Por Javier Souza Casadinho*

Los plaguicidas autorizados en Argentina que están prohibidos o no autorizados en otros países alcanzan la cifra de 167 productos, y 35 de ellos son Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) según los criterios establecidos por la FAO (organismo de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre las empresas responsables sobresalen Syngenta, Bayer, Adama, Corteva y Atanor. En Argentina, cada año, su utilizan 580 millones de litros de venenos del agro.

Incremento en el uso de plaguicidas

El modelo productivo agrícola en la Argentina ha experimentado una profunda transformación en las últimas décadas, caracterizada por la expansión de la frontera agropecuaria y la adopción consolidada de paquetes tecnológicos dependientes de fertilizantes sintéticos y agroquímicos, mal denominados "fitosanitarios".

En este contexto cobran especial relevancia los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP). En Argentina, la problemática adquiere dimensiones críticas debido a los volúmenes de aplicación y a la cercanía de las zonas de cultivo con núcleos poblacionales. Los casos más frecuentes y documentados de exposición e impacto ambiental, que en ocasiones derivan en demandas judiciales, involucran a principios activos de amplio uso como el glifosato, el paraquat, la atrazina, el 2,4-D y la cipermetrina.

Lejos de limitarse a un único sector, estas sustancias se emplean de manera intensiva y extensiva en distintas matrices productivas que configuran el mapa productivo del país, abarcando desde la agricultura extensiva de cereales y oleaginosas hasta economías regionales como el cultivo de tabaco y la horticultura. Un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) señala que “la Argentina se caracteriza por tener un importante consumo anual de productos fitosanitarios, los cuales son de origen nacional por síntesis o formulación y muchos son importados. En los 36 millones de hectáreas cultivadas, se utilizan 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de otros productos fitosanitarios”.

Una comparación entre la superficie sembrada de cereales y oleaginosas y el consumo de plaguicidas desde 1990 hasta la actualidad muestra que el aumento en el uso de plaguicidas ha sido muy superior al incremento en la superficie cultivada. En las últimas tres décadas, la superficie sembrada con cereales y oleaginosas creció de 19.000.000 de hectáreas en 1990 a 41.182.000 hectáreas en 2023, lo que representa un aumento del 117 por ciento. En el mismo período, la producción pasó de 38.200.000 toneladas a 140.893.000 toneladas, un incremento del 269 por ciento.

Entre 1990 y 2022, el uso de plaguicidas en Argentina se incrementó de manera exponencial: pasó de 35 millones a 580 millones de kg/litros, lo que representa un aumento del 1.657 por ciento.

Existen diversos factores de índole económica, productiva y ambiental que pueden incidir en el incremento en la utilización de plaguicidas tales como: aumento de las especies de hierbas resistentes a herbicidas, mayor presión de los patógenos (hongos y bacterias), incremento en la superficie agrícola de alimentos y de biocombustibles, baja de aranceles a la importación de determinados principios activos precursores de plaguicidas, reducción en el precio de ingredientes activos cuyas patentes han caducado, alta demanda de insumos por parte de la horticultura y fruticultura para mantener la calidad formal de los productos, el cambio climático junto a modificaciones en las legislaciones que regulan el registro, uso y comercialización de estos insumos.

Los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP)

Según el Código de Conducta sobre Manejo de Plaguicidas (adoptado por la FAO y la OMS en 2013) y de las Guías sobre PAP, los Plaguicidas Altamente Peligrosos pueden definirse como:

• Los que presentan niveles particularmente altos de peligro agudo o crónico para la salud o el ambiente, conforme a los sistemas de clasificación aceptados a nivel internacional, como los de la OMS o del SGA (Sistema Globalmente Armonizado).
• Por estar incluidos en acuerdos o convenios jurídicamente vinculantes.
• Aquellos que aparecen como causantes de daño grave o irreversible a la salud humana o al ambiente, en las condiciones de uso en un país, pueden ser considerados y tratados como altamente peligrosos.

Desde la Red Internacional de Acción en Plaguicidas (PAN) se proponen una serie de criterios adicionales para definir a los plaguicidas altamente peligrosos: que la toxicidad sea fatal o irreversible si es inhalado, si constituye un perturbador endocrino (altera el sistema hormonal), que sea muy bioacumulable; muy persistente en el agua, en el suelo o en los sedimentos; muy tóxico en organismos acuáticos y muy tóxico para las abejas.

