Por Mariángeles Guerrero

La lucha nació de a poco, entre bosques de tala, molle y algarrobo y campos de soja, en un pueblo de 2000 habitantes ubicado a 40 kilómetros al sudoeste de Córdoba capital. Es 2014, la médica María Paula Romero decide mudarse lejos de la gran ciudad. Advierte, a poco de llegar, las fumigaciones con pesticidas a treinta metros del terreno donde levantará su casa. Siete años después, un grupo de vecinos dice: “Somos como el monte, muy diverso pero unido en la raíz”. Hay una única bandera: la defensa del ambiente. Mientras tanto, un proyecto de resolución para determinar una zona de resguardo ambiental frente al uso de agrotóxicos espera a ser tratado en la Comuna de Falda del Carmen. Las autoridades comunales expresan que están de acuerdo con la iniciativa, pero sostienen que se hará “en los tiempos que la comuna pueda” y mantienen abierto el debate sobre la distancia de resguardo. La organización vecinal crece. 

—Esa raíz que nos une es la cosmovisión que compartimos, que tiene que ver con sentirnos hijos de la tierra y con ser muy respetuosos de la comunidad que habitamos y de la Pacha donde hemos elegido vivir. Somos un grupo independiente, la diversidad es nuestra mayor riqueza. Contamos con saberes científicos, populares y ancestrales con los que vamos entretejiendo el sustento de nuestro trabajo, que tiene que ver con lo urgente y también con el debate y el tejido comunitario que estamos armando. 

Quien habla es Marta Ferreyra, integrante de la Comisión Vecinal Ambiental de Falda del Carmen. Son treinta vecinos organizados contra el agronegocio y plantean la necesidad de una regulación local que proteja la salud de quienes viven en el pueblo. Cuando dice “urgente”, alude al proyecto de resolución presentado por la comisión en la Comuna para establecer una zona de resguardo ambiental de 4000 metros libre de fumigaciones con agrotóxicos en torno al perímetro urbano, además de hacer exigir controles ambientales a las producciones convencionales que continúen fuera de esa zona. 

Cuatro mil metros que alejen las partículas de los agrotóxicos que hoy les caen sobre la cabeza. El presidente comunal Rubén Liendo (del partido oficialista Hacemos por Córdoba) argumenta que la pandemia demora los tiempos para el tratamiento de este tema. 

Un pueblo fumigado resiste desde la raíz

María Paula recuerda que convive con las fumigaciones desde que comenzó a levantar su casa en Carmen de la Falda y, desde entonces, decidió “tomar cartas en el asunto”. Se acercó a otras luchas de la zona como la de la Asociación Civil Madres de Ituzaingó. En 2012, las Madres del barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba lograron la primera condena en Latinoamérica a un productor y a un aplicador de agrotóxicos por daños al ambiente y a la salud. En paralelo, conoció también el trabajo del Instituto Tecnológico Socioambiental (ITSA), a cargo de Cristina Arnulphi, y participó de los “campamentos sanitarios” del barrio Ituzaingó y de Colonia Tirolesa, a 25 kilómetros de la ciudad de Córdoba. 

Esa experiencia marcó a la joven médica, que fue una de las simientes de la comisión vecinal. “Los informes que surgieron de esos campamentos fueron tremendos: se encontraro casos de enfermedades oncológicas e inmunológicas, y de abortos espontáneos muy por encima de la media general. Eso me hizo tomar conciencia de que en el lugar donde íbamos a vivir con mi familia teníamos riesgo de enfermarnos”, explica Romero. 

Después de los campamentos, ella empezó a contactar a sus nuevos vecinos para plantearles la problemática. Era 2016. Un año después, un grupo consolidado de vecinos presentó un petitorio sobre el problema ambiental y sanitario a la Comuna de Falda del Carmen, administrada entonces por Omar Del Bel (también del oficialista Hacemos por Córdoba), pero no obtuvieron respuestas. En 2018, se conforma la Comisión Ambiental Vecinal e inició el camino del proyecto de resolución. “Nuestro objetivo es vivir en un ambiente sano y trabajamos por ello todos los días”, afirman sus integrantes.  

Juan Pablo Peñaloza es ingeniero agrónomo y parte de la comisión. En su relato, la descripción de la geografía del lugar se mezcla con la recuperación del proceso organizativo. Explica que Falda del Carmen se asienta sobre la línea de la frontera agropecuaria. Hacia el oeste hay bosque nativo, un relieve con mucha pendiente que limita la actividad productiva, y hacia el este se cultiva soja, sorgo, maíz. La producción agropecuaria de la zona aporta poco a las arcas provinciales, el fuerte de la comunidad es la actividad turística, señala.  

