos y de la naturaleza en todo el mundo. “Ante esto, no queda otra que seguir uniendo fuerzas y denunciar todo el tiempo, en la justicia, en las calles y mediante acciones para cuidar nuestras fuentes de agua y nuestros territorios, que son la única garantía de presente y futuro que tenemos los pueblos”, expresa Zocchi.

Con ese fin, desde hace años, organizaciones de Europa llevan a cabo acciones de protesta en el mismo día y lugar en que los inversionistas de Glencore realizan su reunión anual. Así, las voces y denuncias provenientes de las distantes República Democrática del Congo, Colombia, Perú, Argentina y otros países llegan a las calles suizas. “La solidaridad entre el norte global y el sur global para nosotros es estratégico”, afirma la asambleísta. Frente al poder empresarial, Zocchi resalta la importancia de la unión de los pueblos: “Seguimos construyendo solidaridad para tener la fuerza en todas las peleas que damos”.

*Edición: Darío Aranda.