PAN ha elaborado una lista internacional, que se actualiza regularmente. Entre los aspectos más importantes respecto a la regulación de los PAP en el Código Internacional de Conducta para el Manejo de Plaguicidas se establece que:

• Se podrá considerar la posibilidad de prohibir la importación, la distribución, la venta y la compra de plaguicidas altamente peligrosos si, en función de la evaluación de los riesgos, las medidas de mitigación de los riesgos o las buenas prácticas de comercialización resultan insuficientes para garantizar el manejo del producto sin riesgos inaceptables para el ser humano y el medioambiente.

• Se recomiendan la adopción de medidas encaminadas a reducir los riesgos derivados de los plaguicidas, por ejemplo, tal el caso de evitar el uso de los plaguicidas cuyo manejo y aplicación exijan el uso de equipo personal de protección que sea incómodo, costoso o difícil de conseguir, en especial en el caso de los usuarios en pequeña escala y los trabajadores agrícolas en climas calurosos.

• La industria de los plaguicidas hará todo lo posible por producir formulaciones menos tóxicas a fin de reducir los riesgos derivados de los plaguicidas. Estas recomendaciones no se cumplen cuando se registra legalmente, categoriza de modo toxicológico y posibilita la fabricación, comercialización, la utilización de plaguicidas con gran efecto socioambiental en nuestro país.

Venenos para todos

Comparando las listas de plaguicidas registrados y utilizados en la Argentina con la lista de plaguicidas altamente peligrosos elaborada por PAN internacional es posible decir que de los 430 principios activos registrados en la Argentina, 139 de ellos se hallan incluidos en la lista de PAN. Cabe recordar que en el último análisis que realizamos en la Argentina sobre PAP en el año 2021, de los 433 principios activos registrados en la Argentina, 126 de ellos (el 29 por ciento), se hallaban incluidos en la lista de PAN (Souza Casadinho, 2021), con lo cual se incrementó la cantidad de utilización de estos productos.

Los químicos se utilizan en actividades agrarias intensivas como la producción de hortalizas y frutas, y producciones extensivas como soja, el maíz y trigo, como domi-sanitarios (de uso doméstico), línea jardín y en campañas sanitarias. Estos químicos se expenden bajo diferentes nombres comerciales en los cuales varía la concentración del producto activo, la forma de presentación y la empresa fabricante. Se destaca la utilización de herbicidas como glifosato, 2,4 D, metribuzim, acetoclor, glufosinato de amonio, trifluoralina y diuron. Esta situación se correlaciona con la expansión de la frontera agrícola, la aparición de resistencia en especies silvestres y en el desarrollo de los monocultivos.

La utilización de las mismas formulaciones de manera reiterada ha generado resistencias a las formulaciones más empleadas, por ejemplo el glifosato está siendo reemplazado, según los cultivos, por los herbicidas metribuzim, 2, 4 D y el paraquat.

En el caso de los insecticidas sobresale la utilización de lambdacialotrina, imidacloprid y cipermetrina en los cultivos extensivos, mientras que el metomil, dimetoato y carbaril se utilizan en los cultivos de frutales y hortalizas.

En referencia a la categoría toxicológica de los PAP utilizados en la Argentina (las bandas de color que aparecen en los marbetes o etiquetas de os envases); la primera es que la misma es otorgada por las autoridades nacionales responsables del registro de plaguicidas, pudiendo variar respecto a otros países y, en segundo lugar, un mismo principio activo, al comercializarse bajo diferentes formulaciones, puede poseer diferente categoría toxicológica en cada uno de ellos.

La categoría toxicológica sumada a las condiciones de exposición los torna sumamente riesgosos para los trabajadores, productores y vecinos expuestos a los predios pulverizados. Cabe mencionar que para realizar dicha categorización se tiene en cuenta básicamente la toxicidad aguda sin tener en cuenta la toxicidad crónica.

En referencia a las características de los plaguicidas y su relación con la salud humana, de los 139 plaguicidas PAP autorizados y utilizados en actividades agrarias en la Argentina, 13 de ellos (el nueve por ciento) poseen una toxicidad aguda elevada (los síntomas de intoxicación aparecen mu rápidamente luego de la exposición). 31 de ellos (22 por ciento) son mortales al ser inhalados. Cabe resaltar que algunos de los plaguicidas incluidos en esta última categoría se dosifican y aplican de manera manual con lo cual se incrementa la exposición de los productores y trabajadores a dichos tóxicos y así se eleva el riesgo de padecer una enfermedad.

