Por Red Calisas*

La Red Calisas suma esfuerzos desde 2002, coordinados y solidarios a fin de evaluar la evolución de la Soberanía Alimentaria en Argentina. Desde entonces, la Red presentó las ediciones anuales del Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina (Iassaa) que abordaron aspectos teóricos-metodológicos en torno al tema, dando cuenta tanto de los retrocesos en materia de soberanía, como de sus consecuencias ambientales, concentración económica en el sistema agroalimentario y crecimiento de la “malnutrición”. También lograron reflejar la diversidad y heterogeneidad de resistencias y propuestas alternativas que emergen desde los territorios y sus comunidades organizadas, destacando ese ejercicio de la soberanía popular.

Ya en esos primeros informes existía la inquietud de generar indicadores sintéticos de dimensiones y variables que permitieran reflejar rápida, eficaz y sucintamente “el estado de la Soberanía Alimentaria”, pero, a partir de 2024, se hace evidente que la utilización de indicadores constituye una herramienta adecuada a las necesidades manifestadas por los actores sociales y políticos, complementando a la vez otros análisis de mayor profundidad. Con ese propósito, los Indicadores de Soberanía Alimentaria tienen como finalidad aportar herramientas de diagnóstico y posibilitar la toma de decisiones sobre la problemática alimentaria, contemplando el derecho de los pueblos a decidir sobre su sistema alimentario.

¿Qué cambios se produjeron en la situación de la Soberanía Alimentaria desde la publicación del Iassaa 2024? En esa oportunidad habíamos concluido que:

• “Los Indicadores de Soberanía Alimentaria constituyen una herramienta útil para describir el estado actual de la Soberanía Alimentaria y su evolución”.
• “El país se encuentra en crisis. Si bien cuenta con una alta capacidad de producción, la concentración de la tierra, el predominio del monocultivo y la dependencia del comercio internacional afectan la autonomía en la provisión de alimentos”.
• “El retroceso en políticas públicas orientadas a la agricultura familiar y al acceso equitativo a los recursos naturales profundiza las desigualdades dentro del sector agropecuario y compromete el acceso a los alimentos por parte de la población”.
• “Para avanzar hacia la Soberanía Alimentaria es fundamental una mayor diversificación productiva, el acceso equitativo a la tierra y los recursos naturales, y el fortalecimiento de políticas públicas que fomenten la producción agroecológica y el consumo de productos locales”.

En el 2025 observamos que no sólo se repiten las mismas conclusiones, sino que se agravan a niveles alarmantes por la profundización de todas las políticas alimentarias en detrimento de la Soberanía Alimentaria y de los Derechos Humanos que convergen en ella: a una alimentación adecuada, a la salud, al agua y saneamiento, al trabajo y a condiciones laborales dignas, a la tierra y a los bienes naturales.

Derechos a los que Argentina ha adherido en tratados internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Undrip, por su sigla en inglés) y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (Undrop, por su sigla en inglés) y el Acuerdo de Escazú (que protege los derechos de acceso a información, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales). Todos ellos han sido afectados por las políticas del actual gobierno, donde no se observa una sola medida a favor de los Derechos Humanos y la Soberanía Alimentaria.

Por ello, el objetivo general del informe se centró en evaluar avances y retrocesos de la Soberanía Alimentaria en Argentina, siendo su objetivo específico aportar a la construcción un sistema de indicadores cuali-cuantitativos de escala nacional para analizar integralmente las diferentes dimensiones de la Soberanía Alimentaria, facilitando el análisis de su evolución a través del tiempo.

Dos años de Milei contra la soberanía alimentaria

Crece una ilegítima deuda externa, en tanto se generaliza una deuda interna que afecta sobre todo a los sectores medios y los más vulnerados de la sociedad; la inflación que se mantiene con valores preocupantes afecta sobre todo a los alimentos y servicios; creciente endeudamiento externo y fuga de capitales; caída de los ingresos de trabajadores formales e informales, de los jubilados y pensionados; ajuste y desregulaciones sistemáticas en todos los sectores y actividades a nivel nacional y con el mercado externo constituyen datos relevantes de la gestión de dos años de gobierno.

