Por Nahuel Lag

"¿Comprarías comestibles y bebidas sin verlos? Lo estás haciendo." La sentencia la lanzó en las redes sociales la Organización Panamericana de la Salud (OPS) horas antes de que el Senado debatiera la Ley de Etiquetado. Lo que se discutió y aprobó en la Cámara alta por una amplia mayoría, con la excepción de tres senadoras que fueron la voz del lobby industrial, es algo tan sencillo como un sistema de sellos --se optó por el que mejor resultados obtuvo en la región: un octágono negro-- que advertirá a los consumidores de comestibles procesados y ultraprocesados sobre "Exceso en azúcares", "Exceso en sodio", "Exceso en grasas saturadas", "Exceso en grasas totales", "Exceso en calorías" en el envase de los productos. 

La media sanción que resta en Diputados, aún sin fecha de debate, pondrá a prueba la independencia de los poderes estatales del lobby empresarial para avanzar en los derechos a la salud y la información; además de plantear otro debate de fondo: el acceso a una alimentación soberana, segura y saludable. Es que además de poner nuevos parámetros para la información nutricional, la norma cuenta con artículos que buscan fomentar la educación alimentaria en las escuelas, modificar la oferta en las instituciones educativas y promocionar el consumo de alimentos no procesados, naturales y saludables, provenientes de las economías regionales y de la agricultura familiar. 

"Todo lo que llamamos ‘alimento’ debe ser para nutrir o hacer crecer. Propiedad de la que distan todos los ultraprocesados. ¿Por qué no alimentan? Todos presentan un desequilibrio nutricional en su composición, ofreciendo principalmente los mismos cuatro ingredientes refinados y un listado de aditivos interminable, muchos de ellos sin función tecnológica o nutricional que justifique su presencia en el diseño. Enferman cuerpos desde la niñez”, denuncia Ignacio Porras, nutricionista e integrante de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales (Sanar), que participó activamente del debate parlamentario. 

Ese desbalance nutricional generado por el consumo crónico de los procesados y ultraprocesados es lo que se puso en cuestionamiento con el debate y la media sanción de la Ley de Etiquetado. Conocido como etiquetado frontal, por la disposición que llevará en los envases, la norma ya avanzó en varios países de la región --Chile, Uruguay, Perú, Colombia y México-- como parte de una política pública sanitaria impulsada desde principios de los años 2000 por la OPS, la FAO y también Unicef, ya que apunta a combatir la epidemia de las Enfermedades No Transmisibles (ENT) --diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares-- y la obesidad.    

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el continente americano 8 de cada 10 personas mueren por alguna ENT, que se transformó en epidemia debido a los cambios de hábitos alimentarios y el modo de vida, con cuatro factores determinantes: consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno, la alimentación inadecuada, la inactividad física y el uso nocivo de alcohol. El análisis no es nuevo, la OMS y la FAO lo advierten desde principio de siglo, en 2003, publicó un documento con seis recomendaciones para atacar la epidemia. Entre ellas: "Ayudar a la gente a tomar decisiones informadas" y "aplicar lo mejor posible las normas y legislación". 

En el Senado se acumulaban 15 proyectos de ley, que cruzaban todos los sellos políticos; en Diputados se acumulan otros 31. Pero el debate llegó al Congreso recién el 14 de octubre pasado con un proyecto unificado a partir del impulso del gobierno nacional para cumplir con una política pública largamente desatendida. La Argentina firmó, en 2014, el Plan de Acción Quinquenal para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia de la OPS, que tenía el etiquetado frontal como medida. En 2019, el ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein volvió a comprometerse ante la OPS en cumplirlo, pero se fue sin hacerlo.   

"Consideramos que este proyecto unificado es urgente e imperioso hacerlo porque 140 mil personas mueren al año en la Argentina por mala alimentación o muertes relacionadas con la obesidad, que muchas veces tienen que ver con el consumo en exceso de azúcar, grasa y sal", apuntó Sebastián Laspiur, representante de la OPS, durante la presentación del proyecto unificado.

Etiquetado, una cuestión de peso y malnutrición

Según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, publicada en 2019, el 61,6 por ciento de los argentinos adultos tienen exceso de peso, en una proporción de 36,2 por ciento de personas con sobrepeso y 25,4 por ciento con obesidad. La obesidad alcanza a un cuarto de la población y creció desde 2005 casi 11 puntos porcentuales. En 2018, la ex Relatora sobre Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas, Hilal Elver, señaló que la Argentina es el país de la región que consume la mayor cantidad de productos ultra-procesados per cápita por año: 194,1 kilos y pelea palmo a palmo el consumo de gaseosas con México. 

