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La agricultura familiar reclama participar del Consejo Directivo del INTA
marzo 17, 2021
Sección: Agronegocio
El campo que produce alimentos reclama tener voz y voto en el órgano estatal que define los lineamientos de la política de investigación y extensión en materia agropecuaria. "La agricultura familiar no está representada y eso conforma una discriminación", sostienen.
La agricultura familiar reclama participar del Consejo Directivo del INTA
Foto: INTA Informa

Por Mariángeles Guerrero

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Somos Tierra) y la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) reclaman su cuota de participación en el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Así lo expresaron a través de un comunicado, en el que señalaron que “la agricultura familiar no está representada y eso conforma una discriminación”. En la dirección del organismo sí está contemplada la participación de la Sociedad Rural, la Federación Agraria Argentina, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea).

Este sector es el principal productor de alimentos saludables para el mercado interno y sin dudas para la salida del hambre y el camino a la soberanía alimentaria de nuestro país”, afirman la UTT, el MNCI-Somos Tierra y Fecofe. Estas organizaciones nuclean a familias campesinas e indígenas y a cooperativas que producen bajo la perspectiva de la economía social, en respeto con la salud y el ambiente. Según datos del propio INTA, la agricultura familiar y campesina representa el 65 por ciento de los establecimientos agropecuarios del país, ocupa el 13 por ciento de las tierras cultivadas, genera el 20 por ciento de la producción y el 54 por ciento del empleo rural. Sin embargo, esa realidad no se traslada al ámbito de toma de decisiones del organismo.

El INTA está dirigido por Susana Mirassou —la primera presidenta mujer en la historia del organismo— y por Tomás Schlichter, en calidad de vicepresidente. Completan la conformación del Consejo Directivo, en tanto representantes de los ámbitos públicos y privados, los vocales Manuel Pedreira (por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca), Liliana Monterroso (por las facultades de ciencias agrarias de las universidades nacionales); Humberto Luis Occhi (por las facultades públicas de ciencias veterinarias); Alejandro Conci por Aacrea; Mario Carlino por Coninagro; Sergio Melgarejo por la CRA; Pablo Paillole por la Federación Agraria Argentina y Santos Zuberbhuler por la Sociedad Rural. Se trata de cargos políticos y rentados: son quienes definen cuáles serán los lineamientos en términos de extensión e investigación agropecuaria.

En consonancia con el pedido de las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar, a pocos días de asumir como titular del INTA, Mirassou planteó que «hay actores que están faltando en los consejos de decisión» y aseguró que «la agricultura familiar tiene que participar con voz y voto en las decisiones». «Tenemos una estructura donde están las entidades representativas históricas del agro, pero no una en la que estén ellos. Las entidades históricas tienen que seguir estando, pero los actores de la agricultura familiar también. Las prioridades que hoy tiene el país son con los más vulnerables», sostuvo la titular del INTA, en una entrevista a PáginaI12.

Inta: 65 años de (la misma) historia

El INTA se creó por un decreto ley en 1956 —durante la dictadura militar que derrocó al presidente Juan Domingo Perón— con el objetivo de aumentar las exportaciones agropecuarias y financiar el desarrollo de la industria local. Fue pensado como un organismo descentralizado, con autarquía y financiamiento propio, gobernado por representantes políticos del Ejecutivo Nacional, de organismos públicos y de los productores agrarios del país. Se creó entonces un área de investigación (representada por las universidades) y un área de extensión, dedicada a las familias rurales. Fue en ese marco que se decidió la conformación original del Consejo Directivo.

La formación actual de ese cuerpo tiene una antigüedad de más de cuarenta años: la última entidad del agronegocio en integrarse fue Aacrea, por decreto de la última dictadura cívico-miliar en 1980. En la década del ’70, la Federación Agraria se sumó a la SRA, CRA y Coninagro, entidades que participaron en el Consejo desde los comienzos del Instituto. Si bien, en 1986, Raúl Alfonsín formalizó la conformación actual a través de otro decreto —el 280/86—, lo cierto es que el proceso de transformación que sufrió el campo argentino tras la «Revolución Verde», la expansión de la frontera agrícola y del agronegocio no modificó las políticas de representación del organismo estatal.

«La composición del órgano directivo del INTA no ha variado sustancialmente en democracia, con el agravante de que en la década del ’70 hay un primer quiebre que tiene que ver con la expansión de la ‘Revolución Verde’ en la Argentina y la modernización agrícola, cuya contracara fue el empobrecimiento de los sujetos más vulnerables del campo. Ese proceso fue seguido en la década del ’90 con los inicios del modelo sojero. Que esta composición no se haya modificado es aún más problemático porque sabemos los estragos de este modelo», plantea la historiadora e investigadora del Conicet especializada en el INTA, Cecilia Gárgano, a Tierra Viva. 