La toma de posición en los organismos internacionales, su distanciamiento de los BRICS y su incondicional adhesión a las políticas del gobierno de los Estados Unidos suman un elemento fundamental al diagnóstico. El reciente acuerdo comercial bilateral con ese país, las iniciativas definidas y previsibles en el marco del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y su impacto en el ambiente y la vida en las provincias no pueden estar ausentes del mismo.

La demolición del Estado también ha sido una clave saliente. Despidos y cesantías, cierre, vaciamiento o parálisis de organismos y programas y privatizaciones se llevaron adelante, Ley de Bases mediante, inspirados en el “desprecio infinito” por el Estado, tal como se manifiesta en las decisiones y declaraciones del presidente Milei y colaboradores cercanos, con el manifiesto apoyo de medios de comunicación, amplios sectores del Estado, corporaciones económicas y grupos de poder.

Además de los evidentes y generalizados casos de corrupción, no puede estar ausente en el análisis la caracterización del presidente Milei y su modo de gestionar el poder. Los permanentes insultos y adjetivaciones peyorativas, los vetos e incumplimientos de decisiones parlamentarias constituyen situaciones de violencia y autocracia atentatorios con una democracia representativa, participativa y federal que garantice los derechos de todxs lxs habitantes de Argentina, y la Soberanía Alimentaria entre ellos.

Las dimensiones de la soberanía alimentaria en 2025

El Iassa 2025 se enfoca metodológicamente en Indicadores de Soberanía Alimentaria. Estos Indicadores son herramientas que permiten medir, de manera situada y multidimensional, cuánto avanza (o retrocede) un territorio en su capacidad de
decidir, producir, distribuir y consumir alimentos de forma justa, saludable y autónoma, a través de un conjunto de Dimensiones de Análisis que muestran el estado real de un sistema alimentario.

Estos indicadores son importantes porque visibilizan desigualdades que suelen quedar ocultas detrás del concepto de “seguridad alimentaria” entendido sólo como disponibilidad de calorías, permiten planificar políticas públicas basadas
en datos territoriales y fortalecen la organización comunitaria, porque ayudan a identificar prioridades y logros.

Acceso a bienes y recursos y satisfacción de necesidades básicas

La Soberanía Alimentaria en Argentina enfrenta problemáticas estructurales serias. El coeficiente de Gini (índice que cuantifica la desigualdad en la distribución del ingreso o la riqueza dentro de una población) revela una alta concentración de la tierra (0,58), donde los pequeños productores —aunque representan el 63,7 por ciento de las explotaciones agropecuarias— sólo acceden al 13,4 por ciento de la superficie, mostrando una desigualdad histórica persistente y creciente. La precariedad se profundiza porque los pequeños productores constituyen el 87 por ciento de quienes trabajan en tierras sin límites definidos, lo que incrementa desalojos y conflictos: 184 casos registrados entre 2020 y 2022.

El acceso a otros recursos productivos también es limitado: solo el 5,7 por ciento de la superficie cultivada cuenta con equipamiento para riego, y el 69,8 por ciento de las semillas provienen del mercado, reforzando la dependencia tecnológica. En este contexto, la vulnerabilidad social agrava la situación: el 24,1 por ciento de los hogares y el 31,6 por ciento de las personas son pobres, mientras que el 5,6 por ciento de los hogares y el 6,9 por ciento de las personas son indigentes: no cubren la canasta básica alimentaria y en consecuencia padecen de inseguridad alimentaria. Estos indicadores confirman las limitaciones para las producciones locales y el arraigo rural y vulneran los derechos a la tierra, a la alimentación y a la Soberanía Alimentaria.