Respecto a la toxicidad crónica, en Argentina se hallan autorizados 33 plaguicidas probables causantes de cáncer en humanos (24 por ciento del total de PAP) según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), y dos son considerados probables carcinógeno humano según la Agencia internacional para la investigación del cáncer (IARC), organismo especializado en cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Otros trece plaguicidas son considerados como perturbadores endocrinos, según la Unión Europea; y 26 plaguicidas que son tóxicos a la reproducción.

Entre los PAP que poseen la propiedad de generar alteraciones en la reproducción humana caben destacarse los fungicidas Benomil y el Carbendazim por utilizarse en las actividades intensivas como la producción de hortalizas; los raticidas Brodifacoum y Bromadiolona de amplio uso domiciliario y en campañas sanitarias; y los herbicidas Linurón y glufosinato de amonio utilizados en la producción de maíz, especialmente de tipo transgénico. El glufosinato de amonio también se utiliza en el cultivo de trigo transgénico, tolerante a este herbicida. También se incluye al insecticida acefato que se utiliza para eliminar insectos en cultivos frutales, de soja, en jardines y mantenimiento de césped, papa, soja y tabaco. Se puede también mencionar al ciproconazola, un fungicida sistémico de amplio espectro que se usa en el control de enfermedades foliares (roya, mancha amarilla, enfermedades de fin de ciclo) en los cultivos de maíz, ajo, sorgo, trigo y soja.

Los fungicidas con efecto mutagénicos (altera el ADN) como el Carbendazim y el Benomil , ambos utilizados en actividades hortícolas, aspecto que reviste especial atención ya que se aplican con pulverizadores manuales (mochilas), que incrementan el riesgo para los trabajadores y productores .

Considerando la toxicidad ambiental de los Plaguicidas Altamente Peligrosos autorizados en Argentina, 42 de ellos (el 30 por ciento), poseen una toxicidad muy alta en abejas, pudiendo causar la muerte a dosis mayores de dos microgramos por abeja (según la EPA de Estados Unidos). Este dato se correlaciona con denuncias realizadas por apicultores individuales y sus organizaciones por la alta mortandad de abejas en diversas regiones de la Argentina. En septiembre de este año, apicultores que poseen sus colmenas en la zona de Mainqué (Río Negro), denunciaron la muerte de cerca de nueve millones de abejas que habitaban de 500 colmenas pertenecientes a dos apicultores. Entre las hipótesis que manejan los apicultores aparece que se hayan realizado aplicaciones de agroquímicos en la fruticultura sin respetar las normas a que deben sujetarse las aplicaciones.

Entre los PAP con potencialidad de generar daño a las abejas sobresalen el acefato (de amplio uso en las producciones tabacaleras); la cipermetrina, el carbofuran, metomil y el fenitrotion (con utilización en las actividades hortícolas), y los insecticidas imidacloprid y fipronil (utilizados en las producciones extensivas de cereales y oleaginosas).

En cuanto a los autorizados en convenios ambientales internacionales, seis plaguicidas se hallan incluidos en el anexo III del Convenio de Rotterdam por la toxicidad de sus formulaciones o porque están prohibidos en otros países. Entre ellos el benomil, el alaclor, carbofuran, paraquat dicloruro, sulfluramida, y la iprodiona.

El bromuro de metilo, incluido en el Protocolo de Montreal sobre las sustancias que destruyen la capa de ozono, se utiliza como producto en los tratamientos cuarentenarios de las frutas que se exportan, fundamentalmente a Estados Unidos, y aunque no se haya autorizado en producciones convencionales de frutillas. Respecto al Convenio de Estocolmo, la Argentina solicitó una excepción específica para el uso agrícola de la sulfluramida, un potente hormiguicida. No puede usarse a nivel domiciliario.

Las compañías de los venenos

Al analizar las empresas que comercializan PAP en la Argentina se destaca la producción del herbicida glifosato, donde sobresalen Syngenta, Bayer, Adama, Corteva y Atanor. En el caso del insecticida lambdacialotrina, lo producen Atanor, Syngenta, Corteva, Adama y Atanor. Respecto a los controvertidos plaguicidas neonicotinoides (impacta en el sistema nervioso) una de las empresas que lo produce es Bayer, y el imidacloprid lo produce la empresa Adama. Otra herbicida en debate, el paraquat, lo produce principalmente Adama.

