Por Mariángeles Guerrero
El gobierno de Córdoba avanza con la ejecución de la denominada "Autovía de Punilla", una autopista alternativa a la actual ruta 38, que busca unir la Ciudad de Córdoba con el Valle de Punilla sin pasar por Carlos Paz, arrasando kilómetros de bosques nativos. Las asambleas ciudadanas llevan años advirtiendo que el avance de la obra no cuenta con licencia social, pero a principios de semana se conoció la historia de la vecina Olga Benavídez, a través de un video subido las redes sociales de las Asambleas de Punilla y que llegó hasta el "influencer" Santiago Maratea. Olga cuenta que pronto será desalojada por la realización de la obra. Ella no es la única, al menos otras 20 familias serán desalojadas por el avance de las topadoras, que afectan la biodiversidad y pone en peligro lugares sagrados para las comunidades originarias de la zona.
En 2021 se realizó una audiencia pública en la que el 90 por ciento de la población rechazó la autovía, pero el gobierno provincial alegó que esa instancia no era vinculante. Ese mismo año el Concejo Deliberante de Bialet Massé, en sesión extraordinaria y sin avisar a los vecinos, votó por unanimidad la factibilidad del uso del suelo para habilitar el paso de la autovía por el ejido municipal. La obra implicará “el desalojo y desarraigo de gran cantidad de familias, el deterioro del poco monte nativo que queda y la contaminación de las ya castigadas cuencas hídricas que no alcanzan a recuperarse para abastecer de agua a las localidades del valle de Punilla”, advirtieron hace un año y medio la Asamblea de Vecinos de Bialet Massé y la la Coordinadora Ambiental y Cultural Punilla Sur lo que ahora se viraliza en las redes.
En mayo pasado, la empresa estatal Caminos de las Sierras confirmó el comienzo de los trabajos de construcción de la Autovía de Punilla. Se trata de la ampliación de la Ruta 38, que se extenderá unos 43 kilómetros desde la localidad de San Roque hasta el paraje de Molinari, al norte de Cosquín. La nueva traza, de cuatro manos, también incluye un nuevo puente sobre el lago San Roque de casi 600 metros de largo. La traza de la obra atraviesa zonas rojas —de muy alto nivel de conservación—, según el ordenamiento territorial provincial ordenado por la Ley de Bosques. En una provincia que conserva solo el 3 por ciento de su bosque nativo.
Las obras son ejecutadas por las empresas José Chediack (primer tramo), Benito Roggio (segundo y tercer tramo) y Sacde SA (cuarto y último tramo). Chediack también fue licitada para las obras de otra autovía impulsada por la estatal Caminos de la Sierra: la Autovía-Ruta 5, que avanzará sobre bosques nativos en el Valler de Paravachasca, 20 kilómetros al sur de la capita provincial.
Comunidades indígenas nucleadas en la Organización Territorial Kami Henen exigieron detener la construcción de la autovía, se declararon en alerta y exigieron que se respeten sus derechos. En septiembre pasado lo expresaron públicamente durante la Caminata de los Pueblos Indígenas: "Denunciamos el avance de la violencia por parte de estafadores y usurpadores pertenecientes a grupos de negociados inmobiliarios, canteras u otras empresas, autovías, incendios sobre las comunidades y los territorios ancestrales".
Por su parte, el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet, manifestó el rechazo al avance de las autovías serranas "Alternativa a Ruta Nacional N° 38: Tramo Variante Costa Azul – La Cumbre" y "Alternativa Ruta Provincial N°5, Tramo Alta Gracia – Villa Ciudad América". Este rechazo se debe no solo a las irregularidades y deficiencias existentes en las diferentes etapas de planificación, Estudio de Impacto Ambiental y audiencia pública sino también “porque atentan contra la conservación de los ecosistemas nativos de Córdoba y los bienes naturales que estos proveen”.
“Con la Autovía de Punilla están pasando por arriba de los pueblos”
En las últimas horas se difundió un video a través de Instagram en el que la vecina Olga Benavídez, de Bialet Massé, donde explica que, por la autovía, será desalojada de la casa en la que habita hace once años. La mujer recibe, además, amenazas constantes. Natalia Nemes es su vecina y dice que conoce a Olga del barrio, pero que el avance de la Autovía de Punilla “las unió” más. Nemes cuenta que a los pobladores de Bialet Massé les notificaron que debían abandonar sus casas a través de notas que dejaron en los alambrados. “La gente tiene miedo de hablar porque los amenazaron con darles menos plata si salían en los medios, pero ninguno de los vecinos con los que hablé tiene oferta de plata, de cuánto les van a pagar por sus casas”, relata, en diálogo con Tierra Viva.
Los vecinos de localidades como Bialet Massé y San Roque viven hoy entre las topadoras y el maltrato: “Hay amenazas mafiosas de que no les van a pagar y que los van a sacar con la Policía. Les dicen que no se pueden oponer al proyecto de la autovía”, cuenta Nemes. Mientras las máquinas demuelen casas a diario, acompañadas por la Policía, el gobierno de Juan Schiaretti hace silencio. “Exigimos que se presenten y den la cara. Que den participación a los vecinos que estamos trabajando por amor para cuidar lo que es de todos”, reclama y apunta: “La Justicia está siendo cómplice de todo esto, porque no hay respuesta a los amparos, no se cita a nadie”.
“Las comunidades originarias enterraban a sus muertos cerca de las aguas porque pensaban que el alma se iba más rápido con el agua. Entonces posiblemente estamos frente a cementerios y las máquinas levantan todo. Están pasando por arriba de los pueblos, de los muertos, de las personas vivas, de la flora, de la fauna, del agua. Todos los días vienen las máquinas”, completa Nemes sobre las voces de los habitantes que están siendo ignoradas.
“Tenemos mucha desesperación porque nos están abandonando”
Noelia Beltritti vive en San Roque hace diez años. En su casa tiene una fábrica de alfarería que es el sustento para ella, su compañero y sus hijos. En diálogo con Tierra Viva define la situación de los pobladores como “muy compleja”. Hace diez meses le notificaron que tiene que abandonar su vivienda. “Es muy desesperante porque están mandando cartas diciendo que a los 30 días tenemos que desalojar y que nos depositan un 30 por ciento del valor fiscal (el valor que el Estado le asigna al terreno) que es muy poco dinero y no alcanza para nada”, precisa. Por si fuera poco, en su caso le van a pagar solo el valor de lo edificado, ya que su situación es de posesión de las tierras: derecho adquirido por habitar el terreno durante años.
“Sentimos desolación porque la empresa estatal Caminos de las Sierras no da el acompañamiento que se necesita. Están atentando directamente contra mi estabilidad económica y mi negocio con el que mantengo a mis dos hijos de 4 y 8 años. Somos muchos los vecinos que estamos en esta desesperación, en esta problemática del desapego de nuestra casa”, afirma. Y denuncia: “Nos tratan como si estuviéramos intercambiando un par de zapatillas cuando se trata de nuestra vida, de nuestro arraigo a este lugar, del hogar que amamos. Están siendo muy crueles con las personas que están siendo expropiadas”.
En pocas palabras sintetiza: “Nos están dejando en la calle y están gastando millones y millones en una obra que viene a destruir nuestros montes, nuestras aguas. No respetaron muchas leyes. Por ejemplo, la audiencia pública, en la que participé, y donde el 90 por ciento de las personas dijo 'No a la Autovía de Punilla'". Estamos con mucha desesperación porque nos están abandonando, están jugando con nuestros sentimientos y valores", dice Noelia Beltritti.