La Cámara de Diputados aprobó la modificación de artículos de la Ley del Manejo del Fuego (26.815) para prohibir la venta o cambio de actividad productiva, por entre 30 y 60 años, en los bosques nativos, pastizales y humedales afectados por los incendios. El objetivo de la iniciativa es limitar la especulación del sector inmobiliario y del agronegocio en un año en el que el fuego arrasó con cerca de un millón de hectáreas. Desde los territorios, las organizaciones campesinas y ambientales destacaron que se refleje en el Congreso la problemática de los incendios atada a los intereses corporativos, aunque plantearon reparos sobre los tiempos de prohibición y la armonización con leyes vigentes. Por otra parte, pidieron por la efectiva aplicación de las herramientas estatales para combatir los incendios y la demora en el avance de la Ley de Humedales.   

Mientras continuaban ardiendo hectáreas en el Delta del Parana, Jujuy y Santiago del Estero, el proyecto impulsado por el bloque del Frente de Todos consiguió 132 votos con el acompañamiento de los bloques federales y la izquierda, mientras que Juntos Por el Cambio,  el Movimiento Popular Neuquino y el Partido Social se opusieron a la iniciativa. Ahora el debate continuará en el Senado. En la misma sesión se dio media sanción a la Ley Yolanda, que transforma en obligatoria la educación ambiental para los funcionarios públicos. 

"El fuego va a dejar de ser un negocio", celebró el diputado del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Ambiente, Leonardo Grosso, y rechazó la postura de la oposición al sostener que "están defendiendo otros intereses y no lo quieren decir: defienden el negocio inmobiliario, defienden el negocio agropecuario". 

En ese tono, la diputada nacional de Consenso Federal Graciela Camaño, manifestó su respaldo al texto y aseguró que "no se están bajando los niveles de protección" y valoró que se busca “cumplir con el artículo 41 de la Constitución para fijar condiciones mínimas para la recomposición del suelo".

El texto incorpora la prohibición por 60 años del cambio del uso de suelo para "los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales" para que tengan garantizadas las "condiciones para la restauración de las superficies incendiadas" e indica que el plazo puede extenderse si así se disponen en las leyes provinciales.

Para estas zonas la norma precisa que "no se podrán realizar en los bosques naturales o implantados la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares".

En el caso de las zonas agrícolas y de pastizales se impone una limitación de 30 años en la que no se podrá "hacer cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio".

Los bloques opositores se opusieron a la modificación que genera un límite a la especulación inmobiliaria y del agronegocio amparándose en una de las inquietudes planteadas por las organizaciones territoriales: en el caso de los bosques nativos, la Ley de Bosques ya contempla la prohibición de cambio de uso de suelo a perpetuidad. Sin embargo, no contemplaron que la modificación incorpora la protección de los humedales y pastizales, áreas naturales que no cuentan con ninguna legislación de presupuestos mínimos de protección. El caso más resonante es el de la Ley de Humedales que comenzó a tratarse en julio y aún no tiene dictamen.  

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, celebró la modificación de la Ley de Manejo del Fuego e hizo principal hincapié en la media sanción de la Ley Yolanda. "El Cambio Climático y sus efectos cada vez más pronunciados hacen evidente la necesidad de modificar prácticas e ir hacia un modelo de desarrollo sostenible", señaló el ministro y valoró que "la tarea legislativa acompañe la construcción de un nuevo vínculo más respetuoso con la naturaleza y el ambiente".

Que el manejo del fuego no quede en manos de las corporaciones

“Esta modificación es fundamental para frenar el avance de las  corporaciones del agronegocio e inmobiliarias que utilizan el fuego para destruir nuestros territorios y engordar sus intereses económicos. Esto se ha visto reflejado en los incendios cada vez más frecuentes en nuestro país”, destacó el Movimiento Nacional Campesino- Somos Tierra sobre la sanción de la norma. 

