Por Grupo de Filosofía de la Biología (UBA-Conicet)*

1. La problemática ambiental global y el rol de la ciencia

Los distintos focos de incendio en Argentina son noticia hace semanas, así como las protestas por el cambio climático a nivel mundial coparon la agenda nacional de los principales medios de comunicación hace algunos meses atrás. Poco antes lo habían hecho los brutales incendios iniciados en el “día do fogo” por terratenientes en Brasil. Greta Thunberg, la activista de origen sueco de 16 años, fue furor en las redes. Bruno Rodríguez, argentino de 19 años, fue otro de los 500 jóvenes que viajaron a Estados Unidos para participar de la cumbre sobre la actual crisis ambiental. En su discurso en la ONU, Bruno remarcó la necesidad de entender los conflictos ambientales locales en el marco de una larga historia de dominación, y se refirió al lugar que en ellos ocupa la ciencia. Puntualmente mencionó “la claridad de la comunidad científica" al alertar sobre la gravedad de la actual crisis y la necesidad de que los líderes políticos actúen en consecuencia, a partir de lo que ha advertido la ciencia.

Algunos sectores reclaman más participación del sector científico mientras aún se sufre el fuerte recorte que el Gobierno de Mauricio Macri hizo sobre los ámbitos estatales de investigación, con un serio deterioro de las condiciones de trabajo de investigadores y docentes en todos los niveles, situación que no hace más que agravarse a medida que avanza un 2020 complicadísimo. La ciencia aparece aquí, entonces, como uno de los pilares a los que aferrarse. Sin embargo, junto con la menor cantidad de recursos dirigidos a la investigación local, resulta imperioso pensar qué ciencias y tecnologías tenemos, y cuáles queremos con vistas a otro vínculo con la naturaleza y a una mejor calidad de vida.

2. La problemática ambiental local

El avance de los desmontes en Chaco, las quemas en Córdoba y en el Delta o los derrames de cianuro en Jáchal (San Juan) provocan menos empatía local que los dichos en la ONU y los incendios en el Amazonas por parte de los gobernantes de turno, y también de los grandes medios de comunicación. Estos casos, tanto por su extensión territorial como por el entramado económico al que responden, configuran algunas de las problemáticas ambientales más importantes de la Argentina: el agronegocio, basado principalmente en producción de soja transgénica (a la que acompañan cultivos subsidiarios como el trigo, el arroz y el maíz), y la minería denominada “a cielo abierto”. Ambos casos son ejemplos de extractivismo, que en pocas palabras es la explotación predatoria de bienes comunes naturales. Y en ambos, el rol de una parte de las ciencias y las tecnologías ha sido fundamental.

En 1996, el entonces secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Felipe Solá, autorizó la introducción de una nueva variedad de soja en suelo argentino. Se trataba de la hoy famosa soja RR: una variedad modificada genéticamente mediante la técnica de transgénesis con el objetivo de volverla resistente al herbicida glifosato, comercializado bajo la marca Roundup Ready por la firma Monsanto (hoy fusionada con la alemana Bayer). Comenzaba así el modelo agrícola que iba a hacer de la soja un monocultivo en expansión, lo que tiempo después sería caracterizado como un “desierto verde”.

Entre 1996 y 2011, el área sembrada con soja RR pasó de poco menos de cinco millones de hectáreas a casi diecinueve millones; y la producción, de 10,9 millones de toneladas a 40,1 millones. El resto es historia conocida. Desde entonces, se han sucedido en nuestro país consecuencias sociales y ambientales de magnitudes inéditas: contaminación de tierras, aguas y aires; concentración de la propiedad y uso de la tierra; procesos migratorios forzados a los cordones urbanos; aumento de la desigualdad social; deterioro de la soberanía alimentaria; cuerpos y territorios enfermos. Una lista interminable de efectos silenciados, naturalizados y de magnitud creciente. Tan en auge y arraigado está el modelo, que no es otro que el mismo Felipe Solá quien fogonea un nuevo acuerdo con China para instalar megafactorías de cerdos que serán parte del mismo esquema, y de sus consecuencias asociadas. Y en todo esto las ciencias han tenido efectos claves tanto por acción como por omisión.

3. Más de una ciencia

A nivel global, la ciencia aparece como un actor fundamental para denunciar el calentamiento de nuestro planeta y señalar algunos de los problemas ambientales que trae aparejado. Sin embargo, la ciencia en cuanto que actividad humana se encuentra inmersa en contextos políticos, económicos y sociales, por lo cual, su vínculo con la problemática ambiental dista de ser meramente crítico: hay científicos cómplices de ella, como también los hay indiferentes. De hecho, la política instaurada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva dirigido por Lino Barañao fijó como principal norte la articulación con los sectores asociados a la biotecnología, nanotecnología, y las tecnologías de información y comunicación. Estas áreas fueron ubicadas como sectores prioritarios, fuertemente vinculados a los patrones de producción y consumo. Más ciencia para este tipo de producción iba a mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestros territorios. Pero nada de eso pasó.

