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Cabandié: “Si seguimos con esta tasa de deforestación, en 70 años nos quedaremos sin bosques nativos”
El Ministro de Ambiente propuso "trabajar sobre la mejora de la Ley de Bosques", luego de un 2020 en el que se perdieron 400 mil hectáreas de bosque nativo por los incendios forestales y el avance de la frontera agropecuaria. Los incumplimientos de la normativa actual, el rol de los gobiernos y la miradas de las organizaciones socioambientales.
marzo 5, 2021
Cabandié: “Si seguimos con esta tasa de deforestación, en 70 años nos quedaremos sin bosques nativos en Argentina”
Foto: Leandro Herrera / Greenpeace

En la apertura del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, propuso como uno de los ejes de 2021 “trabajar sobre la mejora de la Ley de Bosques” y subrayó que solo el año pasado “se arrasaron 400 mil hectáreas de bosque nativo” en todo el país, de acuerdo al relevamiento del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT). El Ministro no precisó los puntos en los que podría mejorarse la Ley de Bosques, pero consideró una “vergüenza” que el delito ambiental aún no esté tipificado en el Código Penal. Organizaciones como Greenpeace y la Red Agroforestal Chaco Argentina proponen detener la deforestación y eliminar la categoría verde de la normativa, la más laxa respecto de las transformaciones permitidas en el ambiente. 

Creo que necesitamos imperiosamente modificar la Ley de Bosques nativos porque lo que vivimos el año pasado fue muy fuerte”, sostuvo Cabandié en la apertura de sesiones del Cofema, organismo que reúne a las autoridades de las carteras ambientales de todas las provincias. El Ministro precisó que los incendios forestales fueron el mayor factor de pérdida de bosque durante 2020, arrasando con 300 mil hectáreas; mientras que otras 100 mil fueron deforestadas, o sea,  para la ampliación de la frontera agropecuaria y el negocio inmobiliario.

El Ministro destacó que, en su primer año de gestión, se incrementaron un 200 por ciento los fondos para la protección de bosques (811 millones de pesos) en relación a los cuatro años de la gestión de Cambiemos. El lunes, en la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández también destacó un acuerdo con las provincias para “movilizar los recursos económicos del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos”. En paralelo, el Presidente anunció que enviará al Congreso la ley acordada con el Consejo Agroindustrial Argentino, que busca continuar ampliando la frontera agropecuaria. 

De acuerdo al informe del SAT, de las 100 mil hectáreas deforestadas de bosques nativos durante 2020, 1732 fueron sobre bosques de categoría roja (de muy alto valor de conservación), 47.513 en categoría amarilla (de mediano valor de conservación), 24.401 en zonas grises (bosques nativos no incorporados por las provincias en su ordenamiento territoriales) y 35.910 en categoría verde (de bajo valor de conservación). El informe indica que sobre todas las alertas enviadas a las provincias, sólo el 23 por ciento de las autoridades de aplicación locales respondieron sobre la legalidad de los desmontes

La deforestación de bosque nativo avanza a pesar de las ley vigente 

Según el monitoreo de deforestación de Greenpeace, entre marzo y octubre de 2020, se habían deforestado 50.000 hectáreas, principalmente, para el avance de la frontera agropecuaria solo en Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa. La organización ecologística lanzó la campaña “Deforestación Cero Ya” con el objetivo de frenar lo que define como un ecocidio con complicidad de los gobiernos provinciales.   

“Estamos en un buen momento para mejorar la Ley de Bosques”, sostuvo el Ministro de Ambiente ante sus pares provinciales e indicó que la tasa de deforestación “aún no bajó lo suficiente y sigue siendo muy alta”. “Si seguimos con esta tasa de deforestación en 70 años nos quedaremos sin bosques nativos”, alertó. 

