"La única cosa que quise
fue junto a mucho hermano
hacer brotar plantación
y ser un poco feliz
vi compañeros cayendo
yo sin poder hacer nada
ellos tenían ametralladoras
nosotros sólo teníamos la azada"

Fragmento del poema “La Matanza”, del sobreviviente de la masacre, Tarcisio Pereira

Por Mariángeles Guerrero

Fue en la localidad de Eldorado Dos Carajás (norte de Brasil), el 17 de abril, cuando la Policía Militar asesinó a 19 integrantes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). La feroz represión se convirtió en un emblema de la resistencia: cada 17 de abril se recuerda el Día Internacional de la Lucha Campesina. Tres décadas después, Ayala Ferreira, integrante de la dirección del MST asegura: “Es importante preservar la memoria para que quienes estamos vivos podamos luchar y seguir denunciando a quienes violan nuestros derechos”.

Brasil y el movimiento campesino internacional mantiene viva la llama de la memoria. En Pará (estado donde sucedió la masacre), y en otros lugares del país, se organizan marchas y actos conmemorativos. Ferreira pertenece al asentamiento 26 de Marzo, ubicado en Marabá. Afirma: “El MST sigue muy presente en la vida de la sociedad brasileña, defiende la democratización del acceso a la tierra, la implementación de una amplia y masiva política de reforma agraria y los derechos de la clase trabajadora. También de la democracia y de la soberanía, que solo se concretan si tenemos un país en el que los derechos sean efectivamente garantizados”.

Respecto al contexto latinoamericano, asegura: “Viene una nueva ofensiva que implica otra fase de violencia para controlar los bienes de nuestros territorios“. Pero defiende los lazos solidarios entre el campesinado y los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y también la esperanza como trinchera: “Si hay algo que puede transformar la realidad es la capacidad de lucha del pueblo“.

Una matanza para defender el latifundio

En la década de 1990, según datos del “Atlas Fundiário do Brasil”, la región norte del país era el área de mayor concentración de tierras en pocas manos. Esa acumulación convivía con la miseria de miles de familias. Pero esa estructura, que convirtió a empresas como la automotriz Volkswagen y el banco Bradesco en grandes terratenientes de la Amazonía, respondía a la forma en que el Estado brasileño distribuyó las tierras en la década del 70.

El 17 de abril de 1996, la Policía buscó frenar la marcha del campesinado contra la existencia de latifundios improductivos. En concreto, reclamaban por la expropiación de la hacienda Macaxeira, un campo de 42.000 hectáreas. La Constitución de Brasil, desde 1988, establecía que toda tierra improductiva debía destinarse a políticas de reforma agraria.

La Policía abrió fuego con ametralladoras y también atacó con facones. Una de las 19 víctimas fue Oziel Alves Pereira. Tenía 17 años. “Yo vi cuando él fue amarrado en una camioneta y torturado por más de cuatro horas. Cuando iba para el hospital, él fue muerto con tiros en el oído. Sus últimas palabras fueron: ¡Viva el movimiento de los Sin Tierra!”, recordaba una de las sobrevivientes, Elke de Fátima, entrevistada en 2003 por la investigadora Cléria Botelho da Costa. Hoy el Campamento Pedagógico de la Juventud Sin Tierra lleva el nombre del joven.

—¿Cómo es recordada la Masacre de Eldorado dos Carajás?
—Tenemos dos formas de recordar aquella tarde triste del 17 de abril de 1996. Una es mantener viva la memora de las personas que fueron asesinadas y heridas. También, que el Estado brasileño, aliado del latifundio, no dio asistencia médica ni económica a quienes sobrevivieron con graves heridas. Y recordamos también impunidad que permea a la violencia ejercida contra los trabajadores que luchan por la reforma agraria en Brasil. Esa impunidad liberó a los mandantes de la masacre y a quienes dispararon, quitándoles responsabilidad. Solo se condenó a los comandantes de la operación, pero les otorgaron la prisión domiciliaria. La segunda forma es transformar el dolor y el luto en organización y lucha. Es hacer del 17 de abril una Jornada Nacional de Lucha por la Reforma Agraria. Hacemos ocupaciones, marchas, donaciones de alimentos, plantaciones de árboles, celebraciones religiosas, actos políticos en las universidades, en los centros de las ciudades, ocupaciones en el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria. Son acciones que movilizan a nuestras bases en los campamentos y asentamientos. El objetivo es seguir exigiendo una política de reforma agraria que todavía no se ha concretado.

