Por Lucía Guadagno

Cabras, gallinas, pollos y hasta vacas lecheras caen moribundas en los campos santiagueños después del paso de las avionetas que rocían con agrotóxicos. Para las personas, el olor es muy fuerte, arden los ojos y cuesta respirar. Así lo relatan familias campesinas de los departamentos Juan Felipe Ibarra y General Taboada, en el este provincial, en el límite con el norte santafesino. Cansadas de denunciar en la comisaría sin tener respuesta, comenzaron a organizarse y a exigir a las autoridades acciones concretas para proteger la salud y la pequeña producción. Además, piden participar de la redacción de una nueva ley de agroquímicos, anunciada por el gobierno provincial.

“Se me murieron dos vacas Holando. Con la leche hacía queso para vender y ahora no lo puedo hacer más”, se lamenta Mercedes Chamorro, que vive en Lote 8, un área rural ubicada a 17 kilómetros al sur de la localidad de Los Juríes, departamento Taboada. “Se me murieron también terneros, chivas, caballos. Nos hemos cansado de denunciar pero no nos llevan el apunte”, reclama.

Cuenta que con su familia explota unas 30 hectáreas donde hacen agricultura, ganadería y huerta. Y afirma que, en los campos vecinos, grandes productores fumigan los monocultivos de maíz, trigo y soja con “mosquitos” (de manera terrestre) y con avionetas sin importar las condiciones del viento o la distancia de las casas. Una de las consecuencias es que contaminan con venenos los pozos de agua de donde luego beben los animales, que se intoxican y al tiempo mueren. Otro problema es que, por los agrotóxicos, no se puede respirar. “Una noche no hemos podido dormir del olor que se sentía”, denuncia Chamorro.

Unos kilómetros hacia el norte, en el Paraje San Pedro, en el departamento Juan Felipe Ibarra, vive Alberto Ledesma, productor ganadero. Su casa está a diez metros del campo donde se aplican agrotóxicos también con avionetas y mosquitos. “Fumigan con productos como el 2,4 D (un potente herbicida) y contaminan el agua, la flora y la fauna”, señala.

Además de la pérdida de animales —en su caso, se mueren las cabras—, a Ledesma le preocupa la salud de la población, en especial de los niños. “A metros de mi casa hay una escuela por donde no solamente pasan los aviones sino que también dejan los bidones (de agrotóxicos) tirados”, advierte. “No les importa nada, hacen las pistas de las avionetas en cualquier lugar, sin ningún permiso ni autorización.”

Fumigaciones en Santiago del Estero: organización y reforma de la ley

Ledesma quiere que esto cambie. Hace diez años que él y otras familias denuncian las fumigaciones pero las autoridades no dan respuesta. Lejos de mejorar, la situación empeora. Por eso, además de exigir medidas urgentes y concretas para frenar la contaminación, quieren participar de la redacción de la reforma de la ley de agroquímicos, anunciada meses atrás por el Ministerio de Producción de la Provincia.

La ley actual es la 6.312, del año 1996, cuando se aprobó en el país la primera soja transgénica resistente al glifosato. En la actualidad existen más de 60 cultivos transgénicos autorizados, a los que se fumiga con venenos incluso más tóxicos, como el 2,4 D, dicamba o glufosinato de amonio.

La ley provincial habilita de manera excepcional las fumigaciones aéreas dentro del radio de 500 metros de las plantas urbanas, en los casos en que por las condiciones del terreno no puedan hacerse en forma terrestre. Pero las prohíbe sin excepción cuando en las inmediaciones de los lotes haya casas, escuelas o centros de salud. Por lo tanto, las fumigaciones aéreas que sufren las familias son ilegales.

En cuanto a las fumigaciones terrestres, la ley es flexible y deja los límites a criterio de los municipios. Ante esta situación, los campesinos quieren más protección. “Queremos más metros y que se respeten. Y que haya reforestación, porque no hay cortinas forestales”, explica Ledesma.

Con ese objetivo, el 22 de septiembre se realizó una primera reunión virtual de la que participaron integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase Santiago) —del cual forman parte algunas familias afectadas—, representantes de universidades nacionales, de la Defensoría del Pueblo de la Nación y de lnstituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), entre otros organismos del Estado. Fue invitada también Vita Aylon, integrante del grupo de Madres de Barrio Ituzaingó, de la ciudad de Córdoba, que llevan adelante una lucha histórica contra las fumigaciones.

En un comunicado, el Mocase Santiago informó que en la reunión se avanzó en la iniciativa de las familias de conocer el borrador de la reforma de la ley para poder participar. También quieren llevar adelante acciones de comunicación y compartir información con las comunidades afectadas.

Como responsables de las fumigaciones en Santiago del Estero, el Mocase y las familias señalan a grandes productores y empresas agropecuarias que operan en la zona. Entre ellos, a RCM Sociedad Anónima, una de cuyas propietarias es Edda Resconi, de la localidad de Villa Minetti (Santa Fe). A esta firma la identifican como responsable de la fumigación que en marzo pasado acabó con toda la producción de pollos de Jesús Romero, un productor familiar que vive en cercanías de Los Juríes. Las familias también señalan a Torresi Agroproducciones, del sur de Santa Fe. Agencia Tierra Viva se comunicó con ambas empresas pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

En los últimos 15 años, a raíz de la movilización de asambleas y grupos de vecinos, se dictaron ordenanzas municipales y fallos judiciales en provincias como Santa Fe, Buenos Aires o Entre Ríos que determinan distancias de hasta 1000 metros libres de fumigaciones. En su mayoría, se fundamentan en la legislación ambiental y en numerosos estudios científicos que demuestran los efectos perjudiciales de los agrotóxicos en la salud y el ambiente.