"Lo que prevalece es la desnutrición oculta, o sea, una elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad que está superando el 40 por ciento a nivel nacional en niños y niñas. Se trata de la carencia de nutrientes ocultos en ese sobrepeso. Venimos de una cultura alimentaria en la que el foco estuvo puesto en la desnutrición y el bajo peso, pero cuando el niño o la niña están rellenitos se lo asocia a buena salud", resalta, en diálogo con Agencia Tierra Viva, Marianela Rojos, nutricionista con especialización en salud comunitaria e integrante del grupo cordobés Nutricias. 

"Lo perverso de los productos ultraprocesados es que llenan, pero no nutren. Se trata de una vulneración del derecho a la alimentación, que se refleja en otros desequilibrios: 1 de cada 3 niños tiene anemia y aparecen otras problemáticas: deficiencia en nivel de atención, déficit de vitaminas y minerales, disminución de la visión, baja talla”, explica Rojos, que trabaja en un proyecto de educación alimentaria en el Barrio Ciudad de Mis Sueños, en Córdoba capital. 

Caramelos, golosinas, chicitos, papitas, tutucas, gaseosas, aguas saborizadas y jugos son solo parte de la oferta escasa de nutrientes sobre las que el etiquetado busca abrir un debate y advertir a quienes lo consumen. "Yo pensé que no dándole Coca-Cola y dándole jugo le hacía bien", recuerda Marianela el comentario de una madre del barrio. "El packaging tiene frutas y ellas creen que le están dando algo nutritivo", lamenta e insiste en la “herramienta necesaria” del etiquetado para trabajar desde la educación y atacar la desinformación.  

Cuando al lobby se le cae la etiqueta 

La dilación en el tratamiento de la Ley de Etiquetado en la Argentina permitió tomar la experiencia de la aplicación de la norma en otros países de la región y mejorar el proyecto, pero no evitó el lobby empresarial para frenar su aprobación o modificar puntos centrales como el perfil de nutrientes, que define en qué cantidades los nutrientes críticos --azúcar, sodio, grasas-- deben estar presentes en la fórmula para llevar o no el sello de "exceso". El proyecto local adoptó, a pesar del lobby de empresas como Coca-Cola, el recomendado por la OPS. 

El informe “La intervención de la industria es nociva para la salud”, producido por Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, de Colombia, y por la organización El Poder del Consumidor, de México, analizó las estrategias que se dieron multinacionales como Coca-Cola, Pepsico, Danone y Nestlé para dilatar el tratamiento legislativo o la aplicación de la norma, una vez aprobada, en Chile, Perú, Uruguay y México. 

En el momento del tratamiento legislativo, el estudio encontró que se utilizaron argumentos comunes en toda la región como deslegitimación de la Ley de Etiquetado por terror económico --caída de las exportaciones, cierre de industrias-- comentarios negativos sobre el etiquetado frontal --nucleados en una supuesta “demonización” de los productos-- o argumentos que apuntaban a la violación de reglas comerciales de la Organización Mundial de Comercio o, en particular, del Mercosur. 

El informe señala que la encargada de aglutinar esos argumentos es la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (Alaiab), que en la Argentina la integran la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA) y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal). Ambas organizaciones acompañaron el tratamiento de las normas en la región advirtiendo sobre la supuesta "demonización" de la industria de los ultraprocesados con notas y documentos de debate. 

El día de la presentación del proyecto unificado en el Senado, el titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, dijo "compartir los fines y propósitos con el Poder Ejecutivo" pero mostró el libreto coordinado a nivel regional: "Copiar modelos que demonizan alimentos y no facilitan ni el acceso ni el conocimiento sobre sus cualidades".

"La ley de etiquetado no busca demonizar nada sino dar información: el comestible no se saca de circulación, solo se advierte y la industria tiene posibilidad de modificarlos", responde Porras en diálogo con Agencia Tierra Viva. 

El proyecto con media sanción del Senado no copia sino que mejora la aplicación de la norma en la región. El primer país donde se llevó adelante fue en Chile, donde se optó por un perfil que evaluaba la cantidad de nutrientes críticos por unidades de gramos o centímetros cúbicos sin importar el tipo de alimento, lo que benefició a las gaseosas azucaradas. 

En México se perfeccionó al incorporar leyendas de advertencias "no recomendable para niños y niñas" en el caso de que los productos contuvieran cafeína o edulcorantes (se frenó así la estrategias de las bebidas azucaradas, que había apelado a la palabra "edulcorante" para saltear los sellos por "exceso de azúcares"). Ese aprendizaje también fue incorporado por la Argentina. Por eso, horas antes del debate en el Senado, se instaló un fuerte lobby de Coca-Cola para modificar el perfil de nutrientes de la OPS e impulsar uno propio al momento de la reglamentación de la ley. Una rápida reacción de las organizaciones y figuras públicas que defienden la ley lo frenó.     

