Por María Ángeles Guerrero

El programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) avanza desde 2017 en la provincia de Córdoba. En las últimas semanas, el gobernador Juan Schiaretti entregó a 1.046 productores cordobeses incentivos por más de 53 millones de pesos, en el marco de la primera tanda de pagos correspondiente al ciclo 2020. A principios de 2021, el Senasa confirmó la entrada en vigencia de la obligatoriedad de la aplicación de las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA).

No obstante, diversas organizaciones manifiestan sus críticas al modelo BPA por no atacar la raíz del agronegocio.

A nivel nacional, las y los productores frutícolas y hortícolas deberán respetarlas desde la producción hasta el almacenamiento previo a su comercialización. En este contexto, Córdoba se erige como una provincia pionera al implementar este tipo de regulaciones.

“Las buenas prácticas son una mentira que sigue apañando al sistema convencional de producción, basado en el uso de venenos para producir, favoreciendo a las grandes empresas químicas e intermediarias de estas y sus negocios”, advertía esta semana Lucas Tedesco, referente nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).

En Córdoba, esta política pública comenzó a implementarse en 2017. En la actualidad, está formalmente basada en la Ley provincial 10.663 de Buenas Prácticas Agropecuarias -sancionada en 2019- cuyo artículo 4° establece el pago de aportes no reintegrables a quienes realicen buenas prácticas en la producción agrícola y ganadera.

Las BPA y el agronegocio

Córdoba fue la primera provincia en crear una ley de estas características. "Las BPA son simples recomendaciones o principios creados por el agronegocio y en esta provincia surgen después de la lucha de las Madres de Ituzaingó, que en 2000 comienzan a denunciar los efectos de los agrotóxicos en la salud", contextualiza el abogado cordobés Darío Ávila, en diálogo con Tierra Viva.

El programa cuenta con el apoyo y la promoción de entidades diversas como la Sociedad Rural, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), la Federación Agraria Argentina, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), Agricultores Federados Argentinos (AFA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Senasa y el Banco de Córdoba.

Prácticas que no discuten el modelo

A principios de 2000, un grupo de mujeres del barrio Ituzaingó Anexo -al sudeste de la capital cordobesa- comenzaron a movilizarse contra las fumigaciones con agrotóxicos. El detonante era el alto número de casos de cáncer y leucemia en sus hijos: era necesario frenar las aspersiones y recurrir a la Justicia para denunciar el perjuicio ambiental y sanitario que causaban productores sojeros de la zona.

Gracias a esa lucha, en 2012 las Madres de Ituzaingó consiguieron la primera sentencia en Argentina que condenó penalmente a un productor y a un aeroaplicador por el delito de daño ambiental.

"A raíz de esa lucha se pone en debate en un juicio lo que es el modelo del agronegocio en Argentina", define Darío Ávila. Para el entrevistado, es en ese contexto que en Córdoba surge la idea de las Buenas Prácticas Agropecuarias "como una necesidad ante las evidencias de este juicio donde se pudo demostrar que los agrotóxicos son tóxicos y que una vez que los liberás al ambiente la actividad pasa a ser incontrolable".

¿Desarrollo sostenible o riesgo socioambiental?

El gobierno de Córdoba define a las BPA como "un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas que se aplican en las etapas primarias de la producción agropecuaria para garantizar una producción sana e inocua, contemplando la seguridad del personal involucrado y la protección del ambiente, con el fin de propender al Desarrollo Sostenible".

A su vez, conceptualiza al Desarrollo Sostenible como "la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades".

"Esta forma de desarrollo propone alcanzar, de manera equilibrada, el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente", sostiene la gestión provincial, que destinará este año 250 millones de pesos a un programa cuyos beneficiarios son familias productoras pero también los sectores patronales del agro cordobés.

Cada año, un Consejo Consultivo establece cuáles serán las prácticas beneficiadas por los aportes no reintegrables del Estado cordobés. Por ejemplo, entre las prácticas que se debieron acreditar en 2020, figura la "agricultura de precisión" que posibilita detectar, analizar y posteriormente presentar las variaciones que pueden existir dentro de un lote.

"Esta información puede ser empleada por las tecnologías de aplicación variable (VRT) para optimizar la distribución de insumos como semillas, fertilizantes y fitosanitarios", dice el Manual BPA 2020. Al respecto, prescribe "adjuntar en la plataforma de BPAs la prescripción o mapa de aplicación de las labores de siembra, pulverización y/o fertilización variables".