“Los productores agrícolas de la zona viven acá hace muchos años. La población estaba tan dispersa que las fumigaciones no se planteaban como un problema, pero con la llegada de personas que escapan de la ciudad para vivir a zonas más sanas y saludables, esto empezó a plantearse. Por eso, comenzamos a denunciar las consecuencias negativas de los agrotóxicos sobre la población”, completa el marco que dio nacimiento a la comisión. 

“Hubo todo un trabajo de concientización. Cuando presentamos el proyecto de resolución salimos a la calle para explicar y se juntaron firmas. Nuestra tarea fue instalar esto como un problema y como un derecho”, agrega su compañera Marta. 

Entre esas acciones, se cuentan los talleres de huerta y de germinación de árboles autóctonos; las caminatas de recolección y de reconocimiento de especies locales y la limpieza del arroyo que atraviesa el pueblo. “Tiene que ver con fortalecer la identidad del lugar. Defendemos el derecho a cultivar lo que comemos. Siempre lo urgente es esto: informarnos sobre el derecho a vivir en un lugar donde el aire, el agua y la tierra estén sanos”, cuenta la activista. 

En poco tiempo de camino recorrido, la comisión consiguió el respaldo de más vecinos de Falda del Carmen, de la Asociación de Madres de Ituzaingó, del Instituto Tecnológico Socio Ambiental (ITSA), de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), del Frente para la Victoria, de agrupaciones barriales y de lesgisladores provinciales, nacionales y del Parlasur. También fueron asesorados por profesionales de la medicina, la biología y el derecho.

Las leyes que amparan el pedido de vivir en ambientes sanos 

En su artículo 41, la Constitución Nacional establece que «todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Esta es la base jurídica que moviliza el reclamo de la comisión vecinal por una reglamentación local del uso de agrotóxicos. 

Pero el plexo normativo que les da argumentos es aún más amplio. La propia Constitución de Córdoba, en su artículo 185, establece que el gobierno provincial delega en las comunas el poder de “gobernar y administrar los intereses públicos locales dirigidos al bien común, atender las siguientes materias: salubridad, protección del medio ambiente, paisaje, equilibrio ecológico y polución ambiental”.

Además, la Ley General del Ambiente establece el principio precautorio: “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. Los vecinos de Falda del Carmen destacan que “la información, documentación e investigaciones, respecto de los efectos tóxicos y negativos para la salud humana que provocan los agrotóxicos son más que suficientes”. 

Córdoba adhiere a la ley nacional de Ambiente a través de la ley provincial 10.208, mientras que a través de la ley provincial 9164 establece el marco general de regulación de los productos químicos o biológicos de uso agropecuario en el territorio provincial. “La norma es insuficiente por no considerar persistencia, rango y modo de acción, selectividad, tiempo de carencia, periodo de reingreso y límite máximo de residuos en relación a la salud de la población expuesta”, advierte la comisión vecinal y subraya que la ley solo considera los efectos agudos y no los crónicos por exposiciones prolongadas. 

Esa ley establece dos límites a la fumigación aérea en torno a los cascos urbanos: uno de 1500 metros —para los agroquímicos etiquetados como Ia, Ib y II, los más peligrosos por su clasificación toxicológica— y de 500 metros para las fumigaciones con productos clasificados como III y IV. También proscribe la aplicación terrestre, dentro de un radio de 500 metros a partir del límite de las plantas urbanas, de productos Ia, Ib y II.  

“Es inexistente un control y seguimiento del impacto ambiental y de la salud de aquellas personas que se encuentran expuestas a los agroquímicos, incumpliendo el objetivo planteado en la ley, remitiéndose a las denuncias y exposiciones existentes, y vulnerando el derecho a la salud de los habitantes”, denuncian desde la comisión.

En este punto, los vecinos de Falda del Carmen destacan que no existe una legislación a nivel nacional sobre el manejo integral de agroquímicos, mientras que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aborda la problemática desde las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). “En nuestro territorio es escasa la adhesión a estas recomendaciones”, cuestionan. 

