Por Nahuel Lag 

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) consolidó la política extractiva en el país otorgando beneficios excepcionales a la industria de la minería, hidrocarburos, energía e infraestructura exportadora. El siguiente paso del Gobierno es ampliar y profundizar esos beneficios a lo que denominó, de forma amplia, la “nuevas actividades económicas” dentro del proyecto de Súper RIGI. Se trata de la industria controlada por las denominadas “Big Tech” Alphabet (Google), Apple, Amazon, Meta (Facebook), y Microsoft, y las emergentes del mundo de la Inteligencia Artificial como Open IA y Antrophic, además de magnates tecnológicos con relaciones directas con la Casa Rosada como Peter Thiel. 

¿Cuáles son los beneficios para el país? En el informe “Súper privilegios, soberanía debilitada” del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), a cargo de Claudio Lozano y Ana Rameri, define el Súper RIGI como un programa para “privatizar los beneficios, socializar los costos y consolidar una nueva forma de enclave, ahora también tecnológico”. El informe habla de “enclaves” para dar cuenta de cómo los incentivos para grandes corporaciones —el Súper RIGI eleva la inversión de ingreso a 1.000 millones de dólares— “delimita zonas de excepción dentro del territorio nacional, donde las reglas generales de política económica, fiscal, cambiaria y comercial quedan subordinadas a los derechos adquiridos por el inversor”. Y ante un conflicto con el Estado nacional tiene el derecho de resolver en tribunales fuera del país. 

La iniciativa —que consiguió media sanción en Diputados con los votos del oficialismo y los bloques aliados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales— amplía la lógica del RIGI con incentivos excepcionales a 30 años: estabilidad normativa y seguridad jurídica, beneficios en materia tributaria, aduanera, cambiaria, previsional y jurisdiccional; para proyectos con un piso mínimo de 1.000 millones de dólares y afectados a las indefinidas “nuevas industrias” en infraestructura tecnológica y digital estratégica, que podrán ser desde desarrollos de inteligencia artificial, bases de procesamiento de datos o ‘data centers’ hasta industrias de semiconductores o biotecnología avanzada.  

“El RIGI ya consolidó una orientación extractiva, concentrada en minería, hidrocarburos e infraestructura exportadora. El Súper RIGI traslada esa misma lógica a la infraestructura crítica de la economía digital. Un data center no es una ‘nube’ inmaterial: requiere energía, agua, suelo, conectividad y equipamiento; puede generar fuertes presiones sobre las redes y, una vez superada la etapa de construcción, no necesariamente produce empleo significativo, transferencia tecnológica ni desarrollo local”, advierten Lozano y Rameri en el informe.  

Las advertencias sobre el Súper RIGI fueron plasmadas durante el debate legislativo también por una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil integrada por Amnistía Internacional, Greenpeace, CELS, FARN, Fundación Biodiversidad, Transnational Institute, Taller Ecologista y Asociación Abogados Ambientalistas (AAdeAA), entre otros. 

“El Súper RIGI traslada la lógica del extractivismo a la era digital. Busca transformar a la Argentina en una plataforma de sacrificio para las grandes corporaciones tecnológicas”, denunció Enrique Viale, presidente de AAdeAA, y sentencia que lo hace “sin exigir empleo de calidad, transferencia tecnológica, desarrollo científico nacional ni protección ambiental”. 

Ese grupo de organizaciones no solo denunció el Súper RIGI sino que lo calificó como el “contenedor fiscal y regulatorio” de una estructura más amplia que se completa con el proyecto de reforma de la Ley de Sociedades —que comenzó a debatirse en el Senado— y pretende crear la figura de “Sociedad automatizada”, una estructura empresarial sin empleados y manejada por inteligencia artificial. 

“Mientras el mundo discute cómo regular el poder de las Big Tech para proteger el interés público, Argentina les ofrece un cheque en blanco y blinda sus privilegios frente a cualquier control futuro. Lo que se presenta como una política de inversiones puede terminar convirtiéndose en una cesión histórica de soberanía, territorios y bienes comunes”, aseguró Viale. 