—¿Qué significó la masacre para el Movimiento Sin Tierra?
—La masacre puso en evidencia la naturaleza del conflicto en el campo en Brasil en lo que respecta a la democratización del acceso a la tierra. Lamentablemente, Brasil fue y sigue siendo un país con alta concentración de tierras. Una pequeña élite se apropia de ellas con fines de especulación y de imposición de poder. En consecuencia, tenemos centenas de trabajadores del campo sin acceso a la tierra. La masacre reveló una estructura de latifundios extremadamente concentrada, legitimada por la alianza entre el Estado y los latifundistas, al punto de organizar a las fuerzas de represión contra quienes cuestionan esa realidad. Reveló hasta dónde llega esa alianza en lo que refiere a la violencia perpetrada contra los trabajadores y trabajadoras. Lo que ocurrió el 17 de abril de 1996 fueron ejecuciones. Los 19 trabajadores rurales sin tierra ya estaban detenidos y esposados cuando la Policía Militar, con armas y facones, los atacó. Hubo una intención de disciplinamiento, de acabar con aquella movilización pero también de imponer una derrota histórica para las organizaciones que luchan por la reforma agraria. Fue una forma de decir: “Si osan hacer lo que ellos hicieron, esta es la respuesta que el Estado va a dar: la violencia, la tortura y el asesinato”.

—¿Qué cambió a partir del crimen?
—Hubo una realidad propia del contexto de presión que la sociedad brasileña y mundial tuvo contra el gobierno brasileño (de Fernando Henrique Cardoso). Después de 1996, y hasta 1999, vivimos un ciclo muy intenso de acciones afirmativas para la reforma agraria: expropiaciones de tierras, creación de proyectos de asentamientos, liberación de líneas de crédito para la producción, construcción de escuelas en el campo y mejoras en las viviendas. Hubo una respuesta estatal producto de esas presiones. Los mecanismos internacionales de derechos humanos también presionaron porque lo que ocurrió fue una violación gravísima de los derechos humanos. Y en la memoria de los trabajadores quedó claro que transformar el dolor y el luto en organización y lucha permitió que conquistásemos acciones que fortalecieron al MST. Transformamos nuestra lucha en conquistas reales para las y los trabajadores del campo. Otro aspecto que evidenció la masacre es que la reforma agraria en Brasil no va a ser dada, tiene que ser conquistada. Y con esto me refiero a que los trabajadores deberán seguir su camino de organización, movilización permanente, de claridad en sus reivindicaciones y necesidades y luchas por el acceso efectivo a sus derechos. El Estado y los gobiernos solo actúan y dan respuestas cuando los trabajadores se ponen en movimiento. Tenemos la tarea histórica de seguir luchando, por la memoria de los caídos, pero también por las generaciones actuales que hoy están en nuestros campamentos y asentamientos.

Treinta años de transformar el luto en lucha

El MST está presente en todos los estados de Brasil, en 1.200 municipios. Reúne a 470.000 familias. Cuentan con asociaciones y cooperativas que producen alimentos saludables. Ferreira explica que, en paralelo a ese “ciclo intenso” de acciones por la reforma agraria se dio el reclamo de justicia por las víctimas. En 1999 se condenó a los comandantes del operativo. En tanto, según detallan desde la organización, la reforma agraria iniciada en Pará a partir de la masacre se ralentizó desde el año 2000, con una breve mejora durante el primer gobierno de Lula da Silva (2002).

Actualmente en la zona de Eldorado dos Carajás no solo opera el agronegocio, sino también el extractivismo de la minera Vale, responsable de las tragedias de Mariana (2015) y Brumadinho (2019). La concentración de la tierra se sustenta en la represión a quienes luchan por acceder a la tierra. Entre 1985 y 2024, unas 1.833 personas fueron asesinadas a causa de conflictos en zonas rurales de Brasil. El 44 por ciento de estos asesinatos ocurrieron en la Amazonía, según informes de la Comisión Pastoral de Tierras. En 2017 la Policía causó otra masacre: mató a diez militantes del MST en la hacienda Santa Lucía (en el sur del estado de Pará).

—¿Cuáles fueron los avances del MST en estos 30 años?
—Nuestro principal avance fue convertirnos en una organización de referencia para la clase trabajadora brasileña. Referencia en lo que respecta a organización, producción de alimentos diversos y saludables, defensa de la democracia y de la soberanía. Y referencia en el debate sobre la necesidad de un desarrollo de país que incluya a los sectores populares y en un proyecto de formación de conciencia política e ideológica de los trabajadores y trabajadoras. Somos una organización dispuesta a defender los intereses del pueblo brasileño y la soberanía de los pueblos del mundo. Ese es nuestro mayor legado hoy y lo construimos con organización, movilización, luchas y conquistas.

—¿Cuáles son las deudas que tiene el Estado brasileño con las y los trabajadores rurales sin tierra?
—Hasta hoy no tuvimos, desde el punto de vista integral, masivo y concreto, una verdadera política de reforma agraria. Lo que conquistamos es el resultado de un proceso de presión que los trabajadores en lucha ejercen hacia el Estado. A veces la respuesta es la violencia; en otros momentos es la realización de las demandas de los trabajadores. Pero aspiramos, y así está previsto en la Constitución brasileña, a que el Estado lleve adelante por iniciativa propia una política de reforma agraria. Hoy el Estado debe, no solo para los campesinos del MST, sino para todo el pueblo brasileño, una real y verdadera política integral de reforma agraria.

