Hace cinco días están incendiando la zona sur de la Traslasierra cordobesa. Localidades como Luyaba y La Paz (departamento de San Javier), se derriten en el fuego, bajo el viento Zonda de agosto. A las condiciones climáticas se suma la ambición de tierras para pastoreo o para proyectos inmobiliarios. “El domingo hubo tres focos en simultáneo en un predio que, por lo que nos contaba un vecino del lugar, hay allí fuertes intereses inmobiliarios en hacer loteos”, contó a Tierra Viva Celeste Rumie, vecina de Luyaba. Ella, junto a otras pobladoras y pobladores, realizan «“guardias de cenizas”, se ocupan de que las brasas no se extiendan una vez apagado el foco ígneo.
“Luego de la cuarentena el flujo de personas que buscan vivir en zonas rurales o serranas es cada vez mayor y por eso se están haciendo loteos por fuera de la norma, sin respetar las zonas rojas de resguardo ambiental”, denuncia la integrante del colectivo Vecines Amigues de Luyaba Libre y Ecológica (VALLE), grupo de vecinos que nos conformó en 2020 ante los incendios. “Aprovechan esta época del año, en agosto que siempre hay días de viento Zonda muy intenso y de mucho calor. Cuando detectan el alerta máxima de incendios aparecen estos focos en simultáneos”, describe. Mientras habla, Rumie observa las sierras llenas del humo proveniente de Calamuchita. En lo que va del año se quemaron más de 2000 hectáreas en Córdoba.
Afirma que los incendios se vienen controlando relativamente rápido gracias a las tareas de los bomberos voluntarios de La Paz, de San Javier, de Los Hornillos y de Mina Clavero. También hace su aporte el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC). Se trata de un organismo provincial creado luego de los incendios de 2020. Esta semana, aviones hidrantes pudieron rescatar viviendas asediadas por el fuego. La zona afectada tiene una extensión aproximada de diez kilómetros, en el sur de Traslasierra, donde aún se conservan hectáreas de bosque nativo.
Respecto al ETAC, si bien su presencia fue importante en estos días, las y los pobladores se preguntan por qué se creó un organismo paralelo, en lugar de fortalecer las organizaciones de bomberos voluntarios de la región. En marzo, la Federación de Bomberos de Córdoba cuestionó la medida. Entonces, detallaron que los 184 cuarteles de la provincia reciben un subsidio provincial anual para su funcionamiento de 171 millones pesos. Es decir: 930.000 pesos por cuartel. En cambio, el ETAC “destinaría un presupuesto anual para cinco bases de 441 millones de pesos, unos 88 millones de pesos para cada base”, compararon.
La relevancia de la zona quemada -ubicada a 200 kilómetros al sur de Córdoba- radica en que es una de las regiones de Córdoba donde aún perdura el monte nativo. Hacia el norte invaden la tierra las especies exóticas, los loteos y las zonas turísticas con desarrollo inmobiliario. Ahora la especulación viaja al sur, una zona de pequeños poblados donde La Paz es la única ciudad (o sea: cuenta con más de 10.000 habitantes). Allí, entre el humo y las cenizas se proyectan plantaciones de olivares y nogales. El próximo 8 de septiembre habrá una audiencia pública por un acueducto que, explican las organizaciones socioambientales, tiene como trasfondo intereses inmobiliarios y del agronegocio, en particular de capitales árabes. La obra afectará el acuífero del departamento San Alberto y San Javier.
Ley de Bosques
El Ministerio de Ambiente de Nación reconoce que el 95 por ciento de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas. Entre las primeras causas se encuentra el uso del fuego para la preparación de áreas de pastoreo, aunque también ocurren el abandono de tierras, las fogatas y las colillas de cigarrillos mal apagadas. “Los factores climáticos, como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes, inciden en la propagación del fuego”, advierte el gobierno nacional en su reporte de incendios forestales del 19 de agosto.
¿Qué ocurre con la Ley de Bosques en Córdoba? “El Estado provincial es casi el principal infractor”, responde Celeste Rumie. “Con toda la historia de autovías y obras viales, son los principales que infringen las leyes nacionales y provinciales porque avanzan sobre zonas rojas o amarillas de protección ambiental”, ejemplifica. “Son obras que no tienen licencia social porque las voces de las asambleas no son escuchadas, como ocurrió en el caso de Punilla”, señala.
Al mismo tiempo, Rumie recuerda que las leyes de Bosques y de Manejo del Fuego conminan al Estado a recuperar las zonas afectadas por los incendios, al tiempo que impiden el cambio de uso de suelo de los territorios quemados. “Lo que vemos es que estos terrenos se están vendiendo pese a que la ley está vigente”, denuncia. Al mismo tiempo, la vecina cuestiona que el mapa creado por la Ley Provincial de Bosques de Córdoba (9814) es “una imagen JPG de baja resolución”. Esto impide puntualizar, hectárea a hectárea, cuánto de bosque nativo se está perdiendo por las quemas.
“Desde las asambleas ambientales combinamos estrategias: agotar las instancias administrativas y salir a las calles o al monte a reclamar organizadamente,” señala Rumie.