Un campesino de 24 años estuvo preso durante once días, acusado de "amenazar de muerte" a la senadora Patricia Bullrich mediante un mensaje de Facebook. Es solo una muestra de lo que puede suceder en Jujuy, donde la alianza política-judicial-empresaria determina a quién le espera la cárcel y a quién los negocios. Denuncian un trasfondo de negocios mineros, inmobiliarios y forestales.
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Argentina, el país donde hay presos por defender el agua
Los gobiernos de Mendoza y Chubut, en complicidad con el Poder Judicial, criminalizan a quienes rechazan la megaminería. Procesamientos, represiones, juicios y cárcel son intentos de frenar la movilización de quienes priorizan el derecho al agua y a un ambiente sano. “Nos encarcelan por ser parte de una lucha colectiva que incomoda a quienes gobiernan para las corporaciones extractivas", denunció la Asamblea de Esquel.
El Poder Judicial, el Gobierno de Río Negro y un juicio contra asambleístas
La jueza Romina Martini y la jefa de fiscales, Betiana Cendón, impulsan el juicio de dos asambleístas socioambientales de Río Negro, que se habían solidarizado con un reclamo del Pueblo Mapuche. El rol del poder político y el judicial, junto con el sector empresario, que intentan aleccionar y desmovilizar los reclamos territoriales y anti-extractivos.
Cacería de asambleístas socioambientales en Catamarca
Andalgalá vive desde hace cuatro días allanamientos violentos, detenciones arbitrarias y hostigamiento contra quiénes defienden el agua y cuestionan la megaminería. Procedimientos durante la noche, autos sin patentes y policías de civil intimidan a los vecinos. Una decena de detenidos para que avance la Minera Agua Rica.
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Primero los negocios y luego la salud: Milei contra la Ley de etiquetado de alimentos
El Gobierno impulsa la derogación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, conocida como de "etiquetado frontal". Alineado con el pedido de las grandes empresas, Milei no acepta ningún sello de advertencia en los productos ultraprocesados con excesos de grasas, azúcares y sodio. Éstos tienen directa relación con enfermedades que en Argentina provocan 140.000 muertes al año. "Es un grave retroceso en materia sanitaria, política y también democrática", afirma Andrea Graciano.


