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Buenos Aires fumigada: Kicillof, el agronegocio y la salud en riesgo
julio 19, 2021
Sección: Agronegocio
La Ley que regula el uso de agrotóxicos en suelos bonaerenses data de 1998. Una resolución del gobierno de María Eugenia Vidal apoyó al agronegocio con las "Buenas Prácticas Agrícolas", pero la actual gestión suspendió esa decisión. El rol del Observatorio Técnico de Agroquímicos, los aportes académicos ignorados y los informes oficiales que aún no son públicos. Denuncias de manipulación, la voz del Gobierno y la lucha de los pueblos fumigados.
Ilustración: Sebastián Damen

Por Mariángeles Guerrero

La ley que regula el uso de agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires tiene 23 años y durante la gestión de María Eugenia Vidal se intentó modificar a través de la resolución 246, pero fue frenada por el rechazo de los pueblos fumigados. La norma fue suspendida por el gobierno de Axel Kicillof y parece encaminarse hacia una reforma en materia de fumigaciones, tarea que está a cargo del Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA), creado por el Ministerio de Desarrollo Agrario. Pero en junio venció el plazo para que la provincia concluya sus estudios de impacto ambiental, social y sanitario, y aún la documentación recopilada no se hizo pública. La organización Naturaleza de Derechos tuvo acceso a uno de los documentos y denunció que existe material suficiente para derogar la resolución 246 (que insiste con la propuesta del agronegocio –las «Buenas Prácticas Agrícolas»–), y exige avanzar con políticas que fomenten la agroecología.

El documento preliminar difundido por Naturaleza de Derechos se llama «Agroquímicos y Salud Humana» y fue elaborado a partir de la consulta de la OTA a una decena de universidades públicas del territorio bonaerenses. Leda Gianuzzi, docente e investigadora de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de la Plata, en diálogo con Tierra Viva, cuestionó que en los estudios elaborados por el organismo provincial no quedó reflejado el sentido que propician los que defienden la soberanía alimentaria. «Se veía que habían escuchado nuestro reclamo. Pero faltaba la parte de la propuesta: nosotros proponemos la agroecología como salida a esto, y eso no estaba en los escritos«, anticipa.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria en Ministerio de Desarrollo Agrario de Buenos Aires, Cristian Amarilla, señaló que la bibliografía que no fue incorporada en el documento es la internacional, porque «no se llegó a leerlo», y confió en que el documento final ser hará público durante el mes de julio. En diálogo con esta agencia, Amarilla señaló que hasta el momento no se convocó a participar a las ONG, pero dijo que el documento es «preliminar» y será la base de la discusión para tener una nueva normativa en 2022. «Hay variadas organizaciones, ONGs y colectivos en las localidades que nos interesan particularmente que participen«, aseguró Amarilla a Tierra Viva.

Entre reclamos de las organizaciones y una resolución (246) que legitima las «Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA)» en tierras bonaerenses, se traza el demorado camino de elaboración de un nuevo marco legal que regule el uso de agroquímicos. En este contexto, la discusión de fondo es cuál es el modelo deseable para frenar el impacto de los químicos en la salud. Voces de la academia y de los territorios reclaman el impulso de la agroecología y la derogación de las normas que sostienen al agronegocio.

El derrotero de la Resolución 246

La Ley provincial 10.699 estableció en 1998 la prohibición de la venta directa y aplicación sin receta agronómica de los productos “de uso y venta profesional” y “de venta y uso registrado”. En la primera categoría de productos se considera a aquellos que “por sus características y su uso resultare riesgoso para los aplicadores, terceros, otros seres vivos y el medio ambiente”. En el caso de los segundos, son aquellos “cuya venta será necesario registrar a los fines de permitir la identificación de los usuarios”. La receta, dice la Ley, deberá ser confeccionada por un asesor técnico profesional (ingeniero agrónomo u otro título habilitante matriculado en el Consejo Profesional de jurisdicción provincial). De esta manera, no prohíbe el uso de agrotóxicos en suelos bonaerenses sino que supedita su utilización a la presentación de la receta.

