Por Mariángeles Guerrero

María Leonor Yonda es vicepresidenta del Coordinador Nacional Agrario (CNA) de Colombia. El CNA comenzó como un proceso de base en 2009; hoy nuclea a 50 organizaciones conformadas por jóvenes, campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras y pueblos negros e indígenas de ese país. Tiene presencia en 24 de los 32 departamentos de Colombia y fue impulsora de los Territorios Agrarios Campesinos (Tecam), reconocidos por el gobierno de Gustavo Petro en 2024. El nuevo gobierno, de Abelardo de la Espriella, promete alianzas con los sectores concentrados de la economía y el recrudecimiento de la persecución a lideresas y líderes campesinos. Ante ese panorama, “proponemos un modelo de vida opuesto al de la clase dominante, que ha ostentado el poder bajo la criminalización, con fuerzas como el paramilitarismo”, asegura Yonda.

Entre las reivindicaciones del CNA están la recuperación y la permanencia en la tierra, la defensa del territorio y el ambiente, la agroecología, la soberanía alimentaria y la defensa de los derechos humanos, a los que prefieren definir como “derechos de los pueblos”. Es, en términos de la entrevistada, “una estrategia de lucha de clases, frente al capitalismo, al despojo y al extractivismo”.

Respecto a la injerencia estadounidense en América Latina, denunciada por observadores internacionales respecto a Honduras, Colombia y Argentina (por dar algunos ejemplos), reflexiona: “No somos el patio trasero de Estados Unidos, somos la puerta delantera. Por eso es esta guerra mediática, esta narrativa que viene ganando el fascismo. Tenemos que poner nuestra inteligencia al servicio del movimiento social, cambiar la disputa ideológica y ser más ágiles en la comunicación. Los pueblos nos tenemos que juntar para cambiar esa batalla desde lo ideológico, desde la formación y desde lo organizativo”.

Las raíces del CNA se remontan al paro cafetero de 1997 llevado adelante en el centro del país, entre otros motivos, por las deudas que asediaban a los productores de café. En la memoria se inscriben además las movilizaciones de trabajadores caficultores del 2013-2014. La organización también encuentra su raigambre en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, una de las primeras organizaciones campesinas colombianas, que data de los años 60. “Venimos de ese legado. Muchos padres y familias hacían parte de la Asociación y desde ahí surgimos”, afirma.

Oriunda de El Tambo y Argelia (localidad del Cauca, en el oeste de Colombia), explica que la apuesta política del Coordinador se enmarca en el internacionalismo, por eso confluyen en La Vía Campesina. La formación política del CNA tiene componentes de geopolítica y pone la lupa sobre cómo el imperialismo fue parte de la estrategia de guerra interna en Colombia, conflicto armado que lleva décadas y que intentó resolverse mediante el Acuerdo de Paz de 2016.

Según Yonda, el eje de acción prioritario del CNA es la movilización constante y la recuperación de tierras frente a las empresas que históricamente han despojado al campesinado. En Colombia, para 2022, el uno por ciento de la población concentraba el 81 por ciento de la tierra, según Oxfam.

El campesino: una identidad política negada, una palabra prohibida

El Estado colombiano firmó, en 2016, un Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Implicaba la deposición de las armas por parte de la guerrilla, pero también el compromiso estatal con reformas estructurales y políticas que mejoren las condiciones de vida en las zonas rurales, donde las FARC emergieron y tuvieron su mayor desarrollo. Entre los puntos del acuerdo, una de las claves era la democratización de la tierra: la reforma agraria.

El gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) fue el que más avanzó respecto a la cantidad de hectáreas devueltas a las familias campesinas. Según la Agencia Nacional de Tierras, el ex presidente Juan Manuel Santos entregó 27.287 hectáreas e Iván Duque 32.614. Hasta fines de 2025, el gobierno de Gustavo Petro había gestionado la entrega de 700.000.