Efectivamente, las transformaciones productivas de las últimas décadas, en particular las referidas al agronegocio y a la minería, han necesitado de conocimientos científicos y tecnológicos para expandirse, algunos de ellos producidos con fondos estatales. En este escenario, los discursos y las validaciones que hoy promueven tanto el modelo sojero como el extractivismo minero insisten en rescatar los aportes de “excelencia” que puede brindar la ciencia argentina desarrollando productos eficientes, investigaciones aplicadas al “sector productivo” y un largo etcétera. Uno de los casos más promocionados lo constituye la variedad de soja con resistencia a sequía impulsada por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet) en convenio con la firma Bioceres. Al parecer, si despejamos de la ecuación a transnacionales como Bayer/Monsanto e incorporamos políticas de responsabilidad empresarial “sustentables”, no habría señales de alarma para abandonar un modelo de producción que condena a nuestros espacios vitales.

De manera paralela, mientras que para la introducción de innovaciones como los transgénicos no fueron realizadas previamente investigaciones que indagaran en sus riesgos potenciales en salud y en ambiente, los reclamos de las comunidades son respondidos con un mismo pedido: que aporten evidencias científicas para mostrar los daños causados por el modelo extractivo, invirtiendo así la carga de la prueba. Según esta lógica habría que demostrar que el glifosato (o el agrotóxico correspondiente) envenena para que deje de emplearse, cuando por ley (y sentido común) es preciso evidenciar que es inocuo antes de ser empleado, y no una vez causado el desastre. Se trata de una operación notable en un país que no cuenta con datos oficiales del uso de agrotóxicos, y donde -por ejemplo- el Ministerio de Salud jamás tuvo voz en la aprobación de los eventos transgénicos (ni en ningún otro negocio de este modelo extractivista).

Múltiples son las formas de validación del actuar empresarial con connivencia estatal por parte de sectores dominantes de la ciencia argentina. Sin dudas, éstas se dan a partir de una serie de exclusiones de las perspectivas críticas. Si miramos de cerca cómo se producen la ciencia y la tecnología en universidades y organismos de investigación nacionales, encontramos que se priorizan determinadas ramas del conocimiento, determinados enfoques dentro de ellas y se minimizan las voces críticas. Hacia afuera también operan las exclusiones, hacia quienes no forman parte de la “comunidad” de expertos, y cuyos reclamos y saberes permanecen lejos de la toma de decisiones. Estas exclusiones se dan, además, en el marco de ciertas alianzas. Así, representantes de los poderes fácticos locales poseen una incidencia concreta en la organización de planes y agendas de investigación. En el ejemplo del agro, alcanza con analizar la composición de los directorios de los principales organismos de investigación para advertirlo (tal como en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria --el INTA-- dominado por empresarios del sector).

4. Una ciencia deseable

Poder y ciencia han ido de la mano desde siempre. Pero así como el poder se puede construir y disputar, también qué tipo de ciencia precisamos es un pilar fundamental que debe edificarse. Y esta búsqueda requiere luchar por un mayor financiamiento, pero bajo ningún concepto se agota en ese aspecto. Las políticas científicas de Argentina han excluido en gran parte la cuestión ambiental, dejándolo como un problema de las comunidades y de ciertas organizaciones. Tampoco se ha priorizado la calidad de vida de los territorios y de quienes los habitan. Por ello, es fundamental una ciencia que asuma su relación con otros sectores de nuestra sociedad, que apuntale las necesidades de las comunidades y que no imponga sus propios medios de diagnóstico e intervención.

En la pregunta acerca de qué ciencia debemos buscar está también el listado de los problemas de nuestros cuerpos y de nuestros territorios, el vínculo con los modos de producción y de consumo, el diálogo con las voces de aquellas personas y organizaciones en territorio, y su búsqueda por vivir bien.

* Paula Blois, Leonardo Bloise, Tomás Busan, Daniela del Castillo, Ailín Delvitto, Federico di Pasquo, Guillermo Folguera, Christian Francese, Cecilia Gárgano, Lilén Gómez, Gabriela Klier, Nicolás Lavagnino, Ana Belén Martínez, Agustín Martínez, Carolina Ocampo, Nahuel Pallitto, Alejandra Petino Zappala, Constanza Rendón, Esteban Rodríguez, Ana Liza Tropea, Martina Villahoz.