Según un informe de la Dirección Nacional de Bosques, entre 1998 y 2018, el avance de la frontera agropecuaria arrasó con 6,5 millones de hectáreas de bosque nativo, el 87 por ciento en la región chaqueña. El 43 por ciento de bosque se perdió durante la vigencia de la Ley de Bosques, sancionada en 2007

Cabandié llevó la propuesta de “mejorar la Ley de Bosques” pero no ofreció mayores precisiones sobre los ejes que serán debatidos para incrementar la efectividad de la normativa. Ante la consulta de Tierra Viva, en la cartera de Ambiente no adelantaron más sobre esos ejes de debate para la modificación de la norma, que quedarán en debate durante el año en el Cofema

De todas maneras, el Ministro sí se pronunció a favor de la tipificación del delito ambiental en el Código Penal. “Que aún no tengamos tipificado en el Código Penal el delito ambiental, a mí me avergüenza como Nación”, sostuvo. Una posible modificación de la normativa podría ser aumentar las penas para los funcionarios públicos y empresarios que incumplan la aplicación de la norma a nivel provincial.  

En cuanto al manejo del fuego —en un año en el que los incendios forestales significaron el 99 por ciento de los bosques perdidos en Córdoba y el 96 por ciento de los arrasados en Jujuy— Cabandié destacó la decisión del gobierno nacional de recuperar el Servicio Nacional de Manejo del Fuego a manos del Ministerio de  Ambiente. “Cada vez que una provincia lo solicitó, estuvimos presentes”, argumentó.  

Propuesta para modificar la Ley de Bosques 

La cifra de 400 mil hectáreas de bosque nativo perdido que surge del informe del SAT se centra en el monitoreo de la región forestal Parque Chaqueño, la más extensa y con mayor presión por el avance de la frontera agropecuaria y el negocio inmobiliario.

La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), organización que reúne profesionales e instituciones que trabajan junto a comunidades rurales campesinas e indígenas, elevó en octubre pasado un documento con cuatro ejes para avanzar en modificaciones a la Ley de Bosques, que fue entregado a la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales, a cargo de Florencia Gómez, y al director Nacional de Bosques, Martín Mónaco. 

“Los bosques remanentes en el país deben ser considerados un patrimonio que puede y debe ser conservado, manejado y aprovechado con criterios de sustentabilidad, pues de la permanencia de los mismos depende la estabilidad social, ambiental y productiva de importante áreas del país en el largo plazo”, sostiene el documento de la Red a partir de la evaluación del cumplimiento de la Ley de Bosques y precisa cuatro ejes de debate para mejorar su aplicación: 

  • Necesidad de detener el proceso de deforestación. La Red recomienda eliminar la categoría III (verde) de la legislación y recategorizar esas áreas, de manera temporaria, a categoría II (amarilla) hasta que se realizar procesos de recategorización en los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos en cada provincia, que no modifiquen las áreas amarillas y rojas e incorporan las actuales zonas grises. “Los diversos sistemas de monitoreo han registrado numerosos predios deforestados en la última década, en áreas no incluidas en ninguna categoría”, advierten. 
  • Considerar la deforestación ilegal como delito penal. Redaf advierte que “la sanción por deforestación se ha convertido en un costo más, asumido en el proceso de puesta en producción de sistemas agrícolas y ganaderos a gran escala” o en los negocios de especulación inmobiliaria, y propone que se definan “las responsabilidades del titular del plan (o del predio), del técnico y/o funcionario público que, conociendo la infracción, hubiere emitido informes favorables”.
  • Exigencia de implementar procesos de remediación y recomposición del ambiente. En este punto, la red de profesionales y comunidades indígenas y campesinas señala que además de las sanciones se deben establecer “tareas de restauración a los efectos de recomponer el daño causado, sobre la base de un plan de recomposición presentado a la autoridad de aplicación y aprobado por la misma”.
  • Alerta Ciudadana. Es este último eje, la Redaf —que lleva adelante su propio monitoreo de desmonte— propone “poner en valor los enormes avances realizados en torno a la información provista por sensores remotos y los sistemas de ‘alerta temprana’ desarrollados a nivel del Ministerio de Ambiente de la Nación, contribuyendo a los mismos a partir de un sistema organizado de denuncias a modo de ‘alerta ciudadana’”.