Por Carlos Rivero

Desde Jujuy

Franco Oscari, joven campesino de 24 años oriundo de Palma Sola (Jujuy) e integrante de la organización Tierra Fértil, estuvo once días detenido por una presunta amenaza en Facebook a la senadora Patricia Bullrich. En un desproporcionado operativo policial, Oscari fue detenido por fuerzas federales en el paraje rural Las Goteras, a 200 kilómetros noreste de la capital jujeña. Estuvo incomunicado durante nueve horas y sufrió traslados injustificados por dependencias de la Policía Federal de Jujuy, Salta y Tucumán.

La causa la lleva el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Ariel Lijo. Quien ejecutó la orden de detención fue el Juzgado Federal de Jujuy N°1, a cargo de Esteban Eduardo Hansen y la Secretaría Penal N° 2, de Sebastián Galli, quien ordenó el allanamiento a la finca del departamento Santa Bárbara, donde detuvieron al joven campesino.

Las abogadas María José Castillo y Samanta Delgado confirmaron —este viernes 3 de julio al mediodía— que Oscari fue finalmente liberado, pero permanece procesado por decisión del porteño juez Ariel Lijo.

Los hechos

La “amenaza” investigada contra Patricia Bullrich se habría producido el 16 de abril de 2026 mediante un mensaje por Facebook donde se habría expresado: “Renunciá ya, sino te vamos a mandar a matar". Lo que produjo la actuación del Ministerio de Seguridad de la Nación: “Al tomar conocimiento de lo sucedido, se alertó de inmediato al personal de la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal que comenzó a realizar distintas tareas de campo para dar con el responsable”, expresaron oficialmente desde el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La detención se produjo el 23 de junio. A las 5 de la mañana.

“A las 12 del mediodía (del miércoles 1 de julio), luego de una audiencia, el juez Hansen resolvió el traslado inmediato de Franco”, manifestó Castillo. Y declaró que durante la audiencia pudo hacer contacto con Oscari y afirmó que “él está bien, está fuerte, quiere que lo dejen en libertad. Y confía que lo dejarán en libertad porque no hizo ningún hecho delictuoso”.

Que Oscari haya sido “paseado” por distintos calabozos de distintas provincias puso en alerta a familiares, allegados y organismos de derechos humanos del NOA, ya que se especulaba que la intención del juez Lijo era tenerlo detenido en la Ciudad de Buenos Aires, con todo el riesgo psicofísico que le hubiera implicado.

A su vez, como parte de la estrategia legal, las letradas que representan a Oscari, plantearon en primer término el pedido de incompetencia jurisdiccional de la causa ante el juzgado de Lijo, solicitando que se trate en los estrados federales con sede en Jujuy. Ese tema aun no fue contestado por la autoridad judicial de Comodoro Py.

¿Causalidades extractivas?

“Me considero ya un preso político”, expresó el joven campesino desde su detención, al momento de poder enviar dos videos al exterior y que circularon por las redes sociales. Franco Oscari se presenta como una persona de campo que se dedica a trabajar, “a defender mi soberanía alimentaria ambiental, tanto como a mi familia y a los que me rodean”. Confirmó que forma parte de la organización campesina Tierra Fértil, que pertenece al Movimiento Nacional Campesino Indígena ( MNCI-Vía Campesina) y es ex alumno de la Escuela Campesina del Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero).

“Fue de terror, lo apuntaron con el arma a él, a su esposa, a sus suegros. Lo tiraron al suelo, a las 5 de la mañana”, declararon los allegados de Oscari, a la periodista Elena Corvalán, al comentar el operativo de las fuerzas federales.

Tanto las organizaciones a las que pertenece Oscari, como otras sociales, campesinas y de derechos humanos, vinculan esta detención con una estrategia de amedrentamiento y persecución hacia ciudadanos que se oponen a proyectos mineros. Desde el “Coordinadora por la Libertad de Franco Oscari” promovieron una juntada de firmas y emitieron un comunicado donde condenan el “maltrato y ensañamiento” hacia el joven campesino detenido.

