Por Nahuel Lag 

“Repetían la reiterancia, repetían el peligro de fuga; cosas que de ninguna manera pudieron probar ni acreditar. Desde la defensa sí pudimos acreditar que los hermanos Gollano fueron golpeados por la Policía durante su detención. Sin más argumentos, la jueza ordenó la inmediata libertad. ¡Luchar y defender el agua de Mendoza no es delito!” Las palabras del abogado Maximiliano Villareal se escucharon a micrófono abierto ayer frente a la Casa de Gobierno mendocina y despertó vítores, aplausos y gritos entre los miles que se movilizaron para expresarse contra la avanzada minera y reclamar la libertad de Renzo y Facundo Gollano, los últimos dos detenidos de los 13 apresados en la represión del 11 de diciembre pasado, en una de las decenas de acciones callejeras tras la aprobación de la minería en la provincia. A 1700 kilómetros de distancia, en Chubut, el reclamo por las detenciones de Naum Varga y Damián Díaz es parte de la misma lucha: la defensa del agua. También de la misma criminalización por parte del Estado. 

Desde que la Legislatura de Mendoza aprobó el proyecto de cobre San Jorge en Uspallata y autorizó el avance de otros 27 proyectos mineros en Malargüe, Mendoza permanece movilizada bajo un grito: “¡El agua no se negocia!”. En la noche del jueves 11 de diciembre se había convocado uno de tantos ruidazos en el Kilómetro cero —el último ocurrió ayer en otro aniversario del Mendozazo— y también una marcha a la puerta del Canal 9, señalado por repetir el discurso oficial a favor de la megaminería. En ese momento, la Policía de Mendoza desató una cacería: corrió, acorraló, golpeó y detuvo a 13 personas. Fueron trasladadas al Polo Judicial y con el transcurso de las horas fueron liberadas, entre ellos, los trabajadores de prensa Bautista Franco y Santiago Algoberro.  

Nueve de los detenidos quedaron imputados bajo la figuras de “resistencia a la autoridad” y por interrumpir el tránsito, de acuerdo al artículo 194 del Código Penal —incorporado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía—. Las imputaciones fueron presentadas por el fiscal Darío Tagua, quien en el caso de los hermanos Gollano exigió mantenerlos bajo arresto y trasladarlos al penal de San Felipe bajo la figura de la “reiterancia” y por “peligro de fuga”. ¿Cuáles eran los delitos anteriores para argumentar la “reiterancia”? Facundo tiene una causa abierta por dañar una bicicleta pública durante una manifestación y Renzo por no entregar su DNI ante el pedido de la Policía. Ninguna de las dos causas están cerradas.   

Facundo había participado más activamente en las acciones de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMAP) y llegó a exponer su posición contraria a la instalación de la minera San Jorge en las audiencias públicas. Renzo sólo había participado de algunas movilizaciones. Ambos trabajan junto a su padre en un taller metalúrgico familiar y habían concurrido a la movilización del jueves 11 juntos como un grupo más de vecinos. “Estuvimos en una manifestación pidiendo por el agua pura y por la defensa de los glaciares”, recordaba Adrián, el padre de ambos, frente al penal. 

Este martes, cuando se cumplió el decimosegundo día de detención, el equipo de abogados integrado por Villareal, Marcelo Romano, Alfredo Guevara y Ulises Jiménez consiguió la audiencia con la jueza de Garantías Dolores Ramón. Solicitaron que se reconociera la falta de argumentos por parte de la Fiscalía y cuestionaron al Ministerio de Seguridad provincial, que demuestra la posición del gobernador Alfredo Cornejo respecto de la protesta social. "Ellos solo estaban movilizándose, ejerciendo el derecho a la protesta. Al ser agredidos por la Policía y escapar de la agresión no puede configurarse la resistencia a la autoridad. Mientras que la ‘reiterancia’ no corresponde porque no hay condenas y eso violaría el principio de inocencia”, explica Villareal, en diálogo con Tierra Viva sobre los motivos que terminaron en la liberación.  

La jueza Ramón coincidió con varios de los argumentos de la defensa y advirtió que la Fiscalía “no presentó ningún obstáculo ni argumento de peso para rechazarlos”, insiste Villareal. El abogado también subrayó la posición del Ministerio de Seguridad provincial, que aún no fue aceptado como querellante, y pidió, en contra del principio de inocencia, “mantenerlos detenidos porque aún restaba producir prueba sobre los supuestos policías agredidos”. “Muestra la animosidad del Ministerio de Seguridad de Mendoza y los tintes autoritarios de este Gobierno”, sentenció Villareal. 