Si bien los crímenes contra líderes campesinos ocurrieron en todos los gobiernos, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde que De la Espriella ganó las elecciones se registraron 61 campesinas, campesinos e indígenas asesinados. Por ejemplo, el 31 de agosto fueron asesinados la lideresa indígena María Ovidia Palechor Anacona y el dirigente campesino y defensor de derechos humanos, James Edimer Flor. Gabriel Pacheco, líder comunal de la zona rural del Putumayo (en el límite con el Ecuador) fue muerto el 22 de septiembre. Jacob Guacheta Zambrano, de la Guardia Indígena del Cauca, el 10 de septiembre.

En el caso de este gobierno, al crimen se suma la estigmatización de la protesta social y del campesinado como sujeto político. “Todo aquel que se movilice o diga algo en contra de su mal gobierno o de la violación sistemática de derechos humanos va a ser encarcelado, judicializado y criminalizado. Hay una alianza con los intereses de los Estados Unidos: es la Doctrina Monroe, la idea del enemigo interno”, indica Yonda.

A menos de dos meses de haber asumido, el Gobierno prohibió que todo documento oficial mencione la palabra “campesino” y que la reemplace por “empresario del campo”. El campesinado fue reconocido como sujeto de derechos y especial protección por el Congreso Nacional en 2013, a través de la modificación del Artículo 64 de la Constitución colombiana. Yonda subraya ese aspecto: “Era necesario ese reconocimiento. Los pueblos indígenas habían sido reconocidos en la Constitución de 1991, no así el campesinado”.

“Gobiernos de derecha como el de Santos (2010-2018) y el de Duque (2018-2022) no iban a permitir que se reconociera el campesinado, porque siempre lo han visto como un trabajador agrario, de acumulación de fuerza de trabajo para el gran capital, para las empresas y el agronegocio”, asegura. La censura del vocablo en los documentos oficiales es un paso hacia atrás en el reconocimiento del campesinado como sujeto político y cultural del campo.

—¿Por qué ocurrió esa censura?
—No solo es una intención de concepto, es querer borrar la memoria para privilegiar a los grandes empresarios y llamarnos pequeños empresarios. Eso ha sido muy fríamente calculado por este Gobierno para negar derechos que el campesinado ha logrado a través de la historia. Hoy el presupuesto para la implementación de la reforma agraria integral y popular es para los grandes empresarios, para ampliar los sistemas de riego para empresas sionistas, para favorecer la fumigación de los cultivos de coca con glufosinato de amonio. Es un plan estratégico orientado desde Estados Unidos. Lo primero que hizo este Gobierno fue abrir nuevamente consulados en Israel, cuando en este país habíamos dicho que, por el genocidio al Pueblo Palestino, cualquier acuerdo con Israel no se mantenía.

El 10 de agosto, un terremoto de 7,4 afectó el este del país, especialmente a localidades como Cali, Pereira, Manizales, Chocó y Buenaventura, donde el CNA tiene presencia. Se registraron 240 muertos y pérdida de viviendas. Y también, denuncia Yonda, la falta de apoyo del Estado. “En medio de la calamidad fue muy importante la solidaridad de la comunidad, de las organizaciones. El gobierno utilizó la catástrofe para posicionar al sionismo, mostrando a rescatistas israelíes cuando no lo estaban haciendo, y para darle prevalencia al intervencionismo de Estados Unidos”, señala.

La reforma agraria fue una de las conquistas campesinas que Yonda destaca. Pero indica su desacuerdo con que el gobierno de Petro haya comprado tierras a los terratenientes, a quienes “han despojado históricamente a los campesinos”. Explica: “Pensamos que su propuesta debía ser la expropiación. No pasó, porque para poder gobernar le tocó hacer alianzas con quienes ostentan el poder. No va a haber una reforma agraria si no recuperamos las tierras que están indebidamente usadas”.