Lo llamativo es que, por esos mismos días, un grupo de vecinos y referentes comunitarios de Palma Sola se reunieron para hacer una presentación ante el Juzgado Ambiental de Jujuy. Se trata de un amparo colectivo para frenar el proyecto minero de cobre “Martín Bronce” de la empresa MOM Mining (del grupo Villanueva, empresa de capitales jujeños que ya opera en dos proyectos mineros en la Puna: minas la Auxiliadora y Lupe). La denuncia remarca que el proyecto minero pone “en riesgo actual e inminente de daño ambiental sobre bosques, cursos de agua, biodiversidad y las actividades productivas de la población local”.

La presentación formal del amparo fue el viernes 17 de abril y llevó la firma de trece personas, entre quiénes está la madre de Franco Oscari, y cuenta con el patrocinio legal de las abogadas María José Castillo y Samanta Delgado.

En Jujuy muchos señalan la "coincidencia" entre las fechas de las reuniones y la organización para el reclamo ambiental de Palma Sola, la de la “amenaza” vía Facebook de un integrante del movimiento campesino, y el accionar desproporcionado, violento y a “control remoto” desde Comodoro Py.

El contexto es complejo: apenas seis días después del amparo ambiental, la jueza Mirta del Milagro Vega, del Juzgado Civil y Comercial de San Pedro dictó una sentencia para desalojar a dos familias de Las Goteras (paraje a 50 kilómetros al sureste de Palma Sola, donde detuvieron a Franco Oscari).

En declaraciones al diario digital Infoterritorial, Rufina Palma, integrante de las familias amenazas por el desalojo, expresó que “el 30 de abril pasado tres hombres vestidos de civil llegaron hasta su vivienda. La excusa fue la entrega de una notificación, pero el tono cambió cuando notaron que la familia registraba el encuentro”. Palma, agregó que uno de los hombres parecía llevar un arma y la camioneta tenía la patente tapada.

En el mismo sentido, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) denunció que los desalojos estarían vinculados con intereses inmobiliarios y forestales. Tierra Fértil, que integra el MNCI, es una organización campesina que trabaja desde 2008 en la zona de Palma Sola, departamento Santa Bárbara, con la fuerte decisión de resistir al avance de la soja, la caña de azúcar y los desmontes; y en favor de preservar los bienes naturales, la vida y la formación de los productores originarios de la región y sobre todo la defensa de la soberanía alimentaria y los territorios.

Esperanza Pereyra, referenta del MNCI de las comunidades de Perilagos de El Carmen, afirmó que “la movida de la gente para detener a la minera (proyecto Martín Bronce) fue muy fuerte en Palma Sola”. Destacó que en la zona “se juntan los intentos de desalojo, uno de ellos en contra de la familia de los suegros de Franco Oscari, con el amparo que presentaron en abril”. Y conforma un clima complejo de convivencia entre los campesinos y las empresas.

Respecto a la detención de Oscari, Pereyra aseguró que desde el MNCI consideran que la acusación “no es causa para detención. La Justicia puede interpretar como ellos quieran las expresiones en las redes sociales, pero no es una causa que sea para resolver de esta forma. Seguimos haciendo presentaciones judiciales, pero sin entender por qué Franco fue privado de su libertad”.

“Se lo llevaron sin avisarle a sus abogadas, sin avisarnos a nosotros. Lo trataron como si fuera un monstruo”, dijo entre sollozos, Mabel Oscari Romano, mamá de Franco, en una entrevista con FM Sky de Perico y no pudo contener su angustia. Aún así, reafirmó ser parte del amparo judicial presentado en abril en defensa del territorio: “Soy una vecina más que está en contra de la mina porque acá vivimos de la tierra y tenemos problemas de agua”.