Veinte años después, el gobierno de María Eugenia Vidal estableció la Resolución 246/18, que promueve las «Buenas Prácticas Agrícolas», como un modo de morigerar los efectos de los agrotóxicos en la salud humana y en el ambiente. Además, establece la prohibición de realizar aplicaciones y pulverizaciones en lotes que linden con establecimientos educativos, campos de bombeo o baterías de pozos para el abastecimiento público, cuerpos y cursos de agua emplazados en el área rural.

Sin embargo, la protección de estos territorios es muy laxa. Por ejemplo, la resolución habilita, con «intervención de un profesional», las fumigaciones hasta minutos antes de la apertura de las escuelas. «Si las aplicaciones se tuvieran que realizar por alguna razón estrictamente justificada, deberán hacerse fuera y lejos de los horarios de clases, y de otras actividades, y post finalización de las mismas, y siempre y en todos los casos sin presencia alguna de personas o animales. Sólo podrán hacerse las que cuenten con la intervención de un profesional (ingeniero agrónomo matriculado), autorizando y documentando las mismas previamente, siendo responsable ante las autoridades locales de dicha práctica y sus consecuencias”, dice la Resolución.

La norma impulsada por Leonardo Sarquis, entonces ministro de Agroindustria bonaerense y ex gerente de Monsanto, fue suspendida por Vidal por el plazo de un año, en febrero de 2019, ante el reclamo de colectivos socioambientales, que pusieron en evidencia cómo la norma provincial desconocía fallos judiciales y ordenanzas municipales que limitan la distancia de fumigación. En 2020, la gestión de Axel Kicillof y del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, prorrogó la suspensión hasta febrero de 2021.

Vencida esa prórroga, extendieron la suspensión por tres meses, hasta el 17 de mayo, y luego se prorrogó por nueve meses más. En paralelo, existe un proyecto de ley con trámite parlamentario en la Cámara de Diputados provincial que va en sintonía con anteriores proyectos presentados por el oficialismo y la oposición, y que pretende legalizar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs) como opción para menguar el modelo contaminante del agronegocio.

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El Observatorio Técnico de Agroquímicos y la espera de los pueblos fumigados

La Resolución 8/2020, con la que el gobierno de Kicillof prorrogó la Resolución 246, también ordenó la conformación del Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA). El objetivo, según la norma, es “reunir, desarrollar y aportar información científico técnica sobre el uso, la aplicación de agroquímicos y sus efectos y la finalidad de implementar políticas públicas específicas”. Es decir: que esos informes sean un insumo para la nueva ley que regule el uso de agroquímicos en suelos bonaerenses.

La normativa que creó el OTA convoca a las universidades nacionales, provinciales y centros de investigación científica con asiento en la provincia, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) bajo la órbita del Ministerio de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica a realizar contribuciones originadas en las investigaciones que producen en materia de agroquímicos.

El 9 de marzo de 2020 se llevó adelante la primera reunión. Las instituciones científicas realizaron sus aportes. A los fines de analizarlos, se conformó un equipo interdisciplinario dedicado a la integración de la información técnica disponible en materia de uso y aplicación de agroquímicos y sus aspectos socioambientales. Los datos fueron agrupados en las categorías de análisis «Uso y Aplicación», «Agroquímicos y Salud Humana», «Impacto Ambiental del Uso de Agroquímicos», «Aspectos Sociales del Uso» y «Aplicación de Agroquímicos y Aportes para la diversificación productiva».

Ocho meses después, el 10 de noviembre, se realizó el primer ciclo de encuentros para abordar el intercambio sobre los trabajos y se publicó el primer documento, correspondiente a la categoría de análisis «Uso y Aplicación». El 9 de febrero pasado, se convocó a la mesa de trabajo y discusión de las otras categorías.

“Restaría cerrar las conclusiones sobre los documentos mencionados en forma colaborativa, con las instituciones que integran el Observatorio, proceder a su publicación y posteriormente someter al aporte del resto de los actores involucrados de la sociedad en su conjunto», señala sobre este proceso otra resolución ministerial, la 28/2020, fechada el 17 de febrero de este año.

