Por Mesa Agroalimentaria
El proyecto de "Ley de inviolabilidad de la propiedad privada" introduce nuevos elementos normativos y modifica aspectos centrales de otras leyes clave como la de Manejo del Fuego (26.815), la de Tierras Rurales (26.737) y de zonas de frontera para ampliar el poder del propietario por sobre el interés social, habilitando incluso procesos de privatización de tierras fiscales.
En la zona núcleo de Argentina, el 80 por ciento de la superficie se produce bajo arriendo, entre el 60 por ciento y el 70 por ciento de los productores de la agricultura familiar son arrendatarios. Este proyecto de ley profundiza un desequilibrio estructural porque otorga más poder a quienes poseen la tierra, pero no la trabajan, en detrimento de quienes producimos alimentos. Esto agravará situaciones de desalojos y precariedad.
Cientos de familias campesinas son poseedoras históricas de tierras, pero no cuentan con títulos regularizados. Esta ley encarece y judicializa los procesos de regularización, lo que abre la puerta a desalojos de comunidades que llevan generaciones habitando y produciendo en esos territorios.
También se ven afectados los productores sin tierra, porque esta ley encarece los procesos de expropiación y los vuelve inviables al incorporar criterios como el lucro cesante, es decir, la ganancia futura que dejaría de percibir el propietario. Esto hace imposible pensar en políticas de colonización o acceso a la tierra.
Este plan de concentración y extranjerización de la tierra consolida un modelo que prioriza la especulación por sobre la soberanía alimentaria.
La Ley de Tierras Rurales (26.737) sigue vigente y establece límites claros: la propiedad extranjera no puede superar el 15 por ciento del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, además de prohibir adquisiciones en zonas estratégicas. Pero con las modificaciones propuestas, la tierra se convierte en un activo financiero, disponible para capitales concentrados —muchos de ellos extranjeros—, en lugar de ser considerada un bien común al servicio de la producción.
Este proyecto de ley, que impulsa el gobierno nacional, también pretende modificar la Ley de Manejo del Fuego (26.815), que establece los presupuestos mínimos para proteger el medio ambiente de incendios forestales y prohíbe el cambio de uso del suelo en terrenos incendiados por hasta 60 años para evitar especulación inmobiliaria, buscando prevenir incendios intencionales. Con la modificación se busca flexibilizar las restricciones al cambio de uso de suelo en zonas incendiadas, favoreciendo la especulación y los incendios intencionales.
Al mismo tiempo, el proyecto de "Ley de inviolabilidad de la propiedad privada" acelera el procedimiento para efectuar desalojos, al facilitar la ejecución anticipada antes de la sentencia, con un plazo de tres días de aviso previo a la ejecución del mismo, reduciendo las posibilidades de defensa. Esta ley que quieren imponer tiene una lógica rentista y de mercado como única política posible para la urgente necesidad de miles de familias de acceder a una vivienda digna. En un contexto de crisis económica, el gobierno de javier Milei busca profundizar las desigualdades en vez de encontrar soluciones a los conflictos habitacionales.
La tierra no es una mercancía más: es un bien finito cuyo control define qué se produce, cómo se produce y para quién.
Desde la Mesa Agroalimentaria hemos construido propuestas que abordan la problemática de la tierra y que presentamos en el Congreso de la Nación. Proyectos de ley orientados a la defensa de la producción de alimentos, el arraigo rural y la soberanía alimentaria; que aportan soluciones posibles al acceso a la tierra, los arrendamientos rurales y la defensa del territorio campesino indígena.
Defender la tierra es defender la soberanía y garantizar que el pueblo pueda decidir sobre su producción, su alimentación y su futuro. No hay soberanía política sin soberanía territorial, ni soberanía alimentaria sin campesinos.
Por eso exigimos:
• Pleno cumplimiento de la actual Ley de Tierras.
• Freno a este intento de extranjerización.
• Políticas públicas que garanticen el acceso a la tierra para quienes la trabajan y producen alimentos.
• No a los desalojos inmediatos contra inquilinos y que se respeten los contratos de alquiler.
• Transparencia y control sobre las operaciones de compra que esconden concentración a través de testaferros.
La tierra es de quienes la trabajan. La tierra es para alimentar a nuestro pueblo, no para la especulación. La tierra no se vende, se defiende.
