El Senasa confirmó la entrada en vigencia de la obligatoriedad de la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para los productores frutícolas y hortícolas, que deberán respetarlas desde la producción hasta el almacenamiento previo a su comercialización. La resolución conjunta del Senasa y la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía, redactada durante la gestión macrista, entró en vigencia este 2 de enero para el sector frutícola y el 4 de enero para el sector hortícola.  

“Las buenas prácticas son una mentira que sigue apañando al sistema convencional de producción, basado en el uso de venenos para producir, favoreciendo a las grandes empresas químicas e intermediarias de estas y sus negocios”, advierte Lucas Tedesco, referente nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que reúne a productores hortícolas en todo el país. 

La Resolución Conjunta 5/2018, cuya entrada en vigencia coincide con el declarado año de las frutas y verduras por la ONU, abarca a todo el territorio argentino y promueve la aplicación de las denominadas buenas prácticas con “el objetivo fundamental de obtener alimentos sanos e inocuos, cuidando el ambiente, la salud de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto”. Para eso, la resolución incluye una serie de requisitos mínimos obligatorios para cumplir por parte del productor de hortalizas y frutas frescas, que “permitirán mitigar los peligros biológicos, físicos y químicos que pueden estar presentes en estos productos”.

“Se trata de otra medida que no transforma nada porque si, realmente, se quisiera pensar en la salud, en el bienestar de la población en general, pasaríamos a otro sistema. El tema acá es lo que se pone en juego: los intereses de quienes producen monocultivos, maíz y soja de la mano del ‘paquete tegnologico’ y las multinacionales que la promocionan”, apuntó el referente de la UTT, organización que a través de Consultorio Técnico Popular (CoTePo) entrega los certificados de agroecología a las quintas de los productores que nuclea. 

La resolución que ratifica las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) como una política pública precisa entre otros puntos: la documentación obligatoria para los productores, habilita a utilizar solo los insumos tanto agroquímicos como orgánicos autorizados por el Senasa, indica que “el agua de uso agrícola debe ser libre de contaminaciones y sustancias peligrosas”, exige cumplir con las pautas de higiene básicas, reducir al máximo la posibilidad de contaminación biológica en los cultivos e impone la obligatoriedad de contar con un técnico de la institución para asesorar en las BPA.

“Las buenas prácticas agrícolas perpetúan el modelo agroindustrial”

“En el caso de que se quisiera cambiar el modelo y pasar a otro sustentable deberían  pensar propuestas con las organizaciones que venimos planteando otro modelo”, insiste Tedesco y convoca a los organismos públicos a “acompañar seriamente la construcción de otro modelo” y no “la estrategia para perpetuar este modelo agroindustrial basado en el rendimiento por sobre la salud y la vida”. 

La resolución de 2018 sostiene entre sus argumentos que se basa en “la definición de las ‘Buenas Prácticas Agrícolas’ propuesta por el Comité de Agricultura (COAG) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el 2003”. A pesar de que las recomendaciones internacionales de BPA están por cumplir 20 años, en la Argentina existen estudios y sentencias judiciales que evidencian el fracaso de su aplicación o el total desprecio por parte de muchos productores abrazados al modelo químico. 

Por ejemplo, el estudio “Plaguicidas en alimentos” publicado en 2015 por el Espacio Multidisciplinario de Interacción Ambiental (EMISA) de la Universidad de La Plata, demostró que el 80 por ciento de las frutas y verduras analizadas en el Mercado Central platense contenía, al menos, un compuesto agrotóxico. Mientras que 3 de cada 10 tenían, al menos, 3 compuestos. 

En ese estudio, dirigido por el profesor Damián Marino, el agrotóxico más encontrado fue el endosulfán, químico que mató en 2011 al niño Nicolás Arévalo. El pequeño de 4 años vivía frente a una huerta de tomates en la localidad correntina de Lavalle. Un reciente fallo del Tribunal Oral de Goya condenó al productor Ricardo Prietto, una sentencia que marcó el primer antecedente jurídico respecto de la responsabilidad de los productores en el posible efecto mortal del uso de agrotóxicos.