Por Mariángeles Guerrero

Desde Santa Fe

Siete líneas en una hoja membretada de la Corte Suprema de la Nación pusieron punto final a la batalla judicial que emprendieron, en 2018, vecinas y vecinos de la localidad de Sastre y Ortíz (Santa Fe). Los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz desestimaron un reclamo de la municipalidad y convalidaron la decisión que ya había tomado la Corte santafesina: se deben establecer mil metros de distancia para las fumigaciones terrestres en relación a toda esa ciudad. El ministro Ricardo Lorenzetti se excusó de intervenir. Tras conocer el fallo, Sonia González, una de las impulsoras de la causa, pide: “Que no se dude ante la salud”. Asegura que ahora irán por la reforma de la ordenanza local, de acuerdo a lo establecido en los sucesivos fallos favorables que tuvo el expediente.

Sastre y Ortiz es una ciudad de 6.000 habitantes ubicada en el sudoeste santafesino, zona núcleo del agronegocio. A lo largo de la provincia, pueblos y ciudades conviven a diario con las avionetas y los mosquitos. Santa Fe cuenta con una ley obsoleta, que data de 1995, cuando aún no se había aprobado la soja transgénica en Argentina. La soja modificada genéticamente implicó un mayor avance de la frontera agrícola y un mayor uso de herbicidas, principalmente el glifosato. Pese a urgir una actualización, la Legislatura provincial cajoneó varios proyectos de reforma impulsados desde 2010 por organizaciones socioambientales.

En 2018, Zoe Giraudo tenía dos años y un diagnóstico: linfoma linfoblástico tipo T. Estaba internada en Rosario pero, al momento de poder regresar a su casa para continuar los tratamientos de quimioterapia desde allí, los médicos advirtieron a la familia: no podía estar cerca de los venenos. En la localidad ya se venían reuniendo vecinos para intentar que el Concejo local y de que la intendenta, María del Carme Amero, tome alguna medida preventiva ante los mosquitos que fumigaban a menos de cien metros de las viviendas. A fin de ese año se presentó el amparo colectivo que ahora concluyó en la última etapa procesal posible con una nueva sentencia a favor.

La demanda se presentó contra la Municipalidad tras varios intentos de diálogo con el Ejecutivo y el Concejo para que se reformara la Ordenanza Municipal 951/2004, que fijaba el límite de fumigación a solo cien metros a partir de la finalización del área urbana. En el juicio se presentaron como terceros interesados la provincia y una decena de productores. Si bien en 2020 el juez Francisco Hail, de Rafaela, dio la razón a los vecinos, la municipalidad apeló. Y siguió apelando hasta llegar a la Corte Nacional.

Desde la Capital Federal se puso fin al litigio alegando que el último recurso de queja presentado por la Municipalidad de Sastre carece de “fundamentación autónoma”. Cuando refiere a esta falencia, el máximo tribunal indica que una queja determinada no cuenta con un relato prolijo de los hechos y una crítica ordenada al fallo que se busca impugnar. En este caso, el de la Corte de Santa Fe.

El fruto de la lucha colectiva

En el contexto de una provincia donde se plantea la tensión entre salud y modelo productivo y se priorizan los intereses de los grupos concentrados que están detrás del glifosato, de los transgénicos y del monocultivo de commodities, vecinas y vecinos iniciaron un camino que no abandonaron. Y lograron un fallo que ahora implica un precedente relevante para las localidades de Santa Fe y para otros pueblos fumigados del país. Hoy Zoe Giraudo tiene 10 años y su mamá siente que, con esta resolución, deja de cargar una mochila que llevó por años. “Estamos orgullosos como grupo y yo como mamá, porque siento que hice un montón por mi hija”, dice González.

