Los movimientos campesinos y los pueblos indígenas están teniendo un rol protagónico en el Paro Nacional en Colombia, que lleva 7 días consecutivos en las calles, con una violenta respuesta estatal. Defensa a la producción nacional, no discriminación y freno de las fumigaciones con glifosato son parte de los reclamos.
Organizaciones sociales de Córdoba relanzaron una campaña por el derecho a la tierra, tanto urbana como rural. Ponen de manifiesto la necesidad de acceso a la vivienda en las ciudades, la defensa del territorio frente al extractivismo, y cuestionan el rol de los gobiernos en favor de los especuladores inmobiliarios. El déficit habitacional en la Argentina alcanza a 3,5 millones de familias.
La familia Kener-Velázquez sufrió el tercer intento de usurpación por parte del empresario Joaquín Somoza en el campo agroecológico que trabajan desde 1979. “Las familias campesinas tenemos derecho a trabajar y vivir sin miedo”, reclamaron desde el MNCI-Vía Campesina y UTEP-Agraria.
En un fallo considerado histórico por la Confederación Mapuche, el máximo tribunal del país ordenó al gobierno provincial que dé participación a las comunidades indígenas y que respete los derechos de los pueblos originarios. El conflicto se inició por la creación inconsulta del Municipio de Villa Pehuenia.
La renuncia llegó luego de varios días de versiones y un contundente rechazo de las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y universitarias a la decisión del ministro de Ambiente, Juan Cabandié. En su reemplazo asumió el hasta ahora subsecretario de Gestión Administrativa de Ambiente, sin experiencia en el área.
El Poder Judicial de Santiago del Estero ordenó un violento allanamiento sobre la comunidad campesina de Loma Blanca Norte. Se llevaron detenidos a dos campesinos y a un menor de edad. Desde el Mocase denuncian a patotas que buscan desestabilizar y quedarse con las tierras campesinas.
Se trata de ocho restos de integrantes ancestrales del pueblo Querandí, restituidos a través de un convenio con el Municipio de Tigre. Se trata del primer antecedente en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Las asambleas denunciaron las detenciones ordenadas esta mañana e indicaron que son parte de la «sistemática violación de derechos humanos» a quienes defienden el agua y el territorio en la provincia. También apuntaron contra la «tercerización» de la represión en sindicatos como la Uocra, repudiaron los ataques al Pueblo Mapuche y exigieron el retiro de la ley de zonificación minera.
Calificaron de «irresponsabilidad política» e «incitación al odio racial» las acusaciones hechas por Miguel Ángel Pichetto y Alberto Weretilneck y les recordaron: «Somos nosotros quienes hacemos el mayor esfuerzo para cuidar el territorio de la voracidad inmobiliaria que viene detrás del incendio».
La comunidad mapuche ubicada a 10 kilómetros de El Maitén, al pie del Cerró León, denuncia que no recibió asistencia de la provincia ni le llegó la ayuda enviada por Nación y están poniendo en riesgo su vida para salvar el bosque.