Modelos de producción

El modelo productivo argentino actual refleja una importante paradoja estructural: nuestro país tiene una gran capacidad de generación de biomasa, con una producción agrícola total 135,7 millones de toneladas, generando 4.082 kilos de alimentos por habitante por año, pero no logra la Soberanía Alimentaria ya que la producción se concentra en sólo cinco commodities que cubren el 87,6 por ciento del suelo, bajo una lógica extractiva dependiente de agroquímicos y orientada a la exportación, con un aumento de uso de pesticidas por área de cultivo del 227,9 por ciento en los últimos años, lo que representa un aumento del 151,3 por ciento per cápita. Incluso la producción orgánica, aunque viene en aumento, alcanza las 131.000 toneladas obtenidas en 86.031 hectáreas, pero mantiene una lógica exportadora, destinando sólo el 2,9 por ciento de lo producido al mercado interno. Estas dinámicas profundizan el deterioro ambiental y agravan la crisis demográfica rural, marcada por el despoblamiento y la falta de relevo generacional donde sólo el 6,96 por ciento vive en el campo, y el 11 por ciento tiene menos de 40 años. 

Transformación y Comercialización

Esta dimensión expone una dicotomía crítica: el sistema actual prioriza la exportación de commodities con bajo valor agregado, ya que sólo el 36,30 por ciento de la producción primaria de alimentos se industrializa. Además, el mercado interno está concentrado: hay 17 empresas de supermercados minoristas con 2.565 bocas en todo el país, pero solo dos empresas extranjeras concentran más del 50 por ciento de las mismas, generando dependencia externa y precios injustos que asfixian tanto a la agricultura familiar como a los consumidores, ya que éstos pagan en promedio 3,8 veces más por los alimentos de lo que reciben los productores.

Esta estructura vulnera el derecho a la alimentación y debilita las economías locales. A pesar de ello, la infraestructura social del asociativismo y la agroecología buscan emerger como una resistencia potente y viable: existen 46 nodos agroecológicos y 45 municipios adheridos a la Red Nacional de Municipios y comunidades que fomentan la Agroecología (RENAMA) a lo largo y ancho del país. Para lograr la Soberanía Alimentaria, es imprescindible contar con políticas que regulen las brechas de precios y apoyen la expansión de los circuitos cooperativos, para que dejen de ser sólo nichos aislados y se conviertan en la columna vertebral de un nuevo sistema alimentario soberano.

Consumo de alimentos y Derecho a la alimentación adecuada

Argentina atraviesa una crisis alimentaria profunda: más de la mitad de las niñas y niños de 6 a 23 meses consumió bebidas azucaradas (55,6 por ciento) y alimentos no saludables (54,3 por ciento) el día previo, mientras un 16 por ciento no ingirió ni frutas ni verduras, revelando entornos alimentarios que promueven malnutrición desde edades tempranas. La lactancia exclusiva, pilar del derecho a la alimentación, alcanza apenas el 47,6 por ciento, y el abandono ocurre en promedio a los 7,8 meses, muy por debajo de las recomendaciones internacionales.

La inseguridad alimentaria alcanza valores críticos: 35,5 por ciento de las infancias redujeron su ingesta por falta de dinero y el 16,5 por ciento padeció hambre, cifras que escalan dramáticamente en barrios populares, donde el 89 por ciento de los hogares presenta inseguridad alimentaria y el 62 por ciento, inseguridad severa. Además, el 62 por ciento de las niñas y niños depende de una alimentación en ámbitos públicos y comunitarios.

Ello sumado a las grandes brechas de acceso a "entornos saludables" en escuelas, polideportivos y otros ámbitos infantiles, evidencian del rol indispensable del Estado. La brecha de género persiste: la inseguridad alimentaria afecta al 37,5 por ciento de las mujeres frente al 30,1 por ciento de los varones. En conjunto, los indicadores muestran un país donde el derecho a una alimentación sana, segura y culturalmente adecuada no está garantizado, configurando un escenario crítico para la salud presente y futura de la población.