Las liberaciones de los hermanos Gollano —bajo fianza y con la condición de no acercarse a policías supuestamente agredidos— ocurrieron en un día de movilizaciones en el aniversario de la marcha histórica en defensa de la Ley 7722 —con la que Mendoza prohíbe el uso de cianuro, aunque el gobierno de Cornejo impulsa la explotación de cobre con otro químico: el xantato, con similares características de toxicidad—. Desde Uspallata, Federico Soria, integrante de la asamblea de la localidad donde se instalará la minera San Jorge, llegó para leer un petitorio frente a la Casa de Gobierno, que pedía, entre otras cosas, el cierre de las causas contra los imputados por luchar en la defensa del agua en Mendoza, un derecho concedido por el Acuerdo de Escazú.

Una estrategia de amedrentamiento contra el derecho a la protesta

“Hay toda una estrategia de amedrentamiento, de generar miedo, para debilitar la resistencia. Marcar un 'mirá lo que te puede pasar si participás en la defensa del agua”, aseguró Soria, en diálogo con Tierra Viva. Él, junto a Mauricio Cornejo, ambos integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, fueron los primeros perseguidos en la lucha contra la minera San Jorge —de la multinacional Solway Holding y con acciones del empresario y titular de la UIA, Martín Rapallini—. 

Soria dice que las causas no solo buscan generar miedo sino también “estigmatización". Desde que fue imputado perdió su trabajo en el Parque Nacional El Leoncito (ubicado en San Juan), colindante con el proyecto minero San Jorge; y se le prohibió ejercer cargos públicos en la docencia y obtener el permiso de guía turístico. Pero sabe que no es solo contra él sino contra todos los que luchan en defensa del agua, como también ocurrió con los recientes casos de Liza Rule Larrea y Martín Iglesias, perseguidos, golpeados y detenidos dentro de la Legislatura provincial en octubre pasado. 

Los casos de Soria y Cornejo, los de Rule Larrea e Iglesias, y de los nueve imputados de la represión de este diciembre conforman un corpus que, según confirmó Villareal, serán presentados como una causa aparte contra el modus operandi de la Policía de Mendoza. "Ya hay varias denuncias y se van a presentar nuevas en los próximos días”, adelantó Villareal. 

El modus operandis judicial también tiene una estrategia particular. La causa contra Soria y Cornejo se abrió en enero y continúa deambulando entre la justicia provincial y la federal, debido a que a ellos se los acusa, entre otras cosas, de “pertenecer a una organización que busca imponer sus ideas por el terror”, artículo 213 del Código Penal, una causa que debería tramitar en el juzgado federal, pero que la fiscal de garantías provincial ya dijo no estar acreditada. Ese artículo tiene algo en común con el 194 que se utilizó contra los nueve imputados tras la represión del 11 de diciembre: la rémora de su uso en dictadura.   

"Mendoza es una especie de laboratorio represivo, siempre se prueban estrategias. Las acusaciones por ‘reiterancia’ junto al artículo 194 se habían combinado en 2022 y 2023 contra movilizaciones de ATE, el Polo Obrero y el FOL. En la causa de Uspallata, como no hubo cortes, se aplicó la ‘coerción ideológica’ —sostiene Villareal—. Ahora vuelven con el artículo 194 y agregan daños, resistencia a la autoridad, reiterencia. Van probando para ver cómo agravan la situación de los manifestantes. La intención es buscar a ciertas personas referentes, como una forma de diluir el movimiento ambiental, social o sindical y, por otro lado, mostrar casos como forma de aleccionar: 'Si vos decidís molestar al Gobierno vas a terminar acá'". 

Y resume el abogado: “Es una forma de dirimir los conflictos políticos a través del Poder Judicial, en lugar de sentarse a dialogar un resolver el problema de base, se criminaliza la protesta. Para eso utilizan todas las herramientas, incluso la de las dictaduras. El 40 por ciento de la legislación argentina actual proviene de diferentes dictaduras, hay un andamiaje fuerte de la democracia argentina fundada sobre estructuras de la dictadura y el 194 es emblemático". 

Con las calles aún resonando de un día entero de movilizaciones, Soria denuncia que el gobierno de Mendoza instaló con San Jorge la punta de lanza e irá por otros 300 concesiones mineras en esa zona y mantiene firme el reclamo de las asambleas: “La exigencia de las asambleas es la derogación de las leyes aprobadas, el archivo de los proyectos, el cierre de las causas contra los defensores ambientales en respeto al Acuerdo Escazú y la creación del área Protegido Uspallata-Polvareda para incentivar el turismo y la agricultura como actividades económicas para toda la cuenca del Río Mendoza".

