El Gobierno nacional presentó ante organizaciones campesinas el proyecto de decreto para reglamentar la Ley 27.118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar”, aprobada por el Congreso en noviembre de 2014, y un plan de inversiones por 12.781 millones de pesos, con un 80 por ciento de financiamiento internacional, para poner en marcha programas que fueron vaciados en los últimos años y dar impulso a nuevos programas.
El plan fue presentado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, ante el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, sector que produce el 62 por ciento de los alimentos que se consumen en las mesas de los argentinos y que representa el 54 por ciento del trabajo rural.
“El desarrollo de la agricultura familiar tiene mucho que ver con el desarrollo que le queremos dar a todo el interior del país. Realmente quisiera que al cabo de mi mandato podamos ser un país más federal”, sostuvo el presidente ante los representantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena - Vía Campesina, la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, el Frente Nacional Campesino y la Unión de Trabajadores de la Tierra.
La ley 27.118, una cuenta pendiente
Durante la reunión del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, Basterra destacó el rol cumplido por los pequeños productores durante los meses de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) ya que “ha garantizado el comercio de cercanía, la producción de alimentos sanos, saludables y con identidad” y destacó la relevancia que la demorada ley de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar” tendría para el sector.
“Es una ley de avanzada, de vanguardia, que contempla de manera amplia los derechos y dictamina los lineamientos políticos para que pueda llevarse adelante el concepto de equidad social y de equidad territorial en la producción agropecuaria”, sostuvo el ministro que junto al presidente presentaron el proyecto de reglamentación.
La reglamentación de la Ley 27.118 cumplirá en noviembre 6 años de demora. La norma fue aprobada por una unanimidad en ambas cámaras en noviembre de 2014, durante el último gobierno de Cristina Kirchner, y quedó sin aplicación desde entonces y durante todo el gobierno de Mauricio Macri. Además, la norma tuvo en su tratamiento en el Congreso una modificación que la amenazó desde el origen: la eliminación del artículo 33, que aseguraba un financiamiento anual de 1500 millones de pesos.
Presupuesto para la agricultura familiar
Mientras resta la reglamentación de la ley, el Gobierno nacional le presentó a las organizaciones del sector el plan de “Desarrollo Rural, orientado a la agricultura familiar, campesina e indigena” que contempla inversiones por 12.781 millones de pesos. Del total, el Estado nacional aportará 2863,6 millones de pesos --un incremento respecto de los 1918,9 millones del 2020 y los 1305 millones presupuestados en 2019--, que será destinado a una serie de programas para la aplicación de la Ley 27.118 “para la reconstrucción colectiva de una nueva ruralidad en la Argentina”, sostiene el plan.
Con ese presupuesto se volverá a poner en marcha el Programa Nacional de Registración para los Núcleos de Agricultura Familiar y Organizaciones de la Agricultura Familiar, creado en 2007; el Programa nacional de trabajo, arraigo y abastecimiento local y el Programa Semillar, entre otros.
En tanto, los 10.097,857 aportados por organismos internacionales financiarán el Programa de inserción económica de los productores familiares del norte argentino, el Programa de inclusión socio-económica en las áreas rurales y un Programa de recuperación y desarrollo rural postpandemia, entre otros.
Tras el encuentro del que también participaron el Frente Agrario Evita; la Federación Nacional Campesina; la Federación Agraria Argentina y la Federación de Cooperativas Federadas, Diego Montón, referente del MNCI-Somos Tierra, valoró que "el presidente hizo un importante reconocimiento al rol estratégico del sector y renovó su compromiso con el acceso a la tierra y el fortalecimiento de la producción”.
Desde la UTT destacaron ser recibidos por el presidente, reivindicaron el trabajo del sector para crear “un modelo agrario soberano y popular” y le llevaron al mandatario el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra, entre otras propuestas para garantizar la soberanía alimentaria.