La aparición del debate parlamentario del Súper RIGI, con amplios beneficios para el sector tecnológico, se instaló entonces dentro de un debate global en torno al avance de la Inteligencia Artificial (IA) y las regulaciones estatales para controlar su expansión, su dominio y los peligros que implica en materia de relaciones laborales, sociales y derechos individuales. 

Desde la presencia del magnate Peter Thiel en la Argentina, que durante más de un mes se instaló en el país para mantener reuniones en la Casa Rosada y privadas con funcionarios y dirigentes; a la publicación de una columna del presidente Javier Milei en el Financial Times invitando a las empresas de IA a invertir al país con la promesa tributaria del Súper RIGI y la inclusión de las “sociedades automatizadas”. De las preocupaciones volcadas en la encíclica “Magnifica Humanitas” por el papa León X sobre el “paradigma tecnocrático” hasta las recomendaciones del propio CEO de Anthropic, Dario Amodei, solicitando establecer controles ante el “desafío civilizatorio” que implica la IA en su ensayo “La adolescencia de la tecnología”.  

“Aunque no corresponda afirmar, sin prueba documental directa, que el proyecto haya sido escrito por o para Thiel, sí debe señalarse que el diseño del régimen es funcional al tipo de inversiones que protagonizan grandes capitales tecnológicos globales”, advierte el informe de IPyPP y resalta la influencia de Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, empresa tecnológica vinculada al análisis masivo de datos, inteligencia artificial, defensa, seguridad e inteligencia estatal. 

“Cuando un régimen promocional abre la puerta a mega data centers e infraestructura digital estratégica sin cláusulas exigentes de soberanía tecnológica, localización de capacidades, protección de datos, control público, transparencia ambiental y desarrollo de proveedores nacionales, el problema deja de ser meramente tributario. También involucra soberanía digital, política industrial y control democrático sobre infraestructuras críticas”, sentencia. 

Un cheque en blanco para el Gobierno y las Big Tech 

La definición de “nuevas actividades económicas” fue un punto crítico del debate parlamentario en la Cámara baja debido a que no permitía precisar el objeto de los amplios beneficios que serán otorgados. Sin embargo, el oficialismo se mantuvo firme y dejó una definición amplia que será determinada por “criterios objetivos y parámetros mensurables” del propio Poder Ejecutivo en la reglamentación de la norma. De esta manera, el Poder Legislativo dejó liberado cuál de los sectores de la industria tecnológica serán los beneficiados. 

“La aprobación de una ley con objeto indeterminado no configura un problema político abstracto sino un problema jurídico preciso: el Congreso estaría delegando en el Ejecutivo la potestad de definir retroactivamente qué actividades quedan comprendidas en un régimen con beneficios de estabilidad de 30 años”, advirtieron el conjunto de organizaciones de la sociedad civil en el documento “Lo que está en juego con el Súper Rigi” y señalaron que esa indefinición va contra el artículo 76 de la Constitución, que exige que la delegación legislativa establezca bases claras y un plazo definido.

Durante el debate parlamentario, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González Casartelli, estuvo lejos de dar precisiones sobre quiénes serán los beneficiarios finales: "Esto se propone para la nueva industria; qué industria, no lo sé, lo que no queremos es limitarlo".

Para adherir al Súper RIGI las empresas deberán conformar un Vehículo de Proyecto Único (VPU) y tendrán de por sí unas pocas limitaciones: presentar una inversión en un sector que "no se desarrollen, produzcan ni presten en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto, en los términos que establezca la reglamentación", no poder presentar inversiones que ya solicitaron su adhesión al RIGI, comprometer un 20 por ciento de la inversión en los primeros dos años. 

El proyecto, negociado por el Gobierno con la mayoría de los mandatarios provinciales, señala, para mantener las formas del federalismo, que se deberá contar con la adhesión provincial y municipal al régimen de la región donde quieran desarrollarlo. 

