Por Eduardo Duschatzky

Para el secretario de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, Miguel Gómez, la prioridad es que “ningún productor más deje la tierra, un objetivo ambicioso porque desde los años ’50 a esta parte nuestro campo no ha dejado de perder productores”.

“Creo que tenemos que darnos políticas para fortalecer lo nuestro y también animarnos a pensar en nuevos paradigmas productivos. ¿Qué significa la soberanía alimentaria? Significa poder decidir qué queremos producir, cómo queremos producirlo y para quiénes”, dijo el entrevistado a Tierra Viva.

Gómez llegó a la función pública después de más de dos décadas de militancia en organizaciones campesinas. Primero en el Servicio a la Cultura Popular (Sercupo), parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) y luego como referente del Frente Agrario Evita.

Abogó por la reglamentación de la Ley 27.218 (que declaró de interés público a la agricultura familiar, campesina e indígena) y por la sanción de una ley que suspenda los desalojos rurales. Con similar prioridad, dijo que debe concluir el relevamiento de tierras indígenas dispuesto por la Ley 26160.

La tierra

Entre sus postulados, el funcionario destacó la necesidad de «la creación de un banco de tierras, que cuente en primera instancia con las que hoy tiene el Estado nacional para hacer un plan de entrega de tierras (fiscales) a productores sin tierra”.

Junto a estas y otras políticas destinadas a fortalecer la producción de la agricultura familiar, campesina e indígena, Gómez subrayó la necesidad de avanzar en una ley que prorrogue la emergencia y la suspensión de los desalojos.

“Es fundamental que el Congreso extienda esa emergencia. En el marco de la pandemia, una disposición (transitoria) frenó los desalojos, pero aun así en algunos territorios hubo intentos” de expulsar a poseedores indígenas o criollos, dijo Gómez y citó un caso de la semana pasada en Cachi, en Salta.

“Esto también tiene que ver con la tensión con el agronegocio, sobre la que preguntabas”, declaró Gómez a esta agencia y añadió que “la lucha por la tierra sigue estando en los territorios”.

La Secretaría a su cargo trabaja asimismo en la regularización dominial ordenada por la Ley 27.218, que contempla la creación de una comisión integrada también por el Ministerio de Justicia “para velar por los derechos de los poseedores ancestrales”.

Commodities o alimentos sanos

En un plano más general, Gómez señaló que mientras el agronegocio produce “commodities”, la agricultura familiar, “que también puede generar divisas, produce ante todo alimentos sanos para las comunidades. Entonces, ahí hay que animarse a pensar nuevos paradigmas productivos que permitan también el cuidado de la tierra para futuras generaciones o, como bien dice el papa Francisco, el cuidado de la casa común”.

“La tierra en que habitamos y producimos es un recurso finito, al cual tenemos que cuidar mediante prácticas amigables” señaló el funcionario y recordó el modo en que producían diversos “pueblos originarios” como una experiencia a tomar en cuenta.

Para Gómez, estas cuestiones animan “la batalla de ideas sobre la importancia de la agricultura familiar, campesina, indígena para el desarrollo integral de nuestro país”.

Estas cuestiones “habían quedado de lado porque el gobierno anterior desmerecía la producción familiar”, añadió el titular de la Secretaría, área que durante la presidencia de Mauricio Macri sufrió despidos masivos, reducción presupuestaria y un profundo desmantelamiento.

Ley sin reglamentar

En la entrevista, Gómez puntualizó que “el tema del arraigo tiene que ver con la producción pero también con la reglamentación de la Ley 27.218”, entre otras cuestiones que el Gobierno anterior dejó de lado.

Sancionada en enero de 2015, esa ley declaró de interés público a la agricultura familiar, campesina e indígena “por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva”.

En su primer año de gobierno, Alberto Fernández tampoco reglamentó la ley para la agricultura familiar.

En cuanto al papel de las organizaciones campesinas e indígenas, opinó que “deben ser autónomas” y, al mismo tiempo, “empujar o empujarnos” con sus demandas para asegurar una “sinergia entre las organizaciones y el rol que hoy tenemos como Estado”.

Despidos, reincoporaciones y políticas públicas

Sobre los despidos del período 2015-2019, afirmó que “reincorporamos cerca de 400 compañeros”, en un proceso “discutidos con los gremios”. “Nosotros creemos que la Secretaría debería contar con una planta de al menos 1300 a 1500 compañeros para poder llegar a cada rincón de nuestro país, que es inmenso”, puntualizó.

“Tenemos delegaciones en todas las provincias y hemos instalado en nuestra agenda de trabajo la creación de zonas productivas, en la que va a haber compañeras o compañeros que van a coordinar” con otras agencias estatales y gobiernos provinciales y municipales “el armado de los programas productivos de cada zona”.

Gómez valoró los conocimientos y vocación de los trabajadores de la Secretaría y afirmó que “es gente comprometida con el sector, que eligió este trabajo” y que “en tiempos muy duros sostuvo la tarea en muchos territorios”.

En cuanto al Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, dijo que se recuperó durante este año y agrupa ahora a 15 organizaciones nacionales (con representación en al menos cinco provincias), frente a las cinco con que contaba en 2019.

“El Consejo se recompuso y está trabajando muy bien, con un rol muy importante en las políticas que vamos diseñando”, expresó Gómez y anticipó que se constituirán consejos regionales para que organizaciones de alcance provincial puedan sumar su voz.

Para Gómez, las organizaciones campesinas e indígenas “deben ser autónomas” y, al mismo tiempo, “tienen que empujar o empujarnos” con sus demandas.

“La responsabilidad de los que tenemos roles en el Estado es poder concretar eso en políticas públicas, con las posibilidades que te da el Estado. Pero yo creo que las organizaciones tienen que tener autonomía y tienen que empujar los procesos, y a quienes estamos circunstancialmente de este lado del mostrador, nos toca tener mucha coherencia”, concluyó.

Programas y propuestas desde el Estado

Respecto al fortalecimiento del sector como productor de alimentos, durante la entrevista el funcionario repasó una serie de programas y políticas públicas, algunos en ejecución y otros a impulsar el año próximo, después de un 2020 marcado por la pandemia.

En este orden, explicó que el programa Semillar, impulsado por la Secretaría a su cargo junto a otras agencias estatales, comprende “primero un relevamiento de todas las especies que tenemos en el territorio nacional; segundo, empezar a producir nosotros semillas; tercero, intercambiar”.

El Semillar, para el que se capacitaron unos 700 técnicos, apunta a contar con “cinco o seis lugares, uno por región, donde podamos producir y hacer investigación, preservar nuestras semillas nativas y criollas, y poder mejorarlas”.

Gómez aludió también al Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (Protal), que comprende líneas de producción de alimentos (huevos, pollo, cerdos, leche y horticultura) orientadas al consumo de comunidades de cercanía.

Vinculó ese programa con las escuelas agrarias, ya que “sus egresados pueden ser tutores de las unidades productivas” del Protal, integradas “por gente para la que, tal vez, éste sea su primer trabajo”.

“El programa va bien, hemos recibido ya más de 130 propuestas en todo el país, se las está empezando a evaluar y pensamos que a principios del año que viene varias de ellas se van a empezará a ejecutar”, detalló.