Además de todo el andamiaje legal nacional y provincial, la comisión de vecinos cuenta con los precedentes de las ordenanzas municipales sobre regulación de fumigaciones logradas en otras zonas de las sierras cordobesas: desde la cercana comunidad del barrio Parque San Juan de Alta Gracia —Ordenanza Municipal Nº 9375, prohíbe la aplicación de agrotóxicos a una distancia inferior a los 1500 metros de los centros poblados— a las de  Anisacate (Ordenanza  15 N°14/2012); Las Bajadas (Resol. N°8/2012); Las Calles; Mendiolaza (Ord. N°390/2004 y Ord. N°417/2005) y San Marcos Sierra (2004).

Los estudios científicos que justifican la zona de resguardo ambiental de las fumigaciones

En septiembre de 2020, la comisión presentó un informe de antecedentes para el proyecto de resolución para la creación de una zona de resguardo ambiental , que documentan los perjuicios de los agrotóxicos en la salud humana y en el ambiente. “A nivel celular, los plaguicidas producen daño citogenético, es decir, que alteran tanto estructuralmente como funcionalmente el ADN celular, donde se reserva la información relacionada con el crecimiento, funcionamiento y reproducción celular”, explicita el informe.  

Los daños, de acuerdo a los estudios científicos, provocan daño en células germinales (óvulos y espermatozoides) y pueden generar un aumento de enfermedades genéticas, cromosómicas y predisponer al cáncer en los descendientes. Los daños también se registran en las células somáticas (las células del resto del cuerpo), dañando el material genético, que puede relacionarse a enfermedades degenerativas como parkinson y alzheimer y cáncer, con evidencia de alta incidencia entre los trabajadores agrícolas expuestos.  

Los plaguicidas funcionan también como disruptores endocrinos por lo que pueden alterar los niveles de testosterona y estrógenos, provocando problemas de fertilidad, y afectar otros órganos. Frente a la creciente evidencia científica, en 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al glifosato como “probablemente carcinogénico para humanos”.

Entre los estudios citados por la comisión también figura el del ingeniero químico Marcos Tomasoni, quien en 2013 concluyó que en condiciones climáticas óptimas la distancia máxima que puede recorrer la gota más pequeña de una aplicación es de 4800 metros. “La fracción de una aplicación que puede derivar (es decir, desplazarse a otras superficies) alcanza valores de hasta el 90 por ciento del producto arrojado sobre un cultivo”, dice el estudio. Este dato resulta relevante para fundamentar por qué el proyecto de ordenanza presentado por la comisión propone 4000 metros de distancia para todas las aplicaciones.  

Otro trabajo recuperado por la comisión vecinal es el de María Teresa Serra, docente de la Cátedra de Alergias e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, que en 2012 estudió el Barrio Parque San Juan de Alta Gracia, a 10 kilómetros de Falda del Carmen. En ese informe se evidenció que la patología más frecuente entre 251 personas relevadas, en cercanías de áreas donde se realizaban fumigaciones de plaguicidas, fue el asma, estando presente en 50 personas, de los cuales 39 eran niños. Lo que significaba una presencia de más del doble que en la media de la población general, que es de entre el 8 y 10 por ciento.

Un proyecto para dejar de ser un pueblo fumigado

“Algo muy serio es que estos pueblos chicos están gobernados por gente que no ejerce todo el poder que la investidura de una jefatura comunal les da. Entonces los diversos grupos de poder avanzan generando daño ambiental, desequilibrio ecosistémico, sin importarles nada. Una vez que hicieron el daño, se van a otro lado. Pero es la población la que se queda con todos esos pasivos ambientales de por vida. Y en algunos casos les cuesta la salud”, lamenta el ingeniero agrónomo integrante de la comisión vecinal y asegura que para combatirlo hay que generar conciencia en la población para que sepa a qué se está exponiendo. 

Más allá de la concientización para la Comisión Ambiental Vecinal es responsabilidad de la Comuna dar pasos certeros para garantizar la salud de los habitantes promoviendo sistemas productivos no dependientes de los agrotóxicos, que ayuden a conservar la biodiversidad, eviten las contaminaciones y erosiones de los ecosistemas naturales y que permitan a los productores insertarse en los nuevos mercados. 

Además de proponer los 4000 metros de zona de resguardo ambiental, el proyecto de resolución exige que se cumplan con controles ambientales para quienes continúen con la producción convencional: que cada productor presente estudios de impacto ambiental de su actividad, promueve multas para quienes incumplan y una regulación más eficiente del tratamiento de los envases utilizados para las fumigaciones, que actualmente se observan tirados a los costados de los caminos rurales, denuncian el informe de la comisión. 