La otra parte del libreto de las empresas a nivel regional, el del terror económico y la violación a acuerdos comerciales, estuvo a cargo de las senadoras tucumanas Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio) y Beatriz Mirkin (Frente de Todos) y la riojana Clara Vega (Interbloque Parlamentario Federal). 

Las tucumanas aseguraron que la ley significará el cierre de los ingenios tucumanos y condenará a la pobreza a sus comprovincianos, argumentaron que el "azúcar  es un producto natural y como tal es bueno para la salud" y criticaron los parámetros fijados por la OPS, aunque significara un perjuicio para la salud. "¿Cómo nos vamos a dar el lujo de hablar de exceso de grasa o calorías en el día a día que sufre el argentino para llevar adelante la alimentación de su familia?", argumentó la senadora riojana.  

Durante el debate, sus pares les recordaron que la norma contempla un tiempo de adaptación --a pesar de que empresas como Arcor o Coca-Cola ya comercializan en países de la región donde debieron modificar sus productos--, y que la industria del azúcar recibe beneficios por otras normas como la del bioetanol. Además, los especialistas en nutrición recordaron que la industria del azúcar se vio afectada por el uso de edulcorantes y subproductos industriales como el jarabe de maíz, a los cuales la norma trata por igual al obligar a informar todos los azúcares de un producto, que hasta ahora pasaban ocultos.

El referente de la organización Sanar apuntó, por un lado, contra el argumento respecto de la pérdida de empleos al indicar que a la industria "le resulta más económico poner aditivos y aromatizantes, que simulan la presencia de un alimento, en lugar de contratar personal para acopiar, pelar, descarozar y cocinar una fruta”. En tanto, advirtió que los legisladores que llevan la voz de la industria olvidan que "nadie quiere perjudicar la economía de una industria, pero su resistencia se debe a que deben invertir en modificar sus productos, mientras que el etiquetado significa invertir en salud, en prevención y promoción. La industria no se hace cargo de los costos que le genera al sistema de salud".

"Pudimos entender que la presión de lobby fue muy arriba. Es importante que los poderes se mantengan independientes y que el Legislativo legisle para la gente y no para las marcas", señaló Porras sobre el intento de las bebidas azucaradas y adelantó que "hay un fuerte lobby, que no frena, y ya están buscando diputados y referentes de distintas fundaciones y asociaciones de alimentación esponsoreadas" para el debate en la Cámara baja. Al otro lado del lobby continuarán participando del debate la  Federación Argentina de Graduados En Nutrición, la Fundación InterAmericana del Corazón, la Cátedra de Soberanía Alimentaria y el Museo del Hambre, entre otras organizaciones.

Fuera del debate parlamentario, pero con una postura clara a favor del etiquetado frontal se posicionó también la Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina (Acelga), que reúne a cocineros de perfil mediático como Narda Lepes o el masterchef Donato De Santis. "Hay momentos en que la opinión pública pueden lograr cambios profundos y positivos, hoy es uno de esos momentos. Que salga la ley de etiquetado de alimentos! Con octágonos claros y simples. #EtiquetadoYa", posteó Lepes. 

No todo lo que brilla es nutritivo 

"Quien quiso cambiar la ley a último momento es la empresa que vende el producto más consumido en la Argentina y el que más desbalancea la dieta. Si logran frenar el sello, puede venderse en escuelas, puede promocionarse en publicidades, puede ofrecer promociones, puede darse en planes de asistencia alimentaria", advirtió Porras los motivos del lobby empresarial para torcer el rumbo de la norma.  "En lo que más invierte la industria es en publicidad para avanzar con este combo que tiene nuestros paladares anestesiados", completa la integrante de Nutricias. 

Durante el debate en comisiones se conocieron informes respecto de cómo la industria de ultraprocesados apunta sus cañones sobre niños, niñas y adolescentes. 4800 publicidades destinadas a elles solo en 2018. "Ofrecen comida para chicos como si fueran de otra especie, deberían poder comer lo mismo que nosotros, son segmentaciones que hace la industria porque le sirve a la industria", insistió Porras. 

El artículo 10 de la norma surgida del acuerdo en el Senado viene a modificar esa lógica publicitaria. Los productos comestibles que contengan al menos un sello de advertencia tendrán prohibida toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de sus productos para niños, niñas y adolescentes.  

