Movimientos campesinos, organizaciones socioambientales y académicos hicieron pública una carta al Gobierno para que modifique su negativa a promover la agroecología en Naciones Unidas. Dirigida especialmente al Ministerio de Agricultura y Cancillería, denuncian que en ámbitos internacionales Argentina está alineada con el agronegocio, modelo impulsado por las empresas de transgénicos y agrotóxicos.
El Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de la ONU aprobó las Directrices Voluntarias sobre los Sistemas de Alimentación y Nutrición. Luego de cuatro años de debate, se impusieron los intereses de los países agroexportadores y se dejaron de lado las propuestas de los movimientos campesinos, de pequeños productores y de los pueblos indígenas. Los funcionarios argentinos se alinearon con el sector empresario y dieron la espalda a la agroecología como principal motor de cambio.
En un contexto de incremento de la pobreza y el hambre por la pandemia de Covid-19, La Vía Campesina reivindicó la introducción del debate a nivel global de la soberanía alimentaria como cambio de paradigma productivo para cumplir con el derecho a la alimentación: mercados locales y la tierra en manos de los que producen.
El último informe del organismo de la ONU señala que la incidencia desastres naturales y biológicos, entre 2008 y 2018, triplicaron su impacto y midió las pérdidas en términos de valor nutricional: América Latina fue la región más perjudicada.
Dos organizaciones de la sociedad civil, que participan activamente en el debate parlamentario, describen las estrategias con las que la industria alimentaria demora la ley de «Promoción de la Alimentación Saludable» y advierten sobre cómo la renovación de cargos en el Ministerio de Salud podría jugar en contra de su sanción.
Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente reveló que 931 millones toneladas de alimentos, disponibles para los consumidores, se desperdiciaron en hogares y comercios.
La Vía Campesina y el Relator Especial sobre Derechos a la Alimentación denunciaron que la organización para la cumbre de septiembre continúa «coptada» por las grandes corporaciones del agronegocio y deja en un lugar marginal los derechos campesinos y propuestas alternativas como la agroecología.
El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) analizó el alcance de las políticas de asistencia y concluyó que, a pesar de los esfuerzos, «la cuantía de la inversión social es insuficiente».
Casi 6 millones de argentinos y argentinas no cumplen con sus necesidades básicas de alimentación, según el informe del «Mapa Argentino del Hambre y la Pobreza»
Una investigación de la FAUBA expone cómo la pérdida de bosque nativo para ampliar la frontera agrícola terminará eliminando la capacidad de los suelos para producir alimentos.