Sin embargo, Ávila señala que ante cada fumigación "entran a jugar variables ambientales o climáticas que hacen que estos agrotóxicos se gasifiquen y se eleven hacia el ambiente y perduren allí un tiempo". En otras palabras; no hay manera de que el uso de sustancias como el glifosato no impliquen un peligro para el suelo, el aire, el agua o la salud humana.

"Hay estudios de la Universidad Nacional de Luján que dicen que las derivas pueden trasladarse a 4 kilómetros del lugar donde se fumiga. Y eso es algo que las BPA no pueden explicar: las BPA dicen que si hacés caso a esas recomendaciones no hay riesgo de deriva ni de contaminación. Y esto es una falacia", completa el profesional.

"Resulta controversial hablar de producir alimentos y que esa producción esté basada en el uso de venenos", opina el abogado Darío Ávila.

Además destaca el impacto a nivel ambiental del agronegocio: en el cambio climático, la deforestación, el avance de la frontera agropecuaria, la desertificación de suelos, inundaciones, contaminación de napas subterráneas y de ríos.

"Por suerte se está empezando a hablar de la agroecología como un fenómeno que marca una verdadera salida. Este modelo está agotado y únicamente subsiste por los intereses de las empresas multinacionales vinculadas con esto", dice el entrevistado.

¿Ética o economía?

Ávila critica además que "las BPA no son obligatorias sino que es un programa voluntario por lo tanto queda librado a la buena voluntad del productor realizarlas o no. Otra cosa que cuestiono fuertemente es que a pesar de que plantea un cambio en la cultura y en el modo de producción para ese cambio de cultura está atado a un incentivo económico. Si estamos hablando de un fenómeno de transformación cultural está medio reñido con la moral y la ética que ese transformación esté basada en una cuestión económica".

Según la clasificación que realiza la propia provincia de Córdoba en cuanto a quiénes acceden a participar del programa, "a las BPAs las han implementado y adoptado muchos productores a lo largo y ancho de nuestro territorio provincial. En algunos casos movilizados por la convicción de que tienen que cambiar en pos de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente; en otros por conveniencia de tipo económica y con una visión a corto plazo y los últimos solo comenzarán a implementar algún cambio cuando se transforme en una obligación".

Disputar el sentido de la política pública

El Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra participa del programa desde sus inicios y destaca que les ha permitido avanzar en la formalización del trabajo de las familias productoras que reivindican nuevos modos productivos.

Desde Traslasierra Eugenia Sosa explicó a Tierra Viva: "Nuestro tránsito por la BPA es anterior a la Ley 10.663. Nos pareció interesante poder disputar el sentido de esa política pública y avanzar en un trabajo que venía costando mucho, que es la formalización del trabajo de las familias productoras".

"El programa exige la formalización y para nosotros era difícil avanzar en ello porque toda la normativa apuntaba a la propiedad de la tierra. A partir de este programa iniciamos un camino de diálogo con el gobierno provincial para que la normativa incluyera la realidad de las familias campesinas", agrega.

El programa ha permitido avanzar en el registro y en el reconocimiento del trabajo de los productores y -subraya el MNCI-sobre todo de las productoras. De las familias agricultoras que acceden a esos aportes, el 40% son mujeres campesinas.

"Es una ley interesante. Hay desafíos pero lo vemos como una oportunidad para el registro y el reconocimiento de nuestra producción y también para disputar el sentido del modelo de producción: qué es una buena práctica agropecuaria", matiza Sosa.

"Hay un Consejo Consultivo que define año a año cuáles van a ser las prácticas premiadas y ahí hay que tener un debate más profundo porque los fundamentos de las BPA son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU para 2030 y ahí empieza a debatirse el modelo productivo y las consecuencias y el impacto del modelo productivo para el ambiente y la sociedad", añade la productora.

"Creemos que hay que seguir avanzando en un debate más profundo", dice Sosa. "Por ejemplo: la agroecología es una de las BPA que se premian y para nosotros es un eje que atraviesa todo", explica.

"La agroecología no es solamente sustituir agrotóxicos por bioinsumos sino que es un debate más profundo que tiene que ver con la propiedad de la tierra, con el bosque nativo, con el uso del agua, con el ordenamiento territorial y con pensar los territorios de forma comunitaria", enfatiza la referenta del MNCI Somos Tierra.