Al comparar la lista consolidada de plaguicidas prohibidos de PAN internacional con los ingredientes activos según registro de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (Senasa), es posible realizar las siguientes afirmaciones:

• Los plaguicidas autorizados en Argentina que están prohibidos o no autorizados en otros países alcanzan la cifra de 167 productos. El 21 por ciento (35) son plaguicidas altamente peligrosos determinados por la FAO y la OMS; y aumentan al 59 por ciento (98) los plaguicidas según los criterios adicionales propuestos por PAN Internacional.

• Se destaca el carbofuram, que en Argentina puede utilizarse en los cultivos de papa y ajo, que se encuentra prohibido en 106 países. El benomil y el carbendazin, productos que pueden causar daño a nivel del ADN (información genética), están prohibidos en 45 y 41 países respectivamente.

• Entre los plaguicidas PAP prohibidos en otros países se destacan los herbicidas glifosato, alaclor y paraquat, ya por su peligrosidad y posibilidad de generar daños en la salud de tipo crónico, como el cáncer, las disrupciones endócrinas, sino además porque en el caso del paraquat los volúmenes utilizados se han incrementado tanto en las actividades extensivas como intensivas. El paraquat sobresale su utilización tanto en el cultivo de tabaco como en hortalizas. En el caso de los neonicotinoides como el fipronil (en 49 países está prohibido) e imidacloprid (29 países) se debe resaltar su efecto en los seres humanos, el accionar sobre la vida de las abejas, poniendo en riesgo no solo a la producción apícola sino la continuidad de su rol fundamental en la polinización de hortalizas y frutales.

La vulneración de los derechos humanos

Los Derechos Humanos, en su dimensión de derechos civiles y políticos; y de derechos económicos, sociales y culturales, junto con los derechos de la naturaleza deberían tomarse como esenciales para generar acciones, actividades, políticas públicas que resguarden la salud socioambiental y posibiliten una vida digna. Respecto a los plaguicidas, el no acceder a un ambiente sano, tanto laboral como en nuestra residencia, implica que se estén vulnerando los derechos humanos.

Los trabajadores/as que mezclan, cargan, transportan y aplican plaguicidas se consideran el grupo que recibirá la mayor exposición debido a la naturaleza de su trabajo y, por lo tanto, están en mayor riesgo de posibles intoxicaciones agudas y crónicas. Hay un riesgo particular durante el almacenamiento, la manipulación y el desecho de envases.

En la mayoría de las unidades de producción (familiares y empresariales) se reconoce el trabajo realizado por las mujeres, aunque no siempre es visibilizado, en todas las fases sean productivas como domésticas y comerciales. Además, las mujeres son las máximas responsables en los espacios que hacen la posibilidad de reproducción familiar y del predio, siendo el cuidado y la atención de otros miembros de la unidad doméstica y el mantenimiento de los cultivos alimentarios sus funciones principales.

La cercanía de los plaguicidas, ya sea en el ámbito laboral como en el doméstico, determina la ocurrencia de casos de intoxicación a edades tempranas, que, aunque en muchos casos pasen desapercibidas en el diagnóstico, incidirán en las posibilidades de gozar de una vida plena. Los niños, aún antes de nacer, se hallan expuestos a una serie de productos tóxicos, capaces de provocar intoxicaciones agudas y crónicas incidiendo la conformación de su cuerpo, de los órganos y de los sistemas endocrino y nervioso.

Dadas las condiciones actuales de utilización de los plaguicidas, resulta evidente que se vulneran la mayoría de los derechos humanos: a gozar de una vida saludable, a obtener una alimentación sana, a obtener pautas relacionadas con la salud integral tanto corporal como en los aspectos psicológicos, a gozar de un ambiente sano, a trabajar en condiciones dignas, a ejercer una actividad económica decente con creatividad y en la cual se respeten las pautas, hábitos y conocimientos relacionados con la cultura propia de cada productor y comunidades.

*Profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Coordinador regional de la Red de Acción en plaguicidas de América Latina (Rapal).

**Edición: Darío Aranda.