Con el fuego otra vez avanzando en el Delta, Laura Prol, referente del Taller Ecologista de Rosario, destacó que “la problemática de los incendios esté en la agenda legislativa y que se traten las amenazas que pesan sobre distintos ecosistemas nativos, que este año vivimos de manera trágica, sobretodo los ánimos de evitar que sean objeto de especulación financiera, inmobiliaria y del agronegocio”. 

Prol también valoró que en la modificación “se incluyan otros ecosistemas en el artículo a como los humedales. Es importante esta incorporación porque muestra que los legisladores y legisladores están reconociendo la necesidad de proteger estos ecosistemas devastados por el fuego”. “Con más de 900 mil hectáreas arrasadas por el fuego y siendo el 90 por ciento de los incendios producto de la actividad humana, deben señalarse claramente los intereses especulativos detrás del ecocidio: los lobbys inmobiliario  y del agronegocio”, reivindicaron también en un comunicado conjunto la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y Jóvenes por el Clima.

Por su parte, Eugenia Sosa, referente del MNCI en Córdoba, consideró que se obtiene "una ley mucho más completa en términos de protección de áreas incendiadas" porque, además de incorporar a los humedales y pastizales, incorpora las zonas de bosques nativos que no hayan sido contempladas en las zonas de ordenamiento territorial, que cada provincia debe censar para cumplir con la Ley de Bosques.

El dato de las 900 mil hectáreas arrasadas por los incendios surge del reporte diario que ofrece el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, traspasado al Ministerio de Ambiente pocos meses atrás. La última actualización de datos oficiales data del 15 de octubre y afirma que los incendios bajaron su intensidad, pero aún no cesaron por completo.   

No correr el foco del combate al fuego y de la Ley de Humedales

El MNCI-Somos Tierra destacó su respaldo a “toda política pública que proteja nuestra tierra de la codicia de ciertos sectores que no les importa arrasar con la vida con tal de acrecentar sus ganancias” y denunció que los incendios especulativos amenazan “el modo de vida y de producción” de las familias campesinas, pero también convocó a reforzar las políticas de prevención. “La mejor política para defender nuestros territorios es fortalecer el protagonismo de nuestras comunidades para que estemos preparadas ante el fuego, alertas tempranas, infraestructura de prevención de incendios, equipamiento y acciones de recuperación de zonas incendiadas”, reclamó. 

Desde la Multisectorial de Humedales, Rodolfo Martínez coincidió con el proyecto aprobado, ya que contempla una de las iniciativas presentadas a los gobiernos provinciales y nacional por ese colectivo, que era la de aplicar a los humedales la protección que la norma daba a los bosques nativos. Sin embargo, Martínez puso su contrapunto: “Saludo la iniciativa, siempre y cuando no se anule el debate de fondo, la Ley de Humedales. Sin la sanción de una norma particular esto va a seguir ocurriendo”. 

“El panorama es desolador”, lamentó el referente de la multisectorial por la aparición de nuevos focos de incendio en las islas y denunció: “No hay brigadista voluntario que aguante sino se genera un operativo coordinado por el Servicio de Manejo del Fuego”. En ese sentido, el referente de la multisectorial le pidió al gobierno de Alberto Fernández que genere una mesa nacional para limitar las arbitrariedades e intereses de los gobiernos provinciales y anticipó que la multisectorial marchará nuevamente sobre el puente Rosario-Victoria para exigir "Ley de Humedales Ya".

“La labor parlamentaria en materia de la Ley de Manejo del Fuego es necesaria y muy importante, pero también lo es que las normas se implementen”, apuntó Prol y precisó que  “en el caso de los humedales del Paraná existen normas provinciales de control y prevención, pero que no se han cumplido”. 

La especialista compartió la inquietud respecto de los tiempos de prohibición establecidos en la modificación de la norma, que no coinciden con las prohibiciones de explotación a perpetuidad vigentes en la Ley de Bosques, e insistió en el reclamo de las organizaciones ambientales del Delta para que la Comisión de Ambiente avance en un dictamen de la Ley de Humedales.