Esa última condición trae un condicionamiento para las administraciones provinciales y municipales, una vez adheridas al Súper RIGI y cuando un proyecto sea aprobado, no podrán dar marcha atrás con los incentivos otorgados durante 30 años, incluso cuando en un futuro decidan dejar de adherir al programa. Además con su adhesión, provincias y municipios se compromete a:  

• Limitar el impuesto sobre los Ingresos Brutos para que no supere el 0,5 por ciento.
• No generar nuevos gravámenes locales. 
• No aplicar Impuesto de Sellos, ni cánones administrativos. 

Durante el debate en la Cámara baja sólo se logró torcer al oficialismo la posibilidad de aplicar cánones a “nuevas regalías” en provincias y municipios. Mientras que tampoco podrán aplicarse aumentos sobre tributos ni aplicar nuevos; pero sí podrá beneficiarse el VPU de futuras reducciones o eliminaciones impositivas. El informe de IPyPP define la condición de las provincias y municipios como de “mayor subordinación”. 

Tal como ocurrió con el RIGI, los VPU aprobados de estas “nuevas industrias” podrán importar bienes para el plan de inversiones exentos de derechos, tasas y todo régimen de percepción nacional, provincial o municipal; mientras que las exportaciones que surjan del proyecto tampoco pagarán derecho de exportación. Las importaciones y exportaciones no podrán recibir por parte del Estado prohibiciones, cupos, cuotas o prioridades de abastecimiento interno. 

Durante el debate solo se consiguió, como en el RIGI, una cuota del 20 por ciento de compromiso mínimo de contratación de proveedores nacionales, pero atados a la oferta local disponible y las condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad. En cuánto a los dólares que se generarán en los proyectos, solo se deberá ingresarlos al mercado de cambios local durante el primer año de generar exportaciones. Desde entonces, comenzará un régimen de excepción que alcanzará el 100 por ciento en tres años.  

El beneficio que, como con el RIGI, determina que los proyectos se transforman en zonas de enclave supranacionales es la posibilidad de que ante cualquier reclamo legal, la resolución de controversias habilita a los socios o accionistas extranjeros a acudir a tribunales internacionales como la Corte Permanente de Arbitraje y la Cámara de Comercio Internacional o al CIADI. En ese sentido, el artículo 110 del proyecto establece que los derechos del régimen "se consideran inversiones protegidas”, dándole a las empresas el estatus de titular de un derecho protegido internacionalmente frente al Estado. 

¿Qué beneficios profundiza el Súper RIGI?

“El Súper RIGI no es simplemente una versión sectorial del RIGI sino también una profundización”, sostiene el informe de IPyPP, que repasa aquellos incentivos y beneficios que profundiza para los grandes capitales —el piso se incrementa de 200 millones a 1.000 millones, solo posible para grandes corporaciones—. Entre ellos, menciona que amplía la ventana de adhesión de dos a cinco años, prorrogables por uno más; y reduce de 40 a 20 por ciento el total de inversión obligada en los primeros dos años. 

La alícuota de Impuesto a las Ganancias también se reduce respecto del RIGI del 25 al 15 por ciento, mientras que la alícuota para sobre dividendos y utilidades se reduce a 3,5 por ciento en cuatro años, en lugar de los siete años previstos por el RIGI. También exime los derechos de exportación desde el inicio de las exportaciones del proyecto, mientras que el RIGI establece esa exención luego de tres años. 

En cuanto a la libre disponibilidad de las divisas para los VPU que ingresen, el RIGI general habilita la libre disponibilidad progresiva del 20 por ciento, 40 por ciento y 100 por ciento de los dólares generados por exportación luego de dos, tres y cuatro años desde la puesta en marcha. El Súper RIGI reduce esos plazos a uno, dos y tres años. 

¿Por qué insiste con la economía de enclave del RIGI?

El informe de IPyPP asegura que los problemas que ya presentó el RIGI, con sus 17 proyectos aprobados, solo se verán profundizados con la aplicación de un Súper RIGI para las Big Tech. “La información disponible muestra que el RIGI no operó principalmente como una herramienta para crear inversiones donde no existían condiciones previas, sino como un régimen de privilegios para sectores que ya contaban con elevada rentabilidad potencial y proyectos previamente anunciados”, apunta el informe. 

