OPINIÓN
Por Red Argentina de Estudios Sociales de la Agroecología (Raesa)
El actual debate legislativo respecto del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada presentado por el Poder Ejecutivo propone la modificación de distintas leyes nacionales, entre ellas la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (26.737). Plantea una transformación significativa del régimen de regulación de las tierras en Argentina.
En este contexto, reafirmamos que la regulación de la propiedad rural constituye un aspecto central para garantizar las condiciones materiales que permitan el desarrollo de experiencias agroecológicas. Porque entendemos que la agroecología no se limita a un conjunto de prácticas productivas, sino que propone una forma de vida y organización de los sistemas alimentarios basadas en el respeto a las comunidades, el arraigo territorial, la participación intersectorial y la integración al paisaje, otorgándole especial importancia a los bienes comunes: la tierra y el agua.
Eliminación de límites a la concentración y extranjerización de la tierra
La ley actual protege la soberanía y establece un porcentaje en los límites de tenencia de tierras rurales: no se puede superar el 15 por ciento de titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional/provincial; las personas extranjeras de una misma nacionalidad no pueden superar el 30 por ciento de titularidad de dominio o posesión de tierras y hay un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo para un mismo titular extranjero.
La modificación que impulsa el Gobierno busca la eliminación de los porcentajes y topes de superficie. También modifica la definición de sujeto extranjero, restringiéndola únicamente a los Estados, legalizando el "control de hecho" por parte de grandes capitales privados, fondos de inversión y corporaciones internacionales, es decir los actores que lideran la extranjerización real.
En un país donde históricamente la tierra nunca se discutió —como en otros países de la región— y la reforma agraria siempre fue silenciada, las cifras del último censo agropecuario de 2018 ya muestran una gran desigualdad en la distribución de la tierra en Argentina.
Y este intento de modificación legislativa profundiza esa brecha, retomando el modelo de concentración promovido históricamente por los grupos económicos concentrados del agronegocio y el extractivismo en el país.
Supresión de restricciones vinculadas a cuerpos y cursos de agua
Actualmente la Ley prohíbe la titularidad o posesión de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanezcan en manos de personas extranjeras. En la modificación, se eliminarían totalmente las restricciones hídricas dejando la posibilidad de que extranjeros/as compren territorios adueñándose de nuestros ríos, arroyos, lagos y lagunas. Esto favorece la apropiación privada de áreas estratégicas para el abastecimiento hídrico, un bien indispensable para la producción de alimentos agroecológicos.
Por otra parte, observamos la estrecha relación que tiene esta propuesta con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en junio de 2024, con la intención del Gobierno de convertir a la Patagonia en un polo mundial de Inteligencia Artificial (IA).
En noviembre del 2025, la empresa argentina Sur Energy y la estadounidense OpenAI firmaron una carta de intención que contempla la posibilidad de instalar un centro de datos de próxima generación. Dato: enfriar los servidores de IA requiere millones de litros de agua, cada consulta consume entre dos y cinco litros. El gobierno nacional promueve de manera escandalosa y a cielo abierto la colonización de nuestra agua.
Eliminación del Consejo Interministerial de Tierras Rurales
Este Consejo se encarga de regular lo que ocurre con las tierras a nivel nacional. Supervisa que se cumplan los límites de adquisición de tierras rurales, registra los movimientos que suceden en la compra-venta de tierras y otorga un certificado de habilitación, atiende todos los movimientos realizados en tierras inscriptas en el Registro Nacional de Tierras Rurales.
El proyecto de ley deroga el artículo que crea este Consejo presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta supresión elimina la capacidad estatal para monitorear y analizar las dinámicas de propiedad y uso del suelo.
La disponibilidad de información pública sobre la estructura agraria constituye una herramienta relevante para el diseño de políticas orientadas a promover sistemas productivos sustentables y una distribución más equitativa de los recursos territoriales. Sin información se dificulta aún más el acceso a la tierra para pequeños productores, agricultores familiares y proyectos agroecológicos, sectores que históricamente enfrentan serias restricciones de acceso a la tierra.
Si consideramos que cerca del 60 por ciento de los productores hortícolas de los cinturones verdes alquilan la tierra que trabajan y, en la zona núcleo, ocho de cada diez hectáreas se producen bajo arrendamiento, la eliminación de herramientas de regulación estatal prevista en el proyecto podría tener consecuencias significativas sobre las condiciones de acceso a la tierra y por ende, sobre los costos de producción.
Al no ser propietarios, pueden quedarse sin tierra de una día para otro. Y, de aprobarse la nueva normativa, se acrecienta aún más ese riesgo, incrementando la oferta de actividades y haciendo competir la producción de alimentos con negocios de alta rentabilidad y volatilidad.
La lógica de mercantilización de la tierra, donde predominan los criterios de valorización económica por sobre las funciones sociales, ambientales y alimentarias del territorio, es la que va a prevalecer.
Desde la agroecología, este escenario representa una amenaza adicional para la ya difícil expansión y consolidación de modelos productivos basados en la buena gestión de los bienes naturales, la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de las economías locales.
Para el desarrollo agroecológico de nuestro país se necesita todo lo contrario a lo que propone el Gobierno: establecer regímenes de acceso al territorio más democráticos e inclusivos, que incorporen a los sujetos más vulnerables de la ruralidad quienes son los garantes de nuestros bienes esenciales en disputa: la tierra y el agua.
Ante este escenario, surgen preguntas que apelan directamente al buen vivir y la posibilidad de un futuro viable: ¿Qué modelo de país estamos construyendo? ¿Qué sistemas agroalimentarios son viables bajo este marco de desprotección legal? Y, fundamentalmente, ¿cómo pretendemos producir alimentos sanos para todos y todas si perdemos el derecho a nuestra propia tierra y nuestra agua?