Varones y propietarios en la mesa

En la mesa del Consejo Directivo del INTA se sientan, en representación del campo argentino, solo varones de los sectores corporativos. Fuera quedan las familias campesinas e indígenas que viven y trabajan en tierras muchas veces arrendadas, en condiciones precarias y llegando con lo justo entre el costo de los alquileres y lo que deja la venta de lo producido. Son las mismas familias que abastecen en forma prácticamente exclusiva al mercado interno. El último censo agrario los cuantifica en 83.567 productoras y productores de todo el país, muchos de ellos nucleados en las organizaciones que reclaman su representación en el Consejo. Tampoco hay espacio, en ese ámbito estratégico, para las cooperativas que apuntan a una producción de alimentos sanos y a precios justos con verdadero desarrollo local.

Hasta ahora no hubo respuestas para estos sectores, a pesar de la diferencia de representatividad con algunas entidades sentadas como la Sociedad Rural —nuclea a 3040 productores— y Aacrea, organismo técnico que reúne a otros 1700. Falta, además, una instancia donde plantear un cupo de género, pese a que en 2019 se celebró a Mirassou como la primera mujer al frente del organismo.

«Es una deuda de la democracia no haber dado voz y voto a los sectores de la agricultura familiar  y campesina, que son la contracara de estos modelos de modernización agrícola», valora Gárgano. «Esta discusión se inscribe en una cuestión más amplia que tiene que ver con el rol del Estado en la política agropecuaria y en la matriz productiva, que está instalada en el agronegocio con los costos sociales y ambientales que todos conocemos», contextualiza la investigadora del Conicet.

La deuda apunta no solo a los gobiernos que no tomaron definiciones concretas para que las familias campesinas participen del Consejo Directivo sino también la vulneración de la Constitución Nacional, de los tratados Internacionales de derechos humanos y de la declaración de los Derechos Campesinos de la ONU —entre otras herramientas legales— al sostener de hecho una discriminación hacia ese sector.

La situación no es exclusiva del INTA. La misma discriminación se repite en la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), que desde 1991 regula las actividades relacionadas con los organismos genéticamente modificados. «Allí tampoco hay participación del campo que produce alimentos y que representa esa otra posibilidad de producir en Argentina que cada vez necesitamos más», dice Gárgano.

De esta manera, «los entramados regulatorios de la producción agrícola, en realidad, son entramados desregulatorios, donde hay jueces y parte que están involucrados en la propia dinámica del agronegocio», define la especialista de la Universidad Nacional de San Martín. «Los ámbitos de investigación incorporan algunos programas destinados a la agricultura familiar, pero en forma muy asimétrica en relación a una ciencia y una tecnología estatales que son insumos claves en el agronegocio. Son esos espacios estatales los que aportan los conocimientos e informes necesarios para el modelo actual, que nos siguen diciendo que los agrotóxicos son inocuos si se los utilizan bien porque hay ‘buenas prácticas agrícolas'», cuestiona.

«La discusión sobre cómo están ausentes las voces de la agricultura familiar y campesina en el INTA es la discusión, en términos más generales, por todas aquellas voces que están omitidas en las instancias de investigación estatal y de regulación de la producción», concluye Gárgano.

Una oportunidad perdida para sentar a la agricultura familiar en la mesa del INTA por ley

En mayo de 2019 se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación (Expediente 2441) que proponía una modificación al decreto-ley de creación del INTA. Sugería sumar al Consejo Directivo del organismo “tres vocales en representación de las organizaciones de productores familiares, campesinos e indígenas de alcance nacional, las cuales deberían ser miembros del Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”. Dicho Consejo fue creado en 2014 por la resolución 571/14 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. También está presente en la Ley 27.118 de Reparación histórica de la Agricultura Familiar. Sin embargo, la iniciativa —que llevaba la firma del entonces diputado formoseño y actual ministro Luis Basterra y de otros 22 legisladores del peronismo— no fue tratada y perdió estado parlamentario el 1 de marzo.

“La composición del Consejo Directivo Nacional se encuentra en falta con una parte de la sociedad civil con que el organismo trabaja”, fundamentaba el proyecto. En ese sentido, mencionaba que “la producción urbana y periurbana son parte de un entramado socio productivo que en 1956 no estaba presente como tal y con el cuál hoy en día el INTA trabaja”. “Misma situación podemos describir respecto a la agricultura familiar, que, a partir del 2003 debido la Reunión Especializada de Agricultura Familiar dentro del Mercosur, el Estado y el INTA empiezan a poner en agenda y a trabajar con un sector social, económico, productivo, político y cultural, que hasta el momento no estaba determinado sistématicamente”, puntualizaba. En 2019, los fundamentos del proyecto cuantificaban a los y las productoras de la agricultura familiar en dos millones.

“Aunque el INTA contemple estas dimensiones dentro de sus acciones e incluso sean parte de los actores con quien el INTA definió destinar políticas en su Plan Estratégico Institucional 2015-2030, y que además sean parte de algunos de los Consejos de Centro, lamentablemente este robusto y diverso sector no tiene representantes dentro del Consejo Directivo Nacional”, señalaba el proyecto.

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