El próximo 18 de febrero se vencerá por segundo año consecutivo la prórroga de la resolución 246, con la que el gobierno de María Eugenia Vidal había habilitado la fumigación con agrotóxicos sobre escuelas, viviendas y cursos de agua en todo el territorio provincial. La gestión de Axel Kicillof renovó la suspensión el año pasado y creó el Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA), pero a días del nuevo vencimiento no hay información respecto de qué ocurrirá con la resolución. Por eso, medio centenar de organizaciones ambientales, asambleas ciudadanas y cátedras universitarias publicaron un carta abierta a Kicillof en la que le piden al gobernador bonaerense derogar la resolución 246 y proponen impulsar el modelo agroecológico en zonas de exclusión de fumigaciones con agrotóxicos, que ocuparían el 10 por ciento de las tierras cultivables de la provincia. 

“La demora en vuestro trabajo es inadmisible. Somos nosotras y nosotros los que estamos experimentando en territorios y cuerpos las enfermedades y las afectaciones producto de un modelo dependiente de agroquímicos biocidas”, denunciaron los firmantes del comunicado en el que también le solicitaron al gobierno provincial que establezca las medidas necesarias para que la población bonaerense puede acceder de forma gratuita a estudios de laboratorio para analizar el agua, la sangre y la leche materna en búsqueda de restos de agroquímicos. La carta abierta de los pueblos fumigados a Kicillof fue publicada este martes y quedó abierto a nuevas adhesiones. 

La resolución 246 había sido firmada por el ex ministro de Agroindustria bonaerense y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquis, en octubre de 2018, con fecha de entrada en vigencia para enero de 2019. La resolución habilita, por ejemplo, a fumigar con agrotóxicos hasta la puerta de las escuelas hasta un minuto antes del inicio de clases. El rotundo rechazo generado por la medida administrativa que desconocía fallos judiciales y ordenanzas municipales que limitan la distancia de fumigación hizo que la gestión de Vidal tuviera que dar marcha atrás. 

Tras asumir en diciembre de 2019, Kicillof nombró a Javier Rodríguez como ministro de Desarrollo Agrario y resolvió renovar la prórroga de la entrada en vigencia de la “resolución del veneno”, como la denominan los pueblos fumigados bonaerenses. En paralelo, a través de la resolución 8/2020 el Ministerio de Desarrollo Agrario creó el  Observatorio Técnico sobre fitosanitarios y de la Mesa de Trabajo ad hoc para avanzar en el análisis del uso de agrotóxicos y presentar una propuesta superadora a la resolución de Sarquis. 

“Un mayor control de las aplicaciones para profundizar el cuidado de la salud de la población, proteger los recursos naturales y el medio ambiente, teniendo en cuenta la seguridad agroalimentaria y las  necesidades de los productores”, era el objetivo de la resolución firmada por el ministro Rodríguez. 

“La demora es inadmisible”

A pesar de los objetivos planteados para el observatorio técnico y la Mesa de Trabajo y a un año de la convocatoria, el comunicado de las organizaciones, asambleas y cátedras universitarias calificaron de “insuficiente e incompleto” el trabajo de ambos organismos creados con el objetivo de dar respuesta a la situación legal de las fumigaciones. 

"Después de todo este tiempo solo se publicó un documento sobre modos de aplicación, basado en bibliografía de las 'buenas prácticas agrícolas' y que no toma en cuenta cantidad de bibliografía generada en las universidades públicas sobre las derivas de los agrotóxicos, que los pueblos fumigados venidos denunciando", detalló Daniela Dubois, referente de la Red Federal de  Docentes por la Vida. 

En ese tono, Dubois resaltó que además de que los documentos publicados están sesgados sobre una parte de la biblioteca, más cercana a los agronegocios, y los referidos a saluda y ambiente están en sus versiones preliminares, mientras que restan publicar otros documentos que estaban dentro del cronograma de trabajo relacionados a modos de producción y participación social. “Las asambleas nunca fuimos convocadas al diálogo”, agrega Dubois en diálogo con Tierra Viva.    

“Dilatar la adopción de medidas de protección concreta en la elaboración de políticas públicas es prolongar la exposición y los daños, dado  que mientras esas decisiones se retrasan los productores que utilizan biocidas no cesan jamás de hacerlo, ni aún en pandemia”, sentencian las organizaciones en el comunicado y subrayan que en los últimos 30 años --desde 1991 cuando se dictó la “primera e incompleta” reglamentación provincial-- el modelo transgénico avanzó y el volumen de agrotóxicos aplicados creció exponencialmente: “se calcula que en nuestro país se pulverizan anualmente más de 500 millones de kilogramos-litros de agrotóxicos. De ese total, más de 300 millones son solo de glifosato, probable cancerígeno y genotóxico”. 