La limitación también se hace extensiva a los productos que cuenten con uno o más sellos, o contengan la advertencia sobre edulcorantes, y sean dirigidos al público general: no podrán resaltar declaraciones nutricionales complementarias que destaquen cualidades positivas “a fin de no promover la confusión respecto de los aportes nutricionales” como los típicos “fuente de vitamina x”, que aparecen hasta en gomitas azucaradas. Tampoco podrán promocionar su producto con figuras públicas, deportivas o dibujos animados; prometer regalos como parte de su estrategia de venta o entregarse de forma gratuita. 

"En la vorágine cotidiana, la mayoría de las personas busca las vitaminas en las farmacias o en los productos ultraprocesados, sin detenerse a pensar críticamente qué pasa con lo que comemos, que lejos de alimentarnos nos está desnutriendo", lamentó la nutricionista cordobesa. Esa lógica tiene que ver con una forma de consumo que desde la escuela nos hace más fácil acceder a un alfajor triple que una fruta o una bebida azucarada enlatada que a una botella de agua. "En ese contexto crecemos y nos desarrollamos, y se refleja en los índices de sobrepeso y obesidad, que son las patologías crónicas que miden las políticas públicas sanitarias. No tenemos estadísticas sobre hígado graso, que está asociado al consumo de jarabe de maíz, si no también podríamos problematizarlo", apunta Porras.  

En ese sentido, la norma insta al Consejo Federal de Educación a "promover la inclusión de actividades didácticas y de políticas que establezcan los contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional" en todos los niveles educativos y normativiza los "entornos escolares", donde no podrán ser vendidos ni publicitados los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan al menos un sello de advertencia. 

"Lleva tiempo deconstruir una historia social de la comida, pero necesitamos de políticas públicas que acompañen desde ese lugar, facilitando el acceso y promoviendo la producción de alimentos frescos y saludables", asegura la integrante de Nutricias, que lleva adelante el programa "Cultivando sueños" en comedores y escuelas de barrios populares. 

Otra alimentación es posible 

La norma tiene otros dos puntos que impulsan un cambio para una alimentación más sana, segura y soberana. Por un lado, insta a la autoridad de aplicación a fomentar el consumo de alimentos no procesados, naturales y saludables, producidos por nuestras economías regionales y agriculturas familiares"; mientras que en otro artículo convoca al Estado nacimiento a priorizar los productos sin sellos de advertencia en las compras públicas.  

En tanto, en el artículo 22, encomienda al Poder Ejecutivo la reformulación del texto del Código Alimentario Argentino" a efectos de adecuar sus disposiciones a la presente Ley en cuanto corresponda". Sobre estos puntos, el referente de Sanar insistió en la importancia de que la norma continúe su avance por el carril legislativo, contra los argumentos repetidos por las senadoras tucumanas, que sostenían que el espacio natural de debate era la Comisión Nacional de Alimentos, donde la industria tiene mayor poder y opacidad. 

"El Código Alimentario actual termina beneficiando a la industria. La norma asegura que los productos finales sean bromatológicamente aptos, que no provoquen ni vómitos, ni dierreas ni enfermedades agudas, pero no tiene una perspectiva de prevención respecto de las enfermedades que puedan provocar el consumo periódico de esos comestibles. Está pensando en función de que sea rentable para la industria y no conveniente a la salud del consumidor", analiza Porras. 

La integrante de Nutricias, organización que trabaja en coordinación con la Feria Agroecológica de Córdoba capital, asegura que es necesario reformular muchos aspectos del Código Alimentario, en particular, aquellos que hablan de la “calidad” de los alimentos. "El Código habla de ‘calidad’ e ‘inocuidad’, pero en ningún momento se habla de transgénicos o agrotóxicos. Contemplar la presencia de agrotóxicos en la materia prima de los productos haría caer la idea de ‘calidad’, ya que se vería disminuido el valor nutricional, además de las disfunciones que pueden generar en la salud como hipotiroidismo o mayor probabilidad de desatar procesos cancerígenos", advierte y sostiene: "Tenemos que contar con esa información para poder decidir más libremente". 

El debate del etiquetado frontal deja abierto un nuevo debate, que no cuenta actualmente con ningún proyecto de ley en el Congreso argentino: etiquetado de transgénicos y agrotóxicos. Ese debate, al mismo tiempo, elimina uno de los argumentos del lobby empresarial respecto de la “armonización” de las leyes con el Mercosur, sobre todo, con Brasil. En el país vecino, el debate sobre el etiquetado frontal se licuó con un etiquetado de “lupa”, menos efectivo que el octágono que se aplicaría en la Argentina, y con perfiles nutricionales más flexibles que los recomendados por la OPS. Pero los productos brasileños cuentan, desde 2003, con un etiquetado que identifica los productos que contienen organismos genéticamente modificados.