La convocatoria a una nueva mesa de trabajo y la nueva resolución emitida en febrero, un día antes del vencimiento de la prórroga, se precipitó luego de una carta pública de los pueblos fumigados al gobernador bonaerense. “La demora en vuestro trabajo es inadmisibleSomos nosotras y nosotros los que estamos experimentando en territorios y cuerpos las enfermedades y las afectaciones producto de un modelo dependiente de agroquímicos biocidas”, sostenía la carta, que reunió a múltiples organizaciones socioambientales y cátedras universitarias, y que llevaba como propuesta un pliego urgente para reparar los daños ambientales y sanitarios. Además calificó de «insuficiente e incompleto» el trabajo llevado adelante por el OTA.

Con la Resolución 28/2020, el gobierno bonaerense mantuvo la vigencia de la Resolución 246 «mientras dure el proceso participativo». De acuerdo al cronograma oficial, esa instancia estaba estipulada para marzo de 2021, con un plazo perentorio de tres meses. Es decir que en junio pasado vencieron los plazos para que la OTA cumpla su objetivo de generar un insumo técnico para la nueva normativa.

«Hubo una clara omisión de miles de trabajos científicos»

La organización Naturaleza de Derechos hizo público la semana pasada el documento «Agroquímicos y Salud Humana» del Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA). A través de un comunicado, la organización denunció que el gobierno bonaerense «oculta deliberadamente desde diciembre de 2020» el informe, ya que «sus conclusiones dan cuenta de los graves impactos en la salud de los agrotóxicos», que obligan a derogar «de modo urgente» la Resolución 246.

Más allá de considerar que el informe contiene conclusiones determinantes sobre los efectos en la salud, Naturaleza de Derechos denunció que el documento cuenta, entre sus fuentes consultadas, solo con 38 trabajos académicos. «Hubo una clara omisión de buscar y aportar debidamente miles de trabajos científicos que dan cuenta de los impactos de los agrotóxicos en la salud», cuestiona la organización socioambiental y agrega: «Si se hubiera permitido la participación social abierta en el mismo, su repositorio estaría compuesto con esa información faltante, que no puede ser soslayada ni minimizada tratándose de un tema de salud pública y defensa de la naturaleza de suma relevancia».

«Quién más que las organizaciones y asambleas de pueblos fumigados para aportar la información científica disponible si son las que realmente se encargaron de hacerlo estos últimos 20 años incansablemente», lamenta el comunicado. A modo de ejemplo, el documento de Naturaleza de Derechos cita el trabajo de Eduardo Martín Rossi. Dichos estudios comprueban la dinámica que tienen las sustancias químicas liberadas al ambiente y cuya toxicidad no es lineal, por lo que hace insostenible a la agricultura industrial y descarta de plano la viabilidad de las «buenas prácticas agrícolas (BPAs)».

Informe preleminar por las fumigaciones en la provincia de Buenos Aires
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Según el trabajo de Rossi, solo entre el 20 y 30 por ciento de los agrotóxicos que se aplican hacen foco en los cultivos. Entre el 70 y 80 por ciento restante es parte de lo que se denomina «deriva», que se esparce en el aire, en los ríos, las aguas subterráneas de consumo humano y en los cuerpos humanos, con una capacidad de daño a bajísimas dosis y que mata masivamente a diversos componentes biológicos.

«La sospecha inicial de las asambleas y organizaciones de Pueblos Fumigados de que la creación de dicha instancia solo tenía como objetivo maquillar argumentalmente la Resolución 246/18 se consolidó rápidamente desde que se tomó conocimiento que se trataba de un proceso de recopilación de información tecnócrata que excluía deliberadamente la participación social», denuncia Naturaleza de Derechos.

A pesar de la exclusión de la participación social denunciada, la organización socioambiental insiste en que las conclusiones preliminares del informe «Agroquímicos y Salud Humana» van en contra de las BPAs y de las pretensiones de validarlas con la Resolución 246. Este es, según la organización, el argumento por el cual el gobierno de Buenos Aires todavía no lo hizo público.

