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Organismos de Derechos Humanos repudian la represión y la avanzada minera en Chubut
El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la APDH respaldaron la lucha del pueblo chubutense contra la megaminería, denunciaron la represión y llamaron a "cuidar la naturaleza para proteger la vida".
marzo 19, 2021
Adolfo Perez Esquivel
Foto: Archivo/TELAM

Adolfo Pérez Esquivel, titular del Serpaj, se refirió a la situación en Chubut a través de una carta publicada en el sitio web Diálogo 2000. La misiva fue escrita en el contexto de los «recientes, y lamentablemente reiterados incendios forestales» que ya se cobraron dos vidas y afectaron a más de 300 habitantes que han quedado sin casas. «Las causales de estos incendios son objeto de investigación en este momento, aunque resulta evidente por la sucesiva reiteración de estos hechos, la intencionalidad de intereses empresarios en ocupar esos territorios para emprendimientos inmobiliarios y mineros«, señaló el Premio Nobel de la Paz. La Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) fue otro de los organismos de derechos humanos que se solidarizó con el pueblo de Chubut.

«El pueblo de Chubut viene protagonizando una intensa y enérgica lucha contra la megaminería y los modelos extractivistas», contextualiza el texto que lleva la firma de Pérez Esquivel. «Hace pocos días la masiva movilización logró impedir el tratamiento del proyecto de zonificación minera del gobierno que pretende imponer Mariano Arcioni», agrega. «En todos estos años la lucha ambiental ha sido pacífica, y han sufrido diversas represiones tanto por las fuerzas policiales, como paraestatales; entre éstas la ejercida por la burocracia sindical que operan como fuerzas de choque e intimidación», describe.

«Chubut se ha manifestado en reiteras formas durante mucho tiempo, a través de las asambleas populares reclamando por sus derechos, sin ejercer la violencia, recurriendo a plebiscitos, consultas populares, peticiones jurídicas, movilizaciones para decir ‘no a la megaminería'», recuerda el texto. Pérez Esquivel remarca que «es un derecho del pueblo el reclamar a las autoridades que cumpla con la voluntad popular». «El gobernador Mariano Arcioni realizó su campaña electoral expresando su rechazo a la megaminería, luego se abrazó con el lobby minero que no ha escatimado medios y sobornos para lograr imponer sus intereses en la legislatura provincial», criticó. 

«Tanto el gobierno nacional, como el provincial saben de los informes científicos y médicos que confirman los daños provocados  por la megaminería; el uso de cianuro y mercurio  para el tratamiento metalífero, la contaminación del agua y el medio ambiente y el deterioro de la salud de la población y  de la Madre Tierra. No pueden desentenderse del problema y menos seguir promocionando, en eventos mineros internacionales, emprendimientos altamente cuestionados por las poblaciones locales», argumentó.

El fuego de la especulación

Pérez Esquivel refirió además a las causas económicas y políticas de los incendios. «Las comunidades mapuches han denunciado la afectación del bosque nativo, su sustitución por plantaciones forestales sobre todo de pinos que son grandes consumidores de agua y altamente vulnerables a los incendios», explicitó.

«Los pobladores afectados, socorristas y el pueblo en general de Chubut, han dado y siguen dando ejemplos de solidaridad en atender la emergencia con los damnificados. Máxime cuando enfrentan una ofensiva de medios hegemónicos y dirigentes nacionales como el senador Alberto Wereltineck, la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich o el actual Auditor General Miguel Angel Pichetto, quienes han acusado por los incendios al pueblo mapuche, en un claro ejercicio de racismo y convocatoria a la represión«, indicó el referente.

«En ese contexto provincial y en medio de la emergencia por el desastre, la presencia del gobierno nacional para relevar la situación y ayudar a los damnificados, fue opacada por hechos de violencia contra la comitiva del presidente Alberto Fernández», valoró.

«La Justicia, esperamos independiente, debe investigar estos hechos y actuar según derecho, tanto por los incendios como por la agresión violenta contra la comitiva presidencial», instó Pérez Esquivel. Luego agregó que «según la información que nos ha llegado,  ha quedado en evidencia que se habilitó una ‘zona liberada’ por parte de la policía local, una patota de la Unión de los Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra) intimidó a manifestantes ambientalistas y quienes tiraron piedras ‘curiosamente’ bajaron y se retiraron en una camioneta propiedad de la policía provincial».

«Todos los pueblos cordilleranos que enfrentan los modelos extractivistas, y en particular el chubutense, ya se han expresado contundentemente contra le megaminería: ‘No es no’, ese no es el camino para alcanzar la justicia social y ambiental», calificó.

La Megaminería en el ojo de los organismos de derechos humanos

Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), expresó su total repudio ante un nuevo intento de las autoridades de la gobernación de Chubut de instalar la megaminería. «Manifestamos nuestra total solidaridad con quienes han sido afectadxs por los incendios, lamentamos profundamente la pérdida de vidas, los daños materiales y el perjuicio inconmensurable a la naturaleza. Exigimos se investiguen estos graves hechos hasta las últimas consecuencias y se sancione severamente a los responsables que los provocaron, sus cómplices e instigadores», expresó el organismo.

«Consideramos vil adjudicarle estos hechos a la comunidad mapuche, que bien sabemos cuánto cuida la naturaleza en la que habita y nos sabe orientar sobre cómo debemos vincularnos con la Madre Tierra», dijo la APDH. «En momentos en que voraces incendios han generado perdidas de vida, enormes daños ambientales y materiales y crece la sospecha de que los mismos han sido provocados con intencionalidad criminal, y una finalidad económica y empresarial, es profundamente ofensivo, para la comunidad chubutense, poner la megaminería nuevamente en debate«, cuestionó.

«Recordamos que en reiteradas ocasiones el pueblo de Chubut votó el rechazo a modificar las normas vigentes en ese territorio, que impiden métodos dañosos para la naturaleza, por lo cual reintroducir ahora el tema, además de resultar una evidente provocación, es un nuevo intento de ignorar la voluntad popular chubutense expresada en las urnas», argumentó el organismo.

La APDH reivindicó «la movilización pacífica de la población local atravesada por los incendios y por una brutal crisis económica, con pagos salariales atrasados desde hace largos meses, y reclamamos las autoridades  respuestas integrales que den solución a los problemas denunciados».