La detención del joven campesino de Palma Sola en Jujuy despertó una amplia y rápida red de apoyo y pedido por su liberación en diferentes puntos del país.

Además de la intervención de juristas y organizaciones de derechos humanos como el CELS (Centro de Estudios Legales y Técnicos), Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; agrupaciones sindicales, sociales, campesinas y políticas de Jujuy; se conformó la Coordinadora por la Libertad de Franco Oscari, con referentes de Jujuy y el NOA. Personalidades públicas como Adolfo Pérez Esquivel, el fotógrafo Pablo Grillo y Sergio Maldonado expresaron en redes sociales en solidaridad con Franco y su familia, exigiendo su inmediata liberación.

Una “PYME” global

“Estamos en el radar global gracias a la producción de metales de transición”, dice en sus redes sociales la empresa Valerza, pata financiera del Grupo Villanueva, holding minero inmobiliario que lleva adelante el proyecto Martín Bronce en las serranías de Santa Bárbara.

“En Valerza te abrimos las puertas a la economía real a través de Martín Bronce, la única mina de cobre en producción del país”, declara desde Valerza, que desde fines de 2025 está en busca de inversionistas por diez millones de dólares para el primer fideicomiso financiero de desarrollo minero.

“Hoy operamos con extracción a cielo abierto y camiones 6x4, no con grandes flotas como las multinacionales. Somos una PYME y nuestro modelo es distinto”, manifestó Diego Zuliani, el gerente de MOM Mining, el brazo ejecutor de Villanueva en Martín Bronce ante el sitio Energy Report. La empresa informa que el fideicomiso de Villanueva/MOM/Valerza busca recursos en el mercado para “construir la planta de procesamiento con una tecnología propia, ampliar la capacidad de extracción hasta llegar a las 5.000 toneladas mensuales y financiar exploración adicional y extender la vida útil del proyecto”.

Zuliani admite que el predio de la mina es de 27 hectáreas, pero el área minera es de 6.000 hectáreas y que están en busca de certificación internacional de medición de recursos. “Con las perforaciones (que harán) se puede medir específicamente cuánto hay, no únicamente en Martín Bronce, sino toda el área, que se llama Palma Sola. Estamos muy contentos con el mineral y la situación, el cobre está de moda y hay mucho interés”, confirmó el empresario ante Energy Report a fines de 2025.

Zuliani confirma que para el crecimiento de la “PYME” jujeña van por el territorio de la región de Palma Sola, donde según el catastro minero de la Secretaría de Minería de Jujuy hay cerca de 70 áreas de minas concedidas, cateos y pedimentos mineros, donde los minerales buscados son cobre, cobalto, plata, oro, tierras raras y coltan, entre otros.

La mina Martín Bronce extrae el mineral y exporta vía el Paso de Jama. “Picamos con la piedra, lo procesamos, molemos, lo trituramos y lo ponemos en big bag (bolsones), y lo movemos así a Chile. Se lixivia, se concentra y se lo mezclan con chatarra, eso tiene así cemento de cobre que se llama. Y ese cemento de cobre es 80, 90% puro de cobre”, celebra el gerente Zuliani.

El proyecto minero está en el corazón de una región de alta sensibilidad ambiental, a 22 kilómetros de la Reserva Natural Las Lancitas y a 53 kilómetros del Parque Nacional Calilegua.

Empresarios y políticos

Carlos Villanueva —propietario de la empresa MOM Mining— llegó a Jujuy hace cuatro décadas desde Buenos Aires y junto a sus hijos dirige el grupo que empezó con obras civiles y desarrollos inmobiliarios, y hace una década pegó el salto hacia los servicios financieros, la minería y la energía.

En una provincia donde la actividad empresarial siempre estuvo ligada a las obras públicas con el Estado, el Grupo Villanueva tuvo un crecimiento notorio desde el cambio de gestión entre Eduardo Fellner y Gerardo Morales (2015). Una antigua sociedad bipartidista que —es un secreto a voces en ámbitos políticos— se dividieron la provincia en cargos, territorios, negocios y proyectos.

