Por Nahuel Lag

“No quiero sacarle la tierra a nadie, quiero que las tierras improductivas del Estado vayan a manos de los que produzcan”, sentenció el presidente Alberto Fernández durante un encuentro con cuadros técnicos del Movimiento Arraigo y convocó a pensar en la postpandemia: “¿Cuál es la normalidad que vamos a construir en el futuro?”. “Este modelo de país genera la  pobreza que vemos, genera la inequidad que vemos, este modelo de país debemos cambiarlo. Después de la pandemia quiero otra normalidad”, aseguró. De acuerdo a los proyectos de ley presentados en el Congreso, en el país hay 12 millones de hectáreas de tierras fiscales en zonas rurales y el Estado podría otorgar créditos para el acceso a esas tierras con un porcentaje pequeño de lo recaudado por retenciones.  

El mandatario habló ayer en un encuentro de cuadros técnicos del Partido Justicialista con los miembros del Movimiento Arraigo, encabezado por el senador bonaerense y ex intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, que buscan impulsar políticas públicas que generen condiciones de servicios y trabajo para evitar la migración interna a las grandes ciudades. “El debate del arraigo es un tema central que también le sirve a las grandes ciudades, que padecen el hacinamiento. Es, inexplicablemente, un debate eternamente postergado”, apuntó el mandatario. 

Fernández consideró que el debate del arraigo a partir de una política pública de tierras siempre se ve frustrado porque cuando “uno habla de estas cosas, aparece el idiota que dice: ‘Está hablando de reforma agraria’. Yo no quiero sacarle la tierra a nadie, quiero que las tierras del Estado improductivas vayan a manos que produzcan, eso es todo lo que quiero”, insistió el Presidente.  

Y completó: “Quiero que allí donde un argentino vaya a construir su casa, a plantar y a sembrar para crear alimentos, el Estado se ocupe de darle lo mínimo que necesita: luz, gas, agua, internet. No es tan difícil hacerlo, lo que hace falta es que de una vez nos decidimos y dejemos de insistir con esta idea de modelo de país que está fenecido”.   

«Parte de la normalidad a la que quiero volver es la revisión de este modelo de país que se dice federal pero no lo es”, sostuvo Fernández y puso un ejemplo de la centralización: “En Buenos Aires se concentra la distribución de los alimentos de todo el país. Esto es increíble. Se producen alimentos en Santa Fe, los traen a Buenos Aires y se los vuelven a llevar. Producen leche en Córdoba, la traen y se la vuelven a llevar”.  

Fomentar la agricultura familiar en tierras fiscales 

En ese punto, el Presidente reconoció, en código de política económica, lo que es un sostenido reclamo de las organizaciones campesinas: “Tenemos que desarrollar la producción alimentaria en cada región del país para evitar todo el costo de transporte. Cuando lo hagamos vamos a estar fomentando una agricultura familiar altamente beneficiosa para la Argentina. Tenemos que hacerlo con tierras fiscales, que sobran”. 

La propuesta de Fernández de poner las tierras fiscales en manos de los productores de alimentos –desarrollada en los últimos minutos de una extensa reunión del Movimiento Arraigo— estuvo cruzada por la idea de la “nueva normalidad” en la postpandemia y la necesidad de un cambio de modelo de país: «A la normalidad que yo he podido conocer, a esa no quiero volver, porque es una normalidad que concentra la riqueza en pocos y distribuye pobreza en muchos; concentra el país en el puerto y lastima a medida que se aleja del puerto», describió.

En ese tono, Fernández hizo una autocrítica del modelo productivo del “consenso de las commodities” que atravesó latinoamerica en la primera década del siglo XXI. “Hubo un solo país que cambió la estructura social y productiva y fue Bolivia. Lo que ocurrió en Brasil y la Argentina fue que mientras los commodities estaban en alza –soja, hierro, petróleo– existieron recursos para redistribuir recursos entre la gente y eso se hizo. Por eso, en el periodo de Néstor y de Cristina fue cuando más cerca de la igualdad estuvimos”. 