“A través del estudio de impacto ambiental, quien produce está obligado a preguntarse por las consecuencias de lo que está haciendo y se puede dar cuenta de que es muy importante replanteárselo”, se esperanza Peñaloza con una toma de conciencia por parte de los productores en caso de que el proyecto sea aprobado. 

Tras una serie de reuniones y notas sin respuesta, la comisión vecinal consiguió en julio de 2020 la firma de la Resolución 483 en la que la Comuna se comprometió a establecer un Plan de Trabajo para avanzar en el tratamiento del proyecto, en el que las autoridades locales debían convocar a productores, vecinos y expendedores de agroquímicos y presentar un informe del diagnóstico. Sin embargo, esas reuniones no se realizaron. La fecha para entregar el informe era octubre, pero desde entonces comenzó una sucesión de postergaciones, denuncian los vecinos.  

Las razones oficiales para demorar la creación de la zona de resguardo

Pablo Actis, asesor letrado de la Comuna de Falda del Carmen, sostuvo que el retraso del Plan de Trabajo se debe a que “los productores están levantando la cosecha” y “no pueden distraerse ni un segundo”. “En 15 días se termina la cosecha de soja y ahí vamos a tener un período ventana hasta fines de junio o julio que se inicia la cosecha de maíz”, intentó explicar Actis a Tierra Viva. En julio se cumplirá un año del compromiso tomado en la resolución comunal. 

—¿Por qué no se avanzó antes, de acuerdo a los plazos acordados? 

— Por la pandemia, la comuna vio afectada su labor normal y se puso énfasis en preservar la salud de los integrantes de la comunidad ante el riesgo de contagio de coronavirus. Los plazos que se establecieron no son perentorios, son orientativos. La comuna no va a forzar a ningún ciudadano, ni de la Comisión Ambiental, ni a los productores ni a la comunidad civil en relación a plazos perentorios. La importancia que tiene el tema que se está tratando merece de la mayor elasticidad para lograr el mayor consenso. Ese es el objetivo y lo que siempre se les ha manifestado a quienes integran la comisión. 

El referente de la Comuna explicó que, por otra parte, se encargó un proyecto de ordenamiento territorial, que contemple el uso de la tierra en las zonas agrícolas intermedias. “Tenemos urbanizaciones o posibles urbanizaciones como loteos de vieja data, pero en el medio tenemos una chacra. Eso va a quedar como zonas de sutura”, señaló Actis e indicó que el objetivo es que en esas zonas no se pueda fumigar con plaguicidas, ni trabajar con siembra directa o cría de animales. 

“La idea sería trabajar ambas ordenanzas en conjunto por la relevancia que tienen y porque están íntimamente ligadas”, señaló el funcionario comunal y resaltó que se hará “en los tiempos que la comuna pueda”, en “la forma que la comuna encuentre para convencer de la mejor manera posible y logrando consensos a los productores para que comprendan que con su actividad no pueden contaminar el ambiente, la tierra, el agua ni a las personas es materia de trabajo”. 

—¿Qué opina sobre el proyecto presentado por la Comisión Ambiental Vecinal?

—La técnica jurídica de la ordenanza me parece muy correcta, establece con claridad cuáles son las expectativas en pos de la regularización de la utilización o no de determinados productos y de definirlos como zonas libres o de restricción. Una vez aprobada no podría ser atacada judicialmente. Respecto al fondo de la cuestión: ¿es correcto denominar zona libre? ¿son correctos mil, mil quinientos, cuatro mil metros? Es lo que se va a buscar con el consenso. 

“Lamentablemente la discusión está centrada todavía en las distancias, cuando el problema central es el modelo agropecuario y los agronegocios o hasta cuando sostener un sistema productivo tan agresivo con la salud y el medio ambiente”, ya advertían los vecinos en el informe presentado en septiembre pasado. 

Mientras los productores terminan la cosecha y se dan las condiciones sanitarias para hacer las reuniones previstas, el problema de la salud afectada por los agrotóxicos continúa vigente en Falda del Carmen. Ferreyra lo resume: “Para la gente que vive cerca de los campos la situación es grave, porque se sigue fumigando y causando impacto en la salud”. Sus compañeros, Romero y Peñaloza coinciden: “Esto tiene que ver con decisiones. La inacción también es una decisión política”.