Por Raúl Zibechi

“La frontera agrícola avanza expropiando, y la expropiación necesita de apoyo político”, escribe el abogado en derechos humanos Diogo Cabral en un trabajo que cruza datos para intentar comprender dónde y cómo se produce el avance de la ultraderecha bolsonarista, concentrado en la selva amazónica. Las conclusiones de su trabajo son tremendas y pueden ser resumidas en el editorial de Eliane Brum, directora del sitio periodístico Sumaúma: si Flávio Bolsonaro vence en la segunda vuelta, describe Brum, “existe una gran posibilidad de que la selva deje de existir como tal, lo que implica que dejará de actuar como reguladora del clima y sumidero de carbono, uno de los gases responsables del calentamiento global”.

El bolsonarismo gobernará siete de los nueve estados de la Amazonia, en tanto más de la mitad de los parlamentarios electos ya han votado en contra de la selva y de los pueblos originarios, según la investigación de Sumaúma.

Esta realidad impone colocar la lupa sobre lo que sucede en la Amazonia Legal brasileña, (Mato Grosso, Pará, Rondônia, Tocantins, Maranhão, Acre, Amapá, Amazonas y Roraima), que ocupa el 60 por ciento del total de la selva amazónica. En las últimas cuatro décadas la territorialidad del conflicto por la tierra se ha movido desde el sureste, donde nació el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), migró primero hacia el norte y nordeste, y ahora hacia la Amazonia, siguiendo los pasos de la expansión del agronegocio.

La expansión ha sido geométrica: en 1990 había once millones de hectáreas cultivadas de soja, llegando a casi 50 millones en la actualidad; la producción del grano creció 738 por ciento en los últimos 40 años, en tanto el área sembrada se expandió en un 322 por ciento en el mismo período. Hacia finales de la década de 1970, más del 80 por ciento de la soja provenía de los estados del sur; en la década siguiente comenzó a extenderse por la región central (Mato Grosso, Goiás y el distrito de Brasilia). Esta región que hace 40 años representaba el dos por ciento de la producción nacional de soja, ahora alcanza el 40 por ciento.

Este cambio notable puede observarse en el mapa (ver mapa), donde se combinan cuatro variables analíticas: la deforestación, los conflictos agrarios de 2025 registrados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), el monitoreo de la pulverización con agrotóxicos de la Red de Agroecología de Maranhão y los resultados electorales de la primera vuelta.

A medida que la frontera agrícola se expande, el mapa se va coloreando de azul. José de Souza Martino, citado por Cabral, entiende la frontera agrícola no sólo como la línea de avance de la producción agropecuaria sobre la vegetación nativa, sino como “espacio social de conflictos”. Se trata de una expansión autoritaria, “acumulación por despojo” como la definiera David Harvey, que busca convertir la tierra en mercancía para lo que debe no sólo apropiársela sino expulsar a las comunidades indígenas, quilombolas (negras) y pueblos tradicionales.

Datos crudos e impunidad

Los datos indican que entre 2019 y 2025 Brasil perdió once millones de hectáreas de vegetación nativa, siendo la actividad agropecuaria la responsable del 97 por ciento de esa deforestación. En paralelo, se registra un promedio de 1.500 conflictos en el campo; con 26 asesinatos en 2025, el doble que en el año anterior, y los hacendados fueron responsables de 14 de las 16 muertes en la Amazonia Legal. En los 34 años en los cuales la CPT viene sistematizando datos de conflictos rurales, hubo casi 2.000 asesinatos, pero sólo 120 habían sido juzgados hasta 2018, según la CPT.

Flávio Bolsonaro tuvo sus mayores votaciones justamente en los estados donde la deforestación fue más intensa: 71 por ciento en Roraima, 67 por ciento en Rondonia, 65 por ciento en Mato Grosso y en Acre. “Ganó en ocho de los diez municipios de la Amazonia Legal que más deforestaron desde 2016”, asegura Cabral, cruzando datos electorales y del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, que monitorea las áreas deforestadas.

La ciudad de Novo Progresso, en Pará, que en 2019 fue el epicentro del “Día del Fuego” (10 de agosto, cuando los productores rurales iniciaron la quema masiva de áreas de la selva, para “limpiar” y permitir el avance del agronegocio), Bolsonaro obtuvo el 85 por ciento, superando holgadamente la votación de su padre en 2022. Lula ganó, no por casualidad, en municipios donde existen reservas naturales, asentamientos de recolectores y poblaciones ribereñas. Por el contrario, donde se proyecta la explotación minera aurífera de Belo Sun contra la tierra indígena Ituna/Itatá (en Pará), Lula cayó del 52 al 35 por ciento, mientras que Bolsonaro alcanzó el 61 por ciento de los votos.

En los llamados “polos del agronegocio”, en Mato Grosso, Lula perdió el 26 por ciento de sus votos en cuatro años, en tanto Bolsonaro sumó un 24 por ciento más que su padre, superando el 70 por ciento.

Aquellos estados atravesados por la frontera del agronegocio, como Bahía, Pará y Maranhão, son los más violentos del país. El MST denunció el “proyecto Mataiba”, en Maranhão, como un “crimen del agronegocio". El proyecto surgió en 2015 y abarca cuatro estados para “impulsar la expansión de la agroindustria para la producción de productos básicos de exportación”, pero en los hechos es una amenaza “a las comunidades tradicionales y las zonas de asentamiento de la reforma agraria al impulsar la invasión de estos territorios, la reconcentración de tierras y el fomento de la especulación inmobiliaria y la financierización de la agricultura”. Además de la expropiación de tierras por la violencia, enfrentan el uso masivo de pesticidas, con los consiguientes daños a la salud.

La impunidad es la tónica que permite al agronegocio expandirse. Pero la impunidad supone la existencia de redes de complicidades entre empresarios, capataces de las haciendas, sicarios, policías y la justicia estatal; esa alianza que se traduce en el apoyo político a la familia Bolsonaro.

El abogado José Batista Afonso de la CPT esgrime que “la impunidad es la prueba de que el crimen compensa”. Sostiene que no es una cuestión territorial sino que existe un patrón de impunidad que se repite una y otra vez. Repórter Brasil investigó cinco crímenes (en realidad cinco ejecuciones) con siete víctimas ocurridos en 2009. Once años después sólo un caso fue cerrado, con la condena de un policía que continuó recibiendo su salario hasta que el Repórter Brasil lo denunció.

La impunidad se sostiene en una alianza tejida en base a una abrumadora desigualdad racial, étnica y social, a la que debe sumarse la criminalización judicial y mediática de los movimientos que luchan por la tierra. Es importante tomar nota de este complejo político-social que sostiene al agronegocio, porque no se expresa sólo en Brasil, y será el sentido común del extractivismo en toda la región.