La Justicia de Salta comenzó un juicio contra la dirigente campesina y otros trabajadores de la tierra en una causa impulsada por una empresario que busca desalojarlos desde hace 10 años. La criminalización del conflicto territorial despertó el pedido de absolución por parte de organismos de derechos humanos y funcionarios del Ejecutivo nacional, y pone de relieve el incumplimiento de las leyes vigentes y las normas pendientes.