En ese sentido, el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que analiza el alto costo fiscal de los proyectos aprobados por el RIGI —estudio que no figuró ni en el RIGI ni tampoco aparece en el Súper RIGI—, que perjudicarán sobre todo la recaudación de la próxima gestión, precisó que sobre los 12 primeros proyectos aprobados, al menos, siete ya habían sido anunciados públicamente, contaban con estudios avanzados, inversiones realizadas o definiciones estratégicas previas. Por ejemplo, los proyecto Josemaría y Filo del Sol, que fueron unificados dentro del megaanunciando proyecto Vicuña, el más reciente aprobado por el Comité Evaluador del RIGI. Otro ejemplo es el proyecto Vaca Muerta Sur. 

Volviendo al punto del costo fiscal, denuncia la opacidad de un programa de incentivos con recursos públicos, que no ofrece ni el costo fiscal del régimen ni publica una estimación oficial del gasto tributario asociado a cada proyecto. Y cita el informe del CEPA que estima que el costo fiscal anual del RIGI, en régimen de plena operación de los proyectos aprobados, en alrededor de 1.813 millones de dólares en un escenario base, con un rango de entre 1.307 millones y 2.362 millones, según el nivel de exportaciones alcanzado. 

En el documento realizado por el grupo de organizaciones de la sociedad civil, este punto se señala como el argumento de la “adicionalidad”, que durante el debate en el Congreso el secretario de Coordinación de Energía y Minería definió como: “No hay costo fiscal porque antes estos proyectos no existían.” “Este argumento es metodológicamente insostenible sin evidencia empírica que lo respalde”, sostienen las organizaciones y afirman: "El RIGI se ha convertido más en una suerte de seguro a futuro para los proyectos que en un incentivo de inversión a corto plazo”. 

El informe de IPyPP denuncia como otro problema central, desde lo productivo, la reprimarización que impone el RIGI al  consolidar “una inserción internacional basada en la extracción y exportación de bienes primarios o de bajo procesamiento relativo” sin “transformación productiva con mayor complejidad tecnológica, integración nacional o agregación local de valor” y lo define como “una dinámica de ‘sustitución inversa’: proyectos extractivos y exportadores con alto componente importado”.  

“El proyecto declara entre sus objetivos fomentar cadenas de producción locales, empleo y desarrollo económico, pero no establece obligaciones robustas de transferencia tecnológica, inversión en I+D, compra nacional efectiva, radicación de centros de investigación, formación de trabajadores, reserva de capacidad para el mercado interno”, advierte. 

En ese sentido, ambos informes marcan un contrapunto con políticas de países vecinos como Brasil y Chile. El caso brasilero es el del programa Redata que prevé beneficios tributarios, pero asociado a políticas de soberanía digital, mercado interno, I+D, como, por ejemplo, que al menos el diez por ciento de la capacidad de procesamiento, almacenamiento y tratamiento de datos queden para el mercado interno brasileño. 

Otra condición impuesta en Brasil para las empresas es que el dos por ciento del valor de los productos adquiridos con beneficios del Redata sean destinados a proyectos de I+D+i vinculados al desarrollo industrial y tecnológico en articulación con instituciones científicas y tecnológicas, universidades, entidades educativas, empresas públicas u organizaciones sociales. En Chile, el Plan Nacional de Data Centers opera sin incentivos fiscales específicos y exige acuerdos con empresas internacionales para reservar capacidad de cómputo para universidades y centros de investigación nacionales.

El Impacto Ambiental y energético 

Tanto el informe de IPyPP como del grupo de organizaciones de la sociedad civil pone un alerta sobre los impactos ambientales y energéticos que tendrán estas negocios que están siendo minimizados al calor de la llegada de dólares. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (AIE), los data centers alrededor del mundo consumieron, en 2025, alrededor de 460 TWh de electricidad, un 1,8 por ciento de la demanda eléctrica mundial. 

