La comunidad Diaguita-Kallchaki de la localidad salteña de Las Pailas, a 16 kilómetros de Cachi, denunció la represión y detención de cinco representantes, entre ellos el vocal de la comunidad y un delegado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Ocurrió durante una acción para defender su territorio frente a una orden de desalojo judicial, que desconoció la titularidad de las tierras de la comunidad, y favoreció los intereses de dos familias ligadas a la política salteña. “Nos detuvieron por reafirmar nuestra posición. Tuvimos que escuchar un montón de barbaridades y recibimos agresiones, cuando siempre instamos al diálogo”, señaló Héctor Fabián, referente de la comunidad. Tras la represión se abrió una mesa de diálogo.
Fabián estuvo entre los detenidos de la represión ocurrida el lunes pasado. Él es vocal de la comunidad pero también presidente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (Ippis), ente autárquico salteño bajo la órbita de la Secretaría de Asuntos Indígenas. Otro de los detenidos fue Juan Condori, delegado del Consejo de Participación Indígena ante el INAI, y junto a ellos, entre los palos y las balas de goma, se llevaron a un menor de edad, al también referente Hernán Fabían y a su hermana Verónica Cruz, que está embarazada.
El territorio de la comunidad Las Pailas cuenta con la personería jurídica 1131/12 reconocida por el INAI y registrada, desde 2014, por la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160. Sin embargo, según explicó Fabián a Tierra Viva, están siendo hostigados por Carolina, Florencia y Oscar Wayar, sobrinos del ex vicegobernador salteño Walter Wayar, que reclaman el territorio como parte de una herencia familiar. Junto a ellos los presiona Sergio Guitián, sobrino de una ex intendente de Cachi. El objetivo de esas familias es realizar emprendimientos privados en el territorio comunitario, donde se producen poroto, maíz, papa, arveja, zapallo.
Represión a la comunidad diaguita con complicidad judicial
Fabián explicó que la comunidad realizó presentaciones judiciales en agosto, octubre y días antes de la brutal represión ocurrida en la comunidad ante la auxiliar fiscal a cargo de la delegación de Cachi, María Juárez Mattar, para que se reconozca la documentación que le da la titularidad de la tierra a la comunidad y ponga fin al conflicto.
“Las archivó a todas y actuaron estratégicamente para avanzar con el desalojo en este fin de semana largo”, aseguró el vocal de la comunidad y agregó: “Tiene la postura de defender el título individual de quienes no viven ni nunca vivieron en el territorio”. “Nunca tuvieron la voluntad de hacer un seguimiento del conflicto, el poder judicial es cómplice de lo que pasó”, insistió el vocal de la comunidad sobre una constante contra los pueblos originarios y campesinos en todo el país.
Las familias interesadas en ingresar al territorio de la comunidad consiguieron la orden de desalojo a través del secretario del Juzgado de Garantías 8, Abel Ignacio Goytia, quien estaba de turno durante el fin de semana largo. La decisión judicial que volvía a desconocer los derechos colectivos de los pueblos originarios fue informada de manera verbal a la comunidad el domingo y se le daba a la comunidad 24 horas para abandonar el territorio.
La comunidad activó los canales institucionales a través del INAI y la Secretarías de Asuntos Indígenas provincial para generar una mesa de diálogo en la que se presentarán y validará la documentación que les otorga la titularidad del territorio en 48 horas, pero el lunes había 10 móviles policiales en Las Pailas, también tractores y peones, armados con cuchillos, que respondían a Guitián, denunció Fabían a esta agencia.
Intereses privados, palos policiales
“Nos detuvieron por reafirmar nuestra posición. Nosotros instamos al diálogo, no había una orden para que avancen sobre nuestro territorio. La Fiscalía actuó permitiendo que entrarán a la fuerza, amenazandonos”, lamentó Fabián y recordó que él como vocal y junto al delegado del INAI hablaron directamente con el comisario de Cachi para bajar la tensión y mantener el diálogo. “Hicieron caso omiso de nuestra representatividad, nos provocaron con insultos. La Policía les daba lugar para que nos agredan e ingresen al territorio”, recuerdo el vocal.
Finalmente, la Policía encontró la excusa para reprimir con palos y balas de goma a los integrantes de la comunidad y se llevó detenidos a cinco de ellos. “Nos detuvieron por agresiones y resistencia a la autoridad. Pero las amenazas y los golpes del personal policial hacia nosotros se repitió durante los 16 kilómetros hasta la comisaría de Cachi”, denunció Fabián. La represión contra la comunidad terminó por forzar la intervención de la Fiscalía que llegó al lugar para mediar y abrir una mesa de diálogo con la comunidad pidió durante meses. “Nosotros continuamos en asamblea permanente y muchas de las comunidades hermanas se están acercando al territorio para repudiar estos actos de violencia, que vienen con un apoyo sistemático del poder político y judicial, y que de diferentes formas lo hacen hace 500 años. Hoy se visibiliza porque muchos de nuestros hermanos y hermanas levantan la cabeza y dicen: ‘ningún atropello más’”.