Un campesino de 24 años estuvo preso durante once días, acusado de "amenazar de muerte" a la senadora Patricia Bullrich mediante un mensaje de Facebook. Es solo una muestra de lo que puede suceder en Jujuy, donde la alianza política-judicial-empresaria determina a quién le espera la cárcel y a quién los negocios. Denuncian un trasfondo de negocios mineros, inmobiliarios y forestales.
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Argentina, el país donde hay presos por defender el agua
Los gobiernos de Mendoza y Chubut, en complicidad con el Poder Judicial, criminalizan a quienes rechazan la megaminería. Procesamientos, represiones, juicios y cárcel son intentos de frenar la movilización de quienes priorizan el derecho al agua y a un ambiente sano. “Nos encarcelan por ser parte de una lucha colectiva que incomoda a quienes gobiernan para las corporaciones extractivas", denunció la Asamblea de Esquel.
El Poder Judicial, el Gobierno de Río Negro y un juicio contra asambleístas
La jueza Romina Martini y la jefa de fiscales, Betiana Cendón, impulsan el juicio de dos asambleístas socioambientales de Río Negro, que se habían solidarizado con un reclamo del Pueblo Mapuche. El rol del poder político y el judicial, junto con el sector empresario, que intentan aleccionar y desmovilizar los reclamos territoriales y anti-extractivos.
Cacería de asambleístas socioambientales en Catamarca
Andalgalá vive desde hace cuatro días allanamientos violentos, detenciones arbitrarias y hostigamiento contra quiénes defienden el agua y cuestionan la megaminería. Procedimientos durante la noche, autos sin patentes y policías de civil intimidan a los vecinos. Una decena de detenidos para que avance la Minera Agua Rica.
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"Pretenden despojar a las comunidades indígenas de sus territorios"
Que el árbol no tape el bosque: se frenó la mayor extranjerización de tierras, pero hay vía libre contra los pueblos originarios y desalojos exprés. Un análisis en clave jurídica y de derechos, detalla cómo el Gobierno intenta avanzar sobre las comunidades originarias para favorecer más a las empresas extractivas. La derogación de la Ley 26.160, el RIGI y un modelo que viola derechos humanos.