Señala que la estructura del Estado está diseñada bajo un modelo liberal y colonialista. Y que las reformas planteadas por el ex presidente encontraron límites en el Congreso, en la Corte Constitucional, en “los poderes de estatales que favorecen a una clase dominante”. Sin embargo, marca algunos avances como las ayudas a personas mayores, la reforma de pensiones y el reconocimiento de los Tecam.

Son espacios autónomos y autogestivos (para 2020 se contabilizaban 51), que permiten a las familias campesinas producir, realizar inversiones económicas, tener juntas de gobierno y mecanismos de protección como las guardias campesinas. “Son nuestra única defensa, porque no creemos en la institucionalidad. Sobre todo en la fuerza pública, que es la que más nos ha estigmatizado y generado violencia a través de alianzas con paramilitares”, afirma.

Fueron impulsados por el CNA y formalizados por el Decreto 780 de 2024. En esos espacios disputados (como fue el caso de la pelea contra la transnacional Occidental Petroleum Corporation, al norte del país), las comunidades comenzaron a vivir y a sembrar alimentos: maíz, plátano, yuca, papas. Otro Tecam funciona tras la recuperación territorial en el Cauca y en Nariño (suroeste del país), ante las mineras Anglo Gold Ashanti, que había obtenido permisos de exploración durante el gobierno de Álvaro Uribe, en defensa de la zona del volcán Doña Juana.

—¿Cuáles son los retrocesos más marcados para el campesinado desde que asumió Abelardo de la Espriella?
—Uno es el recorte total de presupuesto para la compra y adjudicación de tierras y el desfinanciamiento de la política agraria. Otro es haber nombrado como ministro de Agricultura y Desarrollo Rural a Indalecio Dangón (asesor durante el gobierno de Uribe), que en el pasado favoreció a las élites, a los grandes terratenientes y a la agroindustria. En la misma línea, nombró a Lina Garrido como directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Dicen que engañaron a los campesinos cuando el gobierno de Petro les entregó tierras, pero es mentira porque esas tierras que han entregado a los campesinos fueron tierras que efectivamente los campesinos recuperaron. A través de esa narrativa buscan efectivamente favorecer el despojo de tierras y a grandes empresarios.

El 25 de septiembre, la ANT comenzó el diálogo con sectores petroleros para destrabar proyectos que estaban frenados desde el gobierno anterior.

—¿Cómo incide el retroceso de los derechos campesinos en la implementación del Acuerdo de Paz?
—El Gobierno ha quitado todo lo que tiene que ver con el Alto Comisionado para la Paz y con la implementación del Acuerdo. Para nosotros la paz es el derecho a la democratización, al acceso, al uso y a la tenencia de la tierra. Es la permanencia en el territorio, las transformaciones estructurales que requiere el campo colombiano, es una verdadera reforma agraria integral y popular, que va mucho más allá de la titulación o entrega de tierras. Es el derecho al territorio, al disfrute del territorio. Y también el derecho a un modelo económico diferente, a la educación, a la salud. Esa es la paz que concebimos: de verdaderas transformaciones para la vida digna, no solo del silenciamiento de los fusiles.

Tras las elecciones de junio, desde el Pacto Histórico (partido de izquierda que llevó a Iván Cepeda como candidato a la presidencia) se convocó a la desobediencia civil. Esta herramienta está presente en la legislación colombiana y reconoce el derecho del pueblo a desobedecer mandatos de un gobierno cuando va en contra de sus derechos.

—¿Cómo se está llevando a cabo o pensando la desobediencia civil en los territorios?
—Nosotros tenemos un enfoque y una conceptualización de desobediencia civil que es romper jurídica e institucionalmente con el Estado, desconocer a un gobierno ilegítimo. Desde el Pacto Histórico no deberían haber aceptado los cargos parlamentarios, por ejemplo. La desobediencia civil no es mantener una alianza con la institucionalidad, como la alianza que hizo el Pacto Histórico con el Centro Democrático para ir en contra de Firmes por la Patria (el partido de De la Espriella).