Políticas Públicas de incidencia en el sistema alimentario implementadas, derogadas y/o modificadas

El actual escenario normativo e institucional muestra un desmantelamiento sistemático de políticas vinculadas a la seguridad y la Soberanía Alimentaria, la agricultura familiar, campesina e indígena y la agroecología. Se disolvieron organismos claves como el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), la Dirección Nacional de Agroecología (DiNAe) y se derogaron programas estratégicos como el ProHuerta, Cambio Rural INTA y múltiples instrumentos de apoyo territorial. Es clave advertir el retroceso en los mecanismos de protección de tierras, semillas y bienes comunes, que afecta especialmente a campesinos y comunidades indígenas.

Las políticas alimentarias centrales (Ley de Emergencia Alimentaria, Programa Alimentar Comunidad, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable) permanecen parcialmente activas, con fuertes recortes y restricciones de acceso. En paralelo, avanzan políticas que facilitan y promueven el uso de agrotóxicos, transgénicos, y sus paquetes tecnológicos asociados, junto a medidas de desregulación comercial, que favorecen a megacorporaciones extranjeras en contra de nuestra Soberanía Nacional, no sólo alimentaria. El conjunto de políticas profundiza la desigualdad territorial y debilita seriamente el rol del Estado como garante de derechos, debilitando instituciones para la Soberanía Alimentaria, la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (AFCI) y la alimentación saludable, fortaleciendo un modelo de concentración y acaparamiento empresarial y de expoliación de bienes comunes.

Propuestas para un futuro con soberanía alimentaria

Se hace evidente que ninguno de los problemas existentes en el sistema alimentario han sido resueltos, más bien se han agravado, resultado de las crecientes desigualdades provocadas por las políticas públicas implementadas por el gobierno de Javier Milei. Por ello es urgente dar respuesta a las graves situaciones de esta crítica emergencia y, en base al aprendizaje social ya realizado, incorporar estas prioridades en un Plan Estratégico para la Soberanía Alimentaria, consensuado por los sectores populares, que permita avanzar participativamente en la democratización del sistema alimentario y el buen vivir de los habitantes en todos los territorios. El alimento saludable y el agua constituyen derechos irrenunciables.

Entre los temas prioritarios no pueden faltar iniciativas para garantizar el acceso a los alimentos básicos para toda la población y asegurando también el carácter sano, seguro y saludable de aquellos dirigidos a población vulnerable. Lograr el efectivo cumplimiento de la Ley de Alimentación Saludable constituye una valiosa herramienta también de organización y movilización comunitaria que contribuye en ese sentido.

Urge desarrollar y fortalecer estrategias colectivas para la producción, distribución y consumo de alimentos agroecológicos; las producciones de cercanía constituyen un importante paso inicial para reducir costos, generar trabajo y arraigo y hacer sustentables los procesos. Las iniciativas al respecto deben complementarse con políticas y estrategias participativas a todos los niveles, a fin de enfrentar el desafío de alimentar saludable y en forma sostenible a los habitantes de las ciudades; en ellas viven unos 40 millones de habitantes que dependen básicamente de sus ingresos monetarios para acceder a los alimentos. ¿Cómo alimentar las ciudades? es un tema central en la agenda, el compromiso de los actores sociales y políticos es imprescindible.

Avanzar en la democratización del sistema alimentario es fundamental, requiere la participación de la universidad pública, del sistema de ciencia y técnica y de los actores sociales y políticos organizados.

A tal fin, se considera que la actualización y contextualización de los indicadores desarrollados en el Iassa 2025 exponen la situación de la Soberanía Alimentaria y constituye un elemento para orientar políticas y estrategias de los sectores populares, por lo que se considera necesario la conformación de un Observatorio de la Soberanía Alimentaria en Argentina. A la vez, instancias similares de nivel provincial y local deberían observar y proponer para sus respectivos territorios.

Descargá el Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina (Iassaa) en https://soberaniaalimentaria.ar/

* La Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y colectivos afines (Red CALISAS) nuclea a más de 60 espacios constituidos en universidades públicas, instituciones de educación superior y organizaciones sociales comprometidas por una alimentación sana, segura, sabrosa y soberana.