«Es urgente una política pública que frene el uso de agrotóxicos»

Durante el proceso de elaboración de los informes, el equipo técnico del OTA convocó a las universidades de Buenos Aires, Arturo Jauretche, de Avellaneda, de General Sarmiento, de Hurlingham, de La Plata, de Luján, de Mar del Plata, de Moreno, de San Martín, de Tres de Febrero, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, del Sur, del Sudoeste y la Universidad Tecnológica Nacional. Cada universidad hizo una serie de aportes, aunque no todos fueron incluidos en el informe preliminar sobre el impacto de los agrotóxicos en la salud.

«Incorporaron trabajos que les habíamos enviado de investigadores argentinos. Se veía que habían escuchado nuestro reclamo. Pero faltaba la parte de la propuesta: nosotros proponemos la agroecología como salida a esto, y eso no estaba. Esa fue mi observación», comentó Leda Gianuzzi, docente e investigadora de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de la Plata, en diálogo con Tierra Viva, acerca del intercambio que mantuvo con los técnicos del OTA.

«La sensación que queda es que les encomendaron hacer algo. Toman nota de lo que decimos, pero ‘del dicho al hecho hay mucho trecho’. No veo que esto se traduzca en una ley o en recomendaciones. No veo que se traduzca en el sentido que propiciamos los que defendemos la soberanía alimentaria. A lo mejor tienen buenas intenciones, pero esto depende de otros poderes, de los grandes monopolios», contextualizó Gianuzzi. En se sentido, subrayó la necesidad urgente de «una política pública» para frenar el uso de venenos en el campo. «Ya sabemos que los agrotóxicos tienen efectos en la salud humana. ¿Hay que seguir diciéndolo? Acá se necesita un cambio de raíz», sintetizó.

También participaron del proceso de consulta el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Comisión de Investigaciones Científicas de Buenos Aires (CIC), el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA-Conicet, Universidad Nacional de La Plata), el Centro Interdisciplinario de Investigaciones Aplicadas al Agua y al Ambiente (Universidad de la Plata, Universidad del Noroeste de Buenos Aires, Instituto del Agua, el Centro de Emprendedurismo y Desarrollo Territorial Sostenible (Cedets), el Centro Asociado de la Universidad Provincial del Sudoeste y la Comisión de Investigaciones Científicas.

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¿Qué le dice la Provincia a los pueblos fumigados?

Cristian Amarilla es subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria en Ministerio de Desarrollo Agrario de Buenos Aires. Amarilla tuvo a su cargo la política que se pretende implementar a través del OTA. En diálogo con Tierra Viva anticipó que durante «esta semana o la próxima» se presentarán los informes que aún no fueron publicados oficialmente, entre ellos el de Agroquímicos y Salud Humana, que hizo circular Naturaleza de Derechos.

¿Qué informes está preparando el OTA hasta el momento y en qué instancia está cada uno?

—El OTA, después de mucho trabajo de recepción de trabajos de universidades con asiento en la provincia de Buenos Aires, el INTA y el Conicet, conformó un equipo interdisciplinario y elaboró cuatro informes de acuerdo a subcategorías. Una vinculada a la aplicación y uso de agroquímicos, que ya está publicada en la página del Ministerio, y nos están quedando por publicar tres trabajos vinculados al ambiente, a la salud y a la diversificación productiva. Ya se terminó de hacer una síntesis, se terminó de validar con algunas universidades y estamos en la instancia de revisión. Todo indica que esta semana o la otra los estaremos publicando. El objetivo no es solo que sean públicos, sino hacer una presentación en los distintos municipios: que la discusión que tuvimos a nivel científico y tecnológico podamos tenerla en los distintos distritos con los distintos actores. Es decir, de la producción, las entidades agropecuarias, el Colegio de Agrónomos, las cámaras vinculadas a la provisión de insumos, a las organizaciones vinculadas al cuidado de la salud y el ambiente. La idea es ver las realidades locales y que haya una presentación en territorio.

¿Qué organizaciones fueron invitadas a realizar esos informes?