“Que no nos digan de arriba qué hay que hacer”

Además de vicepresidenta del CNA, Yonda es secretaria del área de Formación, Mujeres, Jóvenes, Investigación y Comunicación. Desde ese rol reflexiona sobre la actualidad de las mujeres y de las juventudes rurales. “Los planes de vida tienen que estar acordes a la necesidad del campesinado y de las mujeres que vivimos en el territorio, que no nos digan desde arriba qué hay que hacer”. Respecto a las mujeres, señala: “Históricamente han contribuido al cuidado del territorio y de la vida. Pero no tienen derecho al acceso a tierras, a la titulación, no tienen derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a una pensión. Muy pocas acceden a los servicios básicos. Producen conocimiento, ciencia y tecnología, pero eso nunca ha sido reconocido, como tampoco su trabajo de cuidado”.

También marca la violencia patriarcal que ejercen los Estados al negar el derecho a una sexualidad digna. “No hay una salud que realmente les permita acceder a anticonceptivos”, asegura. Y añade: “Las fuerzas militares también ejercen violencia contra las campesinas. Cuando hay un desplazamiento, cuando asesinan a un líder, son las mujeres las que se quedan en el territorio con sus hijos, enfrentadas a la violencia política, económica y social”.

Sobre las juventudes, reflexiona: “Hay desesperanza en la juventud, tanto en la ruralidad como en la ciudad. Creo que es una necesidad urgente pensar en los jóvenes frente a esta guerra mediática y la tecnología. La esperanza puede ser el campo, se pueden producir alimentos donde aún hay esperanzas”.

Para que el norte sea el sur

—¿Cuál considera que es el rol de los movimientos campesinos e indígenas en este contexto político adverso para los sectores populares en la región?
—En Colombia hemos retomado las banderas de acción y de movilización. Aprendimos una lección y es que en gobiernos progresistas el movimiento social no debe perder la autonomía y la independencia, su agenda de movilización y de constante exigibilidad. Hoy hemos retomado los rumbos de la unidad y de la movilización para defender los derechos hasta ahora conquistados, como los derechos laborales, de pensión, salariales. Hay una intención de este gobierno de borrar los derechos que se lograron en el gobierno de Petro. Y desde el movimiento social creamos litigios estratégicos y movilización.

—¿Qué acciones considera que se deben tomar desde las bases?
—Un aspecto importante es la formación y la comunicación. Esta es una disputa ideológica: cada día nos van ganando más en el campo mediático. Nos venden la derechización, el fascismo, el colonialismo. Ese discurso de clasismo y racismo pega mucho. Otra tarea muy importante es la articulación y la unidad de los pueblos para hacer resistencia, construir poder popular y crear mecanismos. La ONU es colonialista, nació en Europa tras la Segunda Guerra Mundial y no va a hacer nada por los pueblos. Eso quedó en evidencia con el genocidio en Palestina o con los 60 años que vivió Cuba de bloqueo. Nos quedamos esperando, como que la ONU iba a ser la salvadora, pero ahora nos damos cuenta de que no. Otro aspecto es la soberanía alimentaria: un país sin comida pierde la guerra.

—¿Qué mensaje se puede dar desde el campo colombiano a otros territorios de América Latina?
—Creo que los países debemos empezar a pensar en una insurrección popular frente a los gobiernos fascistas. Son gobiernos que venden los recursos naturales, concilian con la hegemonía de Estados Unidos y nos imponen la militarización, la idea del enemigo interno. Dan un discurso de miedo y de desesperanza, que es una forma de dominar. Por eso creo que nos toca accionar muy fuerte en términos de disputa comunicativa, en la movilización, en una perspectiva de lucha de clases. Es el pueblo el que salva al pueblo. Hay muchas experiencias en América Latina y en el mundo que nos permite ver la necesidad de no abstraernos como movimientos sociales cuando tenemos gobiernos progresistas, sino seguir nuestro rumbo, mantener nuestra independencia. No dejar de exigir ni de movilizarnos.