El peso de esa demanda puede ser relativo a escala mundial, pero su concentración territorial puede generar impactos locales relevantes sobre las redes eléctricas. Por ejemplo, es el equivalente al consumo anual de toda Francia. Y la AIE proyecta que el consumo superé los 800 TWh anuales para 2028, impulsado por la expansión de la Inteligencia Artificial. 

El informe elevado por las organizaciones de la sociedad civil pone como ejemplo el caso de Irlanda, donde la alta demanda de energía de los data centers alcanzó a representar el 22 por ciento del consumo nacional, y obligó al Estado a establecer una moratoria de nuevas conexiones e invertir 1.000 millones de euros en generadores de emergencia, que terminaron pagando los usuarios residenciales. En 2025, finalizó la moratoria pero obligó a las nuevas empresas de centros de datos que tengan capacidad propia de generación al 100 por ciento de su demanda, con un 80 por ciento de energía renovable.

Si el consumo de energía es de alta demanda, el de agua no se queda atrás. El centro de datos de Google en Iowa (Estados Unidos), señala el informe elevado al Congreso por las organizaciones de la sociedad civil, consumió alrededor de 3.800 millones de litros de agua en el año 2024. El agua es utilizada en los centros de datos para alimentar los sistemas de refrigeración y, por efecto de la evaporación, el recurso se pierde y deja de estar disponible para otros usos. 

Como ya lo hizo público el presidente Javier Milei, la Patagonia y la cordillera de Los Andes son los lugares —por temperaturas promedio y recursos hídricos— en lo que las inversiones en centros de datos pondrían los ojos. A fines del año pasado, tras una reunión con Milei, el CEO de Open IA, Sam Altman, prometió una inversión de 25.000 millones en la Patagonia. Por lo tanto, no habría que dejar de ver el Súper RIGI junto a la ya aprobada modificación de la Ley de Glaciares y la iniciativa de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que habilitaría a los capitales internacionales a comprar tierras sin límites de extensión ni localización.    

La pregunta que surge es qué ocurriría en las regiones cordilleranas de Cuyo, Patagonia y el NOA, que atraviesan una situación de estrés hídrico, con la instalación de centros de datos. El Súper RIGI no establece condiciones sobre uso del agua y sí asegura para los VPU que resulten aprobados la garantía de "operación continuada sin interrupciones". Los representantes del Poder Ejecutivo aseguraron durante el debate que ningún proyecto del Súper RIGI se instalará sin generar su propia energía, “pero esa exigencia no está en el texto de la ley”, advierten las organizaciones.   

Chile vivió un caso relevante en febrero de 2024, cuando un tribunal chileno revocó parcialmente la autorización de un proyecto de Google en Santiago por preocupaciones sobre el uso del agua. El Plan Nacional cuenta con la promoción explícita de la sostenibilidad hídrica y energética de las empresas que se instalan. Por su parte, el Redata, en Brasil, condiciona los beneficios a energía 100 por ciento renovable y diez por ciento de capacidad para el mercado doméstico.  

Estos puntos surgieron en el debate de la Cámara de Diputados y se consiguieron algunas concesiones por parte del oficialismo. Por ejemplo, se incorporó la exigencia de un estudio técnico sobre el impacto del proyecto en su zona de influencia, incluyendo recursos naturales, transporte, energía, telecomunicaciones, agua, saneamiento e infraestructura de servicios y agregó como causal de rechazo del VPU, la existencia de un impacto negativo sustancial sobre esa área. Pero se enfrentará al mismo problema denunciado durante el tratamiento de la Ley de Glaciares –que dejó en manos de las provincias la decisión de qué cuerpo de agua proteger– la evaluación de la autoridad de aplicación y la capacidad efectiva de control estatal, sin parámetros específicos. 

“No se trata de discutir si la Argentina necesita inversiones. La cuestión es bajo qué condiciones se las promueve, qué capacidades conserva el Estado para orientar su desarrollo y quién asume los costos de esa estrategia”, sentencia el informe del IPyPP. 

Edición: Darío Aranda.