En Chaco se arrasaron 10.329 hectáreas en los últimos ocho meses, a pesar del fallo judicial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. Las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia. En paralelo, el Instituto de Colonización provincial (junto con efectivos policiales) intentaron desalojar a familias campesinas en el departamento de Almirante Brown.
Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado, la Sala Primera en lo Contencioso Administrativo de Chaco dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo. Precisó que incluía la inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo, en cualquier estado de ejecución en que se encuentre. También indicó la suspensión inmediata de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo.
“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
En este marco, la organización reclama que en forma urgente se prohíban y penalicen los desmontes y los incendios forestales. «Estamos ante una emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad. Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades», sostienen.
“La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos», advierte la ONG. Además, respecto al proceso de actualización del OTBN, las organizaciones socioambientales de Chaco denuncian que el mismo se viene realizando de forma inconsulta, sin considerar las voces de las poblaciones del lugar.
Comunidades campesinas resisten a los desalojos
Al avance de las topadoras se suma la violencia institucional contra las familias campesinas chaqueñas. En la última semana, Somos Monte Chaco denunció intentos de desalojos en el paraje Santa Fe, en el departamento Almirante Brown, al oeste de la provincia. Se trata de una superficie territorial que pertenece a El Impenetrable, aunque en los últimos años se transformó en una zona sojera. También en Qutilipi -departamento del centro provincial- familias Qom fueron amenazadas para que abandonen las tierras que habitan.
«Llegaron en la noche jueves 1 de julio dos camionetas con personal policial y del Instituto de Colonización. No mostraron orden judicial ni papeles a los pobladores locales pero exigieron a uno de ellos que ceda parte de sus tierras. Las personas que habitan el paraje, crecidas y criadas en esos bosques, esperan hace años una tenencia segura de sus tierras», relató la organización en un comunicado difundido la semana pasada. El Instituto de Colonización de Chaco es un ente autárquico creado en 1972. Es el organismo de aplicación del régimen de tierras fiscales rurales de la provincia.
Somos Monte señala que la intendencia de Taco Pozo (también ubicada en el departamento Almirante Brown) parece ser especialmente problemática en este sentido, y que los pobladores «podrían tener miedo de denunciar los abusos de poder que sufren en esta localidad». «Sin embargo, las personas del paraje Santa Fe se están animando debido a la situación límite de poder perder sus bosques, sus casas y la vida allí construida», agregan los activistas. El paraje Santa Fe se encuentra en bosques de categoría roja según los mapas de ordenamiento territorial, que son bosques que tienen prioridad de conservación.
El 5 de julio pasado, la referenta Qom Delia Naporichi se comunicó con Somos Monte. «Llamó muy preocupada porque un grupo de hombres al parecer de una agrupación piquetera junto con la policía se presentaron en la Chacra 62 de Quitillipi, donde familias del pueblo nación Qom están asentadas hace más de ocho meses, tienen animales, huerta y se está trabajando colectivamente para realizar una perforación y tener un pozo de agua», contó la organización.
Este grupo de hombres llegó incluso a derribar una casa donde viven personas discapacitadas, denunció Naporichi. Les dieron 24 horas para que se vayan y -aunque refirieron ser enviados por el gobierno provincial- no dejaron ninguna orden formal de desalojo. «Va a correr sangre si no se van», les dijeron.
Desde Somos Monte demandan al Estado que dé seguridad en la tenencia de tierras a las familias que siempre habitaron los bosques, que los usan sustentablemente y que pretenden conservarlos. «Exigimos se den las garantías constitucionales para que les hermanes puedan ser debidamente defendidos en sus derechos territoriales así como el cese de la violencia y amenazas», expresaron.
La organización ambiental señala que los desmontes a gran escala son impulsados «por la especulación inmobiliaria y una visión de desarrollo vieja y equivocada». Árboles centenarios del monte chaqueño son arrancados por las topadoras, mientas las poblaciones nativas resisten. En este contexto, Somos Monte junta firmas para frenar el desmonte.
13.128 hectáreas menos de bosque chaqueño en 2020
Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de Covid19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. La pérdida de monte nativo durante 2020 en el Norte de Argentina fue de 114.716 hectáreas (Santiago del Estero 32.776 hectáreas, Jujuy 30.071 hectáreas, Salta 20.962 hectáreas, Formosa 17.779 hectáreas, y Chaco 13.128 hectáreas).
Según información brindada por Greenpeace, las emisiones por deforestación en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco durante 2020 fueron de 20.922.835 toneladas de dióxido de carbono. «Este valor es comparable con la emisión producida por 4.480.264 vehículos en circulación durante un año», afirma la ONG.
Para la organización ambientalista resulta evidente «que las multas no son suficientes para desalentar desmontes e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar». «En muchos casos es clara la complicidad de funcionarios», agrega.