Y continuó: “Pero cuando declinan los precios internacionales, entramos otra vez en el mismo problema. ¿Por qué pasa esto? Porque la estructura económica se mantuvo igual y cuando dejamos de recibir el valor extra de la suba de los commodities todo volvió a punto muerto”. 

El Presidente ya se había mostrado a favor de poner en marcha un plan de tierras, a partir de terrenos fiscales, tras el fallido intento del Proyecto Artigas, impulsado por el MTE-Rural de Juan Grabois. «Las ideas de cómo sacar a la gente de centros urbanos en donde viven hacinadas y ver cómo se pueden desarrollar cultivando la tierra, haciendo una producción ecológica de verduras, de alimentos, es muy valiosa. La verdad es que debiéramos promoverlo”, había reconocido. 

Proyectos de tierras en el Congreso  

“No es una idea descabellada”, había sintetizado Fernández semanas atrás respecto de los proyectos que buscan potenciar la agricultura familiar a través de políticas públicas en tierras fiscales. El mandatario reconoció la denominada Ley de Arraigo, que es impulsada por los integrantes del Movimiento Arraigo con los que habló ayer. 

Durañona ya presentó el proyecto en la Legislatura bonaerense con el acompañamiento de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y propone, entre otras cosas, la creación de un programa de crédito bonaerense para que los agricultores familiares, individualmente o por grupos, accedan a tierra y vivienda. También impulsa la creación de un programa de fortalecimiento para financiar a las municipalidades que impulsen la construcción de colonias agroecológicas. 

Pero también existen otros dos proyectos de ley en el Congreso Nacional que impulsan el acceso a tierras fiscales para la producción de alimentos agroecológicos. La Ley de Acceso a la Tierra fue presentada, por tercera vez, el 22 de octubre pasado por la UTT. El proyecto, sintetizado como un “Procrear Rural”, busca una política de créditos a 30 años para que los productores de la agricultura familiar puedan comprar terrenos fiscales y otra línea de financiamiento para mejorar sus viviendas en terrenos propios o colonias agroecológicas.   

Entre los fundamentos, la UTT señala que en la Argentina sólo el 13 por ciento de la tierra está en manos de pequeños productores, que producen más del 60 por ciento de alimentos que llegan a las mesas del país, mientras que el 1 por ciento de las empresas agrarias controlan el 36 por ciento de la tierra cultivada. 

“Solo con un tercio de lo que el Estado argentino le prestó a la empresa privada en quiebra Vicentín (300 millones de dólares), o con un cuatro por ciento de lo que el fisco recaudó por retenciones entre enero y agosto de 2020 (233.200 millones de pesos), se podría dar una salida real a miles de familias productoras y sentar las bases de un nuevo modelo agroalimentario en la Argentina”, sostuvo la organización al volver a presentar el proyecto. 

En la nueva presentación del proyecto de ley, la UTT consiguió sentar en la mesa a los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y de Agricultura, Luis Basterra, mientras que el impulso de la norma en el Congreso está a cargo de la vicepresidenta del bloque de Frente de Todos, Cecilia Moreau. Arroyo lanzó en el primer año de gobierno proyectos para fomentar la agricultura familiar como “Sembrar Soberanía”, mientras que Basterra presentó un plan más amplio y la promesa de reglamentar la demorada Ley 27.118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar”.

Además de la iniciativa de la UTT, la diputada del bloque del Frente de Todos María Rosa Martínez presentó el proyecto de ley “Marcha Al Campo”, que propone el acceso a tierras fiscales en extensiones de no más de 150 hectáreas, con la modalidad de comodato y que las tierras sean cedidas por el Estado solo para ser explotadas por la agricultura familiar. El proyecto contempla un primer plazo de comodato a 48 meses y una serie de créditos de estímulo, no permanentes.

De acuerdo al proyecto de “Marcha al Campo”, el Estado cuenta con 12 millones de hectáreas fiscales en zonas rurales de todo el país y se podrían llegar a 30 millones de hectáreas si se suman las zonas de bosque nativo, catalogadas en “amarillo”, que mantiene la conservación con modificación para actividades económicos de desarrollo sostenible sin desmonte.