Por Fernando Frank*

Argentina fue uno de los primeros países en aplicar la tecnología de la transgénesis en cultivos agrícolas, a partir del año 1996, con la introducción de la soja resistente al glifosato. En mayo de 2015, el país se convirtió en el primero en el mundo en aprobar una normativa para las manipulaciones genéticas realizadas con las llamadas “Nuevas técnicas de mejoramiento aplicables a vegetales” (NBT, por sus siglas en inglés), a través de la Resolución 173/2015 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. En esa resolución se establece que las plantas manipuladas mediante estas técnicas, en los casos en que la autoridad regulatoria lo determine, no deberán pasar por las evaluaciones previstas para los cultivos transgénicos.

Las empresas desarrolladoras de la tecnología ven a las evaluaciones de transgénicos como un proceso largo, caro y trabado burocráticamente. Consideran que les hace perder tiempo, recursos y oportunidades de negocios. Desde la perspectiva de las organizaciones críticas en el campo argentino y en el Cono Sur, las evaluaciones están completamente viciadas por los conflictos de interés, no tienen en cuenta las voces críticas de consumidores, agricultores y defensores de la naturaleza. Con una concepción acorde a la tecnociencia capitalista, el Estado argentino plantea que las evaluaciones tienen que estar en manos de “expertos” en ciertas disciplinas, en particular agronomía e ingeniería genética. Pero no incluyen a voces expertas, de estas mismas disciplinas, con visiones críticas a las aprobaciones e implementaciones de los transgénicos en agricultura. Tampoco son escuchadas las voces que representan críticas desde la cultura, la economía, las ciencias sociales.

Los transgénicos en el campo argentino

El fortalecimiento del extractivismo en el campo argentino de la mano de los agronegocios produjo una transformación muy profunda. En palabras de Andrés Carrasco, “lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo”. En esta expresión podemos ver que lo que debería haberse estudiado en ambientes controlados en términos experimentales, se masificó y se experimentó “a cielo abierto”, sobre los territorios y en los cuerpos. Hoy, que estos cultivos ya se han integrado masivamente al sistema de agronegocios, podemos observar sus consecuencias al analizar la situación actual. Argentina cultiva millones de hectáreas con transgénicos, principalmente de soja y maíz. También hay eventos transgénicos aprobados para algodón, papa, alfalfa, cártamo y trigo.

Los transgénicos fueron parte fundamental del desarrollo de los agronegocios, y produjeron una transformación del agro muy negativa y con daños muy evidentes. Entre estos podemos listar: un crecimiento continuo del uso de agrotóxicos (principalmente herbicidas), la deforestación de grandes extensiones (principalmente en regiones del llamado “Gran Chaco americano”), concentración en el uso y tenencia de la tierra y otros medios de producción, desalojos de familias campesinas e indígenas, reemplazo de cultivos de pastos de sistemas mixtos agrícolas ganaderos por monocultivos anuales, degradación de los suelos, degradación de la alimentación en diversidad y calidad, contaminación de aguas.

La especialización de la agricultura argentina en monocultivos de granos (soja, maíz y trigo) es evidente. Los destinos principales de estos granos son la exportación directa de granos y derivados (harinas y aceites), la ganadería industrial, los agrocombustibles, la industria de comestibles ultraprocesados y los alimentos para mascotas. Como vemos, el foco no está puesto en la alimentación sino en los negocios. Una gran proporción de los granos tiene destinos no alimentarios: exportación directa, forraje de ganadería industrial, combustibles y alimentos de mascotas. Por medio de la ganadería industrial se producen alimentos con impactos negativos en la salud de las personas y de los ecosistemas. Los comestibles ultraprocesados son los responsables directos de la pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles que transitamos. La agricultura transgénica tiene un impacto muy negativo sobre el país.

Maniobras para evadir la evaluación de edición génica

Las técnicas de manipulación de la información genética de los organismos desarrolladas posteriormente a las usadas para transgénesis en la décadas de 1990 y 2000 son vendidas por sus promotores como seguras, precisas, rápidas y positivas. Desde el pensamiento crítico consideramos que estas afirmaciones deben ser probadas en ambientes controlados, antes de ser aprobadas para liberación y comercializadas. Pero no vemos interés en estudiar los riesgos posibles y probables por parte del Estado argentino.

Cuando analizamos la legislación vemos que el Estado, la ciencia funcional a la industria y las empresas mismas, buscan intencionadamente confundir y forzar las interpretaciones de las definiciones. Por ejemplo se dice que un Organismo Vegetal Genéticamente Modificado (OVGM) es “aquel organismo vegetal que posea una combinación de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna”. Si hacemos una lectura literal de esta definición, claramente una modificación por medio de edición génica, independientemente de la técnica y de la adición o no de material extraño a la especie modificada, será un Organismo Vegetal Genéticamente Modificado. Por lo tanto debería ser estudiado en sus riesgos y daños probables y posibles antes de ser liberado a los ambientes y a los mercados.

Cuando vemos la definición de “transgénico” observamos que se refiere a “la inserción en el genoma vegetal en forma estable y conjunta, de uno o más genes o secuencias de ADN que forman parte de una construcción genética definida”. Si se “edita” y no se inserta material genético foráneo se podría decir que no hubo “inserción”. Pero nunca se puede concluir que no haya habido “modificación”.

La normativa argentina prevé que la evaluación se deberá hacer “caso por caso a los fines de determinar si los mismos se encuentran comprendidos en la regulación aplicable a los Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (OVGM) o por el contrario, no se encuentran alcanzados por la misma”. Esta formulación es, como mínimo, problemática. Entendemos que la expresión “caso por caso” en otros contextos puede sonar a un estudio pormenorizado y a una regulación más exigente. Pero, por lo que vemos en concreto, se busca eludir las evaluaciones, a partir de poder demostrar que los organismos a evaluar no tienen ADN de otra especie. Así lo explica la investigadora Gisele Bilañski: “Argentina fue el primer país del mundo en establecer que los organismos que resulten de nuevas técnicas de edición genética (GE, en sus siglas en inglés) no estarán alcanzados por la normativa para Organismos Genéticamente Modificados (OGM), siempre y cuando una primera evaluación concluya que no incluye ADN de otra especie”.

Como ya mencionamos, las empresas consideran a las regulaciones sobre transgénicos del Estado argentino como procesos largos, caros y trabados burocráticamente. Por el contrario, en la realidad, las empresas se controlan entre sí, ya que la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) está compuesta en su mayoría por representantes del sector privado, específicamente por empresas desarrolladoras de transgénicos.

En cuanto a los criterios de evaluación para las aprobaciones, no han tenido nunca en cuenta las voces críticas que advirtieron sobre las consecuencias negativas de la liberación comercial de eventos transgénicos que modificaron sustancialmente la producción agraria del país. Las evaluaciones se limitaron a exámenes de alergenicidad, cruzamientos con especies nativas y pocos aspectos más, en general a partir de referencias parcializadas por las propias industrias. Nunca consideraron ninguna de las consecuencias ambientales (deforestación, contaminación, reemplazo de cultivos, degradación de suelos, etc.) ni económicas (concentración, extranjerización, desplazamientos de producciones y comunidades, entre otras).

Un criterio que no es ni científico ni legal fue el de la llamada “equivalencia sustancial”. Según este criterio, si algo es declarado “sustancialmente equivalente” a cultivos ya existentes, no es necesario que sea estudiado en detalle en sus consecuencias negativas. Es decir, una hipótesis deviene conclusión. Esto es cualquier cosa menos ciencia: para ser ciencia deberían evaluarse los riesgos como hipótesis, deducir consecuencias que se puedan observar en experimentos controlados, y sacar conclusiones abiertas a la comunidad para poder ser debatidas. Cerrar el debate antes de generar la información no es ciencia: simplemente es imposición política antidemocrática. Y eso es lo que tenemos en Argentina. Un modelo productivo impuesto. Obviamente, los promotores de los agronegocios tampoco quieren, hoy, evaluar los efectos del “experimento masivo”. La ciencia digna sí.

Experimentos y productos de edición génica

El Estado argentino no tiene interés en informar a la población ni a investigadores sobre los desarrollos o aprobaciones de organismos editados genéticamente. Lo que está disponible es publicidad y comunicados de las mismas empresas y sus aliados, usualmente en lenguaje “solucionista”, sin el énfasis necesario en los riesgos asociados con las tecnologías.

Los desarrollos de experimentos a campo, en muchos casos para empresas estadounidenses, se realizan bajo secreto comercial. Además, como los organismos editados pueden ser considerados como cultivos convencionales, tampoco es posible obtener información detallada. No obstante, contamos con información sobre investigaciones en edición génica en Argentina para manipular arroz (para modificar enzimas vinculadas con la síntesis de aminoácidos), soja (con alto contenido de ácido oleico), papa (para evitar la oxidación o “pardeamiento enzimático”), maíz (conocido como ceroso o “waxy”, con mayor contenido de amilopectina en su almidón), sorgo (tolerancia a herbicidas y dormición de las semillas), algodón (resistencia a herbicidas) y alfalfa (calidad forrajera).

También hay investigación y experimentos en animales. Por ejemplo modificaciones para producción de leche bovina (con características hipoalergénicas y protección antibacteriana y antiviral), peces (por ejemplo las tilapias), vacas (sin cuernos, resistencia a calor) y caballos. También bacterias que tendrían capacidad de producir fertilizantes para soja.

Un modelo sin información pública

El Estado argentino tiene registros muy completos de algunos aspectos de la producción y el comercio de productos agropecuarios. Pero de algunos temas sensibles, que nos proporcionarían información para construir argumentos críticos, no se registra y/o no se publica información detallada. Por ejemplo, no se publican qué variedades e híbridos se cultivan en las diferentes regiones del país, para evaluar la “adopción” de determinadas tecnologías de modificación genética. Tampoco hay información detallada disponible de las cantidades de agrotóxicos utilizados. En este marco no sorprende que no podamos saber qué aplicaciones concretas de las técnicas de edición génica hay hoy en el mercado nacional. Esto marca algunos límites para nuestros análisis.

De todas maneras, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, afirmamos que las tecnologías desarrolladas con cualquiera de las técnicas de manipulación genética, deben ser evaluadas en un sentido amplio, sistémico y detallado, antes de liberarse a los ambientes. Y esto aplica también a los transgénicos que ya se difundieron. En el caso del trigo HB4, muy publicitado por el Estado y las empresas, lo que vemos a campo no es sólo un aumento de los riesgos previstos, sino un fracaso productivo y tecnológico. Las organizaciones socioambientales y los movimientos campesinos e indígenas lo plantean con claridad: para decirle sí a la agroecología y la soberanía alimentaria, hay que decir un claro y contundente no a la manipulación genética y a los agronegocios.

*Ingeniero agrónomo, especialista en agroecología y soberanía alimentaria. Docente e investigador de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, y miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina (Uccsnal).

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