—Las violencias contra quienes luchan por el derecho a la tierra continúan hasta hoy.
—La sociedad brasileña se estructuró a partir de tres pilares: la defensa de la propiedad privada de la tierra, el trabajo esclavo como base de la reproducción del sistema capitalista y un Estado al servicio de las élites y en contra de los trabajadores. Esa estructura de desigualdad permea aún las relaciones sociales en nuestro país. Y observamos que las iniciativas de organización y de lucha siempre son combatidas por esa estructura de dominio. Ahí aparece el brazo de la violencia del Estado. No solo en lo que respecta a la lucha por la reforma agraria sino también por otros derechos. Lo que pasó el Eldorado dos Carajás no fue un caso aislado, sino la regla en la historia de la lucha por la reforma agraria en Brasil. Siempre llega primero el brazo armado del Estado para intimidar a los trabajadores y combatir sus iniciativas. Después el Estado viene a dialogar para mitigar las acciones de violencia que ocurrieron antes.

Ante el extractivismo, esperanza y redes de comunidades

—¿Cómo avizora el futuro de la lucha?
—Con muchos desafíos. Hoy vivimos la hegemonía de las relaciones capitalistas en el campo, lo que conocemos como el agronegocio. Es un modelo que condiciona la forma de producción agrícola pero también las relaciones humanas. Afecta a los campesinos y campesinas y a las comunidades tradicionales que tienen una relación con la naturaleza, con la tierra y con la producción que no sigue las lógicas del agronegocio. Tenemos muchos desafíos respecto a cómo resistir en esa hegemonía, en un escenario en que se profundizaron las desigualdades ambientales, laborales y productivas en función de un modelo que no produce alimentos sino commodities para abastecer al mercado internacional. Ese es nuestro desafío: cómo seguir defendiendo la reforma agraria en un escenario de combate sistemático.

—¿Qué acciones llevan adelante en ese escenario?
—Nos organizamos y luchamos para enfrentar a ese modelo y a sus aliados. E insistimos al Estado brasileño con que es tarea de los gobiernos implementar una política de reforma agraria. Nuestro futuro es de mucha lucha para que se concreten los derechos que movilizan al MST.

Ferreira explicita que, en ese proceso, han establecido alianzas con los pueblos tradicionales indígenas y quilombolas (comunidades afrodescendientes que huyeron de la esclavitud y formaron asentamientos llamados quilombos).

“La defensa de la naturaleza, la democratización en el acceso a la tierra tiene que ser una lucha combinada entre todos los sujetos que viven de la naturaleza, en sus territorios, y de la relación con la tierra en la producción agrícola. Hay un esfuerzo por consolidar cada vez más esa unidad para conquistar los derechos vulnerados en nuestro país”, explica la integrante del Movimiento Sin Tierra.

—¿De qué manera se sostiene esa alianza?
—Desde el MST hemos contribuido con acciones de solidaridad cuando los pueblos indígenas se han movilizado, donando alimentos, contribuyendo con espacios para que sus voces aparezcan, aprendiendo mucho con su forma de ver el mundo, que es muy distinta de otras. Ese diálogo aporta mucho a la formación de la militancia en nuestras organizaciones, para unir nuestras reflexiones y en consecuencia nuestra capacidad de combinar las acciones. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y nos alegra tener en los pueblos indígenas, quilombolas y en otras organizaciones del campo a nuestros aliados de primera línea.

—¿Cuál es la situación del campesinado y de la lucha por la reforma agraria en América Latina?
—Tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, la concentración de la tierra y un desarrollo del capitalismo que legitimó esa concentración. Nuestros países tienen una concentración grande de tierras que deberían ser destinadas a la agricultura y a los trabajadores rurales. Pero también ha surgido, en los países de América Latina y del Sur Global, una reflexión sobre la ofensiva de las potencias imperialistas sobre los bienes comunes de nuestros países, como los minerales, el agua y los bosques. Esa ofensiva es una búsqueda de control cada vez más desenfrenada por lo que hay en nuestros territorios. Y cuando vemos dónde están los recursos minerales, las tierras raras, los minerales estratégicos, están en tierras indígenas, quilombolas y en asentamientos de reforma agraria. Viene una nueva ofensiva que implica otra fase de violencia para controlar los bienes de nuestros territorios. Veo un escenario de recrudecimientos de esa violencia.

—En ese escenario, ¿ve alguna esperanza?
—Siempre tenemos que alimentar la esperanza. Esa esperanza es lo que mueve a los trabajadores y trabajadoras. A pesar de la realidad adversa, tenemos que seguir resistiendo en un proceso cotidiano de organización, de reflexión, de movilización y de lucha. Porque si hay algo que puede transformar la realidad es la capacidad de lucha del pueblo. Entonces la esperanza no muere. Está presente en nuestro horizonte cotidiano. Por eso es importante preservar la memoria: para que quienes estamos vivos podamos estar presentes en la lucha, apuntando a quienes violan derechos de los trabajadores y trabajadoras y denunciando lo que son capaces de hacer cuando los trabajadores se organizan. Y también reafirmar, a través de la memoria, que tenemos la tarea histórica de seguir luchando por nuestras conquistas.

Edición: Darío Aranda.