—Esa etapa no se hizo porque estamos en la etapa de organización al interior del sistema científico y tecnológico. Todavía estamos terminando de organizar y sistematizar los distintos aportes. Hicimos un esfuerzo de sistematizar la información disponible, poder englobarla y tenerla en algunos documentos; y a partir de ahí tomar decisiones. Siempre de cara a los actores para participar. En cada uno de los lugares de la provincia hay distintas realidades y distintos actores. Apelamos a que sea una convocatoria amplia, de todos los sectores. La anterior gestión tenía una visión más productivista y se limitaba a los productores más grandes. No había actores, por ejemplo, de la agricultura familiar.

—¿Cómo sigue ahora el proceso?

—Serían tres momentos: la publicación de los documentos, que haya sugerencias de organismos nacionales y, por otro lado, hacer presentaciones a nivel local.

—En las presentaciones, ¿la idea es recoger las voces de las organizaciones o presentarles el trabajo realizado?

—La idea es ir a las localidades y convocar a las organizaciones. Tenemos conocimiento, porque nos fueron llegando consultas, de que hay variadas organizaciones u ONGs, colectivos en las localidades que nos interesan particularmente que participen. Lo que decimos es que no sea sesgado a una visión súper productivista, que es lo que venía pasando, sino que haya una amplitud de visiones y lograr buscar un consenso a nivel local. Los documentos son preliminares. Lo que vamos a hacer ahora es publicarlos y hacer una consulta. Porque los documentos son un insumo para nosotros: en nueve meses tenemos que terminar una nueva resolución. Queremos, en base a las convocatorias y a las reuniones, tener una visión definitiva y que eso no sea otra cosa que un insumo para la resolución del Ministerio.

—Actualmente está vigente la Resolución 246, que se fue extendiendo en el tiempo.

—Fue una resolución que no alcanzó, que se terminó suspendiendo. Nuestro diagnóstico es que no se realizó de manera participativa, fue a puertas cerradas y sin una visión heterogénea de la situación. Lo que estamos intentando hacer es incorporar a la comunidad para lograr consensos locales. Sería un error nuestro pretender tomar decisiones desde La Plata. Hay que recoger testimonios, ver qué problemas fueron surgiendo en cada lugar. Lo que no queremos es un retiro del Estado. Mientras hacemos este proceso para armar una normativa participativa, superadora de la que había, también estamos aplicando sanciones. Venimos generando multas por aplicaciones donde no se usa receta agronómica o se hacen en lugares donde no está permitido.

—La semana pasada circuló un comunicado de la organización Naturaleza de Derechos donde cuestionaba que el informe «Agroquímicos y Salud Humana» tiene muy pocas fuentes bibliográficas, que hay una bibliografía mucho más vasta que no fue incluida allí. ¿Cuál fue el criterio de selección de esa información?

—El criterio de selección fue bastante transparente. Se envió una nota a cada universidad, como decía la resolución. Sí se tomo la definición de no incluir los trabajos internacionales porque no se llegó a leerlos. Nosotros priorizamos, y el equipo trabajó en tiempo récord, la lectura de más de 700 papers, casi todos en inglés. La primera decisión fue tomar los trabajos nacionales. Ese fue el criterio. Hubo un primer documento que se circuló y después hubo una reunión donde se incorporaron otros aportes. Esto hizo que tarde un poco más la publicación: esperábamos tenerlo listo para el año pasado y la verdad es que llevó mucho más trabajo.

—¿Cuál es el posicionamiento respecto a las Buenas Prácticas Agrícolas como una salida a la problemática de los agrotóxicos?

—Hicimos un programa para premiar a aquellos productores que desarrollan buenas prácticas, que cuidan el suelo, que nos presentan un plan a tres años de rotación de suelos, que aplican con receta agronómica. Es decir, que cumplen la ley. Más allá de esto, antes de crear ese programa creamos otro, en junio de 2020, de promoción de la agroecología. Tenemos más de cien distritos de Buenos Aires con este tipo de cultivos en distintas escalas. También nos parece importante visibilizar que hay una alternativa productiva al modelo actual. No solo queremos premiar a quienes hacen las cosas bien con el modelo actual sino proponer una alternativa productiva.

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