—¿Cómo comenzó la movilización en Sastre?
—La lucha de los vecinos empezó hace muchísimo tiempo, porque había muy pocos vecinos que estaban tratando de alejar estos venenos que ya se sabía que hacían mal. En 2018, una vecina que vive a una cuadra vio un mosquito que estaba fumigando a 70 metros de su casa. Y coincidió con el tiempo en que yo tenía a Zoe, mi nena, internada en Rosario. Esa vecina empezó a buscar soluciones: yendo a la municipalidad, a juntar firmas, a levantar publicaciones en las redes. Zoe se estaba atendiendo con los mejores médicos, pero al final no tenía resguardo con respecto a los venenos. Ellos se juntaron como vecinos, juntaron firmas, fueron al Concejo Municipal y nada. No hubo soluciones. Eso pasó en marzo. Los vecinos consiguieron estudios científicos sobre las consecuencias de la exposición a bajas dosis de agrotóxicos y empezaron a promover la agroecología en los campos que estaban cerca de la zona urbana. Así y todo no se lograba cambiar la ordenanza. En agosto hubo un intento de que el Concejo quiera aumentar solamente en 100 los metros de exclusión. Y en septiembre se hizo un campamento sanitario.

Ese campamento demostró que la tasa de cáncer local superaba ampliamente los promedios de la Agencia de Investigación para el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Registraba una tasa de 384 casos cada 100 mil personas, cuando la tasa bruta de incidencia es de 280,1 cada 100 mil personas.

—¿Qué pasó a partir de ese campamento?
—Eso fue tremendo y medio que se cajoneó, porque dio que en Sastre los casos de cáncer eran muy altos con respecto al país en general. Y en octubre aparecemos nosotros, cuando el oncólogo de mi nena y el infectólogo me dijeron: “Te dejamos volver a tu pueblo. Pero la nena no tiene que estar cerca de los venenos porque puede puede pasar cualquier cosa”. Entonces me sumé a los vecinos para hacer más fuerzas y ver si lográbamos algo. Primero llamé a la intendenta, le dije que que yo estaba pasando por esa situación, que por favor, tenía que alejar los venenos de mi casa porque la nena podía sufrir una recaída. Pero siempre me dijo que no. Es más, me amenazó. Yo en ese momento estaba trabajando en Agricultores Federados Argentinos, que es una empresa de acopio. Y ella me dijo: “Acordate que trabajas en AFA” Como diciendo: “Vos también te vas a perjudicar si yo hago algo, porque los agropecuarios son tus jefes”. Ante esa negativa, fuimos al Concejo. Hice una nota suplicando que por favor, que como madre, como abuela, que se ponga en mi lugar. Que también le podría haber pasado ella, pero nada. A nadie le importaba nada. En la última reunión que tuvimos con el Concejo, un concejal nos dijo: “Vayan a la Justicia si quieren lograr algo”.

Cuarenta vecinos, nucleados en la Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente, firmaron el recurso de amparo presentado ante el Poder Judicial de Santa Fe. En diciembre, desde el juzgado de San Jorge, el magistrado Daniel Zoso dispuso una medida cautelar de 400 metros. Pero en enero la jueza Beatriz Forno hizo caer el recurso en plena feria judicial. La causa pasó entonces al Juzgado de Rafaela. Allí la sentencia en primera instancia determinó una zona de resguardo de 1.000 metros.

La causa llegó a la Corte provincial, que en 2023 falló a favor de la comunidad. Sastre se convirtió en la primera ciudad santafesina en obtener una sentencia que establecía una zona de protección para toda la localidad y no solo para un barrio.