A través de MOM Mining y de la fuerte apuesta del gobierno radical (Morales 2015-2023 y Carlos Sadir 2023-2027) hacia las inversiones mineras, realzadas por al RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) entre otras legislaciones nacionales promovidas por Javier Milei; Villanueva se animó y entró al rubro con los proyectos Martín Bronce (cobre en Palma Sola), La Auxiliadora y Lupe (oro aluvional en Rinconada). Villanueva, con un esquema amplio de inversiones en diferentes rubros, acrecentó sus horizontes y también cuenta con la construcción del Hotel Amerian Jujuy (el edificio más alto de la provincia).

Territorio y laboratorio

Así como en 2015 soplaron nuevos aires para el Grupo Villanueva, desde diciembre de 2015 en Jujuy comenzaron los nuevos avances de un método de control, represión y depredación de los derechos ciudadanos y los territorios.

Gerardo Morales, en alianza con el PRO de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, bajo los eslogan de “unión, paz y trabajo”, “Jujuy verde” y “Pachamama yo te cuido”, gobernó con mano dura durante ocho años promulgando leyes, decretos y una Reforma Constitucional (2023) que sostenía el plan de avance territorial sobre territorios comunitarios, exenciones a empresas extractivistas y la criminalización de opositores.

Con el nombramiento de jueces afines (amplió la cantidad de jueces del máximo tribunal de cinco a nueve, y de los cuatro nuevos tres eran ex diputados radicales) obtuvo el control del Poder Judicial y así persiguió y encarceló opositores, siendo cuestionado y observado por organismos nacionales e internacionales que describían a Jujuy como un "laboratorio de nuevas políticas represivas" y la ausencia del Estado de Derecho. La detención de la dirigente social Milagro Sala (que aún sigue detenida) fue el primero y uno de los más resonantes casos expuestos a nivel internacional.

Las órdenes de desalojos de comuneros se hicieron cotidianos en los pueblos Jujuy: Cueva del Inca Tilcara, Guerrero, Volcán, La Quiaca Vieja, Perilagos de El Carmen, Tusca Pacha en Palpalá y CiPaQui de Purmamarca, entre otros.

El estallido social y comunitario del 2023 en rechazo a la reforma constitucional puso de manifiesto las tensiones contenidas en casi una década de un Gobierno que hizo de la violencia un método institucional.

El territorio de la Puna jujeña, y en particular de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc como eje del triángulo regional del litio, lleva adelante una sostenida resistencia al avance extractivista por el cuidado de sus recursos naturales, cosmovisión y biodiversidad, cuyo principal sostén está en un litigio que está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que aún representa un bastión donde la política minera de la provincia no pudo avanzar a pesar de todas sus estrategias judiciales, administrativas, discursivas y represivas.

Redes sociales y un Poder Judicial cómplice

"Soy un soldado que está trabajando con Patricia, a quien conozco hace mucho tiempo”, dijo Gerardo Morales en septiembre de 2023, mientras aún era gobernador y formaba parte del Juntos por el Cambio que proponía a Bullrich como candidata a presidenta. Todavía Jujuy ardía por el “Jujeñazo” que mantuvo la provincia “dada vuelta” en las plazas y rutas, en el conflicto social más intenso que se recuerde en décadas y que resistía a la aplicación de la Reforma Constitucional, que entre otras cosas permitía el avance estatal sobre los territorios comunitarios.

En diciembre de 2023, dos ciudadanos jujeños —como miles en ese momento— comentaban en redes sociales acerca de un rumor sobre la vida matrimonial de Gerardo Morales. El 4 de enero de 2024, el Poder Judicial de Jujuy, con el fiscal Walter Rondón del Ministerio Público de la Acusación a la cabeza, detuvo a Nahuel Morandini y Roque Villegas, acusados de supuestas "lesiones psicológicas" por poner en duda la identidad de la hija menor del gobernador Gerardo Morales. Fueron apresados por publicar un tuit.