En Chubut la persecución minera también se siente 

Si el diciembre de Mendoza suena al ritmo de la defensa de la Ley 7722, en Chubut la defensa del agua protege la Ley 5001. Entre el 15 y 21 de diciembre de 2021 ocurrió el Chubutazo, la movilización popular que logró dar marcha atrás con la Ley de Zonificación Minera (que habilitaba la actividad extractiva en la provincia). El jueves, cuando se rememoraba aquella gesta, la Cámara Penal de Trelew confirmó las condenas de seis vecinos que participaron en aquellas jornadas y ordenó la inmediata detención de dos de ellos: Damián Díaz y Mauricio Naum Vargas.

La Asamblea No a la Mina —que consiguió el histórico rechazo popular a la minería en Esquel en 2003— condenó la decisión judicial y advirtió: “El Chubutazo dejó una enseñanza clara: la lucha es colectiva. No hay responsables individuales cuando un pueblo entero se moviliza para defender derechos”. En ese sentido, sostuvo que “Damián Díaz y Naum Vargas están privados de su libertad no por hechos individuales, sino por haber sido parte de una lucha colectiva que sigue incomodando a quienes gobiernan para las corporaciones extractivas”. 

La Asamblea enmarcó la decisión de la Cámara Penal de Trelew como parte de una “estrategia del poder, que hoy intenta judicializar lo que no pudo imponer por la fuerza ni por las urnas” y recordó que “la megaminería no tiene licencia social”. “Estas detenciones no son un hecho aislado ni una decisión técnica. Se producen en una provincia atravesada por la emergencia hídrica, donde el agua falta en los hogares mientras se insiste en imponer la megaminería como falsa salida”, afirmó. 

La decisión de los camaristas César Zaratiegui, Alejandro De Franco y Adrián Barrios también fue repudiada por la Red de Organizaciones de Derechos Humanos de Chubut al sostener que se condena a “seis vecinos por ejercer su derecho a la protesta social amparado por el artículo 14 de la Constitución Nacional” y exigió al Supremo Tribunal de Justicia que revise la decisión.  

La Cámara ratificó una medida tomada en primera instancia, en abril pasado, cuando la jueza Eve Ponce —recusada por las defensas por presunta parcialidad— y el juez Javier Allende declararon culpables a Lucas Espinoza, Lourdes Molina Leguiza, Damián Díaz, Nicolás Díaz y Gastón Velásquez por los delitos de daño agravado y hurto; y a Mauricio Naum Vargas por incendio y hurto, imponiendo penas de hasta cuatro años de prisión. Aquel fallo absolvió a Lautaro Martínez (quien se suicidó antes de conocer la sentencia) y Brian Díaz por falta de pruebas. 

“Pese a aquella victoria colectiva por el agua y el ambiente que benefició a toda la provincia, seis vecinos fueron condenados por defender derechos fundamentales, en una criminalización sistemática que involucra a los tres poderes del Estado y evidencia parcialidad judicial en contextos de alta conflictividad social”, denunció la red integrada por la APDH, La Liga Argentina de Derechos Humanos y la organización La Ciénaga. Las reacciones en reclamo de libertad se multiplicaron y alcanzaron a gremios y sindicatos, entre ellos, el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) en reclamo de Naum, que trabaja en el puerto de Madryn. 

Poco días antes de conocer la decisión de la Cámara de Trelew, la lucha por el agua en Chubut había tenido una victoria cuando se logró un acuerdo judicial para saldar la causa abierta contra otros cinco asambleístas en las protestas de mayo de 2021 (cuando la Legislatura de Chubut se había negado a tratar la segunda Iniciativa Popular para rechazar la megaminería en la provincia, que había recogido 30.000 firmas). La causa fue abierta contra vecinos y vecinas de Puerto Madryn, Trelew y Rawson: Noelia Silva, Andrea Leonett, Diego Oria, Matías Crespo y Santiago Vasconcelos; bajo el mismo argumento legal con la que por estos días se persigue en Mendoza: el artículo 194 del Código Penal de la dictadura de Onganía. El 12 de diciembre fueron sobreseídos. "Vemos como el pueblo hermano de Mendoza se levanta nuevamente contra la megamineria y queremos enviar todas nuestras fuerzas desde la provincia de Chubut, pueblos hermanados por la lucha", escribieron.

Desde Catamarca, donde hace tiempo denominan “dictadura minera” a la alianza entre empresas, gobierno y Poder Judicial, la Asamblea El Algarrobo denunció la “escalada represiva” y sintetizaron el momento que atraviesan quienes defienden el derecho al agua y al ambiente sano: “La estrategia represiva busca silenciar las voces disidentes al modelo megaminero a través del miedo y la coerción. No es un método nuevo: ya ha sido probado en diversos territorios, incluido el nuestro. No hay territorio donde la megaminería se haya impuesto sin represión, sin violencia. Megaminería y represión van de la mano”.