Casos de abusos policiales, falta de acceso a la salud y al agua, avance del extractivismo sobre los territorios o dificultades para acceder a los programas de asistencia social son problemáticas que los pueblos originarios enfrentan desde hace años y que se profundizaron durante los meses del aislamiento preventivo por la pandemia de la Covid-19. Por eso, Amnistía Internacional incorporó “coronavirus” entre los conflictos que mapea en el sitio Territorio Indígena.
El sitio Territorio Indígena fue creado por Amnistía Internacional para mapear los conflictos que enfrentan los pueblos originarios de todo el país: territoriales, ambientales, violencia, desalojo, personería jurídica y criminalización. Además de registrar las denuncias el sitio habilita petitorios para sumar firmas en reclamo de la resolución de algunas de esas problemáticas y habilita el contacto con los referentes en el territorio.
Asociación de Abogados de Derecho Indígenas (AADI), el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentinos en Derechos y Estudios Sociales (Andhes), la Fundación Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat) son las organizaciones que acompañan la iniciativa y también se puede radicar una denuncia de manera individual a través de la opción: “¿Conocés un caso?”.
Hasta principios de mayo, la organización había registrado 20 casos de discriminación y vulneración de derechos contra los pueblos originarios durante el aislamiento. "Estos casos reflejan las luchas de las comunidades que reclaman el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos locales, provinciales y el gobierno nacional, empresas y el Poder Judicial, que desoyen la normativa vigente", denuncia Amnistía.
Amnistía Internacional registraba 200 denuncias contra pueblos originarios
Al recorrer el mapa se evidencia cómo las comunidades originarias de las provincias de Chubut, Neuquén y San Juan, no han podido acceder al Ingreso Familiar de Emergencia, a pesar de que un decreto del gobierno nacional aseguraba el relevamiento a las comunidades para facilitar la inscripción para recibir esa asistencia, a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
También se denuncia cómo la decisión del Gobierno de declarar entre las actividades “esenciales” la explotación forestal y minera, mantuvo vivos los conflictos con las comunidades de Catamarca, Salta y Jujuy, se resiste el avance de la minería de litio.
El informe advierte además sobre distintos casos de abuso policial en las diferentes comunidades, como el brutal ataque de la Policía de Chaco a la familia qom Fernández-Saravia, en el Barrio Bandera, que incluyó allanamiento ilegal, golpes, torturas y abusos sexuales. Y otros reportados en Río Negro, Santa Fe, Tucumán.
"Estos casos se suman a los más de 200 conflictos que hemos detectado durante los últimos años en donde comunidades indígenas reclaman por sus derechos humanos; pero la pandemia exacerbó la situación de vulneración", sostuvo Paola García Rey , directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina y advirtió que se "requiere de medidas inmediatas para atender las urgencias del contexto actual".