El caso tuvo repercusión nacional e internacional con la intervención de organizaciones de derechos humanos, juristas y distintos sectores sociales que cuestionaron el uso desmedido del derecho penal frente a opiniones en redes sociales. Los detenidos denunciaron vejaciones y torturas psicológicas dentro del penal, donde estuvieron 53 días presos.

A principios de este año, el Poder Judicial determinó que la querella no presentó las pruebas suficientes para la investigación y declaró “inadmisible” la acusación, aunque el trámite judicial aún no está cerrado.

El docente jujeño Nahuel Morandini se refirió a la situación de Oscari: “La persecución y el ejercicio del terror son parte de algunos aspectos comunes de este último tiempo en Jujuy. No es casual que recaiga sobre ciertas personas, principalmente dirigentes sindicales, sociales y también campesinos. Es una capa de la sociedad que es permanente atacada y perseguida. Sobre la forma en que se dio el encarcelamiento de Franco, uno no deja de pensar en los paralelismos que me tocó atravesar”.

El accionar similar del Poder Judicial de Jujuy en ambos casos es otro punto que Morandini observa cómo método: “En ambos casos hubo activaciones veloces para encarcelar, las irregularidades en los procedimientos y la falta de repuesta a los reclamos de familiares y de las organizaciones que acompañan”.

En sentido similar a Gerardo Morales, Patricia Bullrich promovió denuncias y correspondientes detenciones sobre ciudadanos que la habrían amenazado por redes sociales en 2024 y 2025. Un caso se concretó en Orán (Salta), donde Clemente Rojas fue apresado por supuestas amenazas a la entonces Ministra de Seguridad. Y la segunda denuncia refiere a la aprensión de "L.L.G". alias “Gaona”. Según el portal Infobae, habría amenazado a Bullrich, motivado por la represión que entonces sufrían los jubilados en la Plaza de Mayo. En esa causa también intervino el juez Ariel Lijo.

La minería en Jujuy: crímenes y contaminación

La minería industrial en Jujuy arrancó en la década del 1930 en la región de la Puna y tuvo entre sus primeras acciones el asesinato de Rafael Tauler, quien descubriera el yacimiento aurífero de Orosmayo (departamento Rinconada) en 1935, que luego pasó a ser explotado por la empresa Pichetti, donde el entonces gobernador Pérez Alisedo era socio.

Tauler, un minero español asentado en Jujuy que reclamaba como propio el derecho a la explotación, fue fusilado por policías contratados por la empresa que explotó oro, plata, estaño, zinc y plomo de la mina Pirquitas durante casi 60 años, y que cerró en la década del 90 con un grave pasivo ambiental y social en la zona.

Los habitantes de la puna jujeña no tuvieron opción de aceptar o rechazar el “progreso” de esa minería que se abría paso con dinamita en los cerros. Un proceso similar al que está empezando en Palma Sola con la extracción de cobre a cielo abierto. El saber popular olfatea que los pleitos y los males serían más comunes de lo deseado por estas tierras cuando las minas empiezan a ser objeto de la codicia de los poderosos: sea Pichetti ayer, o en el presente con las empresas Glencore (mina El Aguilar), Río Tinto (Arcadium Lithium en Olaroz) y también el Grupo Villanueva hoy.

Al cierre de esta nota, Franco Oscari fue liberado pero sigue procesado (por el juez Ariel Lijo). Estuvo once días preso, lejos de su familia, sus cultivos y su animales.

La empresa Villanueva y MOM Mining siguen publicitando sus emprendimientos de “desarrollo minero”. Patricia Bullrich y el gobierno nacional mantienen su interés para avanzar con la llamada "inviolabilidad de la propiedad privada" (para facilitar la venta de tierras a extranjeros) el Súper RIGI, leyes a medida de las corporaciones tecnológicas y extractivas.

Edición: Darío Aranda.