La comunidad huarpe Salvador Talquenca, de San Juan, corre peligro de ser desalojada. Se trata de 10.000 hectáreas que quedaron sin el paraguas legal de la Ley Nacional 26.160, norma derogada por decreto de Javier Milei. “Esta situación se da porque hay un gobierno nacional que demuestra un desdén y un desprecio muy grande hacia los pueblos originarios”, sostiene Ariel López, abogado de la comunidad.

El inicio del conflicto se remonta a 2012. Las tierras estaban a nombre de Rosa Elena Bravo, pareja de Federico Cantoni (dos veces gobernador de San Juan, ya fallecido). Bravo inició un juicio para que Cantoni reconozca como hijo a Leopoldo Bravo (también ex gobernador de San Juan). Para cobrar honorarios adeudados, la abogada de ese juicio ejecutó esos terrenos, que fueron subastados. La familia Cantoni-Bravo nunca había habitado el lugar.

Una vez efectuado el remate, las familias de la comunidad, que sí vivían en el lugar, se enteraron de lo ocurrido y realizaron una presentación ante el Poder Judicial sanjuanino. Argumentaron que desde 2008 poseían la carpeta técnica elaborada en el marco del relevamiento de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena. La carpeta indica la posesión tradicional sobre la tierra en disputa. El juez Luis Arancibia, del Tercer Juzgado Civil de San Juan, les dio la razón.

Trece años después, tras la derogación de la Ley 26.160 efectuada por el gobierno de Javier Milei, las personas que habían adquirido las tierras en aquel remate (los empresarios Sergio Savall y Leonardo Quiroga Conte Granda, este último ligado a los negocios inmobiliarios) volvieron a presentarse ante el juez, argumentando que la ley que fundamentaba la sentencia anterior fue derogada. Arancibia resolvió, en esta oportunidad, aceptar ese fundamento y hacer lugar al pedido de los compradores.

“El juez reconoció la posesión de la comunidad y ahora la desconoce”

Juana Castro pertenece a la comunidad Salvador Talquenca. Las tierras que habitan, explica, se ubican en El Encón, departamento 25 de Mayo, en el límite con San Luis. Las 60 familias que integran la comunidad pastorean allí sus animales. La zona es desértica. La mayoría de las personas se dedican a la ganadería caprina, aunque también elaboran miel, crían ovejas, cabras y caballos. Cotidianamente deben recorrer grandes extensiones con los animales para encontrar agua y pasturas.

“Nos llegó una notificación del Juzgado que dice que estas personas que compraron los terrenos quieren tener la posesión. Presentamos un escrito oponiéndonos. Hasta el momento nadie de esa gente vino al territorio”, afirma Castro. 

La comunidad está a la espera de respuestas por parte del juez. “Más allá de que la ley haya sido derogada, a la comunidad le asisten otras normativas que tienen que ver con la propiedad comunitaria indígena y que están totalmente vigentes”, argumenta López. La propia Constitución Nacional reconoce, en su artículo 75 inciso 17, la preexistencia de los pueblos originarios. Además hay otros tratados, como el Convenio 169 de la OIT, que también están vigentes.

Según explica el abogado, las tierras que hoy están en conflicto tienen titulares registrales. En este caso, la familia Bravo-Cantoni. “Están las escrituras, muy viejas, que dicen que esas tierras les pertenecieron. Pero ellos no tuvieron algo fundamental, que es la posesión. Lamentablemente las comunidades originarias no tienen los títulos pero sí tienen la posesión: han vivido toda la vida ahí. Eso es lo que estamos defendiendo”, señala.

La comunidad tiene la carpeta técnica otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El documento no otorga título de propiedad, pero sienta un precedente importante en términos de posesión, porque pone en evidencia la actividad productiva y cultural que se desarrolla en el territorio. Allí están marcados los puestos de cada familia, las aguadas y el cementerio de la comunidad. “La carpeta del INAI valió muchísimo para convencer al juez. Por eso aplicó la Ley 26.160”, enfatiza.

“En 2012 el juez Arancibia reconoció explícitamente la posesión de la comunidad Salvador Talquenca y ahora en 2025 la desconoce y le otorga la posesión a un tercero. Esa es la contradicción que le estamos marcando, y que ese accionar vulnera la defensa en juicio que tiene la comunidad”, alega.

Quienes compraron los terrenos hicieron una presentación dentro del mismo expediente señalando que, debido a la derogación de la ley, quieren hacer uso de las tierras que compraron. Para López, “tendrían que iniciar otro juicio en el que reclamen la posesión, pero no puede hacerlo en este juicio donde, a través de un simple proveído judicial, le otorgan la posesión que reclaman”.

El resultado de un contexto de avasallamiento de derechos

El Gobierno derogó por decreto la Ley 26.160 y dio fin a la "emergencia territorial indígena". Fue el 10 de diciembre de 2024. Señaló que la ley generaba “inseguridad jurídica” y afectaba los derechos de “legítimos propietarios”. En los considerandos del decreto se acusó a las comunidades de hacer un “uso abusivo” de la normativa. 

Para el abogado, no es casualidad que este problema ocurra trece años después de que se había resuelto. “El gobierno nacional estigmatiza a los pueblos originarios, los señala como delincuentes, como usurpadores. Y eso lo muestra la derogación de la Ley 26.160 y el vaciamiento que están haciendo de las instituciones que ayudaban a las comunidades, como el INAI, el Inafci o el INTA”, lamenta.

La violencia promovida desde el Gobierno agrava las condiciones de vida de las comunidades indígenas. En el caso del árido sanjuanino, donde las condiciones ya son complejas, se suma la posibilidad del desalojo. “Siempre los ningunean. Como es una zona de desierto, no es que vas a encontrar una casita al lado de la otra, sino que hay varios kilómetros entre una y otra. Entonces dicen que usurpan”, describe el abogado.

El Movimiento Nacional Indígena Somos Tierra (MNCI-ST) sumó su apoyo a la comunidad Salvador Taquenca: “Acompañamos la lucha de las familias en defensa de su territorio y hacemos un llamado urgente a las autoridades provinciales para que intervengan ante este avance contra los derechos de las comunidades consagrados en la Constitución Nacional”.