Por Nahuel Lag
En la costa atlántica de Río Negro, en el Golfo de San Matías, comenzó a crecer una ola: “La Ley 3308 no se toca”. La normativa, votada en 1999, prohíbe la exploración, explotación e instalación de oleoductos y gasoductos con el objetivo de proteger la biodiversidad —cinco áreas naturales protegidas provinciales y un Parque Nacional—, toda la actividad pesquera rionegrina y emblemáticas localidades balnearias para el turismo. Sin embargo, el proyecto de la petrolera estatal YPF para desarrollar el oleoducto “Vaca Muerta Sur” tiene otros planes para la región: «Presenta características naturales que lo convierten en punto de exportación de clase mundial para el crudo de la cuenca neuquina». El primer paso para avanzar en ese proyecto es modificar la ley provincial. Las organizaciones socioambientales de la provincia, nucleadas en la Multisectorial Defendamos Nuestro Golfo, preparan una gran movilización en Viedma.
El jueves 25 de agosto la Legislatura de Río Negro —con un solo voto en contra— aprobó sobre tablas la modificación de la norma. El proyecto que fue votado ingresó el lunes 22 por el bloque oficialista. El texto no menciona el proyecto de YPF, pero toma información generada por la empresa estatal como fundamentos y pone como argumento la mejora del “ejercicio de la actividad de control y fiscalización del transporte de hidrocarburos”. En diciembre pasado, Río Negro registró el mayor derrame petrolero de la última década en un ducto de la empresa Oleoductos del Valle Sociedad Anónima (Oldelval). El hecho se hizo conocido porque debajo del caño dañado se colocó una pileta pelopincho.
En el documento elaborado por YPF para presentar el proyecto “Vaca Muerta Sur” y publicado por el Municipio de Sierra Grande —donde finalizaría el oleoducto— para celebrar la aprobación en primera lectura se lee: «Temas a considerar: adecuación legislación vigente para habilitar instalaciones petroleras (Ley 3308)».
La modificación de la ley impulsada por el bloque de gobierno de Juntos Somos Río Negro habilita la construcción del oleoducto, aunque mantiene la prohibición para la exploración y explotación del mar territorial. Para confirmar la modificación la Legislatura provincial deberá realizar una sesión de segunda lectura, prevista —sin confirmación oficial— para el 9 de septiembre. La Multisectorial Defendamos Nuestro Golfo es la respuesta social a una acción coordinada entre el Gobierno de Río Negro —a cargo de Arabela Carreras— la petrolera estatal y el Municipio de Sierra Grande para avanzar en la creación del puerto de exportación petroleo más grande del país, a pesar de la legislación vigente y la voluntad popular.
La multisectorial —integrada por Asambleas del Curru Leufu, Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas, Fundación Inalafquen, Pastoral Social diócesis Viedma, el sindicato docente Unter y Comunidades Costeras Mar Libre de Petroleras, entre otras— realizó una primera asamblea el domingo 4 de septiembre y prepara una gran movilización a la Legislatura en la capital provincial para la fecha en la que se dé la segunda lectura del proyecto oficial.
“Hay una ley que protege al Golfo San Matías, a la flora, la fauna y las actividades socioproductivas que se realizan en él, pero el proyecto de YPF se desentiende de esa normativa y solicita la modificación de la Ley 3308 como si se tratara de comprar hierro para hacer el oleoducto. Los presentan con una liviandad muy abrumadora”, denuncia Fabricio Di Giacomo, integrante de la Multisectorial Defendamos Nuestro Golfo que empezó a hacer sonar el “La Ley 3308 no se toca”, como se escuchó en Mendoza con la Ley 7722 y en Chubut con la Ley 5001.
Proyecto YPF
Del oleoducto de YPF al proyecto de la Legislatura de Río Negro
La aún vigente Ley 3308 no surgió de la voluntad del poder político sino que fue impulsada por históricas movilizaciones de las ciudades costeras de Río Negro, que en 1995 se movilizaron bajo la consinga “No al oleoducto”, en rechazo de otro proyecto de YPF —entonces como Sociedad Anónima— para instalar caños desde Puesto Hernández (Neuquén), hasta 15 kilómetros al sur de la ciudad balnearia de Las Grutas, al norte del golfo, en el Municipio de San Antonio.
Las Multisectorial advierte que la modificación de la normativa no avanzaría solo sobre aquel logro sino que violaría los principios de “no regresividad” y de “progresividad” de la Ley General de Ambiente —que indican que no pueden vulnerarse derechos ambientales ya adquiridos y que toda nueva legislación debe sumar derechos— y el Acuerdo Escazú, de orden regional y avalado por la Argentina, que obliga al Estado a asegurar el acceso a la participación, información y acceso de la población. El jueves pasado, cuando se aprobó la modificación en primera lectura, se prohibió el ingreso a la Legislatura de un grupo de integrantes de la Comisión Municipalizadora de Las Grutas, que son parte de la Multisectorial.
“Cuando ocurrió la movilización para frente el oleoducto cerca de Las Grutas, los vecinos y vecinas se dieron cuenta que les iba a afectar su vida inmediatamente y de esas luchas surgió la ley. Desde entonces nos sentimos protegidos por la ley mientras veíamos cómo en otras localidades avanzaban los proyectos contaminantes. Si la Legislatura modifica una parte de la ley se abrirá un camino a la exploración y la explotación del golfo”, advierte Di Giacomo, que es parte de la “nueva guardia” que recupera la lucha que antes dieron sus padres, cuando él era un adolescente. Desde el golfo ven en espejo la lucha que da la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata.
El nuevo proyecto de YPF para transformar el Golfo de San Matías en un puerto de exportación de petróleo consta de un oleoducto de 700 kilómetros que conectaría el yacimiento Loma Campana, en Vaca Muerta, con Punta Colorada, al sur del Golfo de San Matías, en el Municipio de Sierra Grande, el mismo donde se prevé la instalación del megaproyecto de Hidrógeno Verde.
A pocos kilómetros de donde, en junio, el Congreso votó la creación del Parque Nacional Islote Lobos, YPF prevé en marzo de 2023 estar realizando los movimientos de tierras para crear un puerto en tierra de 250 hectáreas con un sistema de acopio de 20 tanques –con capacidad para siete millones de barriles– superando la capacidad que la empresa Ebytem Oiltanking tiene actualmente en Puerto Rosales (Bahía Blanca). Además, el proyecto contempla la instalación de dos monoboyas –sobre las aguas del golfo– para carga de buques.
Puerto Rosales, en tierras bonaerenses, concentra casi la totalidad de la salida del crudo neuquino; por lo que el objetivo del Gobierno de Río Negro, como se revela en los fundamentos del proyecto, no es el de mejorar los controles —a través del cobro de tasas– si no “que la Provincia de Rio Negro se encamine como alternativa viable para concretar la exportación de hidrocarburos a través de ductos y terminales marítimas por puertos propios”.
La gobernadora Arabela Carrera ya lo había anticipado en diciembre pasado durante un encuentro en Neuquén por el Día del Petrolero: «Nosotros en Río Negro vamos a insistir, proponer y trabajar para que a través de nuestra tierra se exporte el gas de Vaca Muerta por el puerto de San Antonio Este». Y agregó una figura llamativa frente a la biodiversidad que se pone en peligro: “Queremos que nuestro puerto pueda exportar gas de Vaca Muerta porque la (exportación) de fruta es insuficiente para mantenerlo vivo”.
Según los documentos de YPF, el nuevo ducto correrá en paralelo al ya existente de la empresa Oleoductos del Valle Sociedad Anónima (Oldelval) que va hacia Puerto Rosales. El mismo que en diciembre pasado derramó 1500 metros cúbicos de crudo sobre 20.000 metros cuadrados de superficie a 23 kilómetros de la localidad rionegrina de Catriel y a solo cinco kilómetros del Río Colorado.
“La Ley 3308 no se toca” o las normas a la orden del modelo extractivo
“Proyectos como éste pueden coexistir sin problemas con actividades como la pesca y el turismo. Lugares como Dubai o Abu Dhabi (Emiratos Árabes) tienen las playas más cotizadas y están linderas a las áreas de salida del 70 por ciento del petróleo del mundo. Vos te estás bañando y ves cómo salen los buques tanque”, celebró el intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini, en una entrevista al diario de Río Negro.
En esa nota, Tamburrini marcó el orden de prioridades: “Primero deben quedar en firme los cambios en la ley, porque esa normativa no habla de este proyecto puntual, sino que generaría el escenario propicio para este tipo de inversiones. Y luego, de aprobarse en segunda vuelta, se conocerán todos los pormenores, incluyendo los estudios de impacto.”
Los dichos del jefe comunal coinciden con la documentación del proyecto “Vaca Muerta Sur” que la Intendencia hizo públicos en su cuenta de Facebook para celebrar la modificación en primera lectura. En el proyecto de YPF se lee como “temas a considerar” la modificación de la Ley 3308, pero también pone en dimensión el “crecimiento económico” para la localidad. Una vez terminado el oleoducto y el puerto: 100 puestos de trabajo. El proyecto de YPF permite observar otras particularidades alarmantes como fechas de aprobación de estudios de impacto ambiental para los ductos que partirán desde Vaca Muerta.
“El Gobierno de Juntos Somos Río Negro (JSRN) no está capacitado para controlar las cloacas de las ciudades menos los oleoductos. La modificación se debe informar a la población que debería contar con licencia social e informar a las organizaciones”, se diferenció Pablo Barreno, en diálogo con la radio local Encuentro, diputado del Frente de Todos que votó en contra de la modificación, el único en medio de una votación que unió al oficialismo provincial, al Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
“La gobernadora, el intendente y legisladores hablan como si no hubiera impactos, pero no encontramos ejemplo de oleoductos en los que no haya habido contaminación. Hablar de que no habrá impacto ambiental y de que es compatible la actividad petrolera con la pesca, el turismo y el desarrollo sustentable es estar engañando. Saben que va a tener un impacto negativo, pero eligen que lo importante es exportar petróleo y que ingresen dólares. ¿A dónde van a ir esos dólares? ¿Qué empresas se van a beneficiar?”, propone abrir el debate el integrante de la Multisectorial Defendamos Nuestro Golfo.