La propuesta de los pueblos fumigados a Kicillof

“Mientras el Estado incumplía con sus deberes, las comunidades organizadas de los pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires hemos conseguido protecciones diversas, a través de la justicia u ordenanzas locales, tratando de subsanar la falta de políticas públicas concretas para alejar la utilización de productos extremadamente peligrosos de nuestras familias”, destaca el comunicado respecto de los fallos judiciales y las ordenanzas locales que funcionan como parches a la ausencia de una norma provincial. 

Entre las ordenanzas locales logradas por el trabajo de las asambleas, el comunicado destaca la vigente en el partido bonaerense de Cañuelas, donde se establece una restricción absoluta de la aplicación de agroquímicos en forma terrestre de 2000 metros de las poblaciones. 

Con esa ordenanza, la más progresiva de la provincia, el comunicado propone que el gobierno bonaerense aplique esa distancia de exclusión a todo el territorio de uso agrícola de la Provincia de Buenos Aires, lo que significaría una superficie de producción libre de aplicación de agroquímicos de alrededor de 1,2 millones de hectáreas. 

“En esa superficie, de poco más del 10% de toda la superficie cultivable de la provincia, se podrían desarrollar las diversas variantes agroecológicas de producción, conservando la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y estableciendo un entorno sano para el desarrollo de la vida de los habitantes de nuestra provincia”, sostiene la carta abierta de los pueblos fumigados a Kicillof y al ministro de Desarrollo Agrario, y resaltan que el impulso agroecológico acercaría a la Provincia a “la tan necesaria soberanía alimentaria” y “evitarían los daños al ambiente y a la salud  causados por  las derivas de plaguicidas  en agua, aire, suelo y alimentos para unos 20 millones de personas”.  

“La Provincia creó el programa de fomento a la agroecología y abrió cursos de asesores para ayudar a productores a realizar la transición, pero en los territorios todavía no se ha instrumentado la agroecología como política pública”, describió Dubois sobre las bases institucionales de impulso a un cambio de modelo y destacó: “El trabajo de las organizaciones campesinas y de productores y productoras que ya producen agroecológicamente demuestran que es posible y es el Estado el que tiene que potenciar ese modelo de producción”.  

Un pliego urgente para reparar los daños ambientales y sanitarios

En lo inmediato ante la incertidumbre de qué decisión tomará el Ministerio de Desarrollo Agrario respecto de la vigencia o la prórroga de la suspensión de la resolución 246, la carta abierta de los pueblos fumigados a Kicillof plantea una serie de puntos que buscan descartar el avance de las fumigaciones y que el Estado tome un rol activo en la investigación del impacto generado hasta el momento a nivel ambiental y sanitario:   

• La derogación de la  Resolución 246/2018 del Ministerio de Desarrollo Agrario
• Instrumentar de manera inmediata en toda la provincia de Buenos Aires la absoluta prohibición de la aplicación de agroquímicos biocidas en los 2000 metros lindantes a zonas pobladas, escuelas, cursos de agua, y zonas de protección o resguardo ambiental. 
• Prohibir las fumigaciones  aéreas en todo el territorio provincial, ya que son las que más riesgo y consecuencias generan al ambiente y las poblaciones.
• Instrumentar en esas hectáreas alcanzadas por la mencionada exclusión, las políticas públicas vigentes en el área y  garantizar la asistencia técnica por parte del estado para la producción agroecológica.
• Celebrar a la brevedad un convenio técnico ad hoc que permita a las y los pobladores de la provincia realizar de modo gratuito análisis de agua de consumo destinados a detectar y cuantificar la presencia de los agroquímicos  biocidas más utilizados en la actualidad para evitar consecuencias a la salud de la población por la ingesta de agua plausible de estar contaminada.
• Se provea de modo gratuito a la población bonaerense un laboratorio público de referencia con la capacidad de realizar análisis de sangre, orina y leche materna destinados a detectar y cuantificar la presencia de los agroquímicos  biocidas
• Incorporar análisis de agrotóxicos en el examen bacterio-lógico físico y químico que se realiza anualmente para el agua potable y segura en las escuelas, bajo la responsabilidad de los Consejos Escolares.