OPINIÓN

Por Juan Wahren*

Como parte de la denominada “batalla cultural”, el gobierno de Javier Milei declaró a su primer año de gestión (2024) como el "Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad" (Decreto N° 55/2024). Esta disposición fue una marca simbólica del gobierno acerca del devenir de sus políticas ultra neoliberales.

En este registro se enmarcan sus principales políticas de ajuste del presupuesto público, del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el despido masivo de trabajadores estatales, la destrucción de una vasta constelación de políticas públicas de apoyo a sectores vulnerables (como el recorte de planes de asistencia social), asfixia a los apoyos a las personas discapacitadas, aniquilamiento de las políticas de género, licuación de las jubilaciones, desmantelamiento de las políticas en torno a la agricultura familiar, campesina e indígena, estrangulamiento al sistema de Ciencia y Técnica y las Universidades Públicas, entre cientos de reformas realizadas en poco más de dos años de gestión.

También el intento de derogación de la Ley 26.737, denominada Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (conocida como "Ley de Tierras"), establecida por el artículo 154 del DNU 70/2023 dictado por Milei ilustra esta orientación que, en este caso además, favorece la extranjerización de la propiedad de la tierra (probado de forma clara en el informe realizado por el Observatorio de Tierras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires).

La presentación del Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es un paso más en esta lógica de una revolución ultraconservadora que intenta llevar a cabo con relativo éxito el gobierno libertariano. Las implicancias de este proyecto son al mismo tiempo simbólicas y materiales.

Simbólicas pues revitaliza en el centro la idea de la propiedad privada como un valor inalienable de la sociedad Argentina (cuestión que ya está más que consagrada en la propia Constitución Nacional), mientras relega y niega otras formas de entender la propiedad: colectiva, comunitaria, pública, estatal, cooperativa fiscal; que son tan válidas como la de la propiedad privada.

Materiales porque implica el fortalecimiento de los procesos de concentración de la tierra urbana y rural y el despojo de las tierras comunitarias, ancestrales, cooperativas, fiscales; muchas de ellas con figuras reconocidas en la Constitución Nacional y/o en el código civil, otras de las cuales no tienen reconocimiento jurídico, pero si legitimidad social.

Estas son las razones del Gobierno para impulsar una ley semejante que pareciera responder a una amenaza inminente sobre la propiedad privada de la tierra en nuestro país.

Ahora, cuando analizamos la estructura agraria actual de la Argentina y vemos las formas de tenencia de la tierra, los datos arrojan un resultado totalmente contrario. Según los datos del último Censo Nacional Agropecuario realizado en 2018 (Censo Nacional Agropecuario 2018), el 96 por ciento del dominio de la tierra en Argentina es de propiedad privada, el tres por ciento es estatal (fiscal y repartida entre las distintas jurisdicciones, nacional, provinciales y municipales) y solo el uno por ciento se encuentra en un estado indeterminado (que podría computarse para tierras ocupadas, tierras comunitarias indígenas u otro tipo de tenencia ni estatal ni privada).

Estos datos son correlativos con los del régimen de tenencia de la tierra, que se reparte entre un 69 por ciento de la superficie que corresponde a propiedad privada directa, seguida por la modalidad de arrendamiento con el 19 por ciento, sucesión indivisa el tres por ciento, ocupación con permiso tres por ciento y un cinco por ciento asignada a otros regímenes de tenencia (aparcería, comodato, concesión, contrato accidental, usufructo). Los números son elocuentes: la ocupación de hecho implica tan sólo el uno por ciento de la tenencia de la tierra rural en la Argentina.

El tres por ciento de la tierra en manos comunitarias, cooperativas u ocupadas sigue siendo un número muy marginal, que da cuenta de todo lo contrario a una amenaza real a la propiedad privada de la tierra. Las cifras del censo agropecuario confirman la acuciante desigualdad de la distribución de la tierra en Argentina; y la necesidad de establecer regímenes de acceso a la tierra y al territorio más democráticos, que incorporen a los sujetos más vulnerables de los mundos rurales: campesinos, pueblos indígenas, agricultores familiares, pequeños productores y colonos.

Es así que, frente a este nuevo avance por sobre los territorios, diversos movimientos campesinos, pueblos indígenas, organizaciones populares urbanas, sindicatos y organizaciones de derechos humanos se encuentran en estado de alerta, denunciando estas consecuencias materiales y simbólicas que pretende llevar a cabo el Gobierno.

En estos tiempos de oquedad, en esta etapa histórica, donde hay más interrogantes que certezas donde no terminamos de saber a ciencia cierta cuáles son las acciones de protesta que funcionan y cuales no, resulta necesario la articulación en la diversidad de actores, voces y posiciones políticas que confluyan, respetando las diferencias, en un espacio común que pueda no sólo frenar este intento de contrarreforma agraria y urbana, sino también de retomar planteos propositivos, que radicalicen las demandas en pos de una solución concreta y real de acceso a la tierra, a la vivienda y al territorio para los sectores populares urbanos y rurales.

Es tiempo entonces de retomar el debate por la reforma agraria en la Argentina, quizás el único país de toda América Latina que nunca tuvo un proceso de este tipo de reparto de tierra masivo. Es tiempo de recuperar el Grito de Alcorta de 1912 (que dio nacimiento a la actual Federación Agraria Argentina), es tiempo de retomar la lucha de las Ligas Agrarias que en los años setenta del siglo XX amplificaron la lucha por la tierra para quienes la trabajan (y por eso fueron perseguidos, torturados, encarcelados, exiliados y desaparecidos durante la última dictadura militar). Es tiempo de refrescar las luchas campesinas e indígenas por la tierra y territorio, aquellas que pusieron sus cuerpos frente a las topadoras del agronegocio durante los años '90 del siglo pasado y comienzos del siglo XXI. Es tiempo, en suma, de que las luchas socioambientales, la agroecología, la autonomía, soberanía alimentaria y la reforma agraria vuelvan a entretejerse en una trama colectiva de luchas y alternativas ancladas en los territorios urbanos, rurales y rururbanos.

*Sociólogo Rural, Investigador y Profesor. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); Grupo de Estudios Rurales - Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales de América Latina (GER-Gemsal), Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG), Facultad de Ciencias Sociales (FSOC), Universidad de Buenos Aires (UBA).

**Edición: Darío Aranda.