--¿Qué cambió en Sastre a lo largo de estos años?
--A raíz de que ya no podían fumigar en esas hectáreas libres de venenos, se vieron obligados a hacer cultivos alternativos (alfalfa) o a poner tambos. Hay mucha gente que tiene rollos, o tambos. Ahora también pusieron un viñedo. No hay lugares que hayan quedado que no se puedan aprovechar para hacer nada. No hay ningún lugar que se haya quedado sin producir. En cuanto a la salud, la pediatra de acá explicaba que hace 10 o 15 años era impresionante la cantidad de chicos que tenían las mismas patologías: dermatitis y afecciones respiratorias. Y todos vivían en la periferia de de la localidad. En esa época los mosquitos estaban a full y ahora eso bajó mucho; las afecciones tanto en la piel como respiratorias bajaron mucho. Y en el pueblo quedó una parte de la producción agropecuaria muy resentida con los vecinos. Lo que fue el juicio en sí, no solamente implica todo lo que fue para nosotros la salud de la nena, sino que también hubo despidos. Hubo gente que fue a firmar el amparo y que al otro día se encontró con la oficina cerrada de la Municipalidad porque lo habían despedido por haber firmado. A una directora de colegio también le hicieron un sumario, a un periodista lo acusaron de violento. A la vecina que vio el mosquito fumigando a 70 metros de su casa la quisieron chocar con una camioneta, le hablaron a los patrones para que la dejen sin trabajo. Pero nosotros siempre fuimos pacíficos. Tratábamos de no ir el día en el que estaba el Concejo solo para no tener conflictos, cuando estábamos pidiendo cosas que eran nuestro derecho.

--¿Qué sensaciones tuvo cuando se enteró del fallo?
--Me pasó por el cuerpo. Nunca tuve una tortícolis de esa dimensión. Para mí fue tanto el estrés y el querer liberar que me quedé dura. Fue como sacarse realmente una tremenda mochila porque fue muy duro, muy feo. Y además era innecesario porque se podría haber logrado si hubiese habido voluntad de encontrarle la vuelta. Como vecinos hicimos un mapa con puntitos rojos con todas las personas que tenían cáncer en el pueblo en ese momento, todas las investigaciones científicas que había. Y a eso no lo tiene que hacer un ciudadano común y silvestre, lo tiene que hacer la autoridad del pueblo. Ellos realmente tendrían que haber tenido gente encargada de hacer eso si realmente la salud te preocupa. No tomamos dimensión de lo que significa este fallo hoy. Porque uno lo hizo, nos la jugamos y no había retroceso en eso. Pero lo que nosotros logramos creemos que se va a replicar en todos lados. Ojalá así sea. A mí me llama gente de María Juana, de El Trébol, de otros pueblos para preguntarme si puedo hacer algo para que alejen las fumigaciones. Y yo no lo puedo hacer. Y es muy triste porque uno tiene arriba adónde acudir. Estamos hablando de salud. Entonces la sensación es esa: tristeza porque quienes debían defendernos nos hicieron pasar por todo esto. Como si no hubiera sido suficiente la enfermedad de una hija de un año, el despido de mi trabajo y la grieta que se formó en la población. No era necesario pasar por todo esto. Pero a la vez estamos orgullosos como grupo y yo como mamá, porque siento que hice un montón por mi hija.

Hacia el futuro

--¿Cómo está Zoe en la actualidad?
--El mes que viene tiene control, por suerte los controles vienen dando bien. Ella de a poco va sabiendo, se va enterando, porque no se acuerda de nada de lo que le pasó. Se acuerda desde los 5 años en adelante cuando le sacaron el catéter por donde le introducían las quimios. De ahí en adelante uno le fue contando muy despacio. Y recién ahora, que va a tener 10 años, me dijo “mami, ¿yo tuve cáncer?”. Yo siempre le decía que ella había tenido una enfermedad grave porque ni yo lo podía nombrar. Y ella lo puso en palabras el otro día.

--¿Cómo cree, a partir de este fallo, que tiene que continuar la lucha contra las fumigaciones?
--En 2022 fuimos al Concejo a pedirles que rehagan la ordenanza con todo lo lo que establece el fallo, que es algo que incluso dice el propio fallo. Hasta el día de hoy no lo han hecho. Así que eso es lo primero que vamos a reclamar. Que hagan la ordenanza de acuerdo al fallo y que coloquen carteles, porque nunca pusieron carteles que digan: “esta zona está libre de venenos”. También tendrían que capacitar más al personal y que establezcan multas para que la gente diga “bueno, si fumigo acá, me las voy a ver mal”. Vamos a pedir que lo hagan y si no, recibirán una denuncia por no cumplir con su función de concejal. Y sobre todo que apunten a la agroecología, que es lo que debería venir para las generaciones futuras.

--¿Qué mensaje le daría a otras comunidades que están iniciando procesos similares?
--Que se hagan fuerte como grupo, que no caigan ante la primera negativa porque es un camino largo, pero con un precedente como este, yo creo que va a ser un poco más fácil. Lo que menos uno quiere es que haya otra Zoe en otro lugar. Que realmente las cosas se hagan porque por convicción y porque seamos un lugar en donde miremos hacia adelante y no retroceder. Lo que tiene que venir es que no se dude ante la salud. Que no se dude cuando tenés algo que puede llegar a ocasionar daño, como lo dice el principio precautorio. Con la salud no se negocia y no tenemos que pasar por todo esto para que quede claro, que no haya más chicos que tengan que sufrir lo que sufrió mi hija y lo que sufrimos como padres y lo que sufre cualquier persona que se somete a tratamientos de esas características. Lo que mueve el dinero es pesado, pero no hay que bajar los brazos. Hay que seguir.

Un nuevo precedente para una ley que no llega

En 2025 se reformó la Constitución Provincial y se reconoció el derecho a un ambiente sano, acorde a lo que manda la Constitución Nacional. Todo el arco político santafesino juró por esa Constitución en un acto a plaza llena frente a la Legislatura. Pero la ley permanece intocable. Pese a que existen fallos contra los herbicidas (de Sastre y de otras localidades como San Jorge, Zenón Pereyra o Piamonte). O a los Campamentos Sanitarios del Instituto de Salud Socioambiental, que demostraron que vivir cerca de un campo fumigado aumenta las posibilidades de contraer cáncer. Incluso pese a los movimientos de vecinas y vecinos como la Multisectorial Paren de Fumigarnos o las agrupaciones que se generan en cada pueblo harto de respirar veneno.

Ahora la ciudadanía santafesina cuenta con otro precedente que el Estado no puede obviar: un fallo nacional que da la razón a lo que ya dijo la Corte Provincial. Sobre el reciente fallo, Horacio Brignone (integrante del colectivo que impulsó la demanda) considera: “Esperábamos que saliera como salió, pero no sin temores porque juegan mucho los grandes intereses. Hubo que pedir audiencias, explicarles a los jueces la realidad. Es muy triste pero ningún juez, hasta que toma un caso así, sabe sobre este tema”.

La sentencia de la Corte Federal es escueta y lleva la firma de dos de sus tres integrantes de la Corte Suprema y de los jueces Walter Carnota, Alberto Dalla Vía y Luis Rabbi Baldi Cabanillas. El juez Lorenzetti, oriundo de Rafaela, se excusó de expedirse. Rafaela es una ciudad que creció en torno al agronegocio, pero también la sede del Juzgado Civil y Comercial de la Primera Nominación y de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral, donde recayó la causa caratulada “González, Sonia c/ Municipalidad de Sastre y Ortiz s/ amparo colectivo”, antes de pasar a la Corte provincial.

El entrevistado vive en María Juana, a 17 kilómetros de Sastre. En 2016, en ese pueblo se los vecinos se comenzaron a reunir y a juntar firmas contra las fumigaciones. Pero también empezaron las amenazas contra quienes se manifestaban contra el agronegocio. Al propio Brignone lo amenazaron con hacer daño a sus hijos. “En los pueblos la gente no está acostumbrada a confrontar tan duramente, porque es gente que te cruzás todos los días. Muchos se asustaron y se desbandó todo. Esa es la realidad que se vive acá en el territorio”, relata.

Manifiesta que no tiene mucho optimismo respecto a una posible reforma de la ley. “En Santa Fe manda el agronegocio. En la Legislatura mandan las cámaras empresarias, porque apoyan las campañas políticas o porque los mismos legisladores son propietarios de campos”.

“Del tema no se habla en ningún lado, ni siquiera los medios progres tocan el tema. Salvo cuando hay alguna noticia como esta. Es un tema totalmente incómodo para todos los legisladores”, afirma. Y marca que hay mucho desconocimiento sobre el tema en los decisores políticos.

Frente a este panorama, concluye: “Hay que seguir insistiendo porque no tenemos otra alternativa“.