A través de un concurso, la entidad lleva uno de los pilares del agronegocio a las aulas. La Red Federal de Docentes por la Vida cuestiona a las empresas y al Estado que las avala.

A través de un concurso, la entidad lleva uno de los pilares del agronegocio a las aulas. La Red Federal de Docentes por la Vida cuestiona a las empresas y al Estado que las avala.
La población de Mar Chiquita, en la costa bonaerense, se organiza desde hace años contra las fumigaciones con agrotóxicos. La Universidad Nacional de Mar del Plata acaba de respaldar el pedido de los vecinos: se debe priorizar la salud y el ambiente. El Intendente y los concejales permitieron fumigar a solo 150 metros de casas y escuelas.
En 2019, Austria fue el primer país europeo en prohibir este agrotóxico. En América Latina, Colombia y México, entre otros, sigue el mismo camino. Mientras tanto, en Argentina está pendiente una regulación del uso de pesticidas.
Ante el inminente vencimiento de la suspensión de la resolución 246, que habilita fumigar con agrotóxicos hasta en la puerta de las escuelas, los pueblos fumigados proponen derogar la norma, avanzar en estudios públicos sobre el impacto ambiental y sanitario producido e impulsar la agroecología en el 10% de las tierras cultivables de Buenos Aires.
Mientras el gobierno de Schiaretti destaca a las BPA como una política de cuidado de la salud y el ambiente, diversas organizaciones manifiestan sus críticas a este modelo por no atacar la raíz del agronegocio.
El Senasa confirmó la obligatoriedad de las BPA para producciones de frutas y verduras. Desde la UTT advirtieron que perpetúa el modelo basado en agrotóxicos.
La Justicia correntina reconoció, en un segundo juicio, la responsabilidad del empresario hortícola Ricardo Prietto por la muerte del niño de 4 años. El fallo marca un antecedente respecto de la responsabilidad de los productores en el posible efecto mortal del uso de agrotóxicos.
La medida del ministerio de Agricultura de ese país busca eliminar el uso del agrotóxico más utilizado en el mundo.
El espacio plurisectorial elaboró un protocolo para la realización de denuncias. Sostienen que visibilizar las aspersiones que envenenan a la población es una contribución a la reforma de la llamada Ley Provincial de Fitosanitarios.
Las empresas del agronegocio y sus medios de comunicación ya no pueden ocultar las consecuencias de su modelo a base de agrotóxicos. Por ese motivo crean falsas soluciones, como las “BPA”. La lucha de los pueblos fumigados, la agroecología como camino necesario y las políticas de Estado.