El 3 de diciembre de 1984 ocurrió un desastre sanitario por la filtración de toneladas de gas de una planta de la compañía Dow Chemical en India. El resultado fue 25.000 muertos y 100.000 personas con enfermedades crónicas. La Red de Acción en Plaguicidas, que reúne a 400 organizaciones de 60 países, dispuso esta fecha para conmemorar el Día Internacional del No Uso de Plaguicidas. A 36 años de aquella masacre, 10 hechos para debatir el uso de agrotóxicos en la Argentina:
- La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) es un ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Luego de un año de trabajo de 17 expertos de once países, en marzo de 2015, entregó un estudio por el cual el glifosato fue categorizado en el "Grupo 2A" que, en parámetros de la Organización Mundial de la Salud, significa: "Probablemente cancerígeno para los seres humanos". La reclasificación del IARC-OMS fue un gran respaldo para las comunidades que luchan contra la afectación que producen los agrotóxicos.
- El informe Antología Toxicológica del Glifosato +1000, recopilado por Eduardo Martín Rossi y editado por la ONG Naturaleza de Derechos, reúne 1100 estudios científicos que dan cuenta de los efectos del glifosato en el ambiente y en la salud. Entre ellos, más de 200 trabajos científicos son de universidad públicas de la Argentina. La antología recoge informes que vinculan el glifosato al cáncer, malformaciones, encefalopatía, autismo y parkinson. También investigaciones que lo asocian a mecanismos de fisiopatología celular (promotor el cáncer), apostosis celular (muerte celular programada), genotoxicidad y trastornos en el sistema endocrino. Y, por último, su afectación en los sistemas reproductivo, inmunitario, digestivo, nervioso, renal y cardiovascular.
- El glifosato es el agrotóxico más utilizado en el mundo, el primero creado por Monsanto para utilizar en el paquete químico junto a la "soja RR", aprobada en la Argentina el 23 de marzo de 1996, antes que en ningún otro país de la región. La resistencia generada por las “malezas” fueron promoviendo el uso de otros complementos y sustitutos químicos: Atrazina; 2,4D, Endosulfán, Paraquat, Glufosinato de amonio, Dicamba.
- El uso de agrotóxicos en la Argentina a impulsado, entre 2003 y 2019, al menos 28 fallos judiciales que prohíben o limitan las fumigaciones con agrotóxicos en ocho provincias. Uno de los casos emblemáticos es el de Entre Ríos, que en 2018 protegió a todas las escuelas rurales de la provincia alejando las fumigaciones terrestres a 1.000 metros de distancia, y 3.000 metros cuando se trata de fumigación aérea. En 2019, el gobernador Gustavo Bordet desoyó el fallo, emitió un decreto que permite fumigar a solo 100 metros y consiguió el visto bueno del Supremo Tribunal provincial, que había emitido cinco fallos consecutivos para proteger a la población.
- La materia Práctica Final de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario (Argentina) cuenta con una experiencia inédita que consiste en un "campamento sanitario" para analizar el impacto del uso de agrotóxicos en la Argentina. Llevan realizados 37 campamentos en cuatro provincias (Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba). Entrevistaron a 115.000 personas (el 65% de los habitantes de los lugares estudiados). "El incremento de abortos espontáneos, malformaciones congénitas, así como de las enfermedades oncológicas (cánceres de distintos tipos, linfomas, leucemias) y su diferencia con los datos de los registros nacionales fue algo que nos hizo pensar en la necesidad de profundizar el análisis acerca de los procesos de determinación de la salud de estas comunidades”, señala el informe del Instituto de Salud Socioambiental (Inssa).
- El Estado ha renunciado a su función de contralor en registrar la cantidad de litros/kilos de agrotóxicos que se usan efectivamente en la agricultura industrial. Todo se rige por resoluciones de despachos administrativos que trascienden a los gobiernos, autorizan transgénicos y hacen oídos sordos a todas las evidencias científicas. Por ejemplo, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) fue creada en 1991 y su confirmación se mantuvo en secreto hasta 2017. De 34 miembros de la comisión, 26 representaban a empresas del agronegocio o tenían conflicto de intereses.
- En Argentina el uso de herbicidas se incrementó en un 1.279 por ciento en un período de 20 años (de 1991 a 2011), según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Se trata de un dato aislado de un organismo estatal, ya que no hay registros oficiales del uso de agrotóxicos. La ONG Naturaleza de Derechos sistematizó datos en base a información de las empresas y a los datos recogidos de los diarios donde se publicita el agronegocio, y concluyó que durante el año 2018 llegaron a usarse 525 millones de kg/l de herbicidas.
- En 2015 se utilizaron 427 millones de kg/l de agrotóxicos: un promedio de 9,7 kg/l por persona. En 2016 el uso ascendió a 460 millones de kg/l (10,4 por persona). En 2017 aumentó a 480 millones de kg/l (10,9 por persona), y en 2018 llegó a los 525 millones de kg/l (promedio de 11,9 por persona). Según la misma ONG -siempre en base a datos oficiales y de las empresas del agronegocio- el promedio de herbicida aplicado por hectárea cultivada también aumentó. En 1996 se utilizaban 4 kg/l por hectárea, en 2003 aumentó a 7 kg/l, en 2010 alcanzó los 10 kg/l por hectárea, y en 2018 llegó a los 13 kg/l por hectárea.
- El Espacio Multidisciplinario de Interacción Ambiental (EMISA) de la Universidad de La Plata, coordinado por el profesor Damián Marino, publicó en 2015 el estudio Plaguicidas en alimentos, donde revelaron el residuo de plaguicidas en frutas y verduras del Mercado Central platense. Entre noviembre de 2014 y abril de 2015 analizaron lechuga, acelga, zanahoria, morrón, naranja y mandarina.El 80 por ciento dieron positivas para al menos 1 compuesto agrotóxico. 3 de cada 10 tenían al menos 3 compuestos. El más encontrado fue el endosulfán, que se encuentra prohibido.
- En noviembre de 2018, la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU entregó un informe sobre la Argentina en el que instó al Poder Ejecutivo a "tomar en cuenta el verdadero costo de los métodos de producción de la agricultura industrial en relación con el suelo y los recursos hídricos, y el impacto de la degradación ambiental sobre generaciones futuras" y advirtió que el glifosato "se aplica indiscriminadamente en la Argentina, sin tener en cuenta la existencia de escuelas o pueblos en las cercanías". Como contrapunto, la Relatoría insistió en "la importancia de la agricultura familiar para lograr el objetivo de una alimentación adecuada y saludable para todos los argentinos" y subrayó que "las prácticas agroecológicas